BOC - 1997/146. Miércoles 12 de Noviembre de 1997 - 3497

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Industria y Comercio

3497 - RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 1997, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica la Orden de esta Consejería que resuelve el recurso ordinario interpuesto por D. José Manuel Rivas Currás, titular de una instalación de radiodiagnóstico dental, contra la sanción impuesta al citado establecimiento por la Dirección General de Industria y Energía en virtud de Resolución de 2 de mayo de 1997, recaída en el expediente sancionador de referencia ESX-148/96 por infracción de la normativa sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico.

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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a D. José Manuel Rivas Currás la Orden de 15 de septiembre de 1997 (libro 01, folio 887), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía recaída en el expediente nº 35-31-97.

2.- Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos. Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de octubre de 1997.- El Secretario General Técnico, José Trasobares de Dios.

A N E X O

Orden de 15 de septiembre de 1997, por la que se resuelve el recurso ordinario interpuesto por D. José Manuel Rivas Currás, titular de una instalación de radiodiagnóstico dental, contra la sanción impuesta al citado establecimiento por la Dirección General de Industria y Energía en virtud de Resolución de fecha 2 de mayo de 1997, recaída en el expediente sancionador de referencia ESX-148/96 por infracción de la normativa sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico.

Visto el recurso ordinario interpuesto por D. José Manuel Rivas Currás, titular de una instalación de radiodiagnóstico dental, contra la sanción impuesta al citado establecimiento por la Dirección General de Industria y Energía en virtud de Resolución de fecha 2 de mayo de 1997, recaída en el expediente sancionador de referencia ESX-148/96, por infracción de la normativa sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 12 de abril de 1996, en trámite de actuaciones previas a la posible incoación de expediente sancionador, la Dirección General de Industria y Energía comunica a D. José Manuel Rivas Currás, titular de una instalación de radiodiagnóstico dental, que se dispone de información sobre la existencia de tal instalación de la que no consta en los archivos la presentación de la preceptiva declaración según lo dispone el artículo 8 del Real Decreto 1.891/1991, ni tampoco la remisión de la correspondiente documentación a la Dirección General de Energía del Ministerio de Industria y Energía con anterioridad al 3 de mayo de 1992, para ser tramitada por la normativa anterior al citado Real Decreto 1.891/1991 antes de su entrada en vigor. Por todo ello, se le comunica que su instalación carece de la inscripción registral reglamentaria. Asimismo se le informa que tales hechos son constitutivos de infracción leve sancionables con multas que van desde cincuenta mil (50.000) a cinco millones (5.000.000) de pesetas, concediéndole un plazo de diez días para presentar las alegaciones pertinentes acerca de la infracción que se le imputa.

Segundo.- Con fecha 26 de abril de 1996, D. José Manuel Rivas Currás presenta escrito de alegaciones en el que manifiesta que la instalación de su titularidad ubicada en la calle Mesa y López, 1 - 1º XI, ha sido dada de alta provisionalmente en esa dirección el 20 de abril de 1996 en el Servicio de Radioprotección Las Torres, S.L., con retraso pensando en su traslado en el mes de mayo.

Tercero.- Con fecha 26 de noviembre de 1996, el Jefe del Servicio de Industria de la Dirección General de Industria y Energía comunica a D. José Manuel Rivas Currás que no habiéndose presentado aún la preceptiva declaración, dada la persistencia en el incumplimiento de lo previsto en el artículo 8.1 del Real Decreto 1.891/1991, de 30 de diciembre, le será remitido en breve un escrito de notificación de iniciación de expediente sancionador.

Cuarto.- El Director General de Industria y Energía ordena la apertura de expediente sancionador a D. José Manuel Rivas Currás, mediante acuerdo de fecha 16 de diciembre de 1996, en el que se designa al efecto un instructor y una secretaria y se le informa al presunto responsable de la posibilidad de reconocer voluntariamente su responsabilidad en el hecho imputado, produciendo los efectos previstos en el artículo 8 del Real Decreto 1.398/1993.

Quinto.- El 17 de enero de 1997 tiene entrada en este Departamento escrito de D. José Manuel Rivas Currás por el que comunica a la Dirección General de Industria y Energía que ha cerrado la consulta dental de Mesa y López por traslado a la Península, aportando como prueba copia del alta en el Impuesto de Actividades Económicas en la Península.

Sexto.- En contestación al escrito precedente de D. José Manuel Rivas Currás, la Dirección General de Industria y Energía le notifica con fecha 3 de febrero de 1997 que su traslado al municipio de Padrón en La Coruña deja sin efecto el requerimiento de la presentación de la declaración del equipo ante este Departamento, pero no evita la prosecución del expediente sancionador incoado con la referencia ESX-148/96, ya que atañe a una infracción cometida con anterioridad al traslado.

Séptimo.- El Jefe de Servicio de Industria emite Propuesta de Resolución con fecha 18 de febrero de 1997 en base a las actuaciones previas a la posible apertura de expediente sancionador, por la que se propone que se sancione a D. José Manuel Rivas Currás con multa de cincuenta mil (50.000) pesetas, por tener en funcionamiento una instalación con aparatos productores de radiaciones ionizantes, sin haber formulado la preceptiva declaración exigida por el artículo 8 del Real Decreto 1.891/1991 en el plazo concedido al efecto que finalizaba el día 3 de enero de 1996, hecho tipificado en principio como infracción leve en el artículo 16.2.1.a) del precitado Real Decreto.

Octavo.- En contestación a la Propuesta de Resolución, el 10 de marzo de 1997, D. José Manuel Rivas Currás remite escrito de contestación en el que hace las siguientes manifestaciones:

1.- Que debido a que nunca se llegó a efectuar el traslado del equipo referido en su escrito de 26 de abril de 1996 durante el trámite de actuaciones previas a otro local de la Comunidad Autónoma Canaria, el equipo ha permanecido desmontado y embalado hasta su traslado a la Península, cuyo justificante afirma haber enviado en otra carta anterior.

2.- No se cumplen los requisitos referidos en el expediente sancionador, ya que el aparato no se hallaba en condiciones de funcionar desde antes de la fecha 3 de enero de 1996, por lo que no tenía sentido proceder a su legalización.

Noveno.- Con fecha 18 de marzo de 1997, el Jefe de Servicio de Industria le informa que no obra en el expediente ningún justificante de que el equipo hubiese sido desmontado y embalado con motivo de su traslado a la Península, como se afirma en el escrito de 4 de marzo de 1997.

Décimo.- Con fecha 2 de mayo de 1997, el Director General de Industria y Energía dicta Resolución por la que se impone una sanción a D. José Manuel Rivas Currás de cincuenta mil (50.000) pesetas, por no haber declarado una instalación de radiodiagnóstico médico conforme obliga la normativa vigente.

Undécimo.- Con fecha 15 de mayo de 1997, D. José Manuel Rivas Currás interpone recurso ordinario contra la Resolución de 2 de mayo de 1997, del Director General de Industria y Energía, por el cual afirma que no presentó la declaración del equipo de rayos X por entender que sólo había que dar de alta un aparato de rayos X operativo y en funcionamiento, cuyo supuesto derecho no tenía lugar en su caso, tal como se hubiera podido comprobar con la visita de los funcionarios actuantes de este Departamento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- En relación a los requisitos de admisibilidad no hay que hacer objeción alguna por cuanto ha sido interpuesto en tiempo y forma de acuerdo con los requisitos exigidos por el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Segundo.- La Resolución objeto de recurso tiene su fundamento jurídico en los artículos 8, 16.2.1.a), 16.3 y la Disposición Transitoria Cuarta del Real Decreto 1.891/1991, de 30 de diciembre, sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X, con fines de diagnóstico médico. El supuesto fáctico constitutivo de infracción fue el estar en funcionamiento una instalación de radiodiagnóstico no declarada en el plazo preceptivo que finalizaba el 3 de enero de 1996 para su normalización.

Tercero.- El objeto del Real Decreto 1.891/1991 referido en su artículo primero es la regulación del funcionamiento de los equipos e instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico. En este sentido se expresa el artículo 8 del Real Decreto mencionado al disponer textualmente que “la puesta en funcionamiento de las instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico deberá ser declarada por sus titulares ante la Dirección Provincial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en cuya demarcación estuviera ubicada la instalación”, uno de cuyos requisitos es la presentación de la declaración sobre las previsiones de uso de la instalación y de sus condiciones de funcionamiento.

Del Certificado emitido por el Jefe de Protección Radiológica de la Unidad de PR. Radioprotección Las Torres, S.L., con fecha 26 de diciembre de 1995, sobre la contratación de la instalación de radiodiagnóstico médico propiedad de D. José Rivas Currás se desprende la voluntad de su titular de cumplir con la obligación reglamentaria establecida en el artículo 8 del Real Decreto 1.891/1991 dentro del plazo reglamentario que finalizaba el 3 de enero de 1996, que no pudo llevarse a cabo en el plazo señalado ante el elevado número de solicitudes presentadas a finales de 1995 en la referida Unidad de Protección. Aceptado este argumento provisionalmente por la Dirección General de Industria y Energía y transcurrido el plazo considerablemente sin la presentación de la declaración preceptiva dispuesta en el artículo 8 del Real Decreto 1.891/1991, se le notifica con fecha 26 de noviembre de 1996 al titular de la instalación la iniciación de expediente sancionador ante la persistencia en el incumplimiento del artículo 8 del Real Decreto 1.891/1991.

No obstante, ante las alegaciones del titular de la instalación sobre la inoperatividad del equipo de radiodiagnóstico debido a la tramitación del traslado de su lugar de trabajo a La Coruña, lo cual se acredita definitivamente con el certificado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en la citada provincia de fecha 14 de noviembre de 1996, y dado que en el presente caso no figuró en ningún momento en los listados de Centros Médicos, provistos de equipos de radiodiagnóstico médico, remitidos a este Departamento por el Servicio Canario de la Salud, con motivo de las inspecciones realizadas de forma periódica a los citados Centros, debe estimarse el presente recurso ante la falta de prueba sobre el funcionamiento efectivo del equipo objeto de sanción, en aplicación del principio de presunción de inocencia, recogido en el artículo 24.2 de la Constitución Española y el artículo 137.1 de la Ley 30/1992, que establece al respecto que los procedimientos sancionadores respetarán la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.

Cuarto.- De acuerdo con la Disposición Final Primera del Real Decreto 1.891/1991, las competencias que corresponden al Ministerio de Industria y Energía en este Real Decreto se entenderán atribuidas a las Comunidades Autónomas con competencia ejecutiva en materia de industria, de las cuales se excluye la de inspección que corresponde al Consejo de Seguridad Nuclear, hasta la entrada en vigor del Convenio suscrito con el Consejo de Seguridad Nuclear, en virtud de lo dispuesto en el apartado 2.A).o) del artículo 15 del Decreto 64/1997, de 30 de abril, por el que se modifica el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, limitando su actuación al control de las instalaciones de radiodiagnóstico médico a través de la presentación en sus dependencias de la declaración preceptiva de la instalación de radiodiagnóstico médico, su inscripción registral o, en su caso, sancionar el incumplimiento de estas condiciones reglamentarias, de acuerdo con lo dispuesto en los artículo 8, 9, 16 y siguientes del Real Decreto 1.891/1991, de 30 de diciembre, motivo por el cual no se procedió a la comprobación “in situ” aludida por la parte interesada al objeto de comprobar la veracidad de sus declaraciones.

VISTOS

Además de los preceptos legales citados, los Decretos Territoriales 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, y 323/1995, de 10 de noviembre, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, modificado por el Decreto 64/1997, de 30 de abril, así como la legislación del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones de general o particular aplicación.

Por todo lo cual, el Consejero de Industria y Comercio en el ejercicio de sus competencias,

ACUERDA

Estimar el recurso ordinario interpuesto por D. José Manuel Rivas Currás, titular de una instalación de radiodiagnóstico dental, contra la Resolución dictada por la Dirección General de Industria y Energía el día 2 de mayo de 1997, recaída en el expediente sancionador de referencia ESX-148/96, por la que se sanciona al recurrente por la comisión de una infracción de la normativa sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico. Contra el presente acto que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa la comunicación a la Consejería de Industria y Comercio, exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Industria y Comercio, Francisco de la Barreda Pérez.



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