BOC - 1998/117. Lunes 14 de Septiembre de 1998 - 3144

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo y Transportes

3144 - Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 27 de julio de 1998, sobre notificación de Resoluciones a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

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Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Resolución recaída en el expediente incoado con motivo de denuncias o actas de inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo preciso su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.

El ingreso de las sanciones recaídas en los expedientes que se relacionan deberá hacerse efectivo en la forma y plazos indicados en la notificación que la Consejería de Economía y Hacienda le remitirá a su propio domicilio.

2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de julio de 1998.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.

RESOLUCIONES QUE SE CITAN:

1) Libro nº 1 de Resoluciones de la Viceconsejería de Turismo, folio 13, número 46.

Resolución de 25 de junio de 1998, de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 97/279, instruido a Svend Jensen, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Rent a Car Dansk Automobiludle Jning.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Svend Jensen, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de fecha 17 de diciembre de 1997, como consecuencia de la denuncia formulada por D. José E. Gopar Hernández, y del acta de inspección nº 6761, de 6 de marzo de 1996.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Que con fecha 20 de octubre de 1995, se recibió en esta Consejería denuncia de D. José E. Gopar Hernández, representante de los Bungalows Orinoco, contra Svend Jensen por ocupación del Bungalow nº 13 desarrollando actividad de alquiler de coches sin conductor (rent a car), abierto al público y anuncios en aceras, etc.

2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 6 de marzo de 1996, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la Avenida de la Cornisa, Complejo Orinoco, Bungalow nº 13 en Puerto Rico, término municipal de Mogán, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 6761 en la que esencialmente se hace constar que el Sr. Svend Jensen ejerce en el Bungalow nº 13 del complejo, la actividad de rent a car, con local abierto al público en general y no presentando a requerimiento del Inspector documentación oficial alguna que acredite autorización para ejercer dicha actividad. En el exterior se anuncia “Rent a Car Dansk Automobiludle Jning”, además en la terraza y pasillo exterior se encuentran almacenadas latas de gasolina, aceite, etc., sin aparato protector contra incendios, lo que es peligroso. Asimismo, hay neumáticos usados, baterías, etc., banco de trabajo y herramientas. No se cumplen normas sanitarias, ni seguridad. Los vehículos se aparcan en la calle delante del complejo. Allí se lavan y arreglan, por falta de garaje, esto último lo indica el recepcionista de los Bungalows Cumana que está presente.

3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el número 97/279, nombrándose Instructor y Secretario.

4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 17 de diciembre de 1997, por el siguiente

HECHO: deficiencias consistentes en tener en terraza y pasillo exterior del Bungalows nº 13 del complejo denominado Orinoco, latas de gasolina, aceite, neumáticos usados de vehículos, etc., según consta en el acta de inspección nº 6761, de 6 de marzo de 1996.

5º) Que con fecha 11 de junio de 1998 y habida cuenta que el expedientado no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 625.000 pesetas, por el hecho infractor.

6º) Que la comisión del hecho imputado, ha sido probada como consta en el expediente.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

Segunda.- Que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera.- Que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta.- Que a la hora de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Quinta.- Que debe estimarse la responsabilidad administrativa del expedientado, en base al acta nº 6761, de 6 de marzo de 1996 y al informe de fecha 31 de enero de 1997, sin que el titular haya formulado alegaciones a la Propuesta de Resolución, ni aportado prueba alguna que desvirtúe el hecho imputado, por lo que nos ratificamos en dicha Propuesta de Resolución, por entenderla ajustada a Derecho.

Sexta.- Que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción a:

NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artº. 51 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).

Con calificación de grave, en base al artículo 76.3 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa de 625.000 pesetas, por el hecho infractor, a Svend Jensen, con C.I.F. nº X-0003174-7, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Rent a Car Dansk Automobiludle Jning.

La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Una vez firme la presente Resolución, se procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.- Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de junio de 1998.- El Viceconsejero de Turismo, Juan Carlos Becerra Robayna.

2) Libro nº 2 de Resoluciones de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 138, número 518.

Resolución de 19 de junio de 1998, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 97/284, instruido a Ecu Las Palmas, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Pub Ecu.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Ecu Las Palmas, S.L., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 17 de diciembre de 1997, como consecuencia de la denuncia formulada por D. José Carlos Hernández Lozano, y del acta de inspección nº 8219, de 22 de marzo de 1997.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Que con fecha 20 de febrero de 1997, se recibió en esta Consejería reclamación por medio de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, a instancia de D. José Carlos Hernández Lozano contra el Pub Ecu, por no facilitar Hojas de Reclamaciones e impedir el acceso a dicho establecimiento.

2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 22 de marzo de 1997, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la calle Nicolás Estévanez, 24, en Las Palmas de Gran Canaria, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 8219, en la que esencialmente se hace constar que al interviniente le sorprende y extraña la denuncia, toda vez que a las 0’5 horas de la madrugada se cierra el establecimiento y por ello, no resulta verosímil atender un cliente a las 0’7 horas, por ello no puede aportar un dato esclarecedor máxime cuando desde hace un año no hay personal de control de entrada en el establecimiento. Se comprueba que el establecimiento está abierto al público y con la actividad de Bar-Pub, carece del anuncio de obligatoria exhibición al público en el interior y exterior del mismo, de los precios y anuncio de existencia de Hojas de Reclamaciones. Los inodoros de los servicios higiénicos no disponen del tirador de cisterna correspondiente.

3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el número 97/284, nombrándose Instructor y Secretario.

4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 17 de diciembre de 1997, por los siguientes

HECHOS: 1º) No anunciar, tanto en el interior como en el exterior del establecimiento, la relación de servicios con los precios que rigen en la prestación de los mismos. 2º) No anunciar la existencia de Hojas de Reclamaciones a disposición de los clientes. 3º) Deficiencias en el funcionamiento y decoro de los servicios sanitarios.

5º) Que con fecha 11 de junio de 1998 y habida cuenta que la expedientada no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 15.000 pesetas por el 1er hecho infractor, 15.000 pesetas por el 2º hecho infractor y 50.000 pesetas por el 3er hecho infractor.

6º) Que la comisión de los hechos imputados, ha sido probada como consta en el expediente.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

Segunda.- Que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor. Tercera.- Que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta.- Que a la hora de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Quinta.- Que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base al acta nº 8219 sin que el titular haya formulado alegaciones a la Propuesta de Resolución, ni aportado prueba alguna que desvirtúe los hechos imputados, por lo que nos ratificamos en dicha Propuesta de Resolución, por entenderla ajustada a derecho.

Sexta.- Que los hechos recogidos en el expediente son constitutivos de infracción a:

NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artº. 10.3 de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), modificado por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978, en su artículo 1º (B.O.E. de 19 de julio), y en aplicación del artículo 4º de la Orden Ministerial de 19 de junio de 1970 (B.O.E. de 23 de junio). - Artº. 20.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril). - Artículo 9º.e) de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), en aplicación del artículo 4º de la Orden Ministerial de 19 de junio de 1970 (B.O.E. de 23 de junio).

Con calificación de leve, en base a los artículos 77.1 y 77.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa en cuantía de 15.000 pesetas por el 1er hecho infractor, 15.000 pesetas por el 2º hecho infractor y 50.000 pesetas por el 3er hecho infractor, a Ecu Las Palmas, S.L., con C.I.F nº B-35331180, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Pub Ecu. La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.- Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de junio de 1998.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.

3) Libro nº 2 de Resoluciones de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 139, número 526.

Resolución de 25 de junio de 1998, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 97/289, instruido a Dña. Ann Lilian Rice, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Somewhere Else.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Dña. Ann Lilian Rice, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 18 de diciembre de 1997, como consecuencia de la denuncia formulada por la 152 Comandancia de la Guardia Civil, Puerto Rico y del acta de inspección nº 8325, de 17 de abril de 1997.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Que con fecha 30 de enero de 1997, se recibió en esta Consejería, registro de entrada nº 592, denuncia formulada por la 152 Comandancia de la Guardia Civil, en la que manifiesta que el establecimiento carecía de las Hojas de Reclamaciones.

2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 17 de abril de 1997, se personó en el establecimiento de referencia, sito en el Centro Comercial Ancora, local 150, en Arguineguín, término municipal de Mogán, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 8325, en la que esencialmente se hace constar que el establecimiento se encontraba abierto al público en general y realizaba la actividad turística de bar, careciendo de Libro de Inspección, Hojas de Reclamaciones y precios notificados a la Administración turística.

3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el número 97/289, nombrándose Instructor y Secretario.

4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 18 de diciembre de 1997, por los siguientes

HECHOS: 1º) No haber notificado a la Administración turística competente, los precios que rigen en la prestación de los servicios. 2º) Carecer en el establecimiento de las Hojas de Reclamaciones. 3º) No facilitar el Libro de Inspección.

5º) Que con fecha 16 de junio de 1998 y habida cuenta que la expedientada no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 125.000 pesetas por el 1er hecho infractor, 125.000 pesetas por el 2º hecho infractor y 125.000 pesetas por el 3er hecho infractor.

6º) Que la comisión de los hechos imputados, ha sido probada como consta en el expediente.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

Segunda.- Que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera.- Que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta.- Que a la hora de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95). Quinta.- Que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base a la denuncia formulada por la 152 Comandancia de la Guardia Civil, Puerto Rico y al contenido del acta de inspección nº 8325, de 17 de abril de 1997, sin que la expedientada haya formulado alegaciones, ni aportado prueba alguna que desvirtúe los hechos imputados, por lo que nos ratificamos en la Propuesta de Resolución formulada por el Instructor del procedimiento.

Sexta.- Que los hechos recogidos en el expediente son constitutivos de infracción a:

NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artº. 30.1 de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), modificado por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978, en su artículo 2º (B.O.E. de 19 de julio), y en aplicación del artículo 4º de la Orden Ministerial de 19 de junio de 1970 (B.O.E. de 23 de junio). - Artº. 20.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril). - Artº. 84 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).

Con calificación de leve, en base a los artículos 76.5, 76.6 y 76.9, en relación con el artº. 77.7 de la Ley 7/1995, de 6 de abril (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre , por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa en cuantía de 125.000 pesetas por el 1er hecho infractor, 125.000 pesetas por el 2º hecho infractor y 125.000 pesetas por el 3er hecho infractor, a Dña. Ann Lilian Rice, con C.I.F. nº X-0886603-E, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Somewhere Else.

La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.- Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de junio de 1998.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.

4) Libro nº 2 de Resoluciones de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 140, número 544.

Resolución de 2 de julio de 1998, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 98/042, instruido a D. Benigno Estévez Esteban, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Pub Caledonia.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a D. Benigno Estévez Esteban, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 27 de febrero de 1998, como consecuencia de la denuncia formulada por el Patronato de Turismo y del acta de inspección nº 8564, de 11 de junio de 1997.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Que con fecha 8 de noviembre de 1996, se recibió en esta Consejería escrito del Patronato de Turismo nº 7103, indicando que habiendo transcurrido más de un mes del último escrito remitido al titular del Bar Pub Caledonia, para que pasara por este negociado al objeto de aclarar varias dudas con respecto al acta 7219 del 96, sin que lo haya verificado lo comunicamos a los efectos oportunos. Se adjunta acta 7219/96 de 10 de junio de 1996, escrito al titular de 17 de julio de 1996, reiterando escrito anterior de 7 de octubre de 1996.

2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 11 de junio de 1997, se personó en el establecimiento de referencia, sito en el Centro Comercial Águila Roja, local 242 y otros, en Playa del Inglés, término municipal de San Bartolomé de Tirajana, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 8564, en la que esencialmente se hace constar que se encuentra abierto al público en general y ejerce actividad de bar pub. Carece de la preceptiva documentación de la Administración turística, Libro de Inspección, Hojas de Reclamaciones y listas de precios. Manifiesta el compareciente que era el anterior propietario del Restaurante Pan Pan y que actualmente la documentación se encuentra en la Gestoría Cardoso que tramita el cambio de actividad. 3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el número 98/042, nombrándose Instructor y Secretario.

4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 27 de febrero de 1998, por el siguiente

HECHO: haber cambiado la denominación del establecimiento, toda vez que figuraba como Restaurante Pan Pan, sin haberlo comunicado previa y preceptivamente al organismo competente.

5º) Que la expedientada, en escrito de fecha 24 de marzo de 1998, registro de entrada nº 2034, en síntesis ha alegado lo siguiente: es improcedente la sanción. Lo vertido por el Inspector carece de base para la imposición de la sanción, pues el recurrente había iniciado en tiempo y forma el cambio de denominación como es preceptivo y como hizo constar en el acta de inspección. Se quiebra el principio de proporcionalidad, por excesiva la sanción propuesta.

6º) Que examinadas las razones esgrimidas por el expedientado, no desvirtúa, puesto que si bien había solicitado el cambio de denominación, al 15 de octubre de 1997 el Patronato le solicitó documentación que faltaba y hasta la fecha de hoy no ha sido completada después de seis meses, por consiguiente sigue la situación igual a la fecha del acta el 11 de junio de 1997, no obstante careciendo de antecedentes y no concurriendo lo dispuesto en el artº. 79 de la Ley 7/1995, de Ordenación del Turismo, párrafos 2º-4º, se propone una reducción de la sanción a 125.000 pesetas.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento con fecha 20 de abril de 1998, formuló propuesta de sanción de multa en cuantía de 125.000 pesetas, por el hecho infractor.

7º) Que el expedientado ha formulado contestación a la Propuesta de Resolución, en la que se reiteran, pese a la reducción de la sanción operada, lo vertido por el recurrente en su escrito de descargo de 20 de marzo de 1998. Se sigue considerando que lo vertido por el Inspector carece de virtualidad y base para la imposición de la sanción que se propone, habida cuenta que el recurrente había dado inicio en tiempo y forma al cambio de denominación como es preceptivo e hizo constar en el acta. Se considera la sanción excesiva.

8º) Que la comisión del hecho imputado, ha sido probada como consta en el expediente.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

Segunda.- Que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera.- Que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta.- Que a la hora de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Quinta.- Que debe estimarse la responsabilidad administrativa del expedientado, en base al acta nº 8564 y demás documentación aportada, pues si bien se demuestra se inició el cambio de denominación, el Patronato lo reiteró en varios escritos de 17 de julio de 1996 y 7 de octubre de 1996, y el acta 7219 del 96 de fecha 10 de junio, y hasta la fecha no se ha completado después de prácticamente dos años, y a pesar de ello se ha considerado no tener antecedentes y no concurrir lo dispuesto en el artº. 79 de la Ley 7/1995, de Ordenación del Turismo, párrafos 2º y 4º, y se propone una atenuación razonable a 125.000 pesetas, por el hecho infractor.

Sexta.- Que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción a:

NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artículo 3º de la Orden de 19 de octubre de 1988, de los nombres y de la publicidad de los establecimientos turísticos (B.O.C. nº 139, de 4 de noviembre).

Con calificación de leve, en base al artº. 76.1, en relación con el artº. 77.7, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa en cuantía de 125.000 pesetas, por el hecho infractor, a D. Benigno Estévez Esteban, con N.I.F. nº 10021347-U, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Pub Caledonia. La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.- Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de julio de 1998.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.

5) Libro nº 2 de Resoluciones de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 134, número 412.

Resolución de 22 de mayo de 1998, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 98/055, instruido a Almatriche Turística, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Los Hibiscos.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Almatriche Turística, S.L., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 9 de marzo de 1998, como consecuencia del acta de inspección nº 8767, de 10 de julio de 1997.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Que con fecha 10 de julio de 1997, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la calle Doramas, 15, en Puerto del Carmen, término municipal de Tías, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 8767, en la que esencialmente se hace constar que el establecimiento consignado no tenía expuestos al público, en la Recepción, los precios de los servicios que ofrecía a sus clientes.

2º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el número 98/055, nombrándose Instructor y Secretario.

3º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 9 de marzo de 1998, por el siguiente HECHO: no anunciar, en la Recepción, el cartel indicador de los precios, con expresión de los servicios incluidos, así como de los servicios complementarios.

4º) Que con fecha 12 de mayo de 1998 y habida cuenta que la expedientada no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 50.000 pesetas por el hecho infractor.

5º) Que la comisión del hecho imputado, ha sido probada como consta en el expediente.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

Segunda.- Que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera.- Que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta.- Que a la hora de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 26.11.92), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Quinta.- Que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base al contenido del acta de inspección nº 8767, de 10 de julio de 1997, sin que la titular consignada haya formulado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe el hecho imputado, por lo que nos ratificamos en la Propuesta de Resolución formulada por el Instructor del procedimiento.

Sexta.- Que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción a:

NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artº. 24.1 del Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre Ordenación de Apartamentos Turísticos (B.O.C. números 46 y 60, de 3 y 28 de abril de 1989, respectivamente). Con calificación de leve, en base al artº. 77.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa en cuantía de 50.000 pesetas, por el hecho infractor a Almatriche Turística, S.L., con C.I.F. nº B-35353853, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Los Hibiscos.

La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.- Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de mayo de 1998.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.

6) Libro nº 2 de Resoluciones de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 136, número 473.

Resolución de 5 de junio de 1998, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 98/062, instruido a D. Plácido Fernández Tejera, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Plácido.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a D. Plácido Fernández Tejera, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 19 de marzo de 1998, como consecuencia de la Hoja de Reclamación nº 26182, formulada por D. José Manuel Gutiérrez Gutiérrez y del acta de inspección nº 9036, de 8 de octubre de 1997.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Que con fecha 26 de agosto de 1997, se recibió en esta Consejería Hoja de Reclamación nº 26182, contra el Restaurante Plácido, a instancia de D. José Manuel Gutiérrez Gutiérrez sobre una deficiencia administrativa.

2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 8 de octubre de 1997, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la Avenida Marítima, 39, en El Golfo, término municipal de Yaiza, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 9036, en la que esencialmente se hace constar que los precios de los productos reseñados en la factura que aporta el cliente, coinciden y en algunos casos son inferiores con los reflejados en la lista de precios comunicados al Patronato, la lista se exhibe en el interior y exterior del establecimiento. El único precio que no figura en dicha lista es el de la jarra de vino del país, a 1.100 pesetas, unidad (1 litro).

3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el número 98/062, nombrándose Instructor y Secretario.

4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 19 de marzo de 1998, por el siguiente

HECHO: no haber notificado a la Administración turística competente, el precio de la jarra de vino del país.

5º) Que con fecha 27 de mayo de 1998 y habida cuenta que el expedientado no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una sanción de apercibimiento.

6º) Que la comisión del hecho imputado, ha sido probada como consta en el expediente.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96). Segunda.- Que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera.- Que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta.- Que a la hora de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Quinta.- Que debe estimarse la responsabilidad administrativa del expedientado, en base al acta, sin que el titular haya formulado alegaciones a la Resolución de iniciación, que se considera Propuesta de Resolución, ni aportado prueba alguna que desvirtúe el hecho imputado, por lo que nos ratificamos en dicha Propuesta de Resolución, por entenderla ajustada a Derecho.

Sexta.- Que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción a:

NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artº. 30.1 de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), modificado por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978, en su artículo 2º (B.O.E. de 19 de julio).

Con calificación de leve, en base al artº. 76.5, en relación con el artº. 77.7, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril). En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción apercibimiento a D. Plácido Fernández Tejera, con D.N.I. nº 42.714.688, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Plácido.

La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.- Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de junio de 1998.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.



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