Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la citada Resolución de reintegro en el domicilio que figura en el expediente incoado por el Instituto Canario de Formación y Empleo, sin que haya sido recibida por el interesado, es por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, se hace saber a la misma que con fecha 27 de noviembre de 1997, fue efectuada notificación de resolución de reintegro del tenor literal siguiente:
Examinado el expediente nº 9/97, iniciado por esta Dirección del Instituto Canario de Formación y Empleo a la entidad Sdad. Coop. Odalac Oignegni, referente a reintegro de subvención, resulta:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Por Resolución de la Dirección General de Trabajo de 29 de diciembre de 1989, se concedió a la entidad Sdad. Coop. Odalac Oignegni una subvención en concepto de rentas de subsistencia por importe de dos millones cuatrocientas cincuenta y cuatro mil cuatrocientas cuarenta (2.454.440) pesetas, con cargo a la aplicación presupuestaria 14.03.322B.470.00 denominada Cooperativismo rentas de subsistencia, de conformidad con lo establecido en la Orden de 9 de mayo de 1989, por la que se establecen subvenciones a Cooperativas de Trabajo Asociado y Sociedades Anónimas Laborales (B.O.C. nº 67, de 15.5.89) y demás normas reguladoras de las subvenciones públicas.
Segundo.- Con la modalidad de subvención concedida se pretendía garantizar unos ingresos mínimos o rentas de subsistencia a sus socios trabajadores fundadores o de nueva integración. Así en el resuelvo de concesión de la subvención se establecen, entre otras, las siguientes obligaciones:
a) En el número 3 del Resuelvo de la Resolución se establece la obligación de entregar, a partir de la fecha en que se efectúe la transferencia por la Tesorería Delegada, a cada socio trabajador fundador, beneficiario de la subvención, diez fracciones iguales de cuarenta y nueve mil ochenta y ocho (49.088) pesetas, pagaderas en cada uno de los diez meses siguientes a la citada fecha.
b) En el número 4, letras a) y b), se obliga a la entidad a justificar mensualmente durante todo el período que abarca la subvención, los pagos efectuados a los socios beneficiarios mediante fotocopia del recibo oficial de salarios y documentos justificativos de las cotizaciones a la Seguridad Social (Régimen General o Autónomo). Esta justificación será fiscalizada por la Intervención Delegada, todo ello con independencia de las auditorías que le podrían ser practicadas por la Comunidad Autónoma de Canarias, comprometiéndose a abonar los gastos que se deriven de las mismas. Asimismo, la letra b) de la citada Resolución obliga a mantener la entidad durante un período de tres años como mínimo. Tercero.- Por escrito de 12 de marzo de 1991, notificado el 15 de marzo del mismo año, se requirió a la entidad la remisión de la documentación justificativa especificada en el Resuelvo 4, letras a), b), c) y d) de la mencionada Resolución.
Cuarto.- Habiendo la entidad aportado documentación a efectos de justificar la subvención en fecha 1 de abril de 1991 y con nº de registro de entrada 2808, la cual estaba incompleta, se requiere a la misma por medio de escrito con registro de salida de 15 de enero de 1996 (nº 79), en el domicilio que figura en el expediente, otorgándole un plazo de diez días, bajo el apercibimiento de que si así no lo hiciera se procedería a iniciar el correspondiente expediente de reintegro, escrito que no fue recogido por la entidad según devolución de Correos que obra en el expediente. Quinto.- Que según lo previsto en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se procede a publicar dicho requerimiento mediante anuncio en el Boletín Oficial de Canarias nº 11, de 24 de enero de 1997, así como en el tablón de anuncios del correspondiente Ayuntamiento.
Sexto.- Que a la fecha de inicio del expediente no se ha cumplimentado dicho requerimiento, encontrándose, por tanto, sin justificar la subvención concedida.
Séptimo.- Mediante decisión administrativa de 12 de junio de 1997, notificada al interesado por el procedimiento establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se acordó iniciar procedimiento de reintegro de la subvención (B.O.C. nº 115, de 3.9.97), al haber incurrido el beneficiario en las causas de reintegro consignadas en el mencionado acuerdo, con indicación del derecho que le asistía a formular alegaciones, presentar documentos y pruebas que estimara por convenientes, en el plazo de diez días, todo ello de conformidad con lo establecido en el artº. 33.2 del Decreto Territorial 6/1995, de 27 de enero, en relación con el artº. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Octavo.- Que en el indicado plazo no hizo uso de su derecho a formular alegaciones.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
I.- Que el Instituto Canario de Formación y Empleo es competente para conocer y tramitar el presente expediente a tenor de lo establecido en los artículos 3.d) de la Ley 7/1992, de 25 de noviembre, de creación de este Instituto y 3.15 del Decreto Territorial 18/1993, de 11 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de dicho Organismo.
II.- Que en la tramitación del expediente de reintegro se han observado las prescripciones legales establecidas en el artículo 33 del Decreto 6/1995, de 27 de enero, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo concerniente a la iniciación, instrucción y resolución del expediente.
III.- Que a la vista de las actuaciones practicadas procede acordar el reintegro de la subvención al incumplir el beneficiario el deber de justificar el empleo dado a los fondos recibidos en la forma y plazos establecidos en la resolución de concesión de la subvención y sus normas reguladoras.
Vistos los antecedentes relatados, el Decreto 6/1995, de 27 de enero, la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, el Real Decreto-Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre, y demás disposiciones de aplicación, en ejercicio de las competencias que me atribuyen el artículo 3.d) de la Ley Territorial 7/1992, de 25 de noviembre, artículo 3.15 del Decreto Territorial 18/1993, de 11 de febrero, en relación con los artículos 5 y 33 del Decreto Territorial 6/1995, de 27 de enero,
R E S U E L V O:
Primero.- Se acuerda el reintegro de la subvención concedida a la entidad Sdad. Coop. Odalac Oignegni mediante Resolución de 29 de diciembre de 1989, del Sr. Director General de Trabajo, al haber incurrido en causa determinante de reintegro de la referida subvención, en base a los hechos y fundamentos jurídicos expuestos en el cuerpo de la Resolución. Segundo.- La cantidad a reintegrar asciende a dos millones cuatrocientas cincuenta y cuatro mil cuatrocientas cuarenta (2.454.440) pesetas, más los intereses de demora devengados desde la fecha de pago de la subvención hasta la fecha de propuesta de la presente resolución, calculados aplicando el tipo de interés a que se refiere el artículo 36 del Real Decreto-Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, y sin perjuicio de que se practique nueva liquidación de intereses por el tiempo transcurrido desde la fecha de propuesta de la presente resolución hasta la fecha de ingreso de la cantidad a reintegrar.
Tercero.- La obligación de reintegro establecida en esta resolución no exime al interesado de las demás responsabilidades en que haya podido incurrir como consecuencia del incumplimiento y que se exigirá, en su caso, por los procedimientos que legalmente correspondan.
Cuarto.- La forma y plazo de ingresos de la deuda será notificada por el Servicio de Administración Económica Financiera de este Instituto.
Contra la presente resolución podrá interponer recurso ordinario en el plazo de un mes a contar desde su notificación, ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, por conducto de este Instituto Canario de Formación y Empleo, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de enero de 1998.- El Director, Aurelio Ayala Fonte.
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