El Decreto 24/1987, de 13 de marzo, de establecimiento de servicios mínimos de la Comunidad Autónoma de Canarias, asigna a los titulares de las Consejerías del Gobierno de Canarias competencias para la determinación de los servicios mínimos que sean necesarios prestar en caso de huelga, así como el personal preciso para su desempeño, todo ello dentro del ámbito de sus Departamentos. Esta Consejería ha tenido conocimiento a través de escrito de fecha 24 de noviembre de 1998, del preaviso de huelga presentado por D. Carlos Sánchez Santos, en nombre y representación del Sindicato Profesional Médico de Tenerife, con carácter indefinido a partir del día 9 de diciembre de 1998, y que afecta al personal odontoestomatólogo que presta servicios en las Zonas Básicas de Salud dependientes de la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife.
La asistencia que se presta por el personal antedicho tiene carácter de servicio público de reconocida a inaplazable necesidad que, de no prestarse, podría ocasionar daños de especial gravedad, por lo que se hace necesario fijar las medidas contempladas en el citado Decreto.
Por tal motivo, oído el Comité de Huelga, de acuerdo con las competencias que me otorga el artículo 2 del Decreto 24/1987, de 13 de marzo (B.O.C. nº 34, de 20 de marzo),
D I S P O N G O:
Artículo único.- Los servicios mínimos que han de prestarse por el personal odontoestomatólogo, adscrito a las Zonas Básicas de Salud dependientes de la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife, a partir del día 9 de diciembre del presente año, durante la huelga convocada, son los siguientes:
- Dña. Ana Ruth Oliva Hernández, El Mojón.
- D. José Luis García Oramas, Granadilla.
- Dña. Dulce Gómez Santos, Icod.
- D. Juan C. Recuenco Rodríguez, Puerto de la Cruz.
- D. Pedro Évora Vargas, Barrio de la Salud. DISPOSICIÓN FINAL
Contra la presente Orden cabe recurso ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro del plazo de diez días siguientes a su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 8 de la Ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona y la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pudiendo asimismo interponerse cualquier otro recurso que se estime pertinente.
Santa Cruz de Tenerife, a 2 de diciembre de 1998.
EL CONSEJERO DE SANIDAD Y CONSUMO, Julio Bonis Álvarez.
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