BOC - 1998/060. Lunes 18 de Mayo de 1998 - 1328

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales

1328 - ANUNCIO de 2 de marzo de 1998, de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, relativo a notificación de Resolución de la Viceconsejería de Administración Pública, por la que se resuelve el recurso ordinario interpuesto por D. Rufino Suárez Jiménez, contra las Resoluciones de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación de 26 y 31 de marzo de 1997, relativas a la extinción de la autorización de explotación de las máquinas recreativas TF-B-15.988 y TF-B-15.989.

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Habiendo sido intentada la notificación de la Resolución del Viceconsejero de Administración Pública, por la que se resuelve el recurso ordinario, en los domicilios que figuran en los expedientes administrativos tramitados por esta Consejería de inscripción en el Registro de Empresas Operadoras de la Comunidad Autónoma de Canarias, correspondientes a D. Rufino Suárez Jiménez y a Comercial Axamo, S.L., sin que haya podido practicarse de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación.

Examinado el expediente tramitado por esta Viceconsejería de Administración Pública, para la resolución del recurso ordinario interpuesto por D. Rufino Suárez Jiménez, contra las Resoluciones de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación de 26 y 31 de marzo de 1997, recaídas en los expedientes administrativos de extinción de la autorización de explotación de las máquinas recreativas TF-B-15.988 y TF-B-15.989 (R. 38/96 y 39/96).

Vista la propuesta formulada por el Director General de Administración Territorial y Gobernación.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Con fechas 26 y 31 de marzo de 1997, fueron dictadas Resoluciones por la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, por las que se revoca la autorización de explotación de las máquinas recreativas TF-B-15.988 y TF-B-15.989, propiedad de la empresa operadora Rufino Suárez Jiménez, toda vez que, cuando con fecha 6 de agosto de 1996, el interesado solicitó el cambio de titularidad de las máquinas recreativas TF-B-15.988 y TF-B-15.989, propiedad de la empresa operadora Comercial Junior Games, S.L., aportó entre la documentación preceptiva a tal efecto, fotocopia del impreso de declaración-liquidación de la Tasa Fiscal sobre el Juego, máquinas o aparatos automáticos, modelo 045, números de justificantes 0450001329836 y 0450001329881, que según certificación de la Intervención Insular en Santa Cruz de Tenerife, de la Consejería de Economía y Hacienda, no han sido efectivamente ingresados en el Tesoro.

2º) Contra dichas Resoluciones fue presentado por el interesado recurso ordinario alegando, en síntesis, que dichas máquinas recreativas ya no son propiedad del recurrente, toda vez que han sido transferidas a otra empresa operadora, Comercial Axamo, S.L., adjuntándose a tal efecto las Resoluciones por las que se autoriza la transmisión de las máquinas recreativas TF-B-15.988 y TF-B-15.989, entre otras.

3º) Mediante escrito de 12 de septiembre de 1997, se dio traslado a la empresa operadora Comercial Axamo, S.L., de las Resoluciones de referencia, para que, formule las alegaciones y presente los documentos y justificantes que estime procedentes, a los efectos de poder resolver el recurso deducido.

4º) Con fecha 10 de octubre de 1997, Dña. María Mercedes Noda Gil, en representación de la entidad mercantil Comercial Axamo, S.L., formula alegaciones, en base a las siguientes consideraciones:

Que a la entidad compareciente no le afecta para nada la existencia de esas Resoluciones de revocación de las autorizaciones de explotación de las máquinas recreativas TF-B-15.988 y TF-B-15.989, toda vez que dichas máquinas fueron adquiridas por esta empresa, libres de cargas y gravámenes, a la anterior empresa operadora titular de las mismas, D. Rufino Suárez Jiménez, y prueba de ello es que se procedió a autorizar la transmisión de las mismas, por parte del organismo competente, según se acredita con las Resoluciones de transmisión que se adjuntan.

En base a todo ello, no se puede revocar a esta empresa operadora la autorización de explotación de las máquinas descritas y, en el supuesto de que la Administración siga adelante con la revocación de referencia, deben notificarse a esta empresa todas las actuaciones de los procedimientos administrativos de revocación de las autorizaciones de explotación de las máquinas indicadas, a fin de evitar la posible indefensión que pueda sufrir esta empresa operadora y, además, también para evitar una posible nulidad de actuaciones procedimentales.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las competencias funcionales en esta materia se regulan por la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, y por el Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de esta Comunidad Autónoma, modificado por los Decretos 132/1989, de 1 de junio y el Decreto 89/1990, de 23 de mayo.

Segunda.- De conformidad con lo establecido en el artº. 20.1 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias, esta Viceconsejería es competente para intervenir en la resolución de este expediente.

Tercera.- En la tramitación de este expediente se ha observado el procedimiento previsto en los artículos 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarta.- En el recurso interpuesto se observan todos los requisitos de índole adjetiva y formal que hacen procedente su admisión a trámite, tales como la legitimación del recurrente y la interposición en el plazo legalmente establecido, de conformidad con los artículos 114 y siguientes de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Quinta.- Los hechos y fundamentos jurídicos alegados por la parte recurrente, y, consecuentemente, las pretensiones deducidas por la misma, han de ser estimadas, al desvirtuar, la conformidad a Derecho del acto recurrido y del expediente tramitado, tal como se pasa a fundamentar a continuación. Sexta.- En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artº. 87.2 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, concurre en el presente procedimiento como causa sobrevenida la transmisión de las máquinas recreativas TF-B-15.988 y TF-B-15.989, propiedad de D. Rufino Suárez Jiménez, a la empresa operadora Comercial Axamo, S.L., con nº de registro de empresa 163.017, mediante Resoluciones de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación de 24 de julio y 21 de agosto de 1997, lo que determina la imposibilidad material de continuar el procedimiento.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,

R E S U E L V O:

Estimar el recurso ordinario interpuesto por D. Rufino Suárez Jiménez contra las Resoluciones de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación de 26 y 31 de marzo de 1997, descritas en el Antecedente 1º de la presente, dejando sin efecto dichos actos en todos sus extremos, debiéndose notificar la presente al recurrente, como interesado en el procedimiento, y con domicilio a tal efecto en la calle Francisco Ramos, 13, La Cuesta, La Laguna; así como dar traslado de la misma a la entidad mercantil Comercial Axamo, S.L., para su conocimiento y efectos oportunos, y con domicilio en calle Real Orotava, s/n, El Sauzal, Santa Cruz de Tenerife.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses desde su notificación, previa la comunicación a esta Viceconsejería, exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de marzo de 1998.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan José Rodríguez y Rodríguez.



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