Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación del citado requerimiento en el domicilio que figura en el expediente incoado por el Instituto Canario de Formación y Empleo, sin que haya sido recibido por el interesado, es por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, se hace saber a la misma que con fecha 21 de mayo de 1998 fue efectuado Acuerdo de inicio de reintegro del tenor literal siguiente:
Por la Dirección del Instituto Canario de Formación y Empleo se ha verificado en diligencias de información previa que por parte de Euroconsulting Integral, Sdad. Coop., beneficiaria de una subvención en materia de incorporación de trabajadores desempleados como socios trabajadores de cooperativas y sociedades anónimas laborales de las previstas en el Capítulo III, de la Sección 3ª de la Orden de 30 de agosto de 1994, de convocatoria y regulación de las bases para la concesión de las subvenciones (B.O.C. nº 108, de 2.9.94) reguladas en el Decreto 124/1994, de 20 de junio, por el que se regulan los Programas del Gobierno de Canarias para el fomento y el mantenimiento del empleo, por importe de cinco millones ochenta y nueve mil (5.089.000) pesetas, concedida mediante Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo de fecha 11 de noviembre de 1994 registrada al número 1.574, se ha incurrido en la siguiente causa determinante del reintegro de la referida subvención:
Haber incumplido el deber de justificar el empleo dado a los fondos recibidos, en la forma y plazo que se establece en la Resolución de concesión de la subvención y normas reguladoras. Y ello es así por las siguientes razones: a) El número quinto del resuelvo de la indicada Orden obliga a la entidad beneficiaria a justificar que el importe de la subvención ha sido invertido con la finalidad para la cual se concede, mediante la presentación anual, y durante tres años a partir de la fecha de inicio de la actividad y/o incorporación del socio trabajador en la entidad, de recibos acreditativos del pago del salario y los boletines de cotización a la Seguridad Social.
b) Asimismo el artículo 30 de la Orden de 30 de agosto de 1994, establece que las entidades perceptoras de las subvenciones estarán obligadas, durante el plazo de los tres años siguientes a su concesión, y para el caso de baja por cualquier causa de alguno de los socios en virtud de cuya incorporación se hubieran otorgado aquéllas, a cubrir el puesto con un nuevo socio trabajador que reúna el requisito establecido en el artº. 26 de la presente Orden.
Las referidas entidades deberán comunicar inmediatamente al Instituto Canario de Formación y Empleo las bajas de socios a que se refiere este artículo, así como proceder a su sustitución en el plazo máximo de tres meses siguientes a la fecha de la baja, y presentar la documentación que acredite haber realizado dicha sustitución dentro de los quince días siguientes a la misma.
c) Habiendo la entidad procedido a comunicar con fecha de entrada en este Organismo el 7 de junio de 1995 y nº de registro 9.993 el cese como socio trabajador de Magdalena Garrido Santana.
d) Que al haberse cumplido el plazo para aportar documentación justificativa este Organismo procede a requerir la misma en fecha 30 de enero de 1996 y número de salida 334.
e) Que la entidad aporta escrito en fecha 16 de febrero de 1996 y número de entrada 1.316 en donde se solicita aplazamiento de un año para la presentación de la documentación requerida.
f) Que la Intervención Delegada en el ICFEM por medio de escrito de fecha 25 de noviembre de 1996 y con número de salida 443 procede a fiscalizar negativamente el borrador que este Centro Gestor había redactado referido a la resolución por la que se concede el aplazamiento del período de justificación solicitado por la entidad.
g) Que este Centro Gestor por medio de escrito registrado de salida el 21 de abril de 1997 con el número 1.000 procede a requerir documentación justificativa de la subvención, así como documentación relativa a la sustitución de la socia Magdalena Garrido Santana, escrito que fue devuelto por el Servicio de Correos, según documentación obrante en el expediente. h) Que según lo previsto en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a publicar en el Boletín Oficial de Canarias nº 112, de 27 de agosto de 1997, y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, el requerimiento señalado en el apartado anterior.
i) Que a la fecha de inicio del expediente no ha sido cumplimentado dicho requerimiento, encontrándose por tanto sin justificar la subvención concedida.
Por cuanto antecede, de conformidad con los artículos 32 y 33 del Decreto 6/1995, de 27 de enero, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con lo dispuesto en el artículo 52.12 de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y en el artículo 81 del Real Decreto-Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, en ejercicio de las competencias que me atribuyen los artículos 3.d) de la Ley 7/1992, de 25 de noviembre, de creación de este Instituto y 3.15 del Decreto Territorial 18/1993, de 11 de febrero, por el que se aprueba su Reglamento Orgánico, en relación con lo establecido en el Decreto 6/1995, de 27 de enero, y con base en lo dispuesto en los artículos 69.1 y 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
ACUERDO:
Primero.- Iniciar el procedimiento para el reintegro de la subvención concedida a Euroconsulting Integral, Sdad. Coop. por Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo de fecha 11 de noviembre de 1994 registrada al nº 1574, por las causas mencionadas, sin perjuicio de la exigencia de las demás responsabilidades a que dicho incumplimiento pudiera dar lugar en aplicación de la legislación vigente.
Segundo.- Conceder al interesado un plazo de diez días para que pueda comparecer en el expediente, tomar audiencia y vista del mismo, proponer pruebas y realizar las alegaciones que tenga por conveniente. Concluido este trámite y vistas las actuaciones pertinentes se dictará la resolución que corresponda.
Tercero.- Notifíquese este Acuerdo, según lo exigido en el artículo 58 y en los términos del artículo 59, ambos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Contra el presente Acuerdo no cabe interponer recurso alguno sin perjuicio de que el interesado, conforme a lo previsto en el artº. 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pueda alegar oposición al presente acto para su consideración en la resolución que ponga fin al presente procedimiento y sin perjuicio de la posibilidad de recurrirla. Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de agosto de 1998.- El Director, Francisco Zumaquero García.
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