No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles la Resolución recaída en los expedientes incoados contra las mismas, por infracción a la normativa en materia de consumo y conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, la Resolución recaída en los expedientes que les han sido instruidos por infracción a la legislación en materia de consumo.
Los interesados podrán interponer recurso ordinario contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.
1) RESOLUCIÓN. Visto el expediente nº 35/154/96, instruido por esta Dirección General, contra Adoración Cabrera Hernández, con domicilio en el Centro Comercial Cita, local 71, Playa del Inglés, y estando de acuerdo con la propuesta formulada por el Instructor. Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).
Resultando: que el día 12 de enero de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Bazar Puppen, propiedad de Dña. Adoración Cabrera Hernández, sito en el Centro Comercial Cita, local 71, planta 1ª, del término municipal de San Bartolomé de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto (nº 44.636) comprobaron que tenía expuesta para su venta al público en un escaparate una serie de artículos tales como vehículos o coches de colección y motos de juguete de colección, sin que el precio fuera visible desde el exterior.
Resultando: que como consecuencia de ello se formuló Acuerdo de iniciación indicando que infringía lo dispuesto en el artº. 34, apartado 5 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artículo 2 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3.2.94), en concordancia con el artº. 1, apartado 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor.
Resultando: que con fecha 10 de junio de 1996, el interesado presentó escrito de alegaciones manifestando, en síntesis, lo siguiente:
Constar la falta de legitimación pasiva de Dña. Adoración Cabrera Hernández, contra la que se sigue el presente expediente, por cuanto la misma si bien es la esposa del exponente, los mismos se encuentran separados judicialmente pero el negocio Bazar Puppen, en el que se realiza la inspección viene girando a nombre del Sr. Verona Artiles quien siempre ha sido titular y a favor del cual giran los correspondientes permisos y licencias.
Considerando: que son de tomar en consideración las alegaciones del interesado por cuanto apreciamos que la falta de legitimación de Adoración Cabrera Hernández al producirse un error en la imputación del presunto infractor, y ser el titular del negocio Alberto Verona Artiles.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo en el artículo 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo,
ACUERDO:
El sobreseimiento de las diligencias contra Adoración Cabrera Hernández por inexistencia de responsabilidad y el archivo del expediente nº 35/154/96 sin más trámite.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de junio de 1996.- El Director General de Consumo.
2) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/172/96, instruido por esta Dirección General, contra Marlo Rizzardi, con domicilio en el Centro Comercial Cita, local 153, Playa del Inglés, y estando de acuerdo con la propuesta formulada por el Instructor. Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).
Resultando: que el día 19 de enero de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Bazar Capricho, propiedad de D. Marlo Rizzardi, sito en el Centro Comercial Cita, nº 153, del término municipal de San Bartolomé de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto (nº 44.788) comprobaron que el establecimiento carecía de Hojas de Reclamaciones y cartel anunciador de las mismas, así como del cartel informativo de horarios comerciales. Resultando: que como consecuencia de ello se formuló Acuerdo de iniciación indicando que infringía lo dispuesto en el artº. 34.9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con los artículos 10 y 11 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 148).
Considerando: que el Acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador ha sido notificado al interesado, por medio de anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, de un último anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, en el plazo superior de dos meses desde que se inició, por tanto hubiese recaído Resolución.
Considerando: que el artº. 24, apartado 4 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para el ejercicio de la potestad reglamentaria, establece que el procedimiento deberá resolverse en el plazo máximo de un mes desde que se inició. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo en el artículo 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo,
ACUERDO:
El sobreseimiento de las diligencias contra Marlo Rizzardi y el archivo del expediente nº 35/172/96 sin más trámite.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de julio de 1997.- El Director General de Consumo. 3) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/394/96, instruido por esta Dirección General, contra Francisco G. León Sánchez, con domicilio en la Avenida de Italia, Edificio Danubio, y estando de acuerdo con la propuesta formulada por el Instructor.
Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).
Resultando: que el día 13 de marzo de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Bazar Danubio-Revistas, Teléfonos, propiedad de D. Francisco G. León Sánchez, sito en la calle Italia, Edificio Danubio, s/n, del término municipal de San Bartolomé de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto (nº 354) comprobaron que tenía a disposición del público un locutorio telefónico con 5 cabinas, funcionando una cabina con teléfono, careciendo del preceptivo cartel anunciador de los precios.
Resultando: que como consecuencia de ello se formuló Acuerdo de iniciación indicando que infringía lo dispuesto en el artº. 34, apartado 5 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 2 y 8 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3.2.94).
Considerando: que el Acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador ha sido notificado al interesado, por medio de anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, de un último anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, en el plazo superior de dos meses desde que se inició, por tanto hubiese recaído Resolución.
Considerando: que el artº. 24, apartado 4 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para el ejercicio de la potestad reglamentaria, establece que el procedimiento deberá resolverse en el plazo máximo de un mes desde que se inició.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo en el artículo 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo,
ACUERDO:
El sobreseimiento de las diligencias contra Francisco G. León Sánchez y el archivo del expediente nº 35/394/96 sin más trámite.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de julio de 1997.- El Director General de Consumo.
4) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/737/96.
RESPONSABLE: Manuel Martín Yuste. D.N.I. o N.I.F.: 35057455G.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 15 de mayo de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron una visita de inspección en Bizarre, propiedad de D. Manuel Martín Yuste, sito en el Centro Comercial San Agustín, local 306, planta 3ª, del término municipal de San Bartolomé de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto (nº 884) comprobaron que en el momento de la inspección, el establecimiento carecía de las preceptivas Hojas de Reclamaciones y cartel anunciador de las mismas, a disposición de los consumidores y usuarios. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148). Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154), esta Dirección General es competente para la incoación y tramitación del presente expediente, así como para su resolución, al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción.
ACUERDO:
Imponer a Manuel Martín Yuste la sanción de multa de 40.000 pesetas. Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de noviembre de 1996.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
5) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/739/96, instruido por esta Dirección General, contra Juan Gabriel García Vilarino, con domicilio en el Centro Comercial San Agustín, local 158, y estando de acuerdo con la propuesta formulada por el Instructor.
Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).
Resultando: que el día 15 de mayo de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron una visita de inspección en Foto Juan, propiedad de D. Juan Gabriel García Vilarino, sito en el Centro Comercial San Agustín, local nº 158, planta 2ª, del término municipal de San Bartolomé de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto (nº 886) comprobaron que el establecimiento carecía de las preceptivas Hojas de Reclamaciones y cartel anunciador de las mismas, a disposición de los consumidores y usuarios.
Resultando: que como consecuencia de ello se formuló Acuerdo de iniciación con fecha 14 de octubre de 1996, indicando que infringía lo dispuesto en el artº. 34.9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148). Resultando: que la infracción fue calificada como leve.
Resultando: que se comunicó el Acuerdo de iniciación al Instructor y se ordenó que simultáneamente se notificase al interesado. Resultando: que no pudo practicarse la notificación personal del mismo por el Servicio de Correos, puesto que el certificado fue devuelto.
Considerando: que de conformidad con los artículos 24 del Real Decreto 1.398/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente debe entenderse caducado.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo en el artículo 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo,
ACUERDO:
El sobreseimiento de las diligencias contra Juan Gabriel García Vilarino y el archivo del expediente nº 35/739/96 sin más trámite.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de abril de 1997.- El Director General de Consumo.
6) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/767/96, instruido por esta Dirección General, contra Park Ktnam, con domicilio en el Centro Comercial San Agustín, puesto 268, y estando de acuerdo con la propuesta formulada por el Instructor.
Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).
Resultando: que el día 15 de mayo de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron una visita de inspección en el Bazar Costa Canaria, propiedad de D. Park Ktnam, sito en el Centro Comercial San Agustín, planta 3ª, local 268, del término municipal de San Bartolomé de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto (nº 1013) comprobaron que el establecimiento carecía en el momento de la inspección de las preceptivas Hojas de Reclamaciones y cartel anunciador de las mismas, a disposición de los consumidores y usuarios.
Resultando: que como consecuencia de ello se formuló Acuerdo de iniciación con fecha 14 de octubre de 1996, indicando que infringía lo dispuesto en el artº. 34.9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).
Resultando: que la infracción fue calificada como leve.
Resultando: que se comunicó el Acuerdo de iniciación al Instructor y se ordenó que simultáneamente se notificase al interesado.
Resultando: que no pudo practicarse la notificación personal del mismo por el Servicio de Correos, puesto que el certificado fue devuelto.
Considerando: que de conformidad con los artículos 24 del Real Decreto 1.398/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente debe entenderse caducado.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo en el artículo 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo,
ACUERDO:
El sobreseimiento de las diligencias contra Park Ktnam y el archivo del expediente nº 35/767/96 sin más trámite.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de abril de 1997.- El Director General de Consumo.
7) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/195/97.
RESPONSABLE: Jai Prakash Lalwani. D.N.I. o N.I.F.: 42830385.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 8 de noviembre de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron una visita de inspección en el Bazar Foto Kurs, propiedad de D. Jai Prakash Lalwani, sito en el Centro Comercial Cita, locales números 103-119, del término municipal de San Bartolomé de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto (nº 2383) comprobaron que tenía expuestos para su venta al público en el interior y en el escaparate del establecimiento numerosos artículos, entre otros, los siguientes: 200 relojes, 50 pequeños electrodomésticos, 30 mecheros, 15 máquinas fotográficas, 10 binoculares, etc., todos ellos de distintas marcas y modelos, careciendo de sus preceptivos marcados de precios de venta al público. Tienen también para su venta secadores de pelo, cuyas cajas tienen el siguiente etiquetado: Kitime-High Quality-Hair-Dryer Model: HKD 16. Two Heat Sfitings. Two speed. Settings. Detachable. Concetrater 220 V-50 Ht-1200 W; careciendo de etiquetado, al menos, en castellano, lengua oficial del Estado. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34, apartado 5 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en relación con el artículo 7º del Real Decreto 1.468/1988, de 2 de diciembre (B.O.E. nº 294), por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios, en relación con los artículos 2 y 8 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3.2.94). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el día 7 de mayo de 1997, el interesado presentó escrito de alegaciones manifestando, en síntesis, lo siguiente: Que los artículos que tenía expuestos estaban marcados si bien de forma incorrecta, pues tenían la etiqueta de precio de venta al público adherida al dorso de los mismos. Que el hecho de marcar los precios de esta forma es debido a la gran variedad de artículos diferentes que expone en el escaparate que casi no hay sitio para poner etiquetas. Que el hecho de que unos secadores no tuvieran la etiqueta en idioma castellano es debido a que estimaba que los mismos reunían las condiciones pertinentes para su comercialización. Que además de este hecho no perjudica en absoluto a sus clientes, los cuales en su mayoría son extranjeros ya que su establecimiento se encuentra en zona eminentemente turística. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el Acuerdo de iniciación y en la Propuesta de Resolución, por cuanto que en el momento de la inspección tenía expuesta para su venta al público, en el escaparate y en el interior, una serie de artículos descritos en el Acuerdo de iniciación careciendo de los preceptivos marcados de precios ofrecidos a los consumidores y usuarios, y por cuanto que tenía también a la venta secadores de pelo cuyo etiquetado descrito en el acta de inspección y Acuerdo de iniciación, carecen de etiquetado al menos en castellano, lengua oficial del Estado, infringiendo el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa al público. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154), esta Dirección General es competente para la incoación y tramitación del presente expediente, así como para su resolución, al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción.
ACUERDO:
Imponer a Jai Prakash Lalwani la sanción de multa de 100.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de mayo de 1997.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de diciembre de 1997.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
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