Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Resolución recaída en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo preciso su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
2.- El ingreso de las sanciones recaídas en los expedientes que se relacionan, deberá hacerse efectivo en la forma y plazos indicados en la notificación que la Consejería de Economía y Hacienda le remitirá a su propio domicilio.
3.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de enero de 1998.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana. RESOLUCIONES QUE SE CITAN:
1º) Libro nº 1 de Resoluciones de la Viceconsejería de Turismo, folio 8, nº 84.
Resolución de 5 de diciembre de 1997, de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 97/133, instruido a Sun Playa, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Patricia.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Sun Playa, S.L., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 18 de junio de 1997, como consecuencia del acta de inspección nº 7.579, de 8 de agosto de 1996.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Que con fecha 8 de agosto de 1996, se personó en el establecimiento de referencia, sito en Las Mimosas, s/n, en San Agustín, término municipal de San Bartolomé de Tirajana, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 7.579 en la que esencialmente se hace constar que: alega el interviniente que la entidad Sun Playa, S.L., ostenta la titularidad del establecimiento Apartamentos Patricia desde mayo de 1995, no disponiendo del Libro de Inspección Turística en este momento. Según el Impuesto de Actividades Económicas y el Libro de Visitas de Inspección de Trabajo, figura como titular la entidad mencionada. Anteriormente lo fue la sociedad Ahytamy, S.L. En este momento no dispone de Libro de Inspección, de Hojas de Reclamaciones ni del cartel indicador en Conserjería-Recepción de los precios sellados por la Administración turística canaria, alegando que están en una gestoría para legalizarlos y tramitar la nueva documentación. Se encuentran ocupados 2 apartamentos, de los 6 que existen al precio de 4.000 pesetas por día.
2º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva nº 97/133, nombrándose Instructor y Secretario.
3º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 18 de junio de 1997, por los siguientes
HECHOS: 1º) Alterar las condiciones esenciales de la autorización de la que está provista la actividad, toda vez que se ha producido un cambio de titularidad a favor de Sun Playa, S.L., que explota el establecimiento consignado desde mayo de 1995, sin comunicarlo como es preceptivo a la Administración turística competente. 2º) Carecer en el establecimiento de las Hojas de Reclamaciones obligatorias. 3º) Carecer del Libro de Inspección. 4º) No anunciar, en la Recepción, el cartel indicador de los precios, con expresión de los servicios incluidos, así como de los servicios complementarios. 5º) Que con fecha 26 de noviembre de 1997 y habida cuenta que la expedientada no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 750.000 pesetas, por el 1er hecho infractor, 500.000 pesetas por el 2º hecho infractor, 500.000 por el 3er hecho infractor y 57.500 pesetas por el 4º hecho infractor.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).
Segunda: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta: que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base al contenido del acta de inspección nº 7.579, sin que la titular consignada haya formulado alegaciones a la Propuesta de Resolución, ni aportado prueba alguna que desvirtúe el hecho imputado, por lo que nos ratificamos en dicha Propuesta de Resolución, por entenderla ajustada a Derecho.
Quinta: que los hechos recogidos en el expediente son constitutivos de infracción a:
- Artículo 2º de la Orden de 23 de septiembre de 1988, por la que se regula el procedimiento para los cambios de titularidad de los establecimientos turísticos (B.O.C. nº 127, de 7 de octubre).
- Artº. 32 del Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre ordenación de apartamentos turísticos (B.O.C. números 46 y 60, de 3 y 28 de abril de 1989, respectivamente).
- Artículo 1º de la Orden de 31 de octubre de 1970, que establece la obligatoriedad del Libro de Inspección para las industrias y empresas (B.O.E. de 17 de noviembre).
- Artº. 24.1 del Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre ordenación de apartamentos turísticos (B.O.C. números 46 y 60, de 3 y 28 de abril de 1989, respectivamente). Con calificación de grave, grave, grave y leve respectivamente en base a los artículos 76.1, 76.6, 76.9 y 77.1, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de 750.000 pesetas por el 1er hecho infractor, 500.000 pesetas por el 2º hecho infractor, 500.000 pesetas por el 3er hecho infractor y 57.500 pesetas por el 4º hecho infractor, a Sun Playa, S.L., con C.I.F. nº B-35347475, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Patricia.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artº. 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Una vez firme la presente Resolución, se procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.- Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de diciembre de 1997.- El Viceconsejero de Turismo, Jaime Celso Rodríguez Cíe.
2º) Libro nº 2 de Resoluciones de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 113, nº 1616.
Resolución de 30 de diciembre de 1997, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 97/195, instruido a Dña. Juana Pantoja Tobaja, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar El Barito.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Juana Pantoja Tobaja, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 12 de agosto de 1997, como consecuencia del acta de inspección nº 7.883, de 25 de noviembre de 1996.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Que con fecha 25 de noviembre de 1996 se personó en el establecimiento de referencia, sito en la Avenida de Las Playas (Apartamentos Victoria), 21, en Puerto del Carmen, término municipal de Tías, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 7.883, en la que esencialmente se hace constar que el establecimiento consignado venía despachando platos propios de un restaurante (sopas, parrilladas y otros) sin acreditar la Inspección estar en posesión de la preceptiva autorización para ejercer tal modalidad.
Asimismo, se hace constar que el establecimiento no presenta el Libro de Inspección.
2º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 97/195, nombrándose Instructor y Secretario.
3º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 12 de agosto de 1997, por los siguientes
HECHOS: 1º) La alteración de la actividad de bar a restaurante, sin haber obtenido la pertinente autorización de la Adminisración turística competente, según se constata en el acta de inspección nº 7.883, de 25 de noviembre de 1996. 2º) No facilitar el Libro de Inspección. 3º) Que con fecha 19 de diciembre de 1997 y habida cuenta que la expedientada no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 175.000 pesetas, por el 1er hecho infractor y 125.000 pesetas por el 2º hecho infractor.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).
Segunda: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta: que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base al contenido del acta de inspección nº 7.883, de 25 de noviembre de 1996, sin que la titular haya formulado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúen los hechos imputados.
Quinta: que los hechos recogidos en el expediente son constitutivos de infracción a:
- Artº. 6.1 y 2 en relación con el artículo 4º.a) de la Orden de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la ordenación turística de restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo). - Artº. 41 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).
Con calificación de leve, en base al artº. 76.1 y 76.9, en relación con el artº. 77.7 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artº. 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa en cuantía de 175.000 pesetas por el 1er hecho infractor y 125.000 pesetas por el 2º hecho infractor, a Dña. Juana Pantoja Tobaja, con N.I.F. nº 25.388.866-N, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar El Barito.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artº. 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.-Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de diciembre de 1997.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.
3º) Libro nº 2 de Resoluciones de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 113, nº 1619.
Resolución de 30 de diciembre de 1997, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 97/207, instruido a Dña. Ángela Perdomo Valerón, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Pensión Valerón.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Dña. Ángela Perdomo Valerón, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 21 de agosto de 1997, como consecuencia de la reclamación formulada por Dña. Candelaria Fuentes Hernández, y del acta de inspección nº 8.127, de 5 de febrero de 1997.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Que con fecha 12 de noviembre de 1996, se recibió en esta Consejería, registro de entrada nº 7144, reclamación formulada por Dña. Candelaria Fuentes Hernández, contra el establecimiento de referencia en la que manifiesta una serie de irregularidades que constan en el expediente consignado.
2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 5 de febrero de 1997, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la calle Pérez Muñoz, 88, Las Palmas de Gran Canaria, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 8.127, en la que esencialmente se hace constar que el precio cobrado a su clienta es inferior al notificado a la Administración turística competente y que en la factura que aporta la reclamante, no se refleja el nombre del establecimiento, la titular de la explotación, el D.N.I., la dirección y la categoría con que fue autorizado por la Administración turística.
3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 97/207, nombrándose Instructor y Secretario.
4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 21 de agosto de 1997, por el siguiente
HECHO: No indicar en la factura el nombre, la dirección, la categoría y signatura del establecimiento, el número de alojamiento ocupado por su cliente D. Juan Santana Vizcaya. 5º) Que con fecha 19 de diciembre de 1997 y habida cuenta que la expedientada no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 30.000 pesetas, por el hecho infractor.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).
Segunda: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta: que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base a la reclamación presentada por Dña. Candelaria Fuentes Hernández y al contenido del acta de inspección nº 8.127, de 5 de febrero de 1997, sin que la titular consignada haya formulado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe el hecho imputado.
Quinta: que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción al artº. 23 del Decreto 149/1986, de 9 de octubre, de ordenación de establecimientos hoteleros (B.O.C. nº 129, de 27 de octubre, y nº 138, de 17 de noviembre).
Con calificación de leve, en base al artº. 77.5 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artº. 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa en cuantía de 30.000 pesetas, por el hecho infractor, a Dña. Ángela Perdomo Valerón, con D.N.I. nº 42.669.997, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Pensión Valerón. La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artº. 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.- Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de diciembre de 1997.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.
4º) Libro nº 2 de Resoluciones de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 113, nº 1620.
Resolución de 30 de diciembre de 1997, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 97/227, instruido a Dña. Juana Teresa Ramírez Rodríguez, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Juananas.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Dña. Juana Teresa Ramírez Rodríguez, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 22 de octubre de 1997, como consecuencia de la reclamación formulada por D. Bernardo Hernández Curbelo, y del acta de inspección nº 7.977, de 10 de enero de 1997.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Que se recibió en esta Dirección General, reclamación formulada por D. Bernardo Hernández Curbelo, contra el establecimiento consignado en la que manifiesta una serie de irregularidades que constan en el expediente.
2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 10 de enero de 1997, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la Plaza de la Música, local 390, en el Puerto de Mogán, término municipal de Mogán, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 7.997, en la que esencialmente se hace constar que el establecimiento de referencia se encontraba abierto a público en general y ejercía la actividad de restaurante, careciendo de la preceptiva autorización de la Administración turística canaria, señalándose algunos de los productos que ofrecía a su clientela y que constan en dicha acta de inspección. Asimismo, se comprobó que carecía del Libro de Inspección, Hojas de Reclamaciones y precios notificados.
No obstante lo anterior, manifestó Dña. Juana Teresa Ramírez Rodríguez, que en ningún momento se trató a los clientes de forma despectiva, sólo se les advirtió que esperaran, ya que el local se encontraba completo.
3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 97/227, nombrándose Instructor y Secretario.
4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 22 de octubre de 1997, por los siguientes
HECHOS: 1º) La alteración de la actividad de bar a restaurante, sin haber obtenido la pertinente autorización de la Administración turística competente, según se constata en el acta de inspección nº 7.977, de 10 de enero de 1997. 2º) Carecer en el establecimiento de las Hojas de Reclamaciones que debe tener con carácter obligatorio. 3º) No facilitar el Libro de Inspección.
5º) Que con fecha 19 de diciembre de 1997 y habida cuenta que la expedientada no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 175.000 pesetas, por el 1er hecho infractor, 125.000 pesetas por el 2º hecho infractor y 125.000 pesetas por el 3er hecho infractor.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).
Segunda: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta: que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base al contenido del acta de inspección nº 7.977, de 10 de enero de 1997, sin que la titular consignada haya formulado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúen los hechos imputados, habiéndose tenido en cuenta a la hora de formular la Propuesta de Resolución los criterios que se establecen en el artº. 79 de la Ley 7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias.
Quinta: que los hechos recogidos en el expediente son constitutivos de infracción a: - Artº. 6.1 y 2, en relación con el artículo 4º.a), de la Orden de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la ordenación turística de restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo).
- Artículo 1º de la Orden de 13 de noviembre de 1986, por la que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los clientes en establecimientos turísticos (B.O.C. nº 139, de 19 de noviembre).
- Artículo 3º de la Orden de 31 de octubre de 1970, que establece la obligatoriedad del Libro de Inspección para las industrias y empresas (B.O.E. de 17 de noviembre).
Con calificación de leve, en base al artº. 76.1, 76.6 y 76.9, en relación con el artº. 77.7, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artº. 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa en cuantía de 175.000 pesetas por el 1er hecho infractor, 125.000 pesetas por el 2º hecho infractor y 125.000 pesetas por el 3er hecho infractor, a Dña. Juana Teresa Ramírez Rodríguez, con N.I.F. nº 42.809.406-N, titular de la explotación del establecimiento denominado Restaurante Juananas.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artº. 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.- Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de diciembre de 1997.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.
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