Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden, en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 142/97, incoado por la Viceconsejería de Administración Pública a D. Julio Suárez Jiménez, titular de la empresa operadora nº 227, por infracción a la normativa sobre el juego, sin que haya podido practicarse al interesado, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación.
Orden del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, por la que se resuelve el recurso ordinario, interpuesto por D. Julio Suárez Jiménez, contra la Resolución de la Viceconsejería de Administración Pública recaída en el expediente administrativo sancionador nº 142/97, incoado al recurrente por infracción a la normativa sobre el juego.
Examinado el expediente tramitado por esta Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, para la resolución del recurso ordinario interpuesto por D. Julio Suárez Jiménez contra la Resolución de la Viceconsejería de Administración Pública de fecha 20 de enero de 1998, recaída en el expediente administrativo sancionador nº 142/97.
Vista la propuesta formulada por el Viceconsejero de Administración Pública.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Con fecha 20 de enero de 1998, fue dictada Resolución por el Viceconsejero de Administración Pública, por la que se sanciona a D. Julio Suárez Jiménez, como titular de la empresa operadora nº 227, con multas que ascienden a la cantidad de un millón de pesetas, por haberse comprobado que en el establecimiento Bar Alisios II, sito en Santa Cruz de Tenerife, calle Tamaragua, 34, se encuentran instaladas y en funcionamiento las máquinas recreativas de tipo B, nº modelo B-1888, nº de serie 92-2595 y nº de modelo B-1906, nº de serie 94-7369, propiedad de la citada empresa operadora, que en el momento de la inspección el día 17 de octubre de 1997, carecían de todo tipo de documentación a excepción de las placas de identidad.
2º) Contra dicha Resolución fue presentado por el interesado recurso ordinario en base a las siguientes consideraciones: entendemos que son plenamente aplicables nuestras argumentaciones vertidas en el Pliego de Descargos y documentos al mismo acompañados y presentados a conocimiento de este organismo con fecha 10 de noviembre de 1997, así como las argumentaciones vertidas en nuestro escrito de alegaciones presentado ante este organismo con fecha 30 de diciembre de 1997, los cuales damos aquí por reproducidos, para evitar repeticiones innecesarias, toda vez que dichas manifestaciones no han quedado desvirtuadas por los fundamentos mantenidos en la Resolución que hoy se recurre y, consiguientemente, los hechos imputados no son constitutivos de infracción alguna y, menos aún, no son susceptibles de ningún tipo de sanción.
En su virtud, se solicita que se deje sin efectos la Resolución recurrida y se acceda a declarar sobreseído el presente expediente administrativo sancionador.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las competencias funcionales en esta materia vienen determinadas en la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias (B.O.C. nº 158, de 31 de diciembre), y en el Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 83, de 1 de julio), modificado por los Decretos 132/1989, de 1 de junio (B.O.C. nº 97, de 17 de julio), y 89/1990, de 23 de mayo (B.O.C. nº 80, de 29 de junio).
Segunda.- De conformidad con lo establecido en el artº. 6.1 del Decreto 321/1995, de 10 de noviembre, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, este Departamento es competente para resolver el recurso deducido.
Tercera.- En la tramitación de este expediente se ha observado el procedimiento previsto en los artículos 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuarta.- En el recurso interpuesto se observan todos los requisitos de índole adjetiva y formal que hacen procedente su admisión a trámite, tales como la legitimación del recurrente y la interposición en el plazo legalmente establecido, de conformidad con los artículos 114 y siguientes de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Quinta.- Los hechos y fundamentos jurídicos alegados por la entidad recurrente, y, consecuentemente, las pretensiones deducidas por la misma, han de ser desestimadas, al no desvirtuar, en modo alguno, la conformidad a derecho del acto recurrido y del expediente tramitado, tal como se pasa a fundamentar a continuación.
Sexta.- La ausencia de culpabilidad que alega el recurrente con base en que las Guías de Circulación, diligenciadas por esta Administración con los permisos de explotación números TF-B-11636 y TF-B-13367, no estaban colocadas en el exterior de las máquinas recreativas denunciadas y los Boletines de Instalación de las mismas no se encontraban en el establecimiento donde dichas máquinas estaban instaladas, por haberse retirado para llevar a cabo recanjes, actuación que coincidió con la visita de la Inspección el día 17 de octubre de 1997, resulta inadmisible al no existir datos en los archivos obrantes en estas dependencias que demuestren que la citada documentación se encontraba en las mismas al objeto de efectuar dichos recanjes.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,
R E S U E L V O:
Desestimar el recurso ordinario interpuesto por D. Julio Suárez Jiménez, contra la Resolución de la Viceconsejería de Administración Pública, de fecha 20 de enero de 1998, descrita en el antecedente 1º de la presente, confirmando dicho acto en todos sus extremos, debiéndose notificar la presente al recurrente, como interesado en el procedimiento, y con domicilio a tales efectos en la calle San Albino, 41, de Santa Cruz de Tenerife.
Contra esta Orden, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses desde su publicación, previa la comunicación a esta Consejería, exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Santa Cruz de Tenerife, a 24 de junio de 1998.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan José Rodríguez y Rodríguez.
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