BOC - 1998/060. Lunes 18 de Mayo de 1998 - 1354

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo y Transportes

1354 - RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 1998, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica la Resolución de 1 de agosto de 1997, de este Centro Directivo, relativa al recurso ordinario nº 324/96 interpuesto por Alcruz Canarias, S.L.

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Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por la recurrente-interesada.

Visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a Alcruz Canarias, S.L. la Resolución de 1 de agosto de 1997 (libro nº 1, folio 44, número 423), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario nº 324/96 (expediente nº GC-2446-0-95), interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de 10 de julio de 1996.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Arrecife (Lanzarote) la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de febrero de 1998.- La Secretaria General Técnica, Rosa María Rodríguez Martín.

A N E X O

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes, por la que se resuelve recurso ordinario interpuesto por Alcruz Canarias, S.L.

Visto el recurso ordinario formulado por Alcruz Canarias, S.L., contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de 10 de julio de 1996, recaída en el expediente sancionador nº GC-2446-0-95, y teniendo a la vista los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Resolución recurrida se basa fácticamente en realizar el vehículo GC-8356-AS un transporte privado complementario de mercancías perecederas careciendo de autorización especial de mercancías perecederas, dando lugar a la sanción de cuarenta y seis mil (46.000) pesetas.

Segundo.- El recurso ordinario interpuesto alega, en resumen, que adjunta copia del certificado de mercancías perecederas, solicitando en definitiva, se deje sin efecto la sanción impuesta. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Secretaria General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden Departamental de 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), por la que se le delega la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos del Departamento en materia de turismo y de transportes.

Segundo.- La tramitación del expediente sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el capítulo IV del título VI del Real Decreto 1.211/1990, de 28 septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, según nueva redacción dada al mismo en el anexo I del Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan determinados procedimientos administrativos en materia de transportes y carreteras a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercero.- Las argumentaciones esgrimidas por la recurrente alteran los hechos y preceptos infringidos obrantes en la resolución de la Dirección General de Transportes de 10 de julio de 1996, que se adoptó en base a lo dispuesto en el artículo 142.n) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y artículo 199.o) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, por la que se considera infracción administrativa leve, toda la que, suponiendo vulneración directa de las normas legales o reglamentarias, aplicables en cada caso, no figure expresamente recogida y tipificada en los artículos anteriores.

En este sentido, el Real Decreto 2.312/1985, de 24 de septiembre, establece la obligación de proveer a los vehículos de autorización específica cuando con los mismos se realice transporte de mercancías perecederas.

A la vista de la documentación aportada por la entidad recurrente ha quedado acreditado que la misma contaba con la referida autorización específica, por lo que procede estimar el recurso interpuesto, revocando la resolución sancionadora.

Cuarto.- La presente Resolución no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con el artº. 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico. Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,

R E S U E L V O:

Estimar, en todos sus términos, el recurso ordinario promovido por Alcruz Canarias, S.L., y revocar la Resolución de la Dirección General de Transportes de 10 de julio de 1996, recaída en el expediente sancionador nº GC-2446-0-95, que determinó la imposición de una sanción de cuarenta y seis mil (46.000) pesetas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa comunicación al órgano que dictó la presente Resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- La Secretaria General Técnica, p.d. (Orden de 9 de octubre de 1995; B.O.C. nº 136, de 23.10.95), Rosa María Rodríguez Martín.



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