Habiendo sido intentada la notificación de la Orden del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 51/97, incoado por la Viceconsejería de Administración Pública a Dña. Rosa Amor Herrero Pérez, titular del establecimiento Cafetería San Antonio, por infracción a la normativa sobre el juego, sin que haya podido practicarse al interesado, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación.
Orden del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, por la que se resuelve el expediente sancionador nº 51/97 incoado a Dña. Rosa Amor Herrero Pérez, titular del establecimiento Cafetería San Antonio, por infracción a la normativa sobre el juego.
Examinado el expediente nº 51/97, tramitado por la Instrucción de expedientes sancionadores de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, incoado a Dña. Rosa Amor Herrero Pérez, titular del establecimiento Cafetería San Antonio, por infringir la normativa sobre el juego. Vista la propuesta formulada por la Viceconsejería de Administración Pública.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Con fecha 21 de marzo de 1997, tuvo entrada escrito de D. Alberto Alonso Ledesma, en representación de la empresa operadora de máquinas recreativas Oper Tenerife, S.A., en el que denuncia que en la Cafetería San Antonio, sita en la calle Doctor Antonio González, Edificio Polsa, 15, La Laguna y arrendada por Dña. Rosa Amor Herrero Pérez, tiene apartada y desconectada de la red eléctrica la máquina recreativa de tipo B, TF-B-15.994 y con vigencia de Boletín de Instalación hasta el día 30 de octubre de 1997, lo que constituye una falta muy grave según lo dispuesto en el artº. 39.23 del vigente Reglamento de Máquinas.
2º) Con fechas 7 y 14 de abril de 1997, fueron levantadas actas de apercibimiento e infracción respectivamente por funcionarios adscritos al Servicio de Inspección del Juego de esta Consejería, dando cuenta que en el establecimiento Cafetería San Antonio, sita en La Laguna, calle Doctor Antonio González, 15, Edificio Polsa, en el momento de la inspección se encontraba instalada, desconectada y vuelta hacia la pared sin funcionar sin motivo aparente, la máquina recreativa del tipo B, TF-B-15.994, nº de Guía de Circulación 1256969, modelo nº B-1981, nº de serie 96.722, propiedad de la empresa operadora nº 518, Oper Tenerife, S.A.
3º) A la vista de los hechos, mediante Providencia dictada por el Viceconsejero de Administración Pública de fecha 14 de mayo de 1997, se ordenó la incoación de expediente sancionador por infracción a la normativa sobre el juego, procediéndose a nombrar Instructor del mismo y a formular Pliego de Cargos al inculpado.
4º) Notificada la Providencia y Pliego de Cargos, por el inculpado y en el plazo concedido al efecto no se presentaron las correspondientes alegaciones, pese a haber recibido la notificación con fecha 20 de mayo de 1997, según consta en el acuse de recibo.
5º) Con fecha 5 de junio de 1997, por el Instructor del expediente se procedió a dictar Propuesta de Resolución, en la que propuso que por el Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales se sancione a Dña. Rosa Amor Herrero Pérez, titular del establecimiento Cafetería San Antonio, con multa de un millón de pesetas por la comisión de los hechos descritos constitutivos de infracción a lo dispuesto en el artº. 22 del Decreto 93/1988, de 31 de mayo, en la redacción operada por el Decreto 89/1990, de 23 de mayo (B.O.C. nº 80, de 29.6.90), en cuya virtud el deber de permanencia de las máquinas de juego en los locales donde estuviera autorizada su instalación, se prorrogará automáticamente por plazos sucesivos de doce meses, si con anterioridad al último mes de vigencia del plazo corriente, no se hace por alguna de las partes manifestación expresa en contrario, notificada a la otra parte por medio fehaciente. Asimismo, durante los períodos de vigencia del Boletín de Instalación los cambios de titularidad que puedan producirse, tanto en lo referente al local, como a la empresa operadora, no serán causa de extinción de la validez de dicho Boletín, quedando subrogado el nuevo o nuevos titulares en los derechos y obligaciones contraídos por los anteriores.
6º) Notificada la Propuesta de Resolución, por la inculpada y fuera del plazo concedido al efecto se presentaron las correspondientes alegaciones, manifestando en síntesis lo siguiente:
a) En primer lugar niegan la certeza y veracidad de los hechos que se narran en los antecedentes de la Propuesta de Resolución, pues no es cierto que la compareciente tenga desconectada la máquina recreativa allí indicada, ya que lo único ocurrido es que fue desconectada por la empresa operadora titular de la misma, en venganza de que la compareciente puso en el establecimiento otra máquina recreativa propiedad de otra empresa operadora y entonces Oper Tenerife, S.A. alegó falta de rentabilidad de la máquina, ya que según ellos, en el bar no se recaudaba lo suficiente para dos máquinas recreativas.
Si cuando fueron levantadas las actas de apercibimiento y de infracción por los Inspectores del Juego, la máquina objeto de litis se encontraba sin funcionar, ello es simplemente debido a que la empresa operadora fue la que la desconectó, alegando que la misma se encontraba averiada y que cuando le llegaran los repuestos procederían a arreglarla, lo cual no se ha producido porque hasta la fecha no han procedido a conectarla.
b) Por otra parte, entienden que el presente expediente se basa en las manifestaciones y la denuncia presentada por la empresa operadora Oper Tenerife, S.A. y cuyo contenido de la denuncia no ha sido probado por dicha empresa a quien, junto con la Administración le corresponde probar que los hechos pueden ser merecedores de una infracción y sanción administrativa, en aplicación de los principios inspiradores del Derecho Administrativo Sancionador, siendo claro que la Administración soporta la carga de probar los elementos de hecho integrante al tipo de la infracción administrativa en virtud del derecho a la presunción de inocencia que requiere una mínima actividad probatoria producida con las debidas garantías, que de algún modo pueda ser considerada prueba de cargo. Y en el presente supuesto la Administración no ha probado que sea la inculpada la que haya desconectado la máquina recreativa objeto de litis, no existiendo además motivos para realizar tal actuación, pues lo que le interesa es que funcione la máquina para obtener mayor recaudación y por ende mayores beneficios. Por todo lo expuesto se solicita el sobreseimiento del presente expediente sancionador en lo que respecta a la presunta responsabilidad de la manifestante.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las competencias funcionales en esta materia se encuentran reguladas en la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias, y en el Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de esta Comunidad Autónoma, modificado parcialmente por los Decretos 132/1989, de 1 de junio (B.O.C. nº 97, de 17.7.89), y 89/1990, de 23 de mayo (B.O.C. nº 80, de 29.6.90).
Segunda.- De conformidad con lo previsto en el artº. 7.5.b) del Decreto 321/1995, de 10 de noviembre, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, el Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales es competente para intervenir en la resolución de este expediente. Tercera.- El procedimiento seguido en la tramitación de este expediente se ajusta a lo dispuesto en el artº. 43 del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo, no presentándose por el interesado los correspondientes descargos y alegaciones en tiempo y forma; y procediéndose a resolver el mismo de conformidad con lo establecido en el artº. 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Cuarta.- Las alegaciones de la inculpada no desvirtúan los cargos imputados ni su correspondiente calificación jurídica, por cuanto ha quedado probado en el presente expediente sancionador, no sólo a través de la denuncia de la empresa operadora titular de la máquina y de las actas levantadas por el Servicio de Inspección del Juego y las Apuestas con motivo de dicha denuncia, en las que constatan que la máquina recreativa en cuestión se encontraba desconectada y sin funcionar sin motivo aparente, sino por la propias declaraciones contenidas en el acta de apercibimiento donde la compareciente tras hablar con el que ella dijo ser marido de la titular del establecimiento manifestó que se levantara el acta que correspondiera no haciéndose ninguna manifestación en contra ni tan siquiera los motivos de por qué la máquina se encontraba en las circunstancias denunciadas. En cuanto a las manifestaciones vertidas sobre el esencial paralelismo entre los principios que por su naturaleza informa el Derecho Penal y el Derecho Administrativo Sancionador, ha de recordarse que las garantías del proceso penal no son sin más, trasladables con todas sus consecuencias al Procedimiento Administrativo Sancionador, siendo reiteradísima la doctrina del Tribunal Constitucional en el sentido de que el Procedimiento Administrativo Sancionador a diferencia de lo que ocurre en el proceso penal, el llamado expediente no es una simple denuncia, sino que constituye por sí mismo actividad probatoria, que puede ser de cargo, y por tanto suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia (S.T.C. 14/1997, de 28 de enero y 76/1990, de 26 de abril).
En el presente caso, ha existido tanto la prueba de cargo (denuncia y posterior comprobación de los hechos denunciados por el Servicio de Inspección del Juego y las Apuestas), como de descargo (alegaciones del inculpado), al que no le basta con negar los hechos. Quinta.- Habiendo quedado probado que en el establecimiento Cafetería San Antonio, sito en La Laguna, calle Doctor Antonio González, Edificio Polsa, 15, cuya titularidad la ostenta Dña. Rosa Amor Herrero Pérez en calidad de arrendataria, se encontraba instalada, desconectada y vuelta hacia la pared sin funcionar sin motivo aparente, la máquina recreativa del tipo B, TF-B-15.994, propiedad de la empresa operadora nº 518, Oper Tenerife, S.A., con vigencia de Boletín de Instalación hasta el día 30 de octubre de 1997, incumpliendo el plazo de permanencia que para las máquinas recreativas se determina en el artículo 22 del Decreto 89/1990, de 23 de mayo, que modifica la redacción dada por el Decreto 93/1988, de 31 de mayo.
Sexta.- Los hechos descritos suponen infracción al artº. 22 del Decreto 93/1988, de 31 de mayo; en la redacción operada por el Decreto 89/1990, de 23 de mayo (B.O.C. nº 80, de 29 de junio); tipificándose como falta muy grave, el no respetar el plazo mínimo de permanencia que para las máquinas de juego se determina en el artº. 22 del Reglamento, a tenor de lo dispuesto en el artº. 39.23 del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo; y sancionándose con una multa de un millón de pesetas conforme a los artículos 42 del mismo texto reglamentario y 22 de la citada Ley 6/1985, de 30 de diciembre.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,
R E S U E L V O:
Sancionar a Dña. Rosa Amor Herrera Pérez, como titular del establecimiento Cafetería San Antonio, con multa de un millón de pesetas, por haberse comprobado que en el citado establecimiento, sito en La Laguna, calle Doctor Antonio González, Edificio Polsa, 15, cuya titularidad la ostenta Dña. Rosa Amor Herrero Pérez en calidad de arrendataria, se encontraba instalada, desconectada y vuelta hacia la pared sin funcionar sin motivo aparente, la máquina recreativa del tipo B, TF-B-15.994, propiedad de la empresa operadora nº 518, Oper Tenerife, S.A., con vigencia de Boletín de Instalación hasta el día 30 de octubre de 1997, incumpliendo el plazo de permanencia que para las máquinas recreativas se determina en el artº. 22 del Decreto 89/1990, de 23 de mayo, que modifica la redacción dada por el Decreto 93/1988, de 31 de mayo. Dicha multa se hará efectiva en la forma y plazos que determine la Consejería de Economía y Hacienda, mediante la oportuna liquidación que le será notificada en su domicilio.
Contra esta Orden que agota la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses, desde la notificación, previa la comunicación a esta Consejería, exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse; debiendo notificarse la misma a Dña. Rosa Amor Herrero Pérez, provista del N.I.F. 25.439.692-J como interesada en el procedimiento, y con domicilio a efectos de notificaciones en la calle Doctor Antonio González, Edificio Polsa, 15, La Laguna, Cafetería San Antonio, así como a la empresa operadora Oper Tenerife, S.A., con domicilio social en calle Verdugo y Massieu, 8, La Laguna.
Santa Cruz de Tenerife, a 18 de agosto de 1997.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, p.s., el Jefe de Servicio de Inspección del Juego (Orden de 5.8.97), Antonio Acha Meneses.
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