BOC - 1998/015. Miércoles 4 de Febrero de 1998 - 292

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Sanidad y Consumo

292 - RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 1997, de la Dirección General de Consumo, sobre notificación de Resoluciones a personas físicas y jurídicas de ignorado domicilio.

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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles la Resolución recaída en los expedientes incoados contra las mismas por infracción a la normativa en materia de consumo y conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, la Resolución recaída en los expedientes que les han sido instruidos por infracción a la legislación en materia de consumo.

Los interesados podrán interponer recurso ordinario contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.

1) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/774/96.

RESPONSABLE: Miguel Ortega López. D.N.I. o N.I.F.: 42811349T.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 23 de mayo de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el puesto de frutas y hortalizas nº 43, propiedad de D. Miguel Ortega López, sito en el Mercado de Vegueta, puesto 43, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 1.168 comprobaron que tenía expuestas para su venta al público a granel 3 cajas de peras y 3 cajas de naranjas cuyos etiquetados carecían de las indicaciones relativas a la categoría, el origen y el calibre. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el anexo II del Reglamento (C.E.E.) nº 920/89 de la Comisión, de 10 de abril de 1989, por el que se establecen normas de calidad para las zanahorias, los cítricos y las manzanas y peras de mesa (DOCE nº L 97, de 11 de abril de 1989), modificado por el Reglamento (C.E.E.) nº 421/90 de la Comisión (DOCE nº L 44, de 20 de febrero de 1990), Reglamento (C.E.E.) nº 487/90 de la Comisión (DOCE nº L 52, de 28 de febrero de 1990) y el Reglamento (C.E.E.) nº 292/92 de la Comisión (DOCE nº L 31, de 7 de febrero de 1992), y con el Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas comercializadas en el mercado interior y Orden de 6 de septiembre de 1972 (B.O.E. nº 218), que aprueba la norma de calidad de naranjas y otros agrios destinados al mercado interior. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a D. Miguel Ortega López la sanción de multa de 25.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de diciembre de 1996.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

2) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/849/96.

RESPONSABLE: Cándido Hernández Perera. D.N.I. o N.I.F.: 43652283.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 23 de mayo de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el puesto de frutas y hortalizas propiedad de D. Cándido Hernández Perera, sito en el Mercalaspalmas, 39, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 957 comprobaron que tenía expuestas para su venta al público en sus respectivas cajas y envases las siguientes frutas y hortalizas: peras, manzanas, limones y cebollas cuyos carteles carecían de las preceptivas expresiones de la denominación, categoría, origen, variedad y calibre, en su caso. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el Reglamento (C.E.E.) nº 920/89 de la Comisión, de 10 de abril de 1989, por el que se establecen normas de calidad para las zanahorias, los cítricos y las manzanas y peras de mesa (DOCE nº L 97, de 11 de abril de 1989), modificado por el Reglamento (C.E.E.) nº 421/90 de la Comisión (DOCE nº L 44, de 20 de febrero de 1990), Reglamento (C.E.E.) nº 487/90 de la Comisión (DOCE nº L 52, de 28 de febrero de 1990) y el Reglamento (C.E.E.) nº 292/92 de la Comisión (DOCE nº L 31, de 7 de febrero de 1992), y con el Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas comercializadas en el mercado interior y Orden de 6 de septiembre de 1972 (B.O.E. nº 218), que aprueba la norma de calidad de naranjas y otros agrios destinados al mercado interior, en concordancia con Reglamento C.E.E. nº 2.213/83, de 28 de julio de 1983 (Nº L 213/13, de 4.8.83), por el que se establecen las normas de calidad para las cebollas y para las endibias, modificado por el Reglamento C.E.E. nº 1.654/87, de 12.6.87 (Nº L 153/35, de 13.6.87) y la Orden de 8 de junio de 1973 (B.O.E. de 23), por la que se aprueba la Norma de Calidad para cebollas destinadas al mercado interior. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154), ACUERDO:

Imponer a D. Cándido Hernández Perera la sanción de multa de 25.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de diciembre de 1996.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

3) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/850/96, instruido por esta Dirección General, contra D. Román Quintana Quintana, con domicilio en el Mercado de Vegueta, puesto 41, y estando de acuerdo con la propuesta formulada por el Instructor.

Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).

Resultando: que el día 23 de mayo de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el puesto de frutas y hortalizas propiedad de D. Román Quintana Quintana, sito en el Mercado de Vegueta, 41, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 959 comprobaron que tenía expuestas para su venta al público en sus respectivas cajas y envases las siguientes frutas y hortalizas: aguacates, uvas, naranjas, peras y tomates omitiéndose en sus respectivos carteles las expresiones de la denominación, categoría, origen, variedad y calibre en su caso.

Resultando: que como consecuencia de ello se formuló Acuerdo de iniciación el día 4 de noviembre de 1996, indicando que infringía lo dispuesto en el artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 7 del Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas destinadas al mercado interior y con la Orden de la Presidencia del Gobierno de 5 de noviembre de 1981 (B.O.E. de 13), que regula la Norma de Calidad para los aguacates destinados al mercado interior, en concordancia con el Reglamento (C.E.E.) nº 1730/87 de la Comisión, de 22 de junio de 1987, por el que se establecen las normas de calidad para la uva de mesa (DOCE nº L 163, de 23 de junio de 1987), modificado por el Reglamento (C.E.E.) nº 93/91 de la Comisión (DOCE nº L 11, de 16 de enero de 1991), el Reglamento (C.E.E.) nº 291/92 de la Comisión (DOCE nº L 31, de 7 de febrero de 1992) y el Reglamento (C.E.E.) nº 1675/92 de la Comisión (DOCE nº L 176, de 30 de junio de 1992), en concordancia con el anexo II del Reglamento (C.E.E.) nº 920/89 de la Comisión, de 10 de abril de 1989, por el que se establecen normas de calidad para las zanahorias, los cítricos y las manzanas y peras de mesa (DOCE nº L 97, de 11 de abril de 1989), modificado por el Reglamento (C.E.E.) nº 421/90 de la Comisión (DOCE nº L 44, de 20 de febrero de 1990), Reglamento (C.E.E.) nº 487/90 de la Comisión (DOCE nº L 52, de 28 de febrero de 1990) y el Reglamento (C.E.E.) nº 292/92 de la Comisión (DOCE nº L 31, de 7 de febrero de 1992), en concordancia con el Reglamento C.E.E. nº 778/83, de 30 de marzo de 1983 (Nº L 86/14, de 31.3.83), por el que se establecen normas de calidad para los tomates y Orden de 10 de diciembre de 1985 (B.O.E. de 17), corrección de errores (B.O.E. de 18.1.86), que aprueba la norma de calidad para tomates frescos destinados al mercado interior.

Resultando: que la infracción fue calificada como leve. Resultando: que se comunicó el Acuerdo de iniciación al Instructor y se ordenó que simultáneamente se notificase al interesado.

Resultando: que no pudo practicarse la notificación personal del mismo por el Servicio de Correos, puesto que el certificado fue devuelto.

Considerando: que de conformidad con el artº. 24 del Real Decreto 1.398/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora y el artº. 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente debe entenderse caducado.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, ACUERDO:

El sobreseimiento de las diligencias contra D. Román Quintana Quintana y el archivo del expediente nº 35/850/96 sin más trámite.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de marzo de 1997.- El Director General de Consumo.

4) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/851/96.

RESPONSABLE: Alejandro Jiménez Rodríguez. D.N.I. o N.I.F.: 52856245Z.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 23 de mayo de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el puesto propiedad de D. Alejandro Jiménez Rodríguez, sito en el Mercado de Vegueta, puesto 25, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 1045 comprobaron que tenía expuestos para su venta al público unos 25 sacos de papas que carecían de sus preceptivos etiquetados de normalización. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas comercializadas en el mercado interior y Orden de 6 de julio de 1983 (B.O.E. nº 166), que aprueba la norma de calidad para patata de consumo destinada al mercado interior. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: presentó escrito de alegaciones el día 13 de noviembre de 1996, manifestando, en síntesis: Que resultado de su visita imputa al docente el que los sacos de papas expuestos para su venta corrección del etiquetado de normalización. Imputación con la que estamos en desacuerdo, las etiquetas en algunos sacos de papas estaban dentro del mismo, como se le demostró abriendo un saco. Podemos afirmar si los sacos que tenían las etiquetas dentro del mismo eran 25 o menos, podemos afirmar y así pudo ser comprobado por el propio Inspector que del total de sacos de papas (aproximadamente 100 sacos), que habían en el puesto, todos tenían las etiquetas, unos dentro y otros fuera. Los sacos de papas fueron adquiridos en el Mercalaspalmas, donde se sabe que existe un control muy detallista sobre los requisitos de todos los productos que allí se comercializan. En ningún momento, esta empresa ha comercializado productos que de alguna forma infrinjan las normas establecidas por la legislación vigente tanto en lo relativo a la calidad, como a la documentación e identificación del producto. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el Acuerdo de iniciación y en la Propuesta de Resolución, por cuanto que del acta de inspección se desprende que unos 25 sacos de papas carecían de sus preceptivos etiquetados, cometiendo, por tanto, el interesado una conducta de omisión en su diligencia debida que le hace responsable de la infracción imputada. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154), esta Dirección General es competente para la incoación y tramitación del presente expediente, así como para su resolución, al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción.

ACUERDO:

Imponer a D. Alejandro Jiménez Rodríguez la sanción de multa de 25.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de diciembre de 1996.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

5) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/852/96.

RESPONSABLE: Manuel Quintana Segura. D.N.I. o N.I.F.: 42820193N.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 23 de mayo de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el puesto propiedad de D. Manuel Quintana Segura, sito en el Mercado de Vegueta, puesto 11, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 1046 comprobaron que tenía expuestos para su distribución y venta unos 12 sacos de papas que carecían de sus preceptivos etiquetados de normalización. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas comercializadas en el mercado interior y Orden de 6 de julio de 1983 (B.O.E. nº 166), que aprueba la norma de calidad para patata de consumo destinada al mercado interior. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154), ACUERDO:

Imponer a D. Manuel Quintana Segura la sanción de multa de 25.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de diciembre de 1996.- El Director General de Consumo. NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

6) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/853/96.

RESPONSABLE: Antonio Mateo Díaz. D.N.I. o N.I.F.: 42842705F.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 23 de mayo de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el puesto propiedad de D. Antonio Mateo Díaz, sito en el Mercado de Vegueta, puesto 28, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 1047 comprobaron que tenía expuestos para su venta plátanos en manillas que carecían de sus preceptivos etiquetados de normalización. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas comercializadas en el mercado interior y Orden de 6 de julio de 1983 (B.O.E. nº 166), que aprueba la norma de calidad para patata de consumo destinada al mercado interior. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: presentó escrito de alegaciones, el día 19 de noviembre de 1996, manifestando, en síntesis: Cuando los Inspectores visitaron mi puesto, éste se encontraba con el mostrador lleno de plátanos desmanillados expuestos para su venta al público con su precio correspondiente, y una tapa de una caja vacía de plátanos en la parte lateral del mismo mostrador bien visible, simplemente para demostrar la intención de cumplir con la normativa del etiquetado, ya que la etiqueta de los plátanos no se puede colocar junto al precio como los demás productos hortofrutícolas por sus medidas desproporcionadas. ¿Cómo cumplimos con la normativa? La única solución es que se nos permita a los vendedores de plátanos poner los datos identificativos con rotulador junto al precio. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el Acuerdo de iniciación y en la Propuesta de Resolución, por cuanto que del acta de inspección se desprende que los plátanos carecían de su preceptivo etiquetado y nada se dice de la exposición de una tapa de una caja vacía bien visible. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154), esta Dirección General es competente para la incoación y tramitación del presente expediente, así como para su resolución, al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción.

ACUERDO:

Imponer a D. Antonio Mateo Díaz la sanción de multa de 25.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de diciembre de 1996.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

7) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/854/96.

RESPONSABLE: Antonio Jiménez Tejera. D.N.I. o N.I.F.: 42619580.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 23 de mayo de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el puesto de patatas propiedad de D. Antonio Jiménez Tejera, sito en el Mercado Municipal de Vegueta, puesto 23, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 1102 comprobaron que tenía expuestos para su venta al público unos 40 sacos de patatas careciendo de sus preceptivos etiquetados de normalización. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas comercializadas en el mercado interior y Orden de 6 de julio de 1983 (B.O.E. nº 166), que aprueba la norma de calidad para patata de consumo destinada al mercado interior. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154), ACUERDO:

Imponer a D. Antonio Jiménez Tejera la sanción de multa de 25.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de diciembre de 1996.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

8) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/855/96.

RESPONSABLE: Antonio Quintana Nieves. D.N.I. o N.I.F.: 42740351A.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 23 de mayo de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Carnicería propiedad de D. Antonio Quintana Nieves, sita en el Mercado Municipal de Vegueta, puesto 23, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 1103 comprobaron que tenía expuestas para su venta al público diversas piezas de carne de vacuno y porcino, careciendo de los preceptivos murales fotográficos con las distintas piezas anatómicas que integran la canal limpia. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con la Resolución de la Dirección General de Comercio Alimentario de 7 de julio de 1975 (B.O.E. nº 165). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: presentó escrito de alegaciones, el día 19 de noviembre de 1996, manifestando en síntesis lo siguiente: Hemos de manifestar que es absolutamente incongruente que por parte de esa Dirección General se nos exija el cumplimiento de estar en posesión de dichos carteles cuando la propia Administración no los facilita al empresario de carnicería, pues éstos no disponen de los medios materiales para elaborar y obtener los preceptivos carteles. En consecuencia, lo procedente sería que la propia Dirección General disponga de los mismos y que el empresario pueda adquirirlos de dicho organismo y de esta forma poder cumplir con lo exigido por la normativa vigente, con la que somos respetuosos y con la que cumplimos. Inmediatamente después a la visita de inspección fue subsanada la carencia de los murales fotográficos, disponiendo actualmente de los mismos, como podrán comprobar los Sres. Inspectores en una visita al comercio de la entidad compareciente. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el Acuerdo de iniciación y en la Propuesta de Resolución, por cuanto que la normativa vigente exige exponer los preceptivos murales. La Administración tiene que velar por el cumplimiento de esta obligación y nada se establece sobre la obligatoriedad de ésta de proporcionar dichos murales. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154), esta Dirección General es competente para la incoación y tramitación del presente expediente, así como para su resolución, al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción.

ACUERDO:

Imponer a D. Antonio Quintana Nieves la sanción de multa de 40.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de diciembre de 1996.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

9) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/856/96, instruido por esta Dirección General, contra Miguel A. González Santana, con domicilio en el Mercado de Vegueta, puesto 22, y estando de acuerdo con la propuesta formulada por el Instructor.

Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189). Resultando: que el día 23 de mayo de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Carnicería propiedad de D. Miguel A. González Santana, sita en el Mercado Municipal de Vegueta, puesto 22, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 1104 comprobaron que tenía expuestas para su venta al público diversas piezas de carnes frescas de vacuno y porcino, careciendo de los preceptivos murales fotográficos con las distintas piezas anatómicas que integran la canal limpia.

Resultando: que como consecuencia de ello se formuló Acuerdo de iniciación el día 4 de noviembre de 1996, indicando que infringía lo dispuesto en el artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con la Resolución de la Dirección General de Comercio Alimentario de 7 de julio de 1975 (B.O.E. nº 165).

Resultando: que la infracción fue calificada como leve.

Resultando: que se comunicó el Acuerdo de iniciación al Instructor y se ordenó que simultáneamente se notificase al interesado.

Resultando: que no pudo practicarse la notificación personal del mismo por el Servicio de Correos, puesto que el certificado fue devuelto.

Considerando: que de conformidad con los artículos 24 del Real Decreto 1.398/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente debe entenderse caducado.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo,

ACUERDO:

El sobreseimiento de las diligencias contra Miguel A. González Santana y el archivo del expediente nº 35/856/96 sin más trámite. Contra la presente Resolución que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de marzo de 1997.- El Director General de Consumo. 10) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/857/96.

RESPONSABLE: Ortega y Rodríguez, S.C.P. D.N.I. o N.I.F.: G35237262.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 23 de mayo de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Carnicería propiedad Ortega y Rodríguez, S.C.P., sita en el Mercado Municipal de Vegueta, puesto 20-21, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 1105 comprobaron que tenía expuestas para su venta al público diversas piezas de carnes frescas de vacuno y porcino, careciendo de los preceptivos murales fotográficos con las distintas piezas anatómicas que integran la canal limpia. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con la Resolución de la Dirección General de Comercio Alimentario de 7 de julio de 1975 (B.O.E. nº 165). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: presentó escrito de alegaciones, el día 19 de noviembre de 1996, manifestando en síntesis: Hemos de manifestar que es absolutamente incongruente que por parte de esa Dirección General se nos exija el cumplimiento de estar en posesión de dichos carteles cuando la propia Administración no los facilita al empresario de carnicería, pues éstos no disponen de los medios materiales para elaborar y obtener los preceptivos carteles. En consecuencia, lo procedente sería que la propia Dirección General disponga de los mismos y que el empresario pueda adquirirlos de dicho organismo y de esta forma poder cumplir con lo exigido por la normativa vigente, con la que somos respetuosos y con la que cumplimos. Inmediatamente después a la visita de inspección fue subsanada la carencia de los murales fotográficos, disponiendo actualmente de los mismos, como podrán comprobar los Sres. Inspectores en una visita al comercio de la entidad compareciente. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el Acuerdo de iniciación y en la Propuesta de Resolución, por cuanto que la normativa vigente exige los preceptivos murales. La Administración tiene que velar por el cumplimiento de esta obligación y nada se establece sobre la obligatoriedad de ésta de proporcionar dichos murales. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154), esta Dirección General es competente para la incoación y tramitación del presente expediente, así como para su resolución, al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción.

ACUERDO:

Imponer a Ortega y Rodríguez, S.C.P. la sanción de multa de 40.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de diciembre de 1996.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

11) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/858/96.

RESPONSABLE: Carmelo Santana Sánchez. D.N.I. o N.I.F.: 43259782.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 23 de mayo de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Carnicería propiedad de D. Carmelo Santana Sánchez, sita en el Mercado Municipal de Vegueta, puesto 13-14, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 1106 comprobaron que tenía expuestas para su venta al público diversas piezas de carnes frescas de vacuno y porcino, careciendo de los preceptivos murales fotográficos con las distintas piezas anatómicas que integran la canal limpia. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con la Resolución de la Dirección General de Comercio Alimentario de 7 de julio de 1975 (B.O.E. nº 165). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: presentó escrito de alegaciones, el día 22 de noviembre de 1996, manifestando en síntesis lo siguiente: Tenía expuestas para su venta la público diversas piezas de carnes frescas de vacuno y porcino, con murales fotográficos, con las distintas piezas anatómicas. Esta parte debe reconocer que tales murales fueron elaborados por el propio alegante, y si bien podría calificárseles de “elaboración casera”, no por ello, ausentes de diferenciación de las distintas piezas anatómicas, que se encontraban debidamente nominadas e individualizadas. A efectos de prueba, sirva el acta levantada por el Inspector actuante. Los preceptivos murales fotográficos como consta a esa Dirección, no han sido facilitados por esa Consejería a los diferentes comerciantes del sector al no contar, hasta la fecha, con dichos murales, existiendo como únicos murales, que parecen ser admitidos, los facilitados por Fedalime a sus asociados, habiendo sido negado a esta parte por no ser miembro de ella. Considero injusto que se abran a los administrados expedientes sancionadores con imposición de sanciones, cuando es la propia Administración la que no cuenta ni facilita los medios necesarios para el cumplimiento riguroso de la legislación vigente. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el Acuerdo de iniciación y en la Propuesta de Resolución, por cuanto que del acta de inspección se desprende que tenían las piezas fotográficas de cerdo pero no los murales relativos a la carne de vacuno. La normativa vigente exige exponer los preceptivos murales, y es la Administración la que tiene que velar por el cumplimiento de esta obligación y nada se establece sobre la obligatoriedad de ésta de proporcionar dichos murales. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154), esta Dirección General es competente para la incoación y tramitación del presente expediente, así como para su resolución, al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción.

ACUERDO:

Imponer a Carmelo Santana Sánchez la sanción de multa de 40.000 pesetas. Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de diciembre de 1996.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda. 12) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/861/96.

RESPONSABLE: José Juan Benítez Artiles. D.N.I. o N.I.F.: 78441791S.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 23 de mayo de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el puesto de frutas y hortalizas propiedad de D. José Juan Benítez Artiles, sito en el Mercado Municipal de Vegueta, puesto 42, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 1167 comprobaron que tenía expuestos para su venta al público a granel 10 kg de judías verdes y 20 kg de naranjas careciendo tanto las judías verdes como las naranjas de sus preceptivos marcados de precios y etiquetados de normalización. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34, apartados 5 y 6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 2 y 8 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero), en concordancia con el Reglamento (C.E.E.) nº 58 de la Comisión, de 15 de junio de 1962, relativa al establecimiento de normas comunes de calidad para determinados productos del anexo IB del Reglamento nº 23, por el que se establece de forma gradual una organización común de mercado en el sector de las frutas y hortalizas (B.O.E. nº 56, de 7.7.62), en concordancia con el anexo II del Reglamento (C.E.E.) nº 920/89 de la Comisión, de 10 de abril de 1989, por el que se establecen normas de calidad para las zanahorias, los cítricos y las manzanas y peras de mesa (DOCE nº L 97, de 11 de abril de 1989), y con el Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas comercializadas en el mercado interior y Orden de 6 de septiembre de 1972 (B.O.E. nº 218), que aprueba la norma de calidad de naranjas y otros agrios destinados al mercado interior. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: presentó escrito de alegaciones, el día 20 de noviembre de 1996, manifestando en síntesis: En primer lugar poner de manifiesto mi oposición a la incoación de este expediente, por cuanto en el momento de realizarse la inspección a primera horas de la mañana, el compareciente se encontraba colocando la mercancía en el puesto, quedándole tan sólo las cajas de judías verdes y las naranjas, cuyas etiquetas de normalización y el precio de venta al público las tenía él en sus manos como pudo ser observado por el Inspector actuante. El rigor con que se le ha aplicado al compareciente la normativa vigente ha sido exagerado, sobre todo teniendo en cuenta que quien suscribe no es una gran empresa. Al proponerse la imposición de una sanción en cuantía de 75.000 pesetas, se está conculcando el principio de proporcionalidad. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el Acuerdo de iniciación y en la Propuesta de Resolución, por cuanto que la normativa aplicable exige que todos los artículos expuestos incorporen tanto sus preceptivos etiquetados de normalización como sus respectivos P.V.P., circunstancia que en el momento de la inspección no se daba respecto a las judías verdes y las naranjas. La cuantificación de la multa impuesta como sanción se ha realizado atendiendo a los criterios establecidos por la ley. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154), esta Dirección General es competente para la incoación y tramitación del presente expediente, así como para su resolución, al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción.

ACUERDO:

Imponer a José Juan Benítez Artiles la sanción de multa de 75.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de diciembre de 1996.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

13) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/862/96.

RESPONSABLE: Diego Robaina Santana. D.N.I. o N.I.F.: 42519961E.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 23 de mayo de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el puesto de frutas y verduras propiedad D. Diego Robaina Santana, sito en el Mercado Municipal de Vegueta, puesto 44, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 1169 comprobaron que tenía expuestas para su venta al público a granel 2 cajas de tomates de aproximadamente 10 kg de peso cada una y 3 cajas de limones de unos 10 kg de peso cada una, careciendo tanto los tomates como los limones de sus preceptivos etiquetados de normalización. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el Reglamento C.E.E. nº 778/83, de 30 de marzo de 1983 (Nº L 86/14, de 31.3.83), por el que se establecen normas de calidad para los tomates y con el artº. 7 del Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas destinadas al mercado interior y Orden de 10 de diciembre de 1985 (B.O.E. de 17), corrección de errores (B.O.E. de 18.1.86), que aprueba la norma de calidad para tomates frescos destinados al mercado interior, en concordancia con el anexo II del Reglamento (C.E.E.) nº 920/89 de la Comisión, de 10 de abril de 1989, por el que se establecen normas de calidad para las zanahorias, los cítricos y las manzanas y peras de mesa (DOCE nº L 97, de 11 de abril de 1989), y Orden de 6 de septiembre de 1972 (B.O.E. nº 218), que aprueba la norma de calidad de naranjas y otros agrios destinados al mercado interior. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: presentó escrito de alegaciones, el día 15 de noviembre de 1996, manifestando en síntesis: Se pone en conocimiento en primer lugar la posible prescripción de la sanción, pues habiéndose efectuado la visita inspectora el 23 de mayo pasado y notificada al que expone el 11 del presente mes de noviembre, parece que se da esta circunstancia. Es cierto que no existían en las cajas las etiquetas normalizadas, desgraciadamente se ve en la precisión de reconocer voluntariamente su responsabilidad. Que en su momento las etiquetas controvertidas fueron colocadas en su lugar, pero por actuación involuntaria, desprendimiento accidental o tal vez por caída, no se encontraban en su sitio. No ha existido la voluntariedad que califica a la infracción. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el Acuerdo de iniciación y en la Propuesta de Resolución, por cuanto que: 1º) El artº. 8 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, establece que el plazo que tiene la Administración para iniciar un expediente sancionador por infracciones de consumo es de 6 meses desde que finalizan las diligencias para esclarecer los hechos, plazo que ha sido respetado en este expediente. 2º) Reconoce su responsabilidad y aunque se alega la no voluntariedad, el interesado es responsable por realizar una conducta de omisión en su diligencia debida. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154), esta Dirección General es competente para la incoación y tramitación del presente expediente, así como para su resolución, al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción.

ACUERDO:

Imponer a Diego Robaina Santana la sanción de multa de 25.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de diciembre de 1996.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda. Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de octubre de 1997.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.



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