BOC - 1998/021. Lunes 16 de Febrero de 1998 - 399

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Sanidad y Consumo

399 - RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 1997, de la Dirección General de Consumo, sobre notificación de Resolución a persona jurídica de ignorado domicilio.

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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de la persona jurídica que se relaciona, y siendo preciso notificarle la Resolución recaída en el expediente incoado contra la misma por infracción a la normativa en materia de consumo, y conforme al artículo 59, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a la persona jurídica que se cita, la Resolución recaída en el expediente que le ha sido instruido por infracción a la legislación en materia de consumo. El interesado podrá interponer recurso ordinario contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

El pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda. 2.- Remitir al Ayuntamiento de la población que se cita, la correspondiente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.

Visto el expediente nº 38-384/97.

INSTRUIDO A: Visión Tenerife, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B-38.415.014.

MOTIVACIÓN

Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. REFERENCIA DE HECHOS: el día 26 de marzo de 1997, un Inspector de esta Dirección General realizó una visita de inspección en el establecimiento alquiler de películas de vídeo de rótulo Locos por el vídeo, del que es titular Visión Tenerife, S.L., sito en la calle General Mola, 17, del término municipal de Santa Cruz de Tenerife, levantando el acta nº 190/97, formulada por D. Miguel Javier Dean Guelbenzo, provisto de D.N.I. nº 1.360.064, a través de la Unión de Consumidores de España -U.C.E. Tenerife-, siendo motivo de la misma la disputa con personal del establecimiento por el cobro de la cuota de penalización a la entrega de una película fuera del plazo pactado, cuando presuntamente nunca se lo había cobrado y negativa a facilitar una Hoja de Reclamaciones, constatando el Inspector actuante que este establecimiento carece de Hojas de Reclamaciones y de cartel anunciador de su existencia, constituyendo tales hechos infracción en materia de consumo. FUNDAMENTOS DE DERECHO: es de aplicación lo establecido en los artículos 1 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 148), artículo 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en relación con el artículo 3, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168) y artículo 34, apartado 9, de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el interesado en escrito presentado en el Registro de Entrada de la Dirección General de Consumo, provisto de nº 2292 de fecha 26 de septiembre de 1997, sucintamente, manifiesta: Que atendiendo a lo establecido en el artº. 8 del Real Decreto 1.398/1993, esta parte reconoce la responsabilidad por carecer de las preceptivas Hojas de Reclamaciones, motivada por el desconocimiento de que esta actividad debía cumplir dicha obligación. Es por ello que se solicita la graduación de la cuantía impuesta de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado tercero del artº. 131 de la Ley 30/1992, entre ellos la existencia de intencionalidad o reiteración, la naturaleza de los perjuicios causados, o la reincidencia en el plazo de un año de más de una infracción de la misma naturaleza. Solicita se gradúe la sanción impuesta de acuerdo con los criterios establecidos para su graduación. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: a la vista del reconocimiento voluntario de responsabilidad por parte del interesado se podría plantear una reducción de la cuantía de la sanción, lo cual no se hace posible en base a las siguientes consideraciones: el precepto del Reglamento sancionador que regula esta materia presenta un doble objeto: por una parte dar debido cumplimiento al principio de celeridad que ha de informar a toda actuación administrativa: y por otro lado, la posibilidad de reducir el importe de la sanción, posibilidad que, sin embargo, aparece condicionada a su específica regulación por alguna disposición legal, requisito que no se cumple en la materia que nos ocupa y que, por tanto, invalida la posibilidad de atenuar el importe de la sanción por el reconocimiento de responsabilidad por parte del interesado. Por lo que, al no desvirtuarse en modo alguno los hechos imputados, no procede eximir de responsabilidad al interesado. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Visión Tenerife, S.L. la sanción de multa de cuarenta y cinco mil (45.000) pesetas. Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, en el plazo de un mes, a partir de su notificación ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, conforme a lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. Se podrá presentar por medio de representante, para lo cual deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.- Santa Cruz de Tenerife, a 16 de octubre de 1997.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de noviembre de 1997.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.



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