BOC - 1997/160. Viernes 12 de Diciembre de 1997 - 3857

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo y Transportes

3857 - RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 1997, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica la Resolución de 22 de mayo de 1997, de este Centro Directivo, relativa al recurso ordinario nº 267/96 interpuesto por Dña. Concepción Sánchez Robaina, en representación de Servicios Turísticos de Gran Canaria, S.L.

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Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente-interesado.

Visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a Dña. Concepción Sánchez Robaina, en representación de Servicios Turísticos de Gran Canaria, S.L., la Resolución de 22 de mayo de 1997 (libro nº 1, folio 37, número 274), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario nº 267/96 (expediente nº GC-2561-0-95), interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Transportes, de fecha 13 de mayo de 1996.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de octubre de 1997.- La Secretaria General Técnica, Rosa María Rodríguez Martín.

A N E X O

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes por la que se resuelve el recurso ordinario interpuesto por Dña. Concepción Sánchez Robaina, en representación de Servicios Turísticos de Gran Canaria, S.L.

Visto el recurso ordinario formulado por Dña. Concepción Sánchez Robaina, en representación de Servicios Turísticos de Gran Canaria, S.L., contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 13 de mayo de 1996, recaída en el expediente sancionador nº GC-2561-0-95, y teniendo a la vista los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO Primero.- La Resolución recurrida se basa fácticamente en realizar el vehículo matrícula GC-2472-BB un transporte de alquiler sin conductor sin llevar a bordo la tarjeta de transportes, dando lugar a la sanción de cinco mil (5.000) pesetas. Segundo.- El recurso ordinario interpuesto alega, en resumen, que aporta documentación acreditativa de que el día de la denuncia la tarjeta de transportes se encontraba en el Cabildo para su renovación, solicitando, en definitiva, se deje sin efecto la sanción impuesta.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Secretaria General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden Departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), por la que se le delega la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos del Departamento en materia de turismo y de transportes.

Segundo.- La tramitación del expediente sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el capítulo IV del título VI del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, según nueva redacción dada al mismo en el anexo I del Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan determinados procedimientos administrativos en materia de transportes y carreteras a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Tercero.- Las argumentaciones esgrimidas por la recurrente alteran los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 13 de mayo de 1996, que se adoptó en base a lo dispuesto en el artículo 142.b) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y artículo 199.b) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, y Orden Ministerial de 14 de junio de 1993, por la que se considera infracción administrativa leve, el realizar transportes públicos o privados sin llevar a bordo del vehículo la documentación formal que acredite la posibilidad legal de prestar los mismos.

En efecto, a la vista de la documentación aportada por la recurrente, así como de sus alegaciones, se desprende que en el momento de la denuncia, 21 de agosto de 1995, el vehículo GC-2472-BB realizaba un transporte de alquiler sin conductor sin llevar a bordo la autorización de transporte, que en esos momentos se encontraba en el Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria. En consecuencia y como quiera que no existió intencionalidad en incurrir en la infracción imputada, procede estimar el recurso interpuesto, revocando la Resolución sancionadora. Cuarto.- La presente Resolución no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resultas en otros anteriores, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,

R E S U E L V O:

Estimar, en todos sus términos, el recurso ordinario promovido por Dña. Concepción Sánchez Robaina, en representación de Servicios Turísticos de Gran Canaria, S.L., y revocar la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 13 de mayo de 1996, recaída en el expediente sancionador nº GC-2561-0-95, que determinó la imposición de una sanción de cinco mil (5.000) pesetas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa la comunicación al órgano que dictó la presente Resolución exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.



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