BOC - 1998/097. Viernes 31 de Julio de 1998 - 2649

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo y Transportes

2649 - RESOLUCIÓN de 17 de junio de 1998, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, sobre notificaciones de Resoluciones a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

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Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Resolución recaída en el expediente incoado con motivo de denuncias o actas de inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y siendo preciso su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.

2.- El ingreso de las sanciones recaídas en los expedientes que se relacionan deberá hacerse efectivo en la forma y plazos indicados en la notificación que la Consejería de Economía y Hacienda le remitirá a su propio domicilio.

3.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de junio de 1998.-El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.

RESOLUCIONES QUE SE CITAN:

1) Libro nº 1 de Resoluciones de la Viceconsejería de Turismo, folio 13, nº 44.

Resolución de fecha 25 de mayo de 1998, de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 97/238, instruido a Doramajori, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Pensión Majorica.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Doramajori, S.L., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de fecha 5 de noviembre de 1997, como consecuencia de la denuncia formulada por D. Álvaro Leiva Mardón, y del acta de inspección nº 6729, de 1 de febrero de 1996 e informe del Patronato de Turismo del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, de fecha 22 de noviembre de 1996.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Que con fecha 23 de enero de 1996, se recibió en esta Consejería, registro de entrada nº 387, denuncia formulada por D. Álvaro Leiva Mardón, contra el establecimiento consignado en la que manifiesta irregularidades sobre el cobro por su hospedaje, así como el no haberle facilitado las Hojas de Reclamaciones.

2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 1 de febrero de 1996 se personó en el establecimiento de referencia, sito en la calle Ripoche, 22, en Las Palmas de Gran Canaria, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 6729 en la que esencialmente se hace constar que, según manifestación de D. Juan Sosa Domínguez, socio de la entidad mercantil titular de la explotación turística, se exige el pago por anticipado, manifestando además, que el trato a la clientela es siempre correcto y que no le facilitó la Hoja de Reclamaciones, ya que no las tenía al estar tramitando el cambio de titularidad.

Además se comprobó que se había producido un cambio de titularidad a favor de Doramajori, S.L., que explota el establecimiento desde el día 28 de diciembre de 1995, sin notificarlo, como es preceptivo, a la Administración turística canaria.

Asimismo carecía del Libro de Inspección y Hojas de Reclamaciones y se comprobaron deficiencias en la fachada exterior, recepción, en el ascensor, escalera de clientes y habitaciones, las cuales vienen especificadas en la citada acta de inspección.

3º) Que con fecha 22 de noviembre de 1996, se emite informe por el Patronato de Turismo del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, a petición de la Sección de Sanciones de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, en el que se hace constar que la Pensión Majorica, se encuentra dada de alta en la explotación turística desde el 28 de enero de 1967, clasificada en la categoría de dos estrellas, contando con un total de 34 habitaciones, con capacidad para 48 plazas. Se añade que desde el 19 de marzo de 1996, figura como titular de la explotación del citado establecimiento D. Juan Miguel Sosa Domínguez.

4º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 97/238, nombrándose Instructor y Secretario.

5º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 5 de noviembre de 1997, por los siguientes

HECHOS: 1º) Alterar las condiciones esenciales de la autorización de la que está provista la actividad, toda vez que se ha producido un cambio de titularidad a favor de Doramajori, S.L., que explota el establecimiento consignado desde el 28 de diciembre de 1995, sin comunicarlo como es preceptivo a la Administración turística competente. 2º) Deficiencias consistentes en: fachada exterior falta de pintura y barniz en carpintería; recepción, tapizado de sillones desganchados, falta de barniz en carpintería; instalación eléctrica deficiente; el ascensor no funciona; escalera de clientes con manchas en varios tramos; habitaciones con mobiliario avejentado y deteriorado, carecen de decoración, esmalte de bañera desprendido, ropa de cama muy deteriorada. 3º) Carecer en el establecimiento de las Hojas de Reclamaciones. 4º) Carecer en el establecimiento del Libro de Inspección.

6º) Que con fecha 14 de mayo de 1998 y habida cuenta que la expedientada no efectuó alegación alguna a la resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 625.000 pesetas por el primer hecho infractor, 500.000 pesetas por el segundo hecho infractor, 375.000 pesetas por el tercer hecho infractor y 375.000 pesetas por el cuarto hecho infractor.

7º) Que la comisión de los hechos imputados ha sido probada como así consta en el expediente.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

Segunda: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor. Tercera: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta: que a la hora de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Quinta: que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base a la denuncia formulada por D. Álvaro Leiva Mardón, al contenido del acta de inspección nº 6729, de 1 de febrero de 1996 y al informe del Patronato de Turismo del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, de fecha 22 de noviembre de 1996, sin que la titular consignada haya formulado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe los hechos imputados, por lo que nos ratificamos en la Propuesta de Resolución formulada por el Instructor del expediente.

Sexta: que los hechos recogidos en el expediente son constitutivos de infracción a:

NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artículo 8º del Decreto 149/1986, de 9 de octubre, de Ordenación de Establecimientos Hoteleros (B.O.C. nº 129, de 27 de octubre, y nº 138, de 17 de noviembre) y artículo 2º de la Orden de 23 de septiembre de 1988, por la que se regula el procedimiento para los cambios de titularidad de los establecimientos turísticos (B.O.C. nº 127, de 7 de octubre). - Artº. 43, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril). - Artº. 20.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril). - Artº. 41 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).

Con calificación de grave, en base a los artículos 76.1, 76.3, 76.6 y 76.9, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, 28.9.82), y el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre , por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95)

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa de 625.000 pesetas por el primer hecho infractor, 500.000 pesetas por el segundo hecho infractor, 375.000 pesetas por el tercer hecho infractor y 375.000 pesetas por el cuarto hecho infractor a Doramajori, S.L., con C.I.F. nº B-35423045, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Pensión Majorica.

La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Una vez firme la presente Resolución, se procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.- Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de mayo de 1998.- El Viceconsejero de Turismo, Juan Carlos Becerra Robayna.

2) Libro nº 2 de Resoluciones de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 133, nº 392.

Resolución de 19 de mayo de 1998, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 97/242, instruido a D. Boubker Handalah, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar La Charca.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a D. Boubker Handalah, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 5 de noviembre de 1997, como consecuencia de la denuncia formulada por D. Pedro Pérez Fernández y del acta de inspección nº 08091 de 5 de febrero de 1997.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes I. ANTECEDENTES

1º) Que con fecha 10 de enero de 1997, se recibió en esta Consejería, registro de entrada nº 149, denuncia formulada por D. Pedro Pérez Fernández, contra el establecimiento consignado, en la que manifiesta problemas de horario que repercuten en sus horas de descanso.

No obstante lo anterior, se comprobó que no disponía del Libro de Inspección del departamento y que carecía de lista de precios debidamente comunicadas a la Administración turística con los servicios que ofrecía a su clientela.

2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 5 de febrero de 1997, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la calle Cuchilletes, esq. Teresa López, 15, en Puerto del Rosario, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 8091, en la que esencialmente se hace constar que según manifestación de Dña. Rosa María Morales Díez, amiga de la propietaria, el establecimiento abre los viernes y sábado hasta la madrugada, día en los que abre la Discoteca La Fábrica, el resto de la semana permanece abierto hasta las 23 horas.

3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 97/242, nombrándose Instructor y Secretario.

4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 5 de noviembre de 1997, por los siguientes

HECHOS: 1º) No haber notificado a la Administración turística competente los precios que rigen en la prestación de los servicios. 2º) No facilitar el Libro de Inspección.

5º) Que con fecha 11 de mayo de 1998 y habida cuenta que el expedientado no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 100.000 pesetas por el pimer hecho infractor y 100.000 pesetas por el segundo hecho infractor.

6º) Que la comisión de los hechos imputados, ha sido probada como consta en el expediente.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

Segunda: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta: que a la hora de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Quinta: que debe estimarse la responsabilidad administrativa del expedientado, en base al contenido del acta de inspección nº 8091, de 5 de febrero de 1997, sin que el titular expedientado haya formulado alegaciones, ni aportado prueba alguna que desvirtúen los hechos imputados, por lo que nos ratificamos en la Propuesta de Resolución formulada por el Instructor del procedimiento.

Sexta: que los hechos recogidos en el expediente son constitutivos de infracción a los artículos:

- Artº. 30.1 de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), modificado por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978, en su artículo 2º (B.O.E. de 19 de julio), y en aplicación del artículo 4º de la Orden Ministerial de 19 de junio de 1970 (B.O.E. de 23 de junio).

- Artº. 84 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).

Con calificación de leve, en base a los artículos 76.5 y 76.9, en relación con el artº. 77.7, de la Ley 7/1995, de 6 de abril (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa en cuantía de 100.000 pesetas por el primer hecho infractor y 100.000 pesetas por el segundo hecho infractor, a D. Boubker Handalah, con C.I.F nº X-0831722-L, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar La Charca. La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.- Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de mayo de 1998.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.

3) Libro nº 2 de Resoluciones de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 129, nº 305.

Resolución de 27 de abril de 1998 de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 97/249, instruido a D. Eliseo Gómez Guillén, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Pub Mambo.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a D. Eliseo Gómez Guillén, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 18 de noviembre de 1997, como consecuencia de la denuncia formulada por D. Miguel A. González Herrera y del acta de inspección nº 8035 de 16 de enero de 1997.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Que con fecha 17 de diciembre de 1996, se recibió en esta Consejería denuncia a instancia de D. Miguel A. González Herrera y otros, contra el Disco Pub Mambo por varias deficiencias de infraestructura y disciplina de espectáculos públicos.

2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 16 de enero de 1997, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la calle Juan Tadeo, 8, en Puerto del Rosario, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 8035, en la que esencialmente se hace constar que en el interior del establecimiento se emite música con equipos electrónicos de amplificación de sonido sin que la misma se proyecte al exterior en el momento de la inspección, desconociendo el Inspector si la misma se proyecta en sentido vertical u horizontal. El inodoro de caballeros se encuentra fuera de servicio y uno de los urinarios con agua estancada y sucia. No exhibe en el exterior los servicios y precios de los productos que ofrece a los clientes.

3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 97/249, nombrándose Instructor y Secretario.

4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 18 de noviembre de 1997, por los siguientes

HECHOS: 1º) Deficiencias en el funcionamiento y decoro de los servicios sanitarios. 2º) No haber notificado a la Administración turística competente, los precios que rigen en la prestación de los servicios. 5º) Que con fecha 20 de abril de 1998 y habida cuenta que el expedientado no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 100.000 pesetas por el primer hecho infractor y 90.000 pesetas por el segundo hecho infractor.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

Segunda: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta: que debe estimarse la responsabilidad administrativa del expedientado, en base al acta de inspección, sin que el titular haya formulado alegaciones a la Propuesta de Resolución, ni aportado prueba alguna que desvirtúe los hechos imputados, por lo que nos ratificamos en dicha Propuesta de Resolución, por entenderla ajustada a Derecho.

Quinta: que los hechos recogidos en el expediente son constitutivos de infracción a los artículos:

NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artículo 9º.e), de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), en aplicación del artículo 4º de la Orden Ministerial de 19 de junio de 1970 (B.O.E. de 23 de junio). - Artº. 30.1 de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), modificado por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978, en su artículo 2º (B.O.E. de 19 de julio), y en aplicación del artículo 4º de la Orden Ministerial de 19 de junio de 1970 (B.O.E. de 23 de junio). Con calificación de leve, en base a los artículos 76.3 y 76.5, en relación con el artº. 77.7, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa en cuantía de 100.000 pesetas por el primer hecho infractor y 90.000 pesetas por el segundo hecho infractor a D. Eliseo Gómez Guillén, con C.I.F nº 50922476-Q, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Pub Mambo.

La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.- Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de abril de 1998. - El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.

4) Libro nº 2 de Resoluciones de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 134, nº 411.

Resolución de 22 de mayo de 1998, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 97/251, instruído a Diverfuer, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Discoteca La Fábrica.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Diverfuer, S.L., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 28 de noviembre de 1997, como consecuencia del acta de inspección nº 8071 de 26 de febrero de 1997.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Que con 26 de febrero de 1997, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la calle Teresa López, 7, bajo, en Puerto del Rosario, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 8071, en la que esencialmente se hace constar que carecía de Libro de Inspección de Turismo, Hojas de Reclamaciones, no habiendo notificado a la Administración turística competente, los precios que rigen en la prestación de los servicios.

2º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 97/251, nombrándose Instructor y Secretario.

3º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 28 de noviembre de 1997, por los siguientes

HECHOS: 1º) No haber notificado a la Administración turística competente, los precios que rigen en la prestación de los servicios. 2º) Carecer en el establecimiento de las Hojas de Reclamaciones. 3º) No facilitar el Libro de Inspección.

4º) Que con fecha 12 de mayo de 1998 y habida cuenta que la expedientada no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 100.000 pesetas por el primer hecho infractor, 100.000 pesetas por el segundo hecho infractor y 100.000 pesetas por el tercer hecho infractor.

5º) Que la comisión de los hechos imputados, ha sido probada como consta en el expediente.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

Segunda: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta: que a la hora de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Quinta: que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base al contenido del acta de inspección nº 8071 de 26 de febrero de 1997, sin que la titular haya formulado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúen los hechos imputados, por lo que nos ratificamos en la Propuesta de Resolución formulada por el Instructor del procedimiento.

Sexta: que los hechos recogidos en el expediente son constitutivos de infracción a los artículos:

NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artº. 30.1 de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), modificado por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978, en su artículo 2º (B.O.E. de 19 de julio), y en aplicación del artículo 4º de la Orden Ministerial de 19 de junio de 1970 (B.O.E. de 23 de junio). - Artº. 20.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril). - Artº. 84 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril). Con calificación de leve, en base a los: artículos 76.5, 76.6 y 76.9, en relación con el artº. 77.7, de la Ley 7/1995, de 6 de abril (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95), R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa en cuantía de 100.000 pesetas por el primer hecho infractor, 100.000 pesetas por el segundo hecho infractor y 100.000 pesetas por el tercer hecho infractor a Diverfuer, S.L., con C.I.F nº B-35414713, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Discoteca La Fábrica.

La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.- Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de mayo de 1998.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.

5) Libro nº 2 de Resoluciones de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 129, nº 308.

Resolución de 27 de abril de 1998 de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 98/038, instruido a Demir Kaya Halil, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Cafetería Ye Olde Spanish Inn.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Demir Kaya Halil, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 27 de febrero de 1998, como consecuencia del acta de inspección nº 8658 de 17 de junio de 1997.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Que con fecha 17 de junio de 1997, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la Avenida de Las Playas, local 105, en Puerto del Carmen, término municipal de Tías, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 8658, en la que esencialmente se hace constar que dispone de inscripción en el Registro de Empresas Turísticas Canarias, de la Cafetería Nuestra Vieja Posada Española (titular Leslie Grahan). Tiene Resolución de cambio de titularidad del Ayuntamiento de Tías a favor de Demir Kaya (11 de marzo de 1997). Se ha producido un cambio de titularidad y cambio de denominación sin comunicarlo. Carece del Libro de Inspección y Hojas de Reclamaciones. Los productos que ofrece constan en la carta adjunta y en el exterior (todo sólo en inglés). La interviniente atiende el local (sólo habla inglés). Levantada el acta comparece el Sr. Chadwick que habla algo castellano firma el acta él.

2º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 98/038, nombrándose Instructor y Secretario.

3º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 27 de febrero de 1998, por los siguientes

HECHOS: 1º) Alterar las condiciones esenciales de la autorización de la que está provista la actividad, toda vez que se ha producido un cambio de titularidad a favor de Don Demir Kaya Halil, que explota el establecimiento de referencia sin comunicarlo como es preceptivo a la administración turística competente. 2º) Carecer en el establecimiento de las Hojas de Reclamaciones. 3º) Carecer del Libro de Inspección. 4º) No anunciar, tanto en el interior como en el exterior del establecimiento, la relación de servicios con los precios, no figurando redactados en español.

4º) Que con fecha 20 de abril de 1998 y habida cuenta que el expedientado no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 175.000 pesetas por el primer hecho infractor, 175.000 pesetas por el segundo hecho infractor, 175.000 pesetas por el tercer hecho infractor y 30.000 pesetas por el cuarto hecho infractor.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

Segunda: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución. Cuarta: que debe estimarse la responsabilidad administrativa del expedientado, en base al acta 8658 sin que el titular haya formulado alegaciones a la Propuesta de Resolución, ni aportado prueba alguna que desvirtúe los hechos imputados, por lo que nos ratificamos en dicha Propuesta de Resolución, por entenderla ajustada a Derecho.

Quinta: que los hechos recogidos en el expediente son constitutivos de infracción a los artículos:

NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artículos 2º y 5º de la Orden de 23 de septiembre de 1988, por la que se regula el procedimiento para los Cambios de Titularidad de los Establecimientos Turísticos (B.O.C. nº 127, de 7 de octubre). - Artº. 20.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril). - Artº. 41 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto). - Artº. 10.3 de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), en aplicación del artículo 4º de la Orden Ministerial de 19 de junio de 1970 (B.O.E. de 23 de junio). Con calificación de leve, en base a los: artículos 76.1, 76.6 y 76.9, en relación con el artº. 77.7, y artº. 77.1, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa en cuantía de 175.000 pesetas por el primer hecho infractor, 175.000 pesetas por el segundo hecho infractor, 175.000 pesetas por el tercer hecho infractor y 30.000 pesetas por el cuarto hecho infractor a Demir Kaya Halil, con C.I.F nº X-0408198-V, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Cafetería Ye Olde Spanish Inn.

La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.- Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de abril de 1998.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.

6) Libro nº 2 de Resoluciones de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 128, nº 292.

Resolución de fecha 22 de abril de 1998 de La Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 98/056 instruido a Comunidad de Propietarios Dunagolf, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Dunagolf.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Comunidad de Propietarios Dunagolf, titular del establecimiento denominado Apartamentos Dunagolf, sito en la Avenida Fritidresor en el Campo de Golf – Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de fecha 9 de marzo de 1998, y a la vista de la Propuesta de Resolución del Instructor de fecha 17 de abril de 1998, en la que se hace constar que queda desvirtuado el hecho imputado, toda vez que el cambio de titularidad fue comunicado con anterioridad al 19 de julio de 1996, constando su inscripción en el Registro Regional de Empresas Turísticas, el 23 de agosto de 1993.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),

R E S U E L V O:

Sobreseer y archivar el presente expediente, por no haberse podido comprobar la comisión de infracción administrativa alguna a la normativa turística en vigor.

La Resolución que se le notifica no pone fín a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.- Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de abril de 1998.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.



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