BOC - 1997/162. Miércoles 17 de Diciembre de 1997 - 3956

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo y Transportes

3956 - RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 1997, de la Dirección General de Transportes, por la que se notifica la Resolución de 22 de julio de 1997, de este Centro Directivo, relativa a recurso de revisión interpuesto por Transgesco Canarias, S.L.

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Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a Transgesco Canarias, S.L. la Resolución de 22 de julio de 1997, que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de revisión, expediente nº GC-2354/0/95, interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Transportes Terrestres, de 23 de mayo de 1996.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria) la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de octubre de 1997.- El Director General de Transportes, Miguel Dalmacio Benítez Cruz.

A N E X O

Resolución por la que se resuelve el recurso de revisión interpuesto por Transgesco Canarias, S.L.

Visto el recurso de revisión formulado por Transgesco Canarias, S.L., contra la Resolución de la Dirección General de Transportes Terrestres, de 23 de mayo de 1996, recaída en el expediente sancionador nº GC-2354/0/95, y teniendo a la vista lo siguiente:

Resultando que como consecuencia de denuncia de la Guardia Civil se incoó expediente sancionador por carecer de tarjeta de transportes en servicio público de mercancías. Resultando que contra Transgesco Canarias, S.L., titular del vehículo denunciado, se dictó Resolución sancionadora el 23 de mayo de 1996 (nº de registro de salida 2584, de 28.5.96), imponiéndose sanción por una cuantía de 50.000 pesetas, en virtud de los artículos 90 y 140.a), en relación con el artº. 141.o) de la Ley 16/1987, de 30 de julio.

Resultando que tras haber transcurrido el plazo para la interposición de recurso administrativo ordinario, sin que por parte del denunciado se hiciera uso de este derecho, devino la Resolución sancionadora en firme y definitiva, dándose traslado a la Consejería de Economía y Hacienda para que efectuara el cobro de la sanción.

Resultando que por Transgesco Canarias, S.L. se ha interpuesto recurso extraordinario de revisión en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, alegando, en síntesis, que el vehículo tenía tarjeta de transportes.

Considerando que el Director General de Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso, según lo establecido en el artº. 118 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto y Decreto 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Considerando que se ha comprobado que el vehículo tenía autorizada la tarjeta de transportes con todos los requisitos, no siendo imputable a la empresa titular que el vehículo no la tuviese en el momento de la denuncia.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación,

D I S P O N G O:

Estimar el presente recurso y revocar la Resolución de la Dirección General de Transportes, de 23 de mayo de 1996 (nº de registro de salida 2584, de 28.5.96).

Contra la presente Resolución cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación previa la comunicación al órgano que dictó la presente Resolución, exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.



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