No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles la Resolución recaída en los expedientes incoados contra las mismas, por infracción a la normativa en materia de consumo y conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, la Resolución recaída en los expedientes que les han sido instruidos por infracción a la legislación en materia de consumo.
Los interesados podrán interponer recurso ordinario contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. 2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.
1) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/102/96, instruido por esta Dirección General contra Cocinas Díaz Suárez, S.L., con domicilio en la Avenida de Canarias, 321, Vecindario, y estando de acuerdo con la propuesta formulada por el Instructor.
Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).
Resultando: que el día 19 de diciembre de 1995, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Bazar Hermanos Matías, propiedad de Cocinas Díaz Suárez, S.L., sito en la Avenida de Canarias, 321, planta B, del término municipal de Santa Lucía de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto (nº 44.591) procedieron a cumplimentar la reclamación, registro de entrada nº 777 de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, de fecha 15 de diciembre de 1995, por no facilitar las Hojas de Reclamaciones y comprobaron que dicho bazar carecía efectivamente de las preceptivas Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de las mismas.
Resultando: que como consecuencia de ello se formuló Acuerdo de iniciación indicando que infringía lo dispuesto en el artº. 34.9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 148).
Resultando: que al no tener constancia de la notificación personal del mismo por el Servicio de Correos y a tenor de lo establecido en los artículos 58 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la notificación es un derecho del interesado.
Considerando que de conformidad con los artículos 24 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y 43.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente debe entenderse caducado. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo en el artículo 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo,
ACUERDO:
El sobreseimiento de las diligencias contra Cocinas Díaz Suárez, S.L. por caducidad y el archivo del expediente nº 35/102/96 sin más trámite.
Contra la presente Resolución que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de agosto de 1996.- El Director General de Consumo.
2) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/692/96, instruido por esta Dirección General contra Betes Cosméticos, S.L., con domicilio en la Avenida de Canarias, 119, Vecindario, y estando de acuerdo con la propuesta formulada por el Instructor.
Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).
Resultando: que el día 8 de mayo de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron una visita de inspección en Perfumería Salón Rosa, propiedad de Betes Cosméticos, S.L., sito en la Avenida de Canarias, 119, del término municipal de Santa Lucía de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto (nº 927) comprobaron que el establecimiento carecía en el momento de la inspección, de las preceptivas Hojas de Reclamaciones y cartel anunciador de su existencia, a disposición de los consumidores y usuarios.
Resultando: que como consecuencia de ello se formuló Acuerdo de iniciación con fecha 14 de octubre de 1996, indicando que infringía lo dispuesto en el artº. 34.9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 2 y 3 del Decreto 25/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148). Resultando: que la infracción fue calificada como leve.
Resultando: que se comunicó el Acuerdo de iniciación al Instructor y se ordenó que simultáneamente se notificase al interesado.
Resultando: que no pudo practicarse la notificación personal del mismo por el Servicio de Correos, puesto que el certificado fue devuelto.
Considerando que de conformidad con los artículos 24 del Real Decreto 1.398/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente debe entenderse caducado.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo en el artículo 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo,
ACUERDO:
El sobreseimiento de las diligencias contra Betes Cosméticos, S.L. y el archivo del expediente nº 35/692/96 sin más trámite.
Contra la presente Resolución que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de abril de 1997.- El Director General de Consumo.
3) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/1138/96.
RESPONSABLE: Garbor Modas, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B35415439.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 28 de junio de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron una visita de inspección en Modas Garbor-Lorenza, propiedad de Garbor Modas, S.L., sito en la Avenida de Canarias, 449, del término municipal de Santa Lucía de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto (nº 1285) comprobaron que tenía expuestos para su venta al público en el escaparate exterior, 5 conjuntos femeninos de distintas marcas y modelos, 4 vestidos femeninos de distintas marcas y modelos y 2 pantalones cortos femeninos de distintos modelos careciendo del preceptivo marcado de precios de venta al público visible desde el exterior o en relación al campo visual en que están expuestos. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 2 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el día 9 de diciembre de 1996, el interesado presentó escrito de alegaciones manifestando, en síntesis, lo siguiente: Que como se recoge en el acta de inspección la compareciente manifiesta que cambiaron el escaparate en el día de ayer con motivo de las rebajas. Como se puede comprobar en dicha acta los Inspectores se personaron en el local que represento a la hora de abrir el comercio, o sea a las 9,30 horas; por lo que al haber terminado de colocar el escaparate en el día anterior y por la noche no había dado tiempo al personal del local objeto de inspección a colocar los preceptivos precios de venta al público. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertidos en el Acuerdo de iniciación y en la Propuesta de Resolución, por cuanto que tenían en el escaparate exterior varios artículos descritos en el acta de inspección nº 1285 y Acuerdo de iniciación, cuyos precios de venta al público no eran visibles desde el exterior, para que cualquier comprador esté en condiciones de conocer el precio de los artículos expuestos en el escaparate sin necesidad de entrar en el establecimiento.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154), esta Dirección General es competente para la incoación y tramitación del presente expediente, así como para su resolución al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción.
ACUERDO:
Imponer a Garbor Modas, S.L. la sanción de multa de 50.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de diciembre de 1996.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
4) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/1662/96.
RESPONSABLE: José Hernández Arbelo. D.N.I. o N.I.F.: 43265825L.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 30 de agosto de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron una visita de inspección en el taller de mecánica de automóviles, propiedad de D. José Hernández Arbelo, sito en la calle Ecuador, 73, planta B, del término municipal de Santa Lucía de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto (nº 1815) comprobaron que el taller carecía de la placa distintivo de taller, cartel de precios aplicables por hora de trabajo, cartel de garantía de reparación por 3 meses o 2.000 kilómetros, facturas, resguardo de depósitos, presupuestos y Hojas de Reclamaciones. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.1, 3.3.2 y 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 6º, 12º y 19º.j) del Real Decreto 1.457/1986, de 10 de enero (B.O.E. nº 169), por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154), esta Dirección General es competente para la incoación y tramitación del presente expediente, así como para su resolución al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción.
ACUERDO:
Imponer a José Hernández Arbelo la sanción de multa de 60.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de marzo de 1997.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de noviembre de 1997.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
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