No siendo posible por este Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria notificar a D. Jesús Santana Quevedo la Resolución recaída en el expediente de denuncia incoado contra el mismo por infracción del artículo 124, apartado b) de la Ley Territorial 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de Canarias, y conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1º) Declarar fundada la denuncia por infracción del artículo 124.b) de la Ley Territorial 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de Canarias.
2º) Calificar la falta como menos grave, de acuerdo con el apartado 5 del artículo 5 del Reglamento Sancionador en materia de aguas aprobado por Decreto 276/1993, de 8 de octubre.
3º) Imponer una sanción de 200.000 pesetas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 9.2 y 10 del referido Reglamento.
4º) Conceder un plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de recibo de esta Resolución, para que proceda a la eliminación de las obras ejecutadas sin autorización para la derivación de aguas superficiales, debiendo informar a este Consejo Insular de Aguas del inicio y finalización de dichos trabajos a efectos de vigilancia y control.
Contra este acto, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a partir de la fecha de publicación de este Decreto en el Boletín Oficial de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de junio de 1998.- El Vicepresidente, Andrés Rodríguez González.
© Gobierno de Canarias