Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por la recurrente-interesada.
Visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a Vía Gregorio, S.L. la Resolución de 27 de noviembre de 1997 (libro nº 1, folio 54, número 645), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario nº 066/97 (expediente nº TF-0766-0-96), interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de 16 de enero de 1997.
Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de La Laguna (Tenerife) la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 3 de febrero de 1998.- La Secretaria General Técnica, Rosa María Rodríguez Martín.
A N E X O
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes, por la que se resuelve recurso ordinario interpuesto por D. Gregorio Ramos Morales, en representación de Vía Gregorio, S.L.
Visto el recurso ordinario formulado por D. Gregorio Ramos Morales, en representación de Vía Gregorio, S.L., contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de 16 de enero de 1997, recaída en el expediente sancionador nº TF-0766-0-96, y teniendo a la vista los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- La Resolución recurrida se basa fácticamente en realizar el vehículo TF-6281-BC, un transporte público de mercancías careciendo de tarjeta de transportes (reincidencia), dando lugar a la sanción de cuatrocientas sesenta mil (460.000) pesetas.
Segundo.- El recurso ordinario interpuesto alega, en resumen, que la entidad estaba pendiente de la obtención del Título de Transportista-Almacenista en la fecha en que se produjo la sanción regularizándose su situación anómala tras la obtención de dicho título, solicitando las tarjetas de los vehículos TF-4911-U, TF-7688-W, TF-6281-BC y TF-1000-AF, que debido a lo expuesto, su situación económica es precaria y que actualmente están pagando deudas con la Administración por las sanciones impuestas y los salarios y seguridad social de sus 14 trabajadores, pudiendo llegar a ser dramática su situación si esta Consejería no hace borrón y cuenta nueva ya que superan los 13 millones las sanciones que tiene impuesta por las mismas, solicitando en definitiva, se deje sin efecto la sanción impuesta.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La Secretaria General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden Departamental de 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95) por la que se le delega la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos del Departamento en materia de turismo y de transportes.
Segundo.- La tramitación del expediente sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el capítulo IV del título VI del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, según nueva redacción dada al mismo en el anexo I del Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan determinados procedimientos administrativos en materia de transportes y carreteras a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercero.- Las argumentaciones esgrimidas por la recurrente en nada alteran los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución de la Dirección General de Transportes de 16 de enero de 1997, que se adoptó en base a lo dispuesto en los artículos 90 y 140.a) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y artículos 41 y 197.a) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, por los que se considera infracción administrativa muy grave, la realización de transportes públicos o actividades auxiliares o complementarias de los mismos, para los cuales la normativa reguladora de los transportes terrestres exija título administrativo habilitante, careciendo de la preceptiva concesión o autorización del transporte o de la actividad de que se trate.
Teniendo en cuenta que según se constata en el boletín de denuncia, formulado por Agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil -que de conformidad con el artículo 32.2 de la citada Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres prestan la cooperación necesaria a los miembros de la inspección para un eficaz cumplimiento de sus funciones- resulta debidamente acreditado que el vehículo del que es titular la entidad recurrente, realizaba en la fecha de la denuncia 7 de junio de 1996 un transporte público de mercancías careciendo de la preceptiva autorización, sin que tales hechos, en momento alguno, hayan sido desvirtuados mediante prueba en contrario alguna, aportada al presente expediente que destruya la presunción iuris tantum de veracidad que ampara a la denuncia formulada, ya que no sólo no se ha aportado copia compulsada de la referida autorización sino que de las propias alegaciones de la recurrente se desprende la carencia, por parte del vehículo denunciado, de la susodicha autorización administrativa y así se hace constar en el informe-propuesta de 3 de julio de 1997 que obra en el expediente, siendo, además, la entidad expedientada reincidente en la comisión de la infracción imputada. En consecuencia procede desestimar el recurso interpuesto, confirmando la resolución sancionadora.
Cuarto.- La presente Resolución no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con el artº. 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,
R E S U E L V O:
Desestimar, en todos sus términos, el recurso ordinario promovido por D. Gregorio Ramos Morales en representación de Vía Gregorio, S.L. y confirmar la Resolución de la Dirección General de Transportes de 16 de enero de 1997, recaída en el expediente sancionador nº TF-0766-0-96, que determinó la imposición de una sanción de cuatrocientas sesenta mil (460.000) pesetas, manteniéndose en consecuencia, todos sus pronunciamientos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa comunicación al órgano que dictó la presente Resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- La Secretaria General Técnica, p.d. (Orden de 9 de octubre de 1995; B.O.C. nº 136, de 23.10.95), Rosa María Rodríguez Martín.
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