Habiéndose intentado por esta Dirección General, sin haberse podido practicar, la notificación de la Propuesta de Resolución recaída en el expediente incoado con motivo de denuncias o actas de inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo preciso su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Propuesta de Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística. 2.- Se le concede un plazo de 15 días, contados a partir del siguiente de esta notificación, para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes o, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse.
3.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de noviembre de 1997.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN QUE SE CITAN:
1) Vistas las alegaciones correspondientes al procedimiento sancionador nº 97/148, iniciado como consecuencia del acta de inspección nº 5984, realizada el 6 de septiembre de 1995, seguido contra la expedientada Casalanza, S.A., con C.I.F. A-35122472, titular del establecimiento denominado Apartamentos Acuarius, sito en la calle Teide, 6, en Puerto del Carmen, término municipal de Tías, de cuyas actuaciones resulta lo siguiente:
Que con fecha 1 de julio de 1997 se dictó Resolución de iniciación de procedimiento sancionador y posteriormente se formuló el siguiente
HECHO: no facilitar el Libro de Inspección. FECHA DE INFRACCIÓN: 6 de septiembre de 1995. ALEGACIONES: la empresa expedientada, en escrito de fecha 31 de julio de 1997, registro de entrada nº 656, en síntesis ha alegado lo siguiente: Que el libro no se entregó a la Inspección debido al nerviosismo lógico del momento, obrando en el establecimiento desde julio de 1991. Adjunta fotocopia del mencionado libro. Concluye afirmando que no carece de Libro de Inspección, por lo que no existe motivo de sanción. MOTIVACIÓN: examinadas las razones esgrimidas por la empresa expedientada y los documentos aportados, no desvirtúa el hecho infractor, pues lo que se está imputando no es el que careciese de Libro de Inspección, sino el que no se facilitó al Inspector actuante, tal como es preceptivo, debiendo estar siempre a disposición de los Inspectores de Turismo. No obstante lo anterior y habida cuenta de los comentarios alegados por la expedientada y el hecho de que carece de antecedentes, no habiendo sido sancionado por infringir la normativa turística en vigor, se estima debe atenuarse la sanción inicial, por lo que se le aplica la siguiente NORMA SUSTANTIVA INFRINGIDA: artº. 41 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto). TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artº. 76.9, en relación con el artº. 77.7, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril). CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA INFRACCIÓN: leve. SANCIÓN APLICABLE Y ÓRGANO COMPETENTE: corresponde imponer al expedientado una sanción en cuantía no superior a 250.000 pesetas, para cuya imposición es competente el Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95).
Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Imponer a Casalanza, S.A., titular del establecimiento denominado Apartamentos Acuarius, la sanción de 225.000 pesetas.- Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de septiembre de 1997.- El Instructor, Alberto Díaz Santana.
2) Vistas las alegaciones correspondientes al procedimiento sancionador nº 97/168, iniciado como consecuencia del acta de inspección nº 7640, realizada el 24 de septiembre de 1996, seguido contra el expedientado Kishin Naraindas Merwani, con D.N.I. nº 42842969, titular del establecimiento denominado Piscolabis Frogys, sito en la calle Alfredo L. Jones, 42, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, de cuyas actuaciones resulta lo siguiente:
Que con fecha 21 de julio de 1997 se dictó Resolución de iniciación de procedimiento sancionador y posteriormente se formularon los siguientes
HECHOS: 1º) No haber notificado a la Administración turística competente, los precios que rigen en la prestación de los servicios. 2º) Carecer en el establecimiento de las Hojas de Reclamaciones. 3º) No facilitar el Libro de Inspección. 4º) No anunciar la existencia de Hojas de Reclamaciones a disposición de los clientes. FECHA DE LAS INFRACCIONES: 24 de septiembre de 1996. NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artº. 30.1 de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), modificado por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978, en su artículo 2º (B.O.E. de 19 de julio), y en aplicación del artículo 4º de la Orden Ministerial de 19 de junio de 1970 (B.O.E. de 23 de junio). - Artº. 20.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril). - Artº. 41 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto). - Artº. 20.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril). TIPIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES: artículos 76.5, 76.6 y 76.9, en relación con el artº. 77.7, y artº. 77.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril (B.O.C. nº 48, de 19 de abril). CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LAS INFRACCIONES: leve. SANCIÓN APLICABLE Y ÓRGANO COMPETENTE: corresponde imponer al expedientado una sanción en cuantía no superior a 250.000 pesetas, para cuya imposición es competente el Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95). ALEGACIONES: el expedientado, en escrito de fecha 22 de agosto de 1997, registro de entrada nº 5741, en síntesis ha alegado lo siguiente: que tuvieron múltiples dificultades para la apertura, resolviendo las irregularidades inmediatamente, constando que en los otros tres establecimientos que tienen siempre se han respetado y cumplido las normas administrativas. MOTIVACIÓN: examinadas las razones esgrimidas por el expedientado, no quedan desvirtuados los hechos imputados, si bien a la hora de formular la Propuesta de Resolución se tiene en cuenta la circunstancia de carecer de antecedentes, no obrando constancia en los archivos del Negociado de Sanciones de esta Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística el haberse sancionado al titular consignado por infringir la normativa turística en vigor, por lo que se estima debe atenuarse la sanción inicial dada.
Asimismo señalar que por error de transcripción aparece el 4º hecho infractor con una sanción de multa de 150.000 pesetas, debiendo figurar 15.000 pesetas.
Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Imponer a Kishin Naraindas Merwani, titular del establecimiento denominado Piscolabis Frogys, la sanción de 80.000 pesetas por el 1er hecho infractor, 80.000 pesetas por el 2º hecho infractor, 80.000 pesetas por el 3er hecho infractor y 15.000 pesetas por el 4º hecho infractor.
3) Vistas las alegaciones correspondientes al procedimiento sancionador nº 97/169, iniciado como consecuencia de denuncia de fecha 29 de septiembre de 1995, registro de entrada nº 39 y acta de inspección nº 6455, realizada el 9 de noviembre de 1995, seguido contra la expedientada Lanzarote Beach Club Servicios, S.A., con C.I.F. A-35257575, titular del establecimiento denominado Apartamentos Lanzarote Beach Club, sito en Avenida Islas Canarias, parcela 243, en Costa Teguise, término municipal de Teguise, de cuyas actuaciones resulta lo siguiente: Que con fecha 21 de julio de 1997, se dictó Resolución de iniciación de procedimiento sancionador y posteriormente se formularon los siguientes
HECHOS: no facilitar a su cliente, D. José Luis Marote Pérez, las Hojas de Reclamaciones a solicitud de éste, según consta en el acta nº 6455, de 9 de noviembre de 1995. FECHA DE INFRACCIÓN: 25 de septiembre de 1995. NORMA SUSTANTIVA INFRINGIDA: artº. 20.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril). TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artº. 76.6 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril). CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA INFRACCIÓN: grave. SANCIÓN APLICABLE Y ÓRGANO COMPETENTE: corresponde imponer al expedientado una sanción en cuantía no superior a 5.000.000 de pesetas, para cuya imposición es competente el Viceconsejero de Turismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95). ALEGACIONES: la empresa expedientada, en escrito de fecha 10 de septiembre de 1997, registro de entrada nº 6073, en síntesis ha alegado lo siguiente: que el hecho fue motivado por la negligencia de un recepcionista el cual ha sido despedido. MOTIVACIÓN: examinadas las razones esgrimidas por la empresa expedientada no queda desvirtuado el hecho imputado, pues el establecimiento debe facilitar las Hojas de Reclamaciones siempre que cualquier cliente las solicite, sin que haya sido acreditado por la titular que el recepcionista de turno, el 25 de septiembre de 1995, fuese despedido, extremo que de confirmarse podría considerarse a la hora de ponderar la sanción inicial.
Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Imponer a Lanzarote Beach Club Servicios, S.A., titular del establecimiento denominado Apartamentos Lanzarote Beach Club, la sanción de 500.000 pesetas por el hecho infractor.- Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de septiembre de 1997.- El Instructor, Alberto Díaz Santana.
4) Vistas las alegaciones correspondientes al procedimiento sancionador nº 97/172, iniciado como consecuencia de Hoja de Reclamación nº 30819, y del acta de inspección nº 7498, realizada el 7 de octubre de 1996, seguido contra la expedientada Hocisa, S.A., con C.I.F. A-28513216, titular del establecimiento denominado Hotel Astoria, sito en calle Fernando Guanarteme, 54, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, de cuyas actuaciones resulta lo siguiente:
Que con fecha 21 de julio de 1997 se dictó Resolución de iniciación de procedimiento sancionador y posteriormente se formuló el siguiente HECHO: deficiencias en la puerta de entrada a las habitaciones, puertas interiores y armarios del establecimiento consignado, según consta en la Hoja de Reclamación nº 30819A y en el acta de inspección nº 7498. FECHA DE INFRACCIÓN: 7 de octubre de 1996. NORMA SUSTANTIVA INFRINGIDA: artº. 85 de la Orden Ministerial de 19 de julio de 1968 (B.O.E. de 7 de agosto). TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artº. 77.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril). CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA INFRACCIÓN: leve. SANCIÓN APLICABLE Y ÓRGANO COMPETENTE: corresponde imponer al expedientado una sanción en cuantía no superior a 250.000 pesetas, para cuya imposición es competente el Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95). ALEGACIONES: la empresa expedientada, en escrito de fecha 26 de agosto de 1997, registro de entrada nº 5798, en síntesis ha alegado lo siguiente: que la sanción contraviene lo señalado en el artº. 79 de la Ley 7/1995, debiendo ser motivo de apercibimiento lo comprobado por el Inspector, sin que exista reincidencia. MOTIVACIÓN: examinadas las razones esgrimidas por la empresa expedientada, no queda desvirtuado el hecho imputado, habiéndose tenido en cuenta los criterios de ponderación, establecidos en el artº. 79 de la Ley 7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias. No obstante lo anterior significar que, según los datos que obran en los archivos del Negociado de Sanciones de esta Dirección General, la titular consignada ha sido sancionada con anterioridad por infringir la normativa turística, habiéndosele iniciado los siguientes expedientes: 94/023; 95/090; 95/330; 96/035 y 96/126, constando que fue sancionada, según figura en el expediente 94/023, por deficiencias en mobiliario y pintura. Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Imponer a Hocisa, S.A., titular del establecimiento denominado Hotel Astoria, la sanción de 80.000 pesetas.- Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de septiembre de 1997.- El Instructor, Alberto Díaz Santana.
5) Vistas las alegaciones correspondientes al procedimiento sancionador nº 97/174, iniciado como consecuencia de denuncia de fecha 16 de abril de 1996, registro de entrada nº 2233, y acta de inspección nº 7539, realizada el 26 de septiembre de 1996, seguido contra el expedientado Miguel Falcón Suárez, con D.N.I. nº 42497393, titular del establecimiento denominado Hotel Lumi, sito en la calle Colombia, 12, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, de cuyas actuaciones resulta lo siguiente: Que con fecha 21 de julio de 1997, se dictó Resolución de iniciación de procedimiento sancionador y posteriormente se formuló el siguiente HECHO: deficiencias consistentes en mobiliario avejentado y deteriorado, paredes con manchas de suciedad, grifería oxidada, etc., según consta en el acta de inspección nº 7539 y en la denuncia formulada por Dña. Esperanza Encabo de Vicente. FECHA DE INFRACCIÓN: 26 de septiembre de 1996. NORMA SUSTANTIVA INFRINGIDA: artº. 43 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril). TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artº. 77.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril). CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA INFRACCIÓN: leve. SANCIÓN APLICABLE Y ÓRGANO COMPETENTE: corresponde imponer al expedientado una sanción en cuantía no superior a 250.000 pesetas, para cuya imposición es competente el Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95). ALEGACIONES: el expedientado, en escrito de fecha 20 de agosto de 1997, registro de entrada nº 5665, en síntesis ha alegado lo siguiente: que la denunciante abandonó el hotel sin pagar, negándose a darle la llave, no pudiendo retirar sus objetos personales. Alega que el mobiliario está viejo pero no deteriorado e inservible para su uso normal. No obstante está renovándolo. Igualmente señala que el tema de humedades es lógico, por ser un edificio de más de 30 años, siendo ésta la causa, además de siempre que aparecen irlas corrigiendo. MOTIVACIÓN: examinadas las razones esgrimidas por el expedientado, no queda desvirtuado el hecho imputado, si bien, a la hora de formular la Propuesta de Resolución han de tenerse en cuenta las circunstancias alegadas por el titular consignado, así como el hecho de carecer de antecedentes, no obrando constancia de haber sido sancionado por infringir la normativa turística, según datos que obran en los archivos del Negociado de Sanciones de esta Dirección General, por lo que este Instructor estima debe atenuarse la sanción inicial, advirtiéndole asimismo que debe velar por el estado de las instalaciones, con el objeto de que estén en las condiciones idóneas para poder prestar un buen servicio.
Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Imponer a Miguel Falcón Suárez, titular del establecimiento denominado Hotel Lumi, la sanción de 30.000 pesetas por el hecho infractor.- Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de septiembre de 1997.- El Instructor, Alberto Díaz Santana.
6) Vistas las alegaciones correspondientes al procedimiento sancionador nº 97/203, iniciado como consecuencia de denuncia de fecha 24 de septiembre de 1996, registro de entrada nº 728 y acta de inspección nº 7881, realizada el 25 de noviembre de 1996, seguido contra la empresa expedientada Yaiza Canarias, S.A., con C.I.F. A-35093194, titular del establecimiento denominado Apartamentos Las Mimosas, sito en la calle La Lapa, 20, en Puerto del Carmen, término municipal de Tías, de cuyas actuaciones resulta lo siguiente:
Que con fecha 12 de agosto de 1997 se dictó Resolución de iniciación de procedimiento sancionador y posteriormente se formuló el siguiente
HECHO: estar abierto al público en general sin la autorización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño de la actividad turística reglamentada de apartamentos, constando de 24 unidades alojativas. FECHA DE INFRACCIÓN: 25 de noviembre de 1996. NORMA SUSTANTIVA INFRINGIDA: artículos 8 y 12.1 del Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre Ordenación de Apartamentos Turísticos (B.O.C. números 46 y 60, de 3 y 28 de abril, respectivamente). TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artº. 75.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril). CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA INFRACCIÓN: muy grave. SANCIÓN APLICABLE Y ÓRGANO COMPETENTE: corresponde imponer al expedientado una sanción en cuantía no superior a 25.000.000 de pesetas, para cuya imposición es competente el Consejero de Turismo y Transportes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril). ALEGACIONES: la empresa expedientada, en escrito de fecha 11 de septiembre de 1997, registro de entrada nº 6108, en síntesis ha alegado lo siguiente: que dicho complejo no estaba abierto en la explotación turística, sino que tenía contratos de arrendamientos para personas residentes fijos, y que en la fecha de la inspección había clientes de un touroperador porque tenía problemas de ocupación en ese mes, manteniendo un contrato de arrendamiento de vivienda doméstica. MOTIVACIÓN: examinadas las razones esgrimidas por la empresa expedientada no queda desvirtuado el hecho infractor toda vez que, según la denuncia formulada por D. José Antonio De Ara Fernández, como de la manifestación de Dña. Ana Rivero Correa, recepcionista del establecimiento consignado, se deduce que el establecimiento estaba en régimen de explotación turística, extremo no desvirtuado documentalmente por la entidad mercantil expedientada. No obstante lo anterior y habida cuenta que la titular carece de antecedentes, no obrando constancia en los archivos del Negociado de Sanciones de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, de haber sido sancionada por infringir la normativa turística en vigor, es por lo que se estima debe atenuarse la sanción inicial.
Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Imponer a Yaiza Canarias, S.A., titular del establecimiento denominado Apartamentos Las Mimosas, la sanción de cinco millones una (5.000.001) pesetas, por el hecho infractor.- Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de octubre de 1997.- El Instructor, Alberto Díaz Santana.
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