BOC - 1998/018. Martes 10 de Febrero de 1998 - 327

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Sanidad y Consumo

327 - RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 1997, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica Orden de esta Consejería que resuelve el recurso ordinario interpuesto por D. José Antonio Acuña Fuentes, contra la Resolución de la Dirección General de Consumo de 29 de agosto de 1996, recaída en el expediente nº 35/378/96.

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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a D. José Antonio Acuña Fuentes la Orden de 26 de febrero de 1997, registro de salida nº 86/Q, que figura como anexo de esta Resolución de la Dirección General de Consumo de 29 de agosto de 1996.

2.- Remitir al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.

A N E X O

Visto el recurso ordinario interpuesto ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, por D. José Antonio Acuña Fuentes, frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de 29 de agosto de 1996, recaída en el expediente nº 35/378/96, y que determinó la imposición de una sanción de multa de cincuenta mil (50.000) pesetas, y

RESULTANDO

Primero: que el día 7 de marzo de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Aramis Boutique Pieles, propiedad de D. José Antonio Acuña Fuentes, sito en el Centro Comercial Yumbo, local 241-05-06, del término municipal de San Bartolomé de Tirajana, y mediante acta levantada al efecto (nº 20) comprobaron que tenía expuestas para su venta al público en los escaparates unas 10 chaquetas de diferentes tallas, colores y precios, faltándoles visibilidad en el marcado de precios, e infringiendo que el comprador pueda estar en condiciones de conocer el precio de los artículos expuestos en el escaparate sin necesidad de entrar en el establecimiento.

Segundo: que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y el artículo 13 del Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189), se formuló Acuerdo de iniciación, en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en el artº. 34, apartado 5, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 2 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3.2.93), en concordancia con el artículo 1, apartado 3, del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regulan la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor.

Tercero: que la Dirección General de Consumo resuelve sancionar al recurrente previo el trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere el artículo 18 del Real Decreto 1.398/1993, en relación con el Título IX de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con una sanción de multa de cincuenta mil (50.000) pesetas.

Cuarto: que contra la precitada Resolución se interpone recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, que tiene entrada en este Departamento el día 8 de octubre de 1996, exponiendo, en síntesis, el recurrente lo siguiente:

Que en mi tienda se habían expuesto para la venta al público los siguientes artículos:

- Doscientas catorce chaquetas de diversas calidades, tallas y colores.

- Ochocientos cuarenta cinturones de diversas calidades, tallas y colores.

- Ciento noventa y seis monederos y carteras, de diversas calidades y colores.

- Ochenta y tres pares de zapatos de señora y caballero. - Ochenta y seis bolsos de señoras de diversas calidades.

- Veintiocho maletas de viaje de diferentes marcas.

- Cuarenta y tres pantalones de cuero de señora y caballero.

- Veintiséis attaches de cuero.

- Cantidad indeterminada de artículos varios.

Que en los dos escaparates, las tres puertas y la terraza se halla expuesto al público un cuarto de la mercancía mencionada.

Que el sistema de marcaje de los artículos consiste en etiquetas que se unen a la prenda mediante un hilo. Que las diez chaquetas motivo de la denuncia tenían su etiqueta con su precio, solamente que el aire las había vuelto al revés y el precio no se podía ver desde el exterior de la tienda.

Quinto: que la Dirección General de Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.

Y siendo de aplicación los siguientes

CONSIDERANDOS

Primero: que no procede ningún pronunciamiento en contrario sobre los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, interpuesto en tiempo y forma, y siendo competente para resolver la Consejería de Sanidad y Consumo.

Segundo: que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en el artº. 34, apartado 5, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 2 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3.2.93), en concordancia con el artículo 1, apartado 3, del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regulan la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor.

Tercero: que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Consumo de las atribuciones que le confiere el artº. 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por el Decreto 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154), en concordancia con lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

Cuarto: que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso no pueden ser tomadas en consideración, pues no comportan justificación legal que permita modificar la calificación jurídica del hecho infractor comprobado y consiguiente apreciación de responsabilidad, y que, por tanto, no puede estimarse la petición de que se revoque la resolución sancionadora del Director General de Consumo, por cuanto el artículo 27.1.a) de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, establece la responsabilidad del vendedor de bienes respecto del origen, identidad e idoneidad de los mismos “de acuerdo con su naturaleza y finalidad y con las normas que los regulan”.

En consecuencia, el recurrente incurre en responsabilidad dado el incumplimiento comprobado de las disposiciones ya indicadas en el Considerando segundo.

Quinto: que en virtud de las competencias atribuidas al titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.

VISTOS

Además de los preceptos legales citados, el artículo 33.c) del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos Territoriales 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y el posterior 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, así como la legislación del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones de general o particular aplicación, el Consejero de Sanidad y Consumo, en ejercicio de sus competencias,

ACUERDA:

Desestimar en todos sus términos el recurso ordinario interpuesto por D. José Antonio Acuña Fuentes, frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de 29 de agosto de 1996, recaída en el expediente nº 35/378/96, por la que se impone al recurrente una sanción de multa de cincuenta mil (50.000) pesetas, por lo que, consecuentemente, debe confirmar y así confirma la mencionada Resolución recurrida.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro de un plazo de dos (2) meses, desde su notificación/publicación, previa la comunicación a la Consejería de Sanidad y Consumo, exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Sanidad y Consumo.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de octubre de 1997.- El Secretario General Técnico, Víctor Manuel Pérez Borrego.



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