Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación del citado requerimiento en el domicilio que figura en el expediente incoado por el Instituto Canario de Formación y Empleo, sin que haya sido recibido por el interesado, es por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, se hace saber a la misma que con fecha 11 de mayo 1998 fue efectuado Acuerdo de inicio de reintegro del tenor literal siguiente:
Por la Dirección del Instituto Canario de Formación y Empleo se ha verificado en diligencias de información previa que por parte de la Cooperativa de Agricultura Ecológica Canaria, S.C.L. beneficiaria de una subvención en materia de asistencia técnica (contratación de un Gerente), por importe de un millón novecientas cincuenta y seis mil doscientas veintinueve (1.956.229) pesetas, concedida mediante Orden del Consejero de Trabajo y Función Pública de fecha 31 de diciembre de 1994 registrada al nº 1214, la cual fue modificada parcialmente por Orden del Consejero de Trabajo y Función Pública de fecha 31 de marzo de 1995, registrada al nº 135 se ha incurrido en la siguiente causa determinante del reintegro de la referida subvención:
Haber incumplido el deber de justificar el empleo dado a los fondos recibidos, en la forma y plazo que se establece en la Resolución de concesión de la subvención y normas reguladoras. Y ello es así por las siguientes razones:
a) El número cuarto del resuelvo de la indicada Orden obliga a la entidad beneficiaria a justificar que el importe de la subvención ha sido invertido con la finalidad para la cual se concede, mediante la presentación de fotocopias debidamente compulsadas con sus originales, de los TC1 y TC2 y recibos oficiales de salarios, correspondientes al trabajador en virtud de cuya contratación se haya concedido la subvención. Todo ello de forma trimestral y durante doce meses, a partir de la fecha de contratación del trabajador.
b) Que, habiéndose cumplido el plazo para aportar la documentación justificativa de la subvención, este centro gestor procedió a requerir la misma, por medio de escrito registrado de salida el 28 de agosto de 1995 y nº 6.243, el cual fue recibido en fecha 1 de septiembre de 1995, según acuse de recibo que obra en el expediente.
c) Que la entidad contesta al citado requerimiento por medio de escrito registrado de entrada el 6 de septiembre de 1995, con el nº 16.126, en el cual aporta documentación distinta a la requerida, encontrándose por tanto sin justificar la subvención concedida.
Por cuanto antecede, de conformidad con los artículos 32 y 33 del Decreto 6/1995, de 27 de enero, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con lo dispuesto en el artículo 52.12 de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y en el artículo 81 del Real Decreto-Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, en ejercicio de las competencias que me atribuyen los artículos 3.d) de la Ley 7/1992, de 25 de noviembre, de creación de este Instituto y 3.15 del Decreto Territorial 18/1993, de 11 de febrero, por el que se aprueba su Reglamento Orgánico, en relación con lo establecido en el Decreto 6/1995, de 27 de enero, y con base en lo dispuesto en los artículos 69.1 y 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
ACUERDO:
Primero.- Iniciar el procedimiento para el reintegro de la subvención concedida a Cooperativa de Agricultura Ecológica Canaria, S.C.L. por Orden del Consejero de Trabajo y Función Pública de fecha 31 de diciembre de 1994, registrado al nº 1.214, la cual fue modificada parcialmente por Orden del Consejero de Trabajo y Función Pública de fecha 31 de marzo de 1995, registrada al nº 135, por las causas mencionadas, sin perjuicio de la exigencia de las demás responsabilidades a que dicho incumplimiento pudiera dar lugar en aplicación de la legislación vigente.
Segundo.- Conceder al interesado un plazo de diez días para que pueda comparecer en el expediente, tomar audiencia y vista del mismo, proponer pruebas y realizar las alegaciones que tenga por conveniente. Concluido este trámite y vistas las actuaciones pertinentes se dictará la resolución que corresponda.
Tercero.- Notifíquese este Acuerdo, según lo exigido en el artículo 58 y en los términos del artículo 59, ambos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Contra el presente Acuerdo no cabe interponer recurso alguno sin perjuicio de que el interesado, conforme a lo previsto en el artº. 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pueda alegar oposición al presente acto para su consideración en la resolución que ponga fin al presente procedimiento y sin perjuicio de la posibilidad de recurrirla. Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de agosto de 1998.- El Director, Francisco Zumaquero García.
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