Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por la recurrente-interesada.
Visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a Management Development Europe, MDE, S.A., la Resolución de 13 de mayo de 1998 (libro nº 1, folio 67, nº 259), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario nº 450/97 (expediente nº TF-0894-0-96), interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 17 de septiembre de 1997.
Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Adeje (Santa Cruz de Tenerife) la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 8 de julio de 1998.- La Secretaria General Técnica, Rosa María Rodríguez Martín. A N E X O
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes por la que se resuelve recurso ordinario interpuesto por D. Miguel Ángel Noda Cruz en representación de Management Development Europe, MDE, S.A.
Visto el recurso ordinario formulado por D. Miguel Ángel Noda Cruz en representación de Management Development Europe, Mde, S.A., contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 17 de septiembre de 1997, recaída en el expediente sancionador nº TF-0894-0-96, y teniendo a la vista los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- La Resolución recurrida se basa fácticamente en realizar el vehículo TF-2350-BH, un transporte discrecional de viajeros, careciendo de tarjeta de transportes, dando lugar a la sanción de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas.
Segundo.- El recurso ordinario interpuesto alega que previamente a la resolución sancionadora no ha recibido notificación alguna del expediente que nos ocupa, cuando, por motivos que desconocen, el acuerdo de incoación del presente expediente se envió a una dirección errónea, provocando graves daños y perjuicios a su representada, cuando la Consejería le ha notificado perfectamente no menos de 10 expedientes a la dirección correcta. En este sentido sorprende que intentada la primera notificación en un domicilio que en realidad era un hotel, y una vez realizada una segunda notificación en el Boletín Oficial de Canarias, se llegue a una última notificación, realizada en el domicilio de su representada; por lo que incurre en nulidad, porque no se han respetado los principios básicos de la tramitación de los expedientes administrativos sancionadores contenidos en el Reglamento del Procedimiento Sancionador y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, vulnerando su derecho fundamental a la presunción de inocencia, a conocer la acusación formulada en su contra y a un proceso con todas las garantías y utilizando los medios de prueba en defensa de su derecho, y a no sufrir indefensión en la defensa de sus derechos. Teniendo en cuenta los artículos 145 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y el 203 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en la vigente redacción del Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, que se remite al artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dado que la imposición de la sanción se produce casi un año después de haberse cometido la infracción a causa de la paralización que ha sufrido el expediente sin causa imputable al interesado, origina la prescripción de la infracción denunciada. Además ocurre la causa de caducidad del expediente administrativo, prevista en el artículo 20.6 del Real Decreto 1.398/1993, al haber transcurrido casi un año entre la comisión de la infracción y la imposición de la sanción. Que la empresa expedientada utiliza el vehículo objeto de la denuncia para llevar a potenciales clientes del complejo turístico que se gestiona desde el mismo al Complejo de Golf del Sur, con el fin de mostrarles las posibilidades de ocio que podrían disfrutar; por tanto, no realizaba transporte privado complementario de mercancías no cobrando precio por dicho servicio, dado que el mismo se enmarca en la labor de promoción de captar clientes para la adquisición de inmuebles en el complejo turístico gestionado, en este sentido, el artículo 62 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres clasifica los transportes por carretera en públicos y privados, y el artículo 64 dispone que los transportes públicos de viajeros por carretera pueden ser regulares o discrecionales; que en realidad la actividad realizada por la entidad expedientada se incardinaría en la calificación legal de transporte privado particular porque se realiza en base a una relación de amistad o equivalente, tal y como recoge el artículo 156 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, no pudiendo definirse de otra forma la actividad que realiza cualquier empresa de cualquier sector respecto de sus clientes a los que transporta entre el aeropuerto, hoteles, etc. ... Sólo subsidiariamente a lo anterior, se puede admitir que se entienda que la actividad sancionada no es de transporte privado particular, sino de transporte privado complementario, incardinada en el artículo 102 de la L.O.T.T., por tratarse de una actividad realizada dentro del marco de la actuación general de la empresa, cuya finalidad principal no es el transporte, y por consiguiente, la actividad realizada por la misma no está sujeta a autorización, por aplicación del artículo 103 de la L.O.T.T., en relación con el artículo 158 del R.O.T.T. y con el artículo 7 del Decreto 12/1992, no habiendo incurrido en infracción del artículo 140.a) de la Ley 16/1987 y artículo 197.a) de su Reglamento, habiendo sido calificadas actuaciones idénticas a la que nos ocupa en el actual expediente, previamente en otros expedientes administrativos tanto como transportes públicos como privados, lo que deja constancia de la poca fortuna a la hora de calificar las presuntas infracciones; solicita la suspensión del acto recurrido, por cuanto su ejecución depararía graves perjuicios económicos y contractuales, que tendrían difícil o imposible reparación posterior, solicitando en definitiva, se deje sin efecto la sanción impuesta.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95) por la que se le delega la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos del Departamento en materia de turismo y transportes.
Segundo.- La tramitación del expediente sancionador ha sido substanciada de conformidad con lo previsto en el capítulo IV del título VI del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, según nueva redacción dada al mismo en el anexo I del Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan determinados procedimientos administrativos en materia de transportes y carreteras a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercero.- Las argumentaciones esgrimidas por el recurrente alteran sustancialmente los hechos y preceptos infringidos obrantes en la resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 17 de septiembre de 1997, que se adoptó en base a lo dispuesto en los artículos 90 y 140.c) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y artículos 109 y 197.c) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, por los que se considera infracción administrativa muy grave la realización de transportes públicos o actividades auxiliares o complementarias de los mismos, para las cuales la normativa reguladora de los transportes terrestres exija título administrativo habilitante, careciendo de la preceptiva concesión o autorización del transporte o de la actividad de que se trate.
Habida cuenta la constatación, de conformidad con lo argumentado por el recurrente dicente, de la insuficiencia de los datos del domicilio del interesado, consignados en el boletín de denuncia y en el acuerdo de incoación del presente expediente sancionador, dado que se refería únicamente al Hotel Santa Bárbara, San Miguel, sin que conste una actividad tendente a investigar dicho dato en el expediente, lo que motivó, a pesar de que fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias, una omisión de la notificación efectiva al mismo del acuerdo de incoación del expediente sancionador nº TF-0894-0-96, constando materialmente en dicho expediente un intento frustrado de notificación mediante carta domiciliaria devuelta por el Servicio de Correos bajo la leyenda de: se ausentó, teniendo en cuenta que el error sufrido no puede ser considerado error material, de hecho o aritmético, susceptible de rectificación al amparo de lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debiendo considerarse error jurídico, al haberse impedido al recurrente, el conocimiento del hecho infractor, de la calificación jurídica que el mismo mereció, en la que se fundamenta la sanción impuesta, transgrediendo, así, los principios del Derecho Administrativo sancionador (artículo 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común); en consecuencia, en aras a subsanar la indefensión causada, y en evitación de toda posible inseguridad jurídica, en base a lo dispuesto en los artículo 63.2 y 113.2 de la referida norma procedimental, resulta procedente revocar la resolución recaída, ordenando la retroacción del expediente de referencia al momento de dictar y notificar el acuerdo de incoación del mismo, que deberá recoger, dado el error en que incurrió el anterior, el domicilio correcto de la entidad expedientada, a tenor del escrito de recurso: Playa Fañabé, parcela 17, 38670-Adeje (Santa Cruz de Tenerife).
Cuarto.- La presente Resolución no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con el artículo 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,
R E S U E L V O:
Desestimar, en todos sus términos el recurso ordinario promovido por D. Miguel Ángel Noda Cruz en representación de Management Development, MDE, S.A. y confirmar la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 17 de septiembre de 1997, recaída en el expediente sancionador nº TF-0894-0-96, que determinó la imposición de una sanción de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas retrotrayéndose el expediente de referencia al momento de notificar el acuerdo de incoación del expediente de referencia en el domicilio de la entidad expedientada.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa la comunicación al órgano que dictó la presente Resolución exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- La Secretaria General Técnica, p.d., Orden de 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), Rosa María Rodríguez Martín.
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