BOC - 1998/056. Viernes 8 de Mayo de 1998 - 1216

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo y Transportes

1216 - RESOLUCIÓN de 14 de enero de 1998, de la Dirección General de Transportes, por la que se notifica la Resolución de 22 de julio de 1997, relativa al recurso de revisión interpuesto por Heibar, S.A.

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Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente-interesado, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 39/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a Heibar, S.A. la Resolución de 22 de julio de 1997, que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de revisión expediente nº GC-2652/I/94, interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Transportes Terrestres de 7 de marzo de 1995.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de enero de 1998.- El Director General de Transportes, Miguel Dalmacio Benítez Cruz. A N E X O

Resolución por la que se resuelve el recurso de revisión interpuesto por Heibar, S.A.

Visto el recurso de revisión formulado por Heibar, S.A. contra la Resolución de la Dirección General de Transportes Terrestres de 7 de marzo de 1995, recaída en el expediente sancionador nº GC-2652/I/94, y teniendo a la vista lo siguiente:

Resultando que como consecuencia de acta de la Inspección de Transporte se incoó expediente sancionador por carecer de la tarjeta de transporte en servicio público de mercancías.

Resultando que contra Heibar, S.A., titular del vehículo denunciado, se dictó Resolución sancionadora el 7 de marzo de 1995 (nº de registro de salida 1423, de 10.3.95), imponiéndose sanción por una cuantía de 50.000 pesetas, en virtud de los artículos 90 y 140.a), en relación con el artº. 141.o) de la Ley 16/1987, de 30 de julio. Resultando que tras haber transcurrido el plazo para la interposición de recurso administrativo ordinario, sin que por parte del denunciado se hiciera uso de este derecho, devino la Resolución sancionadora en firme y definitiva, dándose traslado a la Consejería de Economía y Hacienda para que efectuara el cobro de la sanción.

Resultando que por Heibar, S.A. se ha interpuesto recurso extraordinario de revisión en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, alegando, en síntesis, que tenía solicitada la rehabilitación de la tarjeta la cual le habían autorizado.

Considerando que el Director General de Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso, según lo establecido en el artº. 118 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, y Decreto 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Considerando que se ha comprobado que en fecha anterior a la denuncia se había autorizado la rehabilitación de la tarjeta de transporte por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, encontrándose habilitado para la realización del transporte denunciado.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, D I S P O N G O:

Estimar el presente recurso y revocar la Resolución de la Dirección General de Transportes de 7 de marzo de 1995 (nº de registro de salida 1423, de 10.3.95).

Contra la presente Resolución cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación previa la comunicación al órgano que dictó la presente Resolución, exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.



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