BOC - 1998/131. Viernes 16 de Octubre de 1998 - 3471

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas

3471 - Dirección General de Vivienda.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 1 de septiembre de 1998, sobre notificación de imposición de multa coercitiva recaída en el expediente L-57/96, dirigida a la Comunidad de Propietarios Las Chumberas, bloque 30, La Laguna (Tenerife).

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Habiendo sido intentada sin que pudiera practicarse la notificación de imposición de multa coercitiva recaída en el expediente L-57/96, mediante carta certificada con acuse de recibo al domicilio consignado y siendo necesario notificarle dicho trámite al ser parte interesada, y conforme a lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92),

R E S U E L V O:

Notificar a la Comunidad de Propietarios Las Chumberas, bloque 30, La Laguna, la multa coercitiva de fecha 15 de mayo de 1998 recaída en el expediente referenciado, cuya parte dispositiva dice textualmente:

“Existiendo constancia de que no han sido ejecutadas las obras ordenadas a la Comunidad de Propietarios Las Chumberas, bloque 30, La Laguna, en la Resolución de fecha 21 de febrero de 1997, y en virtud de la facultad que me confiere la Ley 32/1976, de 2 de agosto (B.O.E. de 3 de agosto), en relación con el artículo 96.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En consecuencia vengo a imponerle multa coercitiva de cincuenta mil (50.000) pesetas que deberá hacer efectivas en las oficinas de Hacienda del Gobierno de Canarias.

Nuevamente se le apercibe de que, en caso de persistir en incumplimiento de la orden de obras dada, se le seguirán imponiendo sucesivas multas coercitivas hasta que se proceda a la total ejecución de dichas obras.

Estas multas coercitivas como actos de impulsión del procedimiento, no tienen carácter resolutorio y, por tanto, no son recurribles en ulterior instancia.”

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de septiembre de 1998.- El Director General de Vivienda, Miguel Ángel Pulido Rodríguez.



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