En ejecución de la legislación aplicable, por la presente,
R E S U E L V O:
Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Canarias del Acuerdo de la Comisión de Urbanismo yMedio Ambiente de Canarias de fecha 30 de junio de 1998, por el que se aprueba el expediente de tasación conjunta de los bienes y derechos afectados por la expropiación de los terrenos que conforman el Parque Periurbano de San José del Álamo, promovido por la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, cuyo texto figura como anexo.
Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de octubre de 1998.- El Director General de Urbanismo, Juan César Muñoz Sosa. A N E X O
La Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 30 de junio de 1998, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:
Primero.- Aprobar, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 202 del Reglamento de Gestión Urbanística, en relación al artículo 15.21 del Decreto 107/1995, de 26 de abril, sobre Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial, el expediente de tasación conjunta de los bienes y derechos de afectados por la expropiación de los terrenos que conforman el parque Periurbano de San José del Álamo, en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, resolviéndose las alegaciones presentadas en el sentido que en cada caso se indica a continuación:
1.- D. Eugenio N. Correa Rijo, heredero universal de sus padres D. José Correa Viera y Dña. Juana Rijo Rocha, con registro de entrada en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el 2 de marzo de 1998, con el nº 17.022 y posteriormente presentado escrito con similar contenido en este Centro Directivo, el día 4 de marzo de 1998, con registro de entrada nº 4.455.
Contestación: sobre la titularidad de estos bienes, decir que será el Organismo competente en la materia quien dilucide la titularidad de dichos terrenos, por lo que el presente proyecto de expropiación forzosa se limita única y exclusivamente a valorar los bienes y derechos afectados independientemente de la titularidad de los mismos, para en su momento, depositar en el organismo designado a tal efecto la cuantía que represente dicha valoración.
2.- D. Laureano Gándara del Castillo, con registro de entrada en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el 27 de febrero de 1998, con el nº 16.403.
Contestación: como ya se ha citado en los criterios de valoración aportados a los afectados, el artº. 33.1 del Reglamento de Planeamiento y el artº. 31.4 del Reglamento de Gestión, establecen que el planeamiento detallado de los sistemas generales se realizará mediante Planes Especiales. Por otra parte, tal y como se ha mencionado en la Memoria del proyecto de expropiación, esta actuación está prevista en el Plan General de Ordenación Urbana de Las Palmas de Gran Canaria, por lo que se formula en desarrollo de las determinaciones del citado planeamiento general. Igualmente, añadir que la aprobación del Plan General conlleva la declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación de los terrenos a efectos de expropiación (artº. 64 de la Ley del Suelo del 76).
En cuanto a la posibilidad de afectar a la totalidad de la finca, decir que, al no estar dichos terrenos dentro del ámbito del SG-14 previsto en el vigente P.G.O.u., será necesario que se llegue a un acuerdo-convenio con instancias superiores al objeto de incluir los mismos en el citado ámbito, cuestión esta que se sale de la competencia del presente informe.
Respecto al estanque regulador, decir que no se demuestra en el escrito impedimento alguno para que no se pueda ubicar un nuevo estanque en terrenos de su propiedad no afectados por la expropiación, cuyas obras serán costeadas por la Administración (valor de sustitución), máxime si tenemos en cuenta que, tal y como demuestra su escrito, es dueño de una importante superficie de terrenos (tanto cultivables como improductivos) en donde se puede ubicar en estos últimos un nuevo estanque. En este sentido, la Administración correría con los gastos necesarios que suponga la nueva infraestructura a crear (conducciones).
3.- D. Juan Manuel Delgado Bethencourt, D. Luis Cabrera Correa, D. Diego Cambreleng Roca y Dña. María Luisa Cambreleng Roca, en beneficio de la Comunidad de Bienes con D. Luis, D. José y Dña. Ana Teresa Correa Pérez, con registro de entrada en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el 5 de febrero de 1998, con el nº 9.499.
Contestación: tal y como se ha mencionado en los antecedentes del proyecto de expropiación, la Comunidad Autónoma de Canarias ha adquirido por el sistema de contratación directa y con cargo a los presupuestos de la Viceconsejería de Medio Ambiente, una serie de terrenos hasta alcanzar una superficie total de 62,0508 ha. Por consiguiente, dado que se trata de ventas libres, realizadas con terrenos que pertenecen o están incluidos dentro del ámbito del citado sistema general, se han tomado las mismas como referencia a la hora de calcular el valor de estos terrenos. No se conocen otras ventas realizadas con terrenos de similar situación, superficie y características, por lo que se ha optado por actualizar el último valor de venta realizado entre la Administración y los particulares que data de diciembre de 1995. Para ello, tal y como se indica en los criterios de valoración del expediente de expropiación forzosa, los precios se han actualizado con diferentes metodologías, adoptándose el mayor valor de los así obtenidos, en beneficio de los propietarios afectados.
Por tanto, se ha adoptado como valor de mercado el último valor de venta que se ha producido en la adquisición de una finca análoga, venta realizada de manera libre y sin coacción entre la Viceconsejería de Medio Ambiente y el propietario.
4.- Unión Eléctrica de Canarias, S.A., con registro de entrada en este Centro Directivo, el 27 de marzo de 1998, con el nº 5.703.
Contestación: se asume la observación realizada.
5.- D. Francisco López González, en representación de la entidad mercantil Casticar, S.A., con registro de entrada en este Centro Directivo el 3 de marzo de 1998, con el nº 6091.
Contestación: tal y como especifica la Sentencia de 13 de febrero de 1988 (artº. 9.780), los sistemas generales pueden quedar al margen de la clasificación y calificación del suelo. No obstante, para su valoración deberán encuadrarse en alguna clase de suelo.
En nuestra opinión, pueden existir sistemas generales en suelo no urbanizable y no adscritos a otra clase de suelo. En este sentido, el Texto Refundido de 1992 se refería a sistemas generales situados o adscritos en relación con suelo urbano o urbanizable (en sus artículos 59 y 60 declarados inconstitucionales), pero no excluye el suelo no urbanizable.
Tampoco creemos que sea decisiva la referencia legal a los sistemas generales al tratar de las determinaciones del planeamiento en relación con el suelo urbano o urbanizable (cfr. artº. 12.1 b LS de 1976), puesto que no se trata de que, por ejemplo, la red viaria pública sea exclusiva del suelo urbano, sino de que al diseñar el planeamiento del suelo urbano hay que indicar el trazado y características de la red viaria pública. En último término, las Sentencias de 29 de enero y 9 de mayo de 1994 se refieren sólo al sistema general viario del municipio, no a cualquier sistema general que pueda encontrarse o transcurrir por el municipio. Negar la posibilidad de implantar sistemas generales en suelo rústico, lleva al absurdo de que las grandes infraestructuras de comunicación, como las autovías o inclusive los ferrocarriles, se consideren como suelo urbano allá por donde pasen y deban valorarse como tal en todos los municipios por donde transcurra su trazado, de modo que, dependiendo de lo aleatorio de su trazado, unos terrenos que pueden ser baldíos o improductivos, deban valorarse a un precio superior a otros suelos rústicos mejores desde el punto de vista de su potencial agrícola.
Valorar terrenos rústicos como urbanizables, por el hecho de implantarse en dichos terrenos un sistema general, no sólo prescinde de la clasificación del planeamiento sino que, además, puede ser imposible. En este sentido, no podrán valorarse terrenos rústicos afectados por un sistema general por su valor urbanístico (según la denominación de la antigua Ley del Suelo), puesto que normalmente carecen de aprovechamiento urbanístico tipo, o medio, pues no se encuentran en ningún polígono, unidad o sector que lo tenga fijado, y, en defecto del aprovechamiento tipo o medio se estará a las ordenanzas o normas urbanísticas, que en coherencia con la clasificación del suelo, tampoco admitirían aprovechamiento urbanístico alguno.
Siendo rigurosos y de acuerdo con la nueva Ley 6/1998, los terrenos rústicos, aunque soporten un sistema general, deben valorarse empleando el método de comparación con los valores comprobados de otras fincas análogas, teniéndose en cuenta el régimen urbanístico, situación, tamaño y naturaleza, así como los usos y aprovechamientos permitidos por el planeamiento. Sólo cuando esta comparación no sea posible, el método alternativo será el tradicional, es decir, el de capitalización de las rentas reales o potenciales del suelo de acuerdo con su estado y naturaleza.
Por otra parte, las prescripciones especiales de los artículos 59 y 60 de la LS de 1992 (declarados inconstitucionales) derivan de la necesidad de no discriminar a los propietarios de suelo urbano o urbanizable adscritos a sistemas generales respecto de los dueños de igual suelo pero sin estar adscrito a los sistemas generales, toda vez que el aprovechamiento urbanístico no es, lógicamente, el mismo, y por ello se establecen reglas especiales de aplicación de ciertos porcentajes sobre el aprovechamiento tipo de la zona. Este problema no se plantea en el suelo no urbanizable (rústico en nuestra CC.AA.), puesto que su valoración toma como punto de partida el valor inicial, para cuya fijación no se computa el aprovechamiento urbanístico, sino el posible aprovechamiento agrícola de la finca, que no se ve afectado, directamente, por la adscripción a sistemas generales (y, aunque sí lo es directamente, por la construcción o establecimiento del sistema general, este extremo no ha de afectar a la valoración del terreno, que aprecia el mismo por sus circunstancias anteriores a la expropiación, conforme el artº. 36 de la LEF).
Tampoco se comparte el criterio de algunos autores en el sentido de que el desarrollo de un sistema general ... produce un beneficio a la comunidad y produciría un enriquecimiento injusto a la Administración expropiante si el suelo no fuera valorado conforme a tal beneficio. Antes al contrario, cuando se produciría un enriquecimiento injusto sería si el propietario de un terreno tuviese que recibir el valor del terreno no por su valor intrínseco sino por el valor, superior, de la utilidad que reportará una vez que se realice la actuación administrativa correspondiente. En tal sentido, el artº. 36 de la Ley de Expropiación Forzosa, señala que las tasaciones se efectuarán con arreglo al valor que tengan los bienes o derechos expropiables al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio, sin tenerse en cuenta las plusvalías que sean consecuencia directa del plano o proyecto de obras que dan lugar a la expropiación y las previsibles para el futuro.
En lo referente a la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de julio de 1996 -Sala 3ª, Sección 6ª, Ponente Sr. Hernando Santiago-, se hace un uso inadecuado de la misma, dado que se refiere a sistemas generales de comunicación y de sus zonas de protección, que en concordancia con el artº. 12.1.B del Texto Refundido del 76, debe incluirse, con carácter general, en la estructura general y orgánica del territorio en desarrollo de las previsiones o determinaciones que los Planes Generales Municipales de Ordenación deben realizar en el suelo urbano.
Esta alusión se considera, pues, completamente fuera de contexto, pudiendo su lectura entre líneas llevar a la confusión.
Por otra parte, las referencias a Parque urbano que se vierten en esta alegación desvirtúan el verdadero carácter de este ámbito. En este sentido, hay que reiterar que se trata efectivamente de un Parque Peri-urbano, es decir de una zona recreativa ubicada (dada su extensión y características) en suelo rústico, en las proximidades de la periferia de la ciudad, al objeto de que sirva como zona de ocio y expansión de la gran urbe constituida por la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, así como de sus núcleos satélites y periféricos dependientes de ésta.
En este sentido, la finalidad de dotar a la ciudadanía de un equipamiento como éste, tiene su razón de ser en la demanda que reclama la población por satisfacer sus ansias de naturaleza. En tal sentido, el Plan Especial que desarrolla este ámbito, incluye el desarrollo de una serie de actividades relacionadas con el medio ambiente al objeto de mitigar la presión humana que se suele dar en zonas ubicadas en un medio más frágil que se quiere preservar. De ahí la necesidad de ubicar en esta zona una serie de actividades que suelen darse en espacios naturales protegidos (tales como asaderos, equitación, ciclopistas, footing, etc.), en las proximidades de núcleos fuertemente poblados, al objeto de descargar la presión humana que soportan. Para ello es necesario que este ámbito tenga y reúna las características propias del suelo rústico y, que asimismo, sea capaz de dar acogida a un número importante de usuarios, sin que pierda ese carácter rural. Así la repoblación forestal prevista en el Plan Especial no se hace en sentido jardinero sino que se plantea para potenciar el carácter rústico de este ámbito, recuperando así las capacidades de carácter natural que tiene actualmente, cuestión por la cual se ubica en este entorno.
6.- D. Juan Manuel Delgado Bethencourt y otros, con registro de entrada en este Centro Directivo el 3 de abril de 1998, con el nº 6.078.
Contestación: respecto a que este expediente de expropiación forzosa no puede afectar a su copropiedad, señalar que en concordancia con el artº. 69 de la LS 76, transcurridos cinco (5) años, desde la entrada en vigor del Plan sin que se llevase a efecto la expropiación de los terrenos, el titular de los bienes o sus causahabientes advertirán a la Administración competente de su propósito de iniciar el expediente de justiprecio, que podrá llevarse a cabo por ministerio de la ley, si transcurrieren otros dos (2) años desde el momento de efectuar la advertencia. Como quiera que la citada advertencia se ha producido con fecha el 4 de diciembre de 1997, todavía no se ha cumplido el plazo legal de dos (2) años que la Administración tiene de plazo para contestar.
En lo referente a que la valoración de los terrenos de su copropiedad debió hacerse partiendo de la naturaleza urbanizable, ya ha sido contestada ampliamente en la anterior alegación.
En cuanto a la escueta valoración -Hoja de aprecio- que adjunta en su escrito, no contiene la descripción del objeto expropiado. Asimismo, carece completamente de justificación, puesto que no indica ni distingue aquellos terrenos que se incluyen en el cómputo total (521.874 m2), desconociéndose la ubicación y cabida de los terrenos situados fuera del ámbito sujeto a expropiación y si se incluye la carretera que transcurre por dicho paraje, etc. Igualmente, no se describen las características de las construcciones, plantaciones e infraestructuras que se valoran (311.010.500 pesetas). En este sentido, como dice el artº. 29.2 de la L.E.F.:
La valoración habrá de ser forzosamente motivada, es decir, razonada o justificada; es decir, no basta con señalar simplemente un valor a cada objeto, cosa o bien expropiado, sino que debe explicarse el motivo de señalar ese valor y por qué se estima que ha de ser ése y no otro.
En este sentido, la Sentencia de 18 de febrero de 1986 dice que la Hoja de Aprecio ha de estar motivada, sin que tenga relevancia el mayor o menor acierto de los criterios adoptados.
Por último señalar que, en la citada Hoja de Aprecio, la valoración se ha realizado partiendo de que la ponencia de valores catastrales supone el 50% del valor de mercado o real, de acuerdo con la Resolución de 15 de enero de 1993, por lo que multiplica el valor obtenido en la valoración por dos para llevarlo a valores de mercado. Hay que decir al respecto que la citada Resolución, concretamente en su apartado segundo dispone La referencia establecida en el artº. 66.2 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se realizará de forma homogénea en todas las valoraciones catastrales de bienes inmuebles de naturaleza urbana, a cuyo objeto se establece un coeficiente en relación al mercado (RM) de 0,5. Por consiguiente, no ha lugar la aplicación del citado coeficiente, dado que el valor que figura en la ponencia de valores es el valor real o de mercado y para obtener el valor catastral será cuando habrá de aplicar el citado coeficiente.
7.- D. Laureano Gándara del Castillo, con registro de entrada en este Centro Directivo el 7 de abril de 1998, con el nº 6.246.
Contestación: respecto a la intención de la Administración por cambiar la clasificación actual del suelo sujeto a expropiación, decir que la finalidad del Plan Especial que desarrolla este sistema general en suelo rústico es justo lo contrario, bastando consultar ese planeamiento para comprender y darse cuenta cuáles son los objetivos y la finalidad que persigue la Administración con el desarrollo de este ámbito.
En este sentido, tal y como se ha mencionado anteriormente, la finalidad de dotar a la ciudadanía de un equipamiento como éste, tiene su razón de ser en la demanda que reclama la población por satisfacer sus ansias de naturaleza. En tal sentido, el Plan Especial que desarrolla este ámbito, incluye el desarrollo de una serie de actividades relacionadas con el medio ambiente al objeto de mitigar la presión humana que se suele dar en zonas ubicadas en un medio más frágil que se quiere preservar. De ahí la necesidad de ubicar en esta zona una serie de actividades que suelen darse en espacios naturales protegidos (tales como asaderos, equitación, ciclopistas, footing, etc.), en las proximidades de núcleos fuertemente poblados, al objeto de descargar la presión humana que soportan. Para ello es necesario que este ámbito tenga y reúna las características propias del suelo rústico y que, asimismo, sea capaz de dar acogida a un número importante de usuarios, sin que pierda ese carácter rural. Así la repoblación forestal prevista en el Plan Especial no se hace en sentido jardinero, sino que se plantea para potenciar el carácter rústico de este ámbito, recuperando así las capacidades de carácter natural que tiene actualmente, cuestión por la cual se ubica en este entorno.
Con el término de eriales a pastos se describe una determinada clasificación agronómica que comprende terrenos que tienen un aprovechamiento cuando la pluviometría lo permite. Estos terrenos incluyen una pequeña capa vegetal que es la que permite el crecimiento espontáneo de pastos. El precio fijado en la hoja de aprecio, ya incluye esta pequeña capa vegetal que posibilita ese aprovechamiento para el pastoreo.
Por otra parte, la zona donde se indica que se trata de plataneras, constituiría una 3ª zona de plataneras, al estar a una cota superior a 300 metros. Se trata, por tanto, de una zona que no es rentable al tener unos rendimientos de producción muy bajos debido a su climatología, por lo que los beneficios de explotación se entienden nulos. Indicar, además, que por la información recabada en este Centro Directivo no existe desde hace bastante tiempo ningún tipo de explotación agrícola sobre estos terrenos, tal y como señala el técnico tasador en la descripción que hace de las fincas.
Respecto a las valoraciones de la tubería de polietileno y de sus accesorios, éstas se han realizado teniendo en cuenta su antigüedad y estado de conservación (valor de reposición), de acuerdo con los criterios legales vigentes, por lo que no procede su estimación.
Respecto al estanque regulador, decir que no se demuestra en el escrito impedimento alguno para que no se pueda ubicar un nuevo estanque en terrenos de su propiedad no afectados por la expropiación, cuyas obras serían costeadas por la Administración (valor de sustitución), máxime si tenemos en cuenta, que tal y como demuestra su escrito, es dueño de una importante superficie de terrenos (tanto cultivables como improductivos) en donde se puede ubicar en estos últimos un nuevo estanque. En este sentido, la Administración correría con los gastos necesarios que suponga la nueva infraestructura a crear (conducciones).
8.- D. Luis Correa Pérez, con registro de entrada en este Centro Directivo el 8 de abril de 1998, con el nº 6.280.
Contestación: se desestima la misma, con base a los mismos criterios que han servido para responder a idénticas motivaciones.
9.- D. Armando Bordes Martín, con registro de entrada en este Centro Directivo el 13 de abril de 1998, con el nº 6.314. Contestación: la diferencia en la valoración del suelo responde a que el suelo vinculado a las edificaciones alcanza el valor que como diseminado fija la actual Ponencia de Valores. Al respecto, hay que aclarar que deberá corregirse el valor fijado en el expediente de expropiación a dichos suelos (suelo vinculado a la edificación), cifrando el mismo en 1.500 ptas./m2 en vez de las 750 ptas./m2 con que figuran en el expediente de expropiación.
Respecto a la valoración del estanque con su red de tuberías y tomaderos, se ha realizado teniendo en cuenta su antigüedad y estado de conservación, de acuerdo con la normativa catastral en función de su coste de reposición (artº. 31.2.LS 98), por lo que se estima adecuada la valoración efectuada en el expediente de expropiación.
En lo referente a la titularidad de las tuberías que figuran en el expediente (derechos de paso correspondiendo 5 días al Sr. Esteva Roca, 10 días al Cortijo Cuesta La Palma y 15 días a los Sres. Bordes Martín) deberá acreditarse de manera efectiva la misma o sus derechos por sus respectivos titulares. En el caso de que alguna de las conducciones descritas no estuviese contemplada en el expediente de expropiación, deberá acreditarse igualmente su titularidad, procediéndose posteriormente a valorarse las mismas por su coste de reposición a efectos de incluirlas en el expediente de expropiación.
10.- D. Luis León Fernández, en representación de la entidad mercantil Casticar, S.A., con registro de entrada en este Centro Directivo el 14 de abril de 1998, con el nº 6.519.
Contestación: respecto a la valoración de los terrenos, citar que de acuerdo con la legislación vigente (artº. 26.1 de la LS 98) se ha determinado el valor de este suelo por el método de comparación a partir de fincas análogas, habiéndose tenido en cuenta, para ello, el régimen urbanístico, situación, tamaño y naturaleza de las distintas fincas. Todo ello ha quedado meridianamente claro, incluso para alguno de los afectados por este expediente, reconociendo que en escrituras públicas de 18 de diciembre de 1992 y de 3 de febrero de 1994, autorizadas por los Notarios D. Luis Crespo Mayo y D. Joaquín María Crespo Candela, se transmitió a la Comunidad Autónoma aproximadamente 50 hectáreas de terreno destinadas al Sistema General de Espacios Libres en Suelo rústico en San José del Álamo, por un importe de 90.000.000 de pesetas, lo que significa un valor unitario aproximado de 180 ptas./m2. Por consiguiente, se entiende ajustada la valoración a los criterios legales vigentes, habiéndose partido del último valor de transacción real conocido de 193,50 ptas./m2, actualizándose el mismo de la forma más favorable para los propietarios.
Respecto a la vinculación con los terrenos a expropiar (de 9,60 hectáreas) de otros terrenos con una extensión de 35 hectáreas, decir que no se acredita suficientemente en la alegación que resulte antieconómico para el propietario la conservación de la parte de la finca no afectada (cuatro veces superior en superficie). Tampoco se acreditan, tal y como dispone el artº. 22.2 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, las causas concretas determinantes de los perjuicios económicos, tanto por la alteración de las condiciones fundamentales de la finca como de sus posibilidades de aprovechamiento rentable.
11.- D. Luis Cabrera Correa, en nombre propio y en representación de los Herederos de Dña. Catalina Correa Pérez, con registro de entrada en este Centro Directivo el 4 de mayo de 1998, con el nº 7.416.
Contestación: se contesta la misma en el mismo sentido y con las mismas consideraciones que se han empleado para la alegación presentada por dicho propietario.
12.- Dña. Dolores Moreno Santana, Procuradora, en representación de D. Diego Cambreleng Roca y otros, con registro de entrada en este Centro Directivo el 19 de mayo de 1998, con el nº 8.198.
Contestación: reiterar, ante esta opción legítima, que el presente expediente de expropiación forzosa en tramitación por el procedimiento de tasación conjunta se ha realizado conforme a la legislación vigente, siguiendo los criterios generales de valoración de la Ley 6/1998, de 13 de abril.
13.- D. Félix Juan Bordes Caballero, D. Félix Bordes Martín y otros, con registro de entrada en este Centro Directivo, el 3 de junio de 1998, con el nº 9.030.
Contestación: tal y como se ha reseñado en la contestación a otras alegaciones, negar la posibilidad de implantar sistemas generales en suelo rústico, lleva al absurdo de que las grandes infraestructuras de comunicación, como las autovías o inclusive los ferrocarriles, se consideren como suelo urbano allá por donde pasen y deban valorarse como tal en todos los municipios por donde transcurra su trazado, de modo que, dependiendo de lo aleatorio de su trazado, unos terrenos que pueden ser baldíos o improductivos, deban valorarse a un precio superior a otros suelos rústicos mejores desde el punto de vista de su potencial agrícola.
Valorar terrenos rústicos como urbanizables, por el hecho de implantarse en dichos terrenos un sistema general, no sólo prescinde de la clasificación del planeamiento sino que, además, puede ser imposible. En este sentido, no podrán valorarse terrenos rústicos afectados por un sistema general por su valor urbanístico (según la denominación de la antigua Ley del Suelo), puesto que, normalmente, carecen de aprovechamiento urbanístico tipo, o medio, pues no se encuentran en ningún polígono, unidad o sector que lo tenga fijado, y, en defecto del aprovechamiento tipo o medio se estará a las ordenanzas o normas urbanísticas, que en coherencia con la clasificación del suelo, tampoco admitirán aprovechamiento urbanístico alguno.
Siendo rigurosos y de acuerdo con la nueva Ley 6/1998, los terrenos rústicos, aunque soporten un sistema general, deben valorarse empleando el método de comparación, con los valores comprobados de otras fincas análogas, teniéndose en cuenta el régimen urbanístico, situación, tamaño y naturaleza, así como los usos y aprovechamientos permitidos por el planeamiento. Sólo cuando esta comparación no sea posible, el método alternativo será el tradicional, es decir, el de capitalización de las rentas reales o potenciales del suelo de acuerdo con su estado y naturaleza.
Por otra parte, las prescripciones especiales de los artículos 59 y 60 de la LS de 1992 (declarados inconstitucionales) derivan de la necesidad de no discriminar a los propietarios de suelo urbano o urbanizable adscritos a sistemas generales respecto de los dueños de igual suelo pero sin estar adscrito a los sistemas generales, toda vez que el aprovechamiento urbanístico no es, lógicamente, el mismo, y por ello se establecen reglas especiales de aplicación de ciertos porcentajes sobre el aprovechamiento tipo de la zona. Este problema no se plantea en el suelo no urbanizable (rústico en nuestra CC.AA.), puesto que su valoración toma como punto de partida el valor inicial, para cuya fijación no se computa el aprovechamiento urbanístico, sino el posible aprovechamiento agrícola de la finca, que no se ve afectado, directamente, por la adscripción a sistemas generales (y, aunque sí lo es directamente por la construcción o establecimiento del sistema general, este extremo no ha de afectar a la valoración del terreno, que aprecia el mismo por sus circunstancias anteriores a la expropiación, conforme al artº. 36 de la LEF).
Tampoco se comparte el criterio de algunos autores en el sentido de que el desarrollo de un sistema general produce un beneficio a la comunidad y produciría un enriquecimiento injusto a la Administración expropiante si el suelo no fuera valorado conforme a tal beneficio. Antes al contrario, cuando se produciría un enriquecimiento sería si el propietario de un terreno tuviese que recibir el valor del terreno no por su valor intrínseco sino por el valor, superior, de la utilidad que reportará una vez que se realice la actuación administrativa correspondiente. En tal sentido, el artº. 36 de la Ley de Expropiación Forzosa, señala que las tasaciones se efectuarán con arreglo al valor que tengan los bienes o derechos expropiables al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio, sin tenerse en cuenta las plusvalías que sean consecuencia directa del plano o proyecto de obras que dan lugar a la expropiación y las previsibles para el futuro.
Por otra parte, y en lo que respecta a las menciones de algunas Sentencias del Tribunal Supremo, decir que se hace un uso inadecuado de las mismas, dado que se refieren a sistemas generales de comunicación y de sus zonas de protección, que en concordancia con el artº. 12.1.B) del Texto Refundido del 76, debe incluirse, con carácter general, en la estructura general y orgánica del territorio en desarrollo de las previsiones o determinaciones de los Planes Generales Municipales de Ordenación deben realizar en el suelo urbano.
Esta alusión se considera, pues, completamente fuera de contexto, pudiendo su lectura entre líneas llevar a la confusión.
Por otra parte, las referencias a Parque urbano que se vierten en esta alegación desvirtúan el verdadero carácter de este ámbito. En este sentido, hay que reiterar que se trata efectivamente de un Parque Peri-urbano, es decir de una zona recreativa ubicada (dada su extensión y características) en suelo rústico, en las proximidades de la periferia de la ciudad, al objeto de que sirva como zona de ocio y expansión de la gran urbe constituida por la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, así como de sus núcleos satélites y periféricos dependientes de ésta.
En este sentido, la finalidad de dotar a la ciudadanía de un equipamiento como éste, tiene su razón de ser en la demanda que reclama la población por satisfacer sus ansias de naturaleza. En tal sentido, el Plan Especial que desarrolla este ámbito, incluye el desarrollo de una serie de actividades relacionadas con el medio ambiente al objeto de mitigar la presión humana que se suele dar en zonas ubicadas en un medio más frágil que se quiere preservar. De ahí la necesidad de ubicar en esta zona una serie de actividades que suelen darse en espacios naturales protegidos (tales como asaderos, equitación, ciclopistas, footing, etc.), en las proximidades de núcleos fuertemente poblados, al objeto de descargar la presión humana que soportan. Para ello, es necesario que este ámbito tenga y reúna las características propias del suelo rústico y que, asimismo, sea capaz de dar acogida a un número importante de usuarios, sin que pierda ese carácter rural. Así la repoblación forestal prevista en el Plan Especial no se hace en sentido jardinero, sino que se plantea para potenciar el carácter rústico de este ámbito, recuperando así las capacidades de carácter natural que tiene actualmente, razón por la cual se ubica en este entorno.
No se comparte el criterio de algunos autores en el sentido de que el desarrollo de un sistema general produce un beneficio a la comunidad y produciría un enriquecimiento injusto a la Administración expropiante si el suelo no fuera valorado conforme a tal beneficio. Antes al contrario, cuando se produciría un enriquecimiento injusto sería si el propietario de un terreno tuviese que recibir el valor del terreno no por su valor intrínseco sino por el valor, superior, de la utilidad que reportará una vez que se realice la actuación administrativa correspondiente. En tal sentido, el artº. 36 de la Ley de Expropiación Forzosa, señala que las tasaciones se efectuarán con arreglo al valor que tengan los bienes o derechos expropiables al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio, sin tenerse en cuenta las plusvalías que sean consecuencia directa del plano o proyecto de obras que dan lugar a la expropiación y las previsibles para el futuro.
Por otra parte, la Disposición Adicional Segunda de la Ley 6/1988, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, especifica que a los solos efectos de lo dispuesto en el artº. 62 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, tendrán la consideración de urbanizables los terrenos que así clasifique el planeamiento y estén incluidos en sectores, así como el resto del suelo clasificado como urbanizable a partir del momento de aprobación del instrumento urbanístico que lo desarrolle. Se plantearía que la contradicción de que estos terrenos han estado gravados a efectos fiscales con un impuesto referido a terrenos de naturaleza rústica y sin embargo, se pretenda que la Administración obtenga los mismos como si estos terrenos estuviesen clasificados como urbanizables.
En lo referente a que el valor real de mercado de la vivienda que se encuentra afectada por la expropiación puede ser de cinco a siete veces superior al valor asignado en el expediente de expropiación, señalar que independientemente de que en su escrito no aporta justificación que corrobore en modo alguno tal extremo, decir que la valoración se ha realizado de acuerdo con los criterios legales vigentes, detectándose únicamente un error en la valoración del suelo considerado en el Centro de Gestión Catastral como diseminado (es decir se refiere única y exclusivamente al suelo ocupado físicamente por la edificación), que debería valorarse a 1.500 ptas./m2 en vez de las 750 ptas./m2 con que figura en el expediente de expropiación, cuestión esta que se estima y deberá procederse a su corrección en el documento definitivo.
En cuanto a que los métodos empleados para la valoración de las edificaciones e instalaciones, concretamente, el uso del MBC2 de 55.800 ptas./m2, que entiende, se refiere al módulo básico de construcción del año 1995 para viviendas de protección oficial, decir que el citado Módulo Básico de Construcción (MBC) fue fijado mediante Orden de 24 de enero de 1995, por la que se aprueba el módulo de valor (M) para la determinación de los valores de suelo y construcción de los bienes inmuebles de naturaleza urbana en las valoraciones catastrales. En dicha Orden, en el apartado segundo, se indica que la aplicación de los factores de diversificación del suelo y de la construcción, definidos en la norma 16 del anexo del Real Decreto 1.020/1993, de 25 de junio, da como resultado para el área económica segunda (2) los siguientes valores:
MBR2 = 39.000 ptas./m2 (valor de repercusión del suelo).
MBC2 = 55.800 ptas./m2 (valor de las construcciones).
El término municipal de Las Palmas de Gran Canaria está englobado en el área económica número dos (2), y por lo tanto de acuerdo con la tabla de valores expuesta en la citada Orden, le corresponden los valores mencionados.
Decir, igualmente, que el artículo 31.2 de la LS 98, propone que el valor de las edificaciones se determine de acuerdo con la normativa catastral en función de su coste de reposición, corregido en atención a la antigüedad y su estado de conservación. En definitiva el artículo 31, nos remite al Real Decreto 1.020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las Normas Técnicas para la determinación del valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana y, concretamente, a las normas 11, 12, 13, 14, 19 y 20 de dicho Real Decreto.
Además de los criterios que se desprenden de dichas Normas, deberán tenerse en cuenta aquellas Órdenes Ministeriales que actualizan el Módulo de Valor (M) para la determinación del valor del suelo y de las construcciones de los bienes inmuebles de naturaleza urbana y los Módulos Básicos de Repercusión del suelo (MBR) y del Valor de la Construcción (MBC).
Así pues, la citada Orden Ministerial de 24 de enero de 1995, estableció para el año 1995 y para todo el territorio nacional, el módulo de valor (M) al que se hace referencia en el artículo 2 del Real Decreto 1.020/1993, y los valores de repercusión del suelo y de la construcción en las respectivas 7 áreas económicas que existen a efectos catastrales en el territorio nacional, no habiéndose actualizado dicho valor desde entonces.
14.- Dña. Rosa María Marrero León, Delegada Especial y Provincial del Ministerio de Economía y Hacienda, en representación del Estado, con registro de entrada en este Centro Directivo, el 23 de julio de 1998, con el nº 11.522.
Contestación: se asume íntegramente la alegación, por lo que el citado inmueble se valora en 54.409.725 pesetas, en vez de las 51.995.044 pesetas que figuran en el expediente de expropiación. 15.- Dña. Mercedes, D. Álvaro, D. Miguel, D. Laureano, Dña. María Nieves y Dña. Pino Gándara del Castillo, con registro de entrada en este Centro Directivo, el 29 de junio de 1998, con los números 10.324 a 10.329.
Contestación: respecto a la supuesta vinculación de estos terrenos (a efectos de valoración) a suelos urbanizables, decir que ya reiteradamente se ha expuesto razonadamente y ampliamente en las anteriores contestaciones a las alegaciones, el rechazo a tal teoría, por lo que se desestima la misma.
En cuanto al canal de referencia, decir que el mismo está vinculado a varias fincas propiedad de Dña. Mercedes del Castillo Carreras, al Cortijo de La Palma, actualmente en producción ubicada al pie de los terrenos a expropiar, así como a un gran estanque de estructura mixta (barrial y mampostería) que ha sido demolido al quedar afectado por la ejecución del Plan Parcial Ciudad del Campo. Por consiguiente, resulta incongruente que los afectados aleguen que el canal solamente quede vinculado a la finca descrita con el número tres (3) en el expediente de expropiación. La vinculación real era pues con este estanque en gran medida.
Por otra parte, resulta evidente la gran desproporcionalidad existente entre esta finca de 11,783 ha y el citado canal, quedando pues dicha infraestructura de gran envergadura sobredimensionada y sin relación alguna con la pretendida finca nº 3.
Con base a lo anteriormente expuesto, y dado que el expediente de expropiación reúne los requisitos que la legislación urbanística establece, procede ratificar el valor unitario adoptado en el mismo de 290 ptas./m2, y por consiguiente desestimar las alegaciones practicadas, salvo la relativa a la valoración del suelo ocupado practicada, ya que, según los valores fijados por el catastro para el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, debe corresponder a este tipo de suelo (diseminado) un valor de 1.500 ptas./m2, valor que actualizado hasta el año 1998, fecha de la valoración, da como resultado 1.571.321 ptas./m2.
Segundo.- La presente resolución deberá notificarse a todos y cada uno de los propietarios afectados, conforme requiere el artículo 202.7 del Reglamento de Gestión Urbanística, confiriéndoles un plazo de veinte (20) días durante los cuales podrán manifestar por escrito ante este órgano su disconformidad con la valoración establecida en el expediente aprobado. Transcurrido dicho plazo sin formular oposición, se entenderá tácitamente aceptada, tal y como previene el apartado 9 del referido artículo 202.
Tercero.- El presente Acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de Canarias y será debidamente notificado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y al Cabildo Insular de Gran Canaria. Contra este acto, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a partir de su notificación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación al artº. 8 del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los procedimientos administrativos de la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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