BOC - 1998/083. Miércoles 8 de Julio de 1998 - 2153

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo y Transportes

2153 - RESOLUCIÓN de 23 de abril de 1998, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica Resolución de la Viceconsejería de Turismo, resolutoria del recurso ordinario interpuesto por D. Ángel Manuel Santana Herrera.

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Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente-interesado.

Visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Ángel Manuel Santana Herrera la Resolución de la Viceconsejería de Turismo de 4 de marzo de 1998 (libro nº 1, folio 7, nº 21), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario nº 295/97 (expediente nº 97/089), interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 26 de junio de 1997.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Santa Brígida (Gran Canaria) la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de abril de 1998.- La Secretaria General Técnica, Rosa María Rodríguez Martín.

A N E X O

Resolución de la Viceconsejería de Turismo por la que se resuelve el recurso ordinario interpuesto por D. Ángel Manuel Santana Herrera.

Visto el recurso ordinario formulado por D. Ángel Manuel Santana Herrera, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Snack Centro, sito en la calle La Pelota, 18, en Las Palmas de Gran Canaria, contra la Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística de 26 de junio de 1997, recaída en el expediente sancionador nº 97/089, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El acto impugnado se dictó en resolución de expediente sancionador iniciado con motivo de la comisión de infracciones administrativas a la normativa turística consistentes en:

- No haber notificado a la Administración turística competente los precios que rigen en la prestación de los servicios.

- Carecer en el establecimiento de las Hojas de Reclamación obligatorias.

- Carecer del Libro de Inspección, hechos que determinaron la imposición de sanción de multas en cuantías de ciento cincuenta mil (150.000) pesetas por el 1er hecho infractor, ciento cincuenta mil (150.000) pesetas por el 2º hecho infractor y ciento cincuenta mil (150.000) pesetas por el 3er hecho infractor.

Segundo.- Contra la Resolución sancionadora ha sido interpuesto recurso ordinario solicitando la revocación de la Resolución recurrida, dejando sin efectos la sanción impuesta o, en su defecto, rebajando la cuantía de la multas impuestas, a tal fin se exponen, en síntesis, los siguientes argumentos:

1. Que en el momento de la visita no tenía la documentación preceptiva, toda vez que hacía escasos días que había adquirido como explotador el restaurante, y éste llevaba bastante tiempo cerrado sin saber incluso quién era el anterior explotador. Por ello desconocía donde se encontraban las Hojas de Reclamaciones así como el Libro de Inspección, por lo que optó por esperar algún tiempo para comunicar el cambio de titularidad, toda vez que el propietario del establecimiento se comprometió a solucionarle el problema.

2. Que este hecho lo puso en conocimiento del Inspector que le visitó, quien le manifestó que agilizara cuanto antes todo el expediente, por lo que confió en que el hecho no pasaría de la visita y que quedaría todo en un mero apercibimiento.

3. Que fue en el mes de noviembre cuando pudo contactar con el anterior explotador y le entregó la documentación de que disponía, firmándole la preceptiva para realizar los cambios de titularidad, siendo en ese momento cuando presentó en el departamento de turismo toda la documentación. La única documentación que le aportó, válida para el cambio de titularidad a efectos de turismo, fueron la Hojas de Reclamaciones, por lo que conjuntamente con la documentación presentada hizo la declaración jurada de la inexistencia de Libro de Visitas y cartel de aviso. 4. Que con las anteriores alegaciones ha de tenerse en cuenta que no se ha causado ningún perjuicio, así como que tampoco ha existido intencionalidad en demorar la presentación de la documentación en el departamento correspondiente, pues con ello no obtenía lucro ilícito ni beneficio alguno.

5. Que con las multas propuestas se le ocasiona un grave perjuicio económico, pues sus disponibilidades económicas son escasas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Viceconsejero de Turismo es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes, en relación con los artículos 11 y 20.1 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias.

Segundo.- El recurso en cuestión reúne los requisitos de índole adjetiva o formal determinantes de su admisión a trámite.

Tercero.- La instrucción del procedimiento sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, y en los artículos 8 y siguientes del Decreto 190/1996, de 1 de agosto (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto), regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo, con respeto a las garantías y principios constitucionales que afectan a la potestad administrativa sancionadora, reproducidos en la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarto.- Las argumentaciones esgrimidas por el recurrente modifican parcialmente los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución sancionadora de 26 de junio de 1997, que se adoptó en base a lo dispuesto en:

- Artº. 30.1 de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la ordenación turística de restaurantes, modificado por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978, en su artículo 2º.

- Artículo 1º de la Orden de 13 de noviembre de 1986, por la que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los clientes en establecimientos turísticos.

- Artículo 1º de la Orden de 31 de octubre de 1970, que establece la obligatoriedad del Libro de Inspección para las industrias y empresas, infracciones a la disciplina turística con calificación de leve a tenor de lo preceptuado en el artículo 76.5, 76.6 y 76.9 en relación con el artículo 77.7 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias.

Teniendo en cuenta que los hechos constitutivos de las infracciones sancionadas constan plenamente acreditados en el expediente sancionador tramitado al deducirse los mismos directamente del acta de inspección nº 7.384, levantada con fecha 11 de julio de 1996, cuyo valor probatorio viene amparado por el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin que tales hechos hayan sido desvirtuados por el recurrente habida cuenta que en la visita de inspección efectuada el 11 de julio de 1996 manifestó el titular que el establecimiento se encontraba abierto desde hacía un mes mientras que en la alegación primera del presente recurso manifiesta que hacía escasos días que explotaba el citado restaurante, extremos que no acredita documentalmente si bien aporta solicitud de cambio de titularidad presentada en el Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, el 18 de noviembre de 1996, fecha posterior a la de la visita de inspección, por lo que el establecimiento carecía de los documentos preceptivos, los cuales deben ser presentados en el organismo competente al solicitar el cambio de titularidad, según se establece en el artículo 5 de la Orden de 23 de septiembre de 1988, por la que se regula el procedimiento para los cambios de titularidad de los establecimientos turísticos. No obstante lo anterior, y habida cuenta de las circunstancias alegadas por el recurrente así como el carecer de antecedentes, no obrando constancia en los archivos del Negociado de Sanciones de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística de que el titular consignado haya sido sancionado por infringir la normativa turística, procede estimar en parte el recurso y modificar la resolución recurrida en el sentido de rebajar las cuantías de la sanción de multas impuestas a cien mil (100.000) pesetas por el 1er hecho infractor, cien mil (100.000) pesetas por el 2º hecho infractor y cien mil (100.000) pesetas por el 3er hecho infractor.

Quinto.- La presente Resolución no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,

R E S U E L V O:

Estimar en parte el recurso ordinario promovido por D. Ángel Manuel Santana Herrera, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Snack Centro, sito en la calle La Pelota, 18, en Las Palmas de Gran Canaria, y modificar la Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística de 26 de junio de 1997, recaída en el expediente sancionador nº 97/089, en el sentido expuesto en el considerando cuarto de la presente Resolución, rebajando las cuantías de la sanción de multas impuestas a cien mil (100.000) pesetas por el 1er hecho infractor, cien mil (100.000) pesetas por el 2º hecho infractor y cien mil (100.000) pesetas por el 3er hecho infractor.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa comunicación al órgano que dictó la presente Resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- El Viceconsejero de Turismo, Juan Carlos Becerra Robayna.



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