Habiendo sido intentada la notificación de la Orden del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 87/97, incoado a D. Lawrence Leonard Howard, titular del establecimiento Bar Railway Tavern, por infracción a la normativa sobre el juego, sin que haya podido practicarse al interesado, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación.
Orden del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, por la que se resuelve el expediente sancionador nº 87/97, incoado a D. Lawrence Leonard Howard, titular del establecimiento Bar Railway Tavern, por infracción a la normativa sobre el juego.
Examinado el expediente nº 87/97, tramitado por la Instrucción de expedientes sancionadores de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, incoado a D. Lawrence Leonard Howard, titular del establecimiento Bar Railway Tavern, por infringir la normativa sobre el juego.
Vista la Propuesta formulada por la Viceconsejería de Administración Pública.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Con fecha 24 de junio de 1997, fue levantada acta de infracción por funcionarios adscritos al Servicio de Inspección del Juego de esta Consejería, dando cuenta que en el establecimiento Bar Railway Tavern, sito en Arona, Playa de Las Américas, Centro Comercial Las Palmeras, local 12, cuya titularidad ostenta D. Lawrence Leonard Howard, con N.I.F. X-0461958-A, en el momento de la inspección, se encuentran en el citado local aproximadamente 31 personas realizando apuestas relativas a carreras de caballos que se retransmiten vía satélite del Reino Unido, siendo vistas a través de seis monitores de televisión instalados en el local. Asimismo, se constata la existencia de diverso material para realizar las apuestas (listas de carreras, hojas de apuestas, calculadoras electrónicas, bolígrafos en cantidad, cajas de plástico para depósito de dinero, etc.).
En la puerta del local se encuentra colocado un cartel anunciando la retransmisión de las carreras de caballos del Reino Unido vía satélite, de la forma siguiente: Horse racing from U.K. Vía Satélite, S.I.S. (live daily).
Por el Inspector del Juego actuante se requisa caja de cartón con abundante material para la realización de las apuestas.
2º) Mediante Providencia dictada por el Viceconsejero de Administración Pública de 8 de julio de 1997, se ordenó la incoación de expediente sancionador por infracción a la normativa sobre el juego, procediéndose a nombrar Instructor del mismo y a formular el Pliego de Cargos al interesado.
3º) Notificada la Providencia y Pliego de Cargos en el domicilio del inculpado, mediante carta con acuse de recibo, por el inculpado se formularon las correspondientes alegaciones, manifestando lo siguiente:
a) La inexistencia de responsabilidad, según lo dispuesto en el artº. 2 de la Ley 6/1985, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias, que dispone que se incluirán dentro del ámbito de dicha Ley las personas que intervengan en la gestión, explotación y práctica de los juegos y apuestas, siendo ilógico considerar al compareciente gestor o explotador de un negocio de apuestas ilícitas, cuando en ningún momento por el mismo se ha tenido conocimiento de la realización de cualesquiera actividades en el negocio, con lo que se vulneraría el principio de presunción de inocencia.
Así, y en contra de lo que se afirma en el Pliego de Cargos, son totalmente desconocidas para esta parte las actividades que puedan ser llevadas a cabo en el establecimiento, como en la propia acta de infracción se reconoce implícitamente al mencionar en primer lugar al Sr. Davidson y, en segundo término a personas desconocidas como presuntos responsables de las actividades llevadas a cabo en el local.
b) Inexistencia de infracción; el artº. 2 de la citada Ley reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias, define lo que se entiende como actividades de juego y apuesta, aquéllas en las que se arriesgan, entre partes, a ganar o perder, cantidades de dinero u objetos económicamente evaluables, sobre el resultado de un acontecimiento incierto.
En ningún caso puede entenderse que de la actuación inspectora se desprenda la realización de apuestas en las cuales se arriesgue dinero u objetos económicamente evaluables, así se hace referencia a un cartel en la puerta del establecimiento en el que únicamente se constata la retransmisión de carreras de caballos desde el Reino Unido vía satélite, sin que se mencione, como medio publicitario de atracción de clientela, la existencia en el local de una casa de apuestas. A ello hay que añadir que el material incautado no se corresponde con el hecho denunciado, la realización de apuestas con interés económico. Por todo ello nos encontramos ante una mera distracción excluida de la aplicación de la Ley 6/1985, como dispone su artículo 3º.
c) Por último alega que en interés de la parte, y en el caso de que se estimase la existencia de infracción al ordenamiento del juego de la cual resultase responsable el compareciente, a su juicio nunca podría calificarse como muy grave por las razones ya apuntadas.
d) Finalmente se solicita el recibimiento a prueba del expediente, articulando la prueba de que intenta valerse para demostrar la falta de responsabilidad en los hechos que se le imputan, proponiendo como medio de prueba una testifical de D. Michael Charles Davidson, que deberá ser interrogado sobre si es cierto que D. Lawrence Leonard Howard no ha gestionado, ni explotado en momento alguno, negocios de apuestas sobre carreras de caballos celebradas en el Reino Unido, en el local Bar Railway Tavern. 4º) A la vista de los descargos formulados por el inculpado, por el Instructor del expediente se procedió a dictar Propuesta de Resolución de 24 de septiembre de 1997, en la que propuso que por el Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales se sancione a D. Lawrence Leonard Howard, titular del establecimiento Bar Railway Tavern, con multa de un millón de pesetas por la comisión de los hechos descritos constitutivos de infracción a lo dispuesto en los artículos 5, 6.1 y 7.1 de la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias, así como infracción a lo dispuesto en el artº. 12 del Decreto 56/1986, de 4 de abril, por el que se planifican los juegos y apuestas en Canarias (B.O.C. nº 56, de 14 de mayo), y artículo 7 del Decreto 57/1986, de 4 de abril, por el que se aprueba el Catálogo de Juegos y Apuestas autorizados en Canarias, queda prohibida la práctica de todos los juegos que no estén permitidos por esa Ley o la de aquéllos que, aun estando permitidos, se realicen sin la correspondiente autorización o en forma, lugar o por personas diferentes de las especificadas en esta Ley. Asimismo, los juegos y apuestas objeto de la presente Ley sólo podrán organizarse, explotarse y practicarse en aquellos locales que, reuniendo los requisitos exigidos en esta Ley y en las disposiciones reglamentarias que la desarrollen, sean expresamente autorizados. No se otorgarán, en ningún caso, autorizaciones para organizar apuestas relativas a carreras en hipódromos situados fuera del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias.
5º) Dentro del plazo concedido al efecto, el inculpado ha formulado alegaciones a la Propuesta de Resolución, en las que manifiesta que, carece de fundamento la misma porque en nada contradice ni desvirtúa las alegaciones manifestadas por la parte en el anterior escrito de alegaciones; y ello porque en primer lugar, en la propia acta de inspección se reconoce como los que controlaban las partidas se marcharon rápidamente sin identificar y ninguno de ellos era el inculpado, luego por aplicación del principio de culpabilidad el mismo carece de responsabilidad, de ahí la prueba propuesta de declaración testifical del encargado del bar e indebidamente denegada que se reitera en esta fase, toda vez que no se puede tachar de parcialidad a una prueba sin que ésta hubiese sido practicada.
Asimismo, manifiesta el evidente error en que se incurre en la Propuesta de Resolución cuando se manifiesta que se observa una cierta organización al existir instalados en el local seis monitores de televisión, siendo la confusión por tanto, la nota predominante en la actuación inspectora cuando se confunde la simple retransmisión de carreras de caballos con la transmisión vía satélite de apuestas y cuando se imputa responsabilidad al compareciente sin proceder previamente a una mínima averiguación de las personas que han incurrido en la realización de actividades irregulares en el establecimiento. II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las competencias funcionales en esta materia, vienen determinadas en la Ley 34/1987, de 26 de diciembre, de potestad sancionadora de la Administración Pública en materia de juegos de suerte, envite o azar, en relación con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias (B.O.C. nº 158, de 31.12.85).
Segunda.- De conformidad con lo previsto en el artº. 7.5.b) del Decreto 321/1995, de 10 de noviembre, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, el Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales es competente para intervenir en la resolución de este expediente.
Tercera.- El procedimiento seguido en la tramitación de este expediente, se ajusta a lo dispuesto en el artº. 7 de la citada Ley 34/1987, de 26 de diciembre; presentándose por el interesado los correspondientes descargos y alegaciones en tiempo y forma; y procediéndose a resolver el mismo de conformidad con lo establecido en el artº. 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuarta.- Las alegaciones del inculpado a la Propuesta de Resolución han de estimarse parcialmente por las razones que se exponen a continuación:
Por una parte no se admiten las alegaciones sobre la inexistencia de infracción en contra de lo que afirma la parte, toda vez que en la inspección que se llevó a cabo el día 24 de junio de 1997 por el Servicio de Inspección del Juego y las Apuestas de esta Consejería, se dejó constancia de una serie de hechos que permiten considerar que en el establecimiento denunciado se estaba realizando una actividad prohibida por nuestra legislación, toda vez que se encontró a 31 personas aproximadamente, tanto en el interior como en la terraza del local realizando apuestas mediante papeletas suministradas a los clientes, Cash Investemente, Luchy Bonuses y otras, donde apuntan cantidades de dinero y que son recogidas por un señor en una mesa, así como diverso y bastante material para la gestión de dichas apuestas: tickets para realizar las apuestas, dos calculadoras electrónicas, cartel pequeño con anuncio de las carreras con límite de apuestas, cajas de plástico para el depósito del dinero, bolígrafos, etc., siendo requisado todo este material que obra en el presente expediente sancionador como prueba de la actividad que se estaba realizando en el momento de la inspección. Asimismo, se observa una cierta organización al existir instalados en el local seis monitores de televisión por donde se retransmiten las apuestas de caballos vía satélite. Todos estos hechos constatados tienen encuadre en lo que se entiende como actividad de juego y apuesta según lo dispuesto en el artº. 2 de la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, puesto que se arriesgan cantidades de dinero sobre el resultado de un acontecimiento incierto, cual es en este caso, carreras de caballos retransmitidas vía satélite en el establecimiento denunciado.
De otra parte, hay que admitir las alegaciones en cuanto a la falta de prueba sobre la intervención del inculpado en los hechos que se le imputan tipificados legalmente, esto es, la gestión o explotación de un juego sin contar con las autorizaciones exigidas por la Ley, ya que se encontraba ausente en el momento de la inspección. Todo lo más el inculpado como titular del establecimiento de restauración, donde se ha constatado la realización ilegítima de apuestas de caballos, resulta responsable de las mismas por cuanto su actitud supone una infracción de una norma calificada como leve, de conformidad con lo dispuesto en el artº. 21.2.3 de la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias.
Quinta.- Por todo lo expuesto, y contrastados los datos de la denuncia formulada por la Inspección del Juego con las alegaciones aportadas por la parte a la Propuesta de Resolución, y habida cuenta de que el principio de proporcionalidad se basa en la necesidad de que el contenido de los actos administrativos sea adecuado a sus fines, procede recalificar la falta inicialmente imputada de muy grave a leve, por resultar más adecuada a la responsabilidad derivada de las infracciones y circunstancias de todo orden concurrentes en el supuesto contemplado en el presente expediente.
Sexta.- Los hechos descritos suponen infracción a los artículos 5, 6.1 y 7.1 de la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias, así como infracción a lo dispuesto en el artº. 12 del Decreto 56/1986, de 4 de abril, por el que se planifican los juegos y apuestas en Canarias y artº. 7 del Decreto 57/1986, de 4 de abril, por el que se aprueba el Catálogo de Juegos y Apuestas autorizados en Canarias, tipificándose como falta leve, subsumible en lo dispuesto en el artº. 21.2.3 de la citada Ley 6/1985, de 30 de diciembre; y sancionándose con una multa de cien mil pesetas conforme a los artículos 42 del mismo texto reglamentario y 22 de la citada Ley 6/1985, de 30 de diciembre.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,
R E S U E L V O:
Sancionar a D. Lawrence Leonard Howard, como titular del establecimiento Bar Railway Tavern, con multa de cien mil pesetas, por haberse constatado en el citado establecimiento, sito en Arona, Playa de Las Américas, Centro Comercial Las Palmeras, local 12, que en el momento de la inspección el día 24 de junio de 1997, se estaban realizando apuestas sobre carreras de caballos, retransmitidas vía satélite, siendo seguidas a través de seis monitores de televisión instalados en el citado establecimiento, incautándose por el Inspector del Juego actuante diverso y abundante material para la práctica de dichas apuestas, las cuales están prohibidas por la legislación en materia de juego y apuestas en esta Comunidad Autónoma de Canarias.
Dicha multa se hará efectiva en la forma y plazos que determine la Consejería de Economía y Hacienda, mediante la oportuna liquidación que le será notificada en su domicilio.
Contra esta Orden que agota la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses, desde la publicación del presente anuncio y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Santa Cruz de Tenerife, a 16 de marzo de 1998.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan José Rodríguez y Rodríguez.
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