BOC - 1998/141. Lunes 9 de Noviembre de 1998 - 3742

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente

3742 - Dirección General de Disciplina Urbanística y Medioambiental.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 20 de agosto de 1998, sobre notificación a D. Alfonso Benítez Lutzardo de la Propuesta de Resolución dictada en el expediente sancionador nº 530/97.U.

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No habiéndose podido notificar a D. Alfonso Benítez Lutzardo en su calidad de promotor, en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Propuesta de Resolución dictada en el expediente tramitado en esta Dirección General con referencia 530/97.U, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,

R E S U E L V O: 1.- Notificar a D. Alfonso Benítez Lutzardo, la propuesta de resolución de fecha 23 de julio de 1998, recaída en el expediente 530/97.U, instruido en esta Dirección General, y que dice textualmente:

“El Instructor del procedimiento sancionador seguido frente a usted ha adoptado en el día de la fecha el siguiente acuerdo: Examinado el expediente instruido por este Centro Directivo para la protección de la legalidad urbanística seguido frente a D. Alfonso Benítez Lutzardo, por la ejecución sin las preceptivas autorizaciones urbanísticas de las obras en suelo rústico de protección ambiental, consistentes en “la construcción de una edificación de unos 214 m2 con armaduras de espera de pilares en el forjado de techo, así como un desmonte de unos 500 m2 en el que se emplaza la edificación, otro de unos 800 m2, un muro de contención de 25 m de largo por 4,4 m de altura en el lindero oeste y otro de unos 20 m de largo por 3 m de alto en el lindero noroeste”, en el lugar denominado Villa La Huerta, La Esperanza, en el término municipal de El Rosario.

Vistos informe técnico y demás documentos obrantes en el expediente, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 23 de marzo de 1998, la Dirección General de Disciplina Urbanística y Medioambiental dictó Resolución notificada el día 5 de junio de 1998, por la que se acordó la subrogación de la misma en las competencias municipales en orden a adoptar las medidas de protección de la legalidad urbanística vigente, suspender las obras, requerir al interesado para que solicitara en el plazo de un mes la autorización del Ilmo. Sr. Director General de Urbanismo, previa a la licencia municipal, tal como se regula en la Ley 5/1987, de 7 de abril, de Ordenación Urbanística del Suelo Rústico de la Comunidad Autónoma de Canarias, e incoar el oportuno expediente. Segundo.- De conformidad con los informes técnicos obrantes en el expediente, las obras ejecutadas fueron valoradas en seis millones ciento ochenta y siete mil trescientas tres (6.187.303) pesetas, calificada la infracción de grave y tipificada conforme el artículo 37.2.b) de la Ley 7/1990, de 14 de mayo, de Disciplina Urbanística y Territorial, y sancionada en el artículo 55 del mismo Texto Legal con multa del 50% al 100% del valor de la obra ejecutada, y en función de las circunstancias que concurran en el caso, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del correspondiente expediente, todo lo cual fue notificado en dicha Resolución, con la advertencia expresa de que la misma sería considerada como Propuesta de Resolución sin fuera reconocida por el interesado su responsabilidad, o no presentara alegación alguna, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora. Tercero.- Con referencia al citado expediente, el día 23 de junio el interesado presenta escrito de alegaciones en el que, suscintamente, expone:

- Que fue denunciado por algún vecino y que existen otras casas en la zona.

- Que lleva levantada más de cinco años, y que solo faltan un par de ventanas y la teja del techo.

- Que desea acogerse al Censo de Viviendas ilegales.

- Que se levante el precinto para acabar las obras, ya que considera que se produce un agravio comparativo.

Cuarto.- Transcurridos los plazos legales establecidos, no se ha solicitado la legalización de la Dirección General de Urbanismo, por el procedimiento establecido en el artículo 11 de la citada Ley Territorial 5/1987, de 7 de abril.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS I.- Este Órgano es competente para la iniciación, tramitación y resolución del presente expediente de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 107/1995, de 26 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, modificado por Decreto 273/1995, de 11 de agosto, y en la Ley 7/1990, de 14 de mayo, de Disciplina Urbanística y Territorial. II.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 5/1987, de 7 de abril, toda actuación en suelo rústico requiere la autorización del Ilmo. Sr. Director General de Urbanismo, con carácter previo al otorgamiento de la igualmente preceptiva licencia municipal de obras, de conformidad con los artículos 4 y 8 de la Ley 7/1990, de 14 de mayo, de Disciplina Urbanística y Territorial. III.- En cuanto a las alegaciones del interesado, cabe señalar que no es la denuncia, sino la comprobación objetiva de los hechos lo que determina la adopción de las medidas de disciplina urbanística; y en el material fotográfico obrante en el expediente 11 y 26 de junio, se constata el carácter reciente de las obras, por lo que no es cierta la información del interesado sobre la antigüedad de las mismas ni sobre su estado actual. IV.- Respecto a la solicitud de acogerse al Censo de Viviendas ilegales, y aun cuando no procede aquí pronunciarse sobre esta cuestión, el plazo para ello ha concluido, y además dado el carácter reciente de la construcción no cumpliría con los requisitos que exigía el artº. 1 del Decreto regulador del Censo. Y aun en el hipotético caso de que la construcción estuviera censada, ello no implica la legalización de la misma, ni impide la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, sino que tan sólo suspende la ejecutividad de las órdenes de demolición dictadas. V.- En cuanto al agravio comparativo en relación con otros propietarios, sólo puede tomarse en cuenta como una percepción subjetiva, irrelevante desde el punto de vista jurídico, no pudiendo aceptarse dicho razonamiento, pues ello equivaldría a una derogación singular de la Ley con el único objeto de favorecer sus intereses particulares, lo cual si sería contrario al principio constitucional de igualdad. No procede por tanto el levantamiento del precinto, pues la suspensión de las obras no es una medida discrecional sino prevista en la Ley 7/1990, de 14 de mayo, de Disciplina Urbanística y Territorial.

VI.- Han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el Reglamento sobre el procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

VII.- En base a lo anteriormente expuesto se ha incurrido en una infracción urbanística tipificada en el artículo 37.2.b) de la Ley 7/1990, de 14 de mayo, calificada de grave en el artículo 38 y sancionada en el artículo 55 del mismo texto legal con multa del 50% al 100% del valor de la obra ejecutada, valor que según el informe técnico obrante en el expediente asciende a la cantidad de seis millones ciento ochenta y siete mil trescientas tres (6.187.303) pesetas, resultando, por tanto, en el presente caso una multa de tres millones noventa y tres mil seiscientas cincuenta y una (3.093.651) pesetas, correspondiente al 50%, toda vez que no se observan en el expediente circunstancias agravantes de la responsabilidad.

En virtud de lo expuesto se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.- Imponer una multa de tres millones noventa y tres mil seiscientas cincuenta y una (3.093.651) pesetas, correspondiente al 50% del valor de las obras ejecutadas a D. Alfonso Benítez Lutzardo, en calidad de promotor de las mismas, de conformidad con el artículo 39 de la Ley 7/1990, de 14 de mayo.

Notifíquese la Propuesta de Resolución al interesado.

De todo lo cual se le da traslado, concediéndole un plazo de quince días para que pueda alegar cuanto considere conveniente en su defensa ante esta Dirección General (sita en la Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco, semisótano), así como presentar los documentos e informaciones que estime pertinente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

Adjunto se acompaña, relación de los documentos obrantes en el procedimiento, a los efectos establecidos en el artículo 19.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS OBRANTES EN EL EXPEDIENTE Nº 530/97.U. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, a continuación se relacionan los documentos obrantes en el expediente de referencia, a fin de que los interesados puedan obtener las copias de lo que estimen conveniente.

- Plano de situación.

- Escrito de denuncia.

- Informe técnico de 29 de enero de 1998, con reportaje fotográfico y planos de situación.

- Resolución de la Dirección General de Disciplina Urbanística y Medioambiental nº 127 de fecha 23 de marzo de 1998 (subrogación suspensión, etc.).

- Informe técnico de 29 de junio de 1998 con reportaje fotográfico.

- Alegaciones.”

2.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de agosto de 1998.- El Director General de Disciplina Urbanística y Medioambiental, Miguel Ángel Morcuende Hurtado.



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