En cumplimiento de lo dispuesto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, en el recurso nº 1.996/1997, interpuesto por la Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores de Canarias (F.S.P.-U.G.T.), por la Federación Sindical de Administración Pública de Comisiones Obreras de Canarias y por la Intersindical Canaria, contra el Decreto 161/1997, de 11 de julio, sobre delegación de funciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares, en materia de servicios forestales, protección del medio ambiente y la gestión y conservación de Espacios Naturales Protegidos, y dado que el acto objeto de la impugnación afecta a una pluralidad de administrados por determinar, supuesto subsumible en lo dispuesto en el artículo 59.5.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta Dirección General, conforme a lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modificado por la Ley 10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal,
R E S U E L V E:
Emplazar a cuantos aparezcan como interesados en el recurso contencioso-administrativo nº 1.996/1997, para que puedan comparecer ante la mencionada Sala en el plazo de nueve días, a partir de la publicación de la presente Resolución.
Santa Cruz de Tenerife, a 27 de octubre de 1997.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan José Rodríguez y Rodríguez.
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