BOC - 1997/122. Viernes 19 de Septiembre de 1997 - 2790

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales

2790 - Instituto Canario de Administración Pública (I.C.A.P.).- Resolución de 3 de septiembre de 1997, del Director, por la que se dispone la publicación del Convenio en materia de formación continuada de Jueces y Magistrados suscrito entre el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno de Canarias.

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Suscrito con fecha 12 de junio de 1997 el Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno de Canarias en materia de formación continuada de Jueces y Magistrados.

Registrado dicho Convenio en la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales.

Considerando lo dispuesto en el artículo 8.2 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En uso de las facultades atribuidas por el Decreto 131/1989, de 9 de septiembre,

R E S U E L V O:

Publicar el mencionado Convenio que figura como anexo a esta Resolución. Lo que se hace público para general conocimiento.

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de septiembre de 1997.- El Director, Carlos Antero Simón Martín.

A N E X O

CONVENIO EN MATERIA DE FORMACIÓN CONTINUADA DE JUECES Y MAGISTRADOS ENTRE EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y EL GOBIERNO DE CANARIAS.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de junio de 1997.

REUNIDOS

Por el Consejo General del Poder Judicial, el Excelentísimo Señor D. Enrique Arnaldo Alcubilla, Vocal Codelegado de Formación y para el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Excelentísimo Señor D. Rafael Fernández Valverde, Vocal Codelegado para el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, el Excelentísimo Señor D. Lorenzo Olarte Cullen, Vicepresidente del Gobierno de Canarias y el Ilustrísimo Señor D. José Adrián García Rojas, Director del Instituto Canario de Administración Pública.

El Vocal Codelegado de Formación y para el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Vocal Codelegado para el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias del Consejo General del Poder Judicial y el Director del Instituto Canario de Administración Pública actúan facultados para la firma del presente Convenio, en virtud de los Acuerdos del Pleno del Consejo General del Poder Judicial del pasado 23 de abril de 1997 y el Acuerdo del Consejo de Administración del Instituto Canario de Administración Pública de fecha 7 de febrero de 1997.

EXPONEN

I. La Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 107.4, atribuye al Consejo General del Poder Judicial, entre otras competencias, la exclusiva responsabilidad en la formación y perfeccionamiento de los Jueces y Magistrados.

II. El 17 de octubre del año 1995 las mismas partes llevaron a término un protocolo de Convenio de cooperación en materia de formación de los miembros de la carrera judicial con destino en la Comunidad Autónoma de Canarias en el que quedaron sentadas las bases de la cooperación entre ambas instituciones en la materia.

III. En desarrollo de las bases sentadas en el protocolo mencionado, y para dotar de eficacia ejecutiva al mismo, ambas partes suscribieron el día 26 de abril de 1996 un Convenio de colaboración en la formación continuada de Jueces y Magistrados destinados en Canarias, con eficacia para el propio año 1996.

IV. Siendo deseo del Gobierno de Canarias y del Consejo General del Poder Judicial mantener la colaboración desarrollada, ambas partes han acordado la firma del presente Convenio, que llevan a cabo con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- El presente Convenio tiene por objeto articular la cooperación entre el Consejo General del Poder Judicial y la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Escuela Judicial y del Instituto Canario de Administración Pública, respectivamente, en lo que se refiere a cualesquiera actividades de formación y perfeccionamiento para Jueces y Magistrados con destino en la Comunidad Autónoma de Canarias, tanto aquellas que consistan en organización de Congresos, Seminarios, Coloquios, Jornadas y Cursos, como las que impliquen la realización de investigaciones, publicaciones y estudios que puedan contribuir a su mejora, todo ello con la finalidad de lograr una justicia eficaz que garantice la tutela judicial efectiva de los derechos y libertades de los ciudadanos. Igual ámbito de formación podrá extenderse a los Juzgados de Paz de los municipios de Canarias.

Segunda.- La Comunidad Autónoma de Canarias y el Consejo General del Poder Judicial colaborarán, en la forma que se establece a continuación, en la financiación, organización y gestión de los programas de formación y perfeccionamiento dirigidos al conjunto de los Jueces y Magistrados que prestan sus servicios en la mencionada Comunidad.

Tercera.- Dentro de dicho ámbito, el Consejo General del Poder Judicial y la Comunidad Autónoma de Canarias promoverán de común acuerdo cuantas actividades sean convenientes para la mejor formación de Jueces y Magistrados, con particular atención a materias relacionadas con el Derecho Autonómico, Derecho Comunitario y Derechos Humanos, y, en general, con todas aquellas normas legales que tengan implantación en Canarias.

Cuarta.- El Instituto Canario de Administración Pública y la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial asumirán conjuntamente la organización y gestión material de todas las actividades de formación y perfeccionamiento que se desarrollen en el ámbito de la Comunidad, siempre que se trate de actividades programadas dentro del marco de este Convenio, y sin perjuicio de que el Consejo General del Poder Judicial pueda favorecer dentro de sus Planes de Formación otras actividades a nivel de provincia o inferior, o a nivel del territorio de la Comunidad Autónoma cuando se trate de actividades no previstas en el marco del Convenio.

En todo caso ambas partes procurarán mantener mecanismos de coordinación a fin de evitar que las actividades programadas por ambas no incluidas en el marco del Convenio, no se interfieran mutuamente.

Quinta.- La asistencia y participación en actividades de formación y perfeccionamiento se acreditará por medio de la expedición de diplomas o certificaciones, tanto de asistencia como de aprovechamiento, expidiéndose conjuntamente por ambas Instituciones organizadoras sin perjuicio de lo prevenido en los artículos 329 y 330 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sexta.- El coste de realización de los objetivos convenidos será financiado a partes iguales entre las Instituciones firmantes, mediante aportaciones respectivas que se determinarán en función de las acciones previstas y de las disponibilidades presupuestarias existentes en cada ejercicio y de acuerdo con las especificaciones establecidas en los Programas anuales de financiación que revestirán la forma de anexos a este Convenio.

El presupuesto y forma de financiación de las actividades previstas en el presente Convenio, será el siguiente:

a) La financiación de las actividades, consideradas en su conjunto, se efectuará al 50% entre ambas Instituciones.

b) Cada parte aportará hasta un máximo de siete millones de pesetas para la realización de las actividades que se desarrollen.

c) El Consejo General del Poder Judicial transferirá al órgano encargado de la gestión y ejecución del presente Convenio, que será el Instituto Canario de Administración Pública, en concepto de fondo de maniobra, el 25% del importe de su aportación máxima presupuestada, y posteriormente, previa certificación expedida por el Instituto Canario de Administración Pública obrante en las liquidaciones trimestrales que sean remitidas sobre los gastos generados por las actividades desarrolladas, el importe de éstos en el porcentaje que corresponde al Consejo General del Poder Judicial.

No obstante ello, el Consejo General del Poder Judicial podrá asumir totalmente los gastos derivados de ciertas actividades, y remitir los fondos correspondientes a la entidad u órgano gestor, previa certificación de los gastos efectivamente producidos. Será la Comisión de Seguimiento de este Convenio la que determinará, en su caso, en el anexo de actividades y presupuesto o mediante acuerdos específicos, qué actividades podrán ser financiadas por el Consejo de esta última forma.

Realizada la liquidación anual definitiva, el Consejo General del Poder Judicial transferirá, en su caso, al órgano antes señalado el importe por el que pudiera resultar deudor. En el caso de que en la referida liquidación el Consejo General del Poder Judicial resultara acreedor, percibirá el importe del saldo correspondiente.

De la misma manera, el programa de desarrollo de actividades de formación para el período de vigencia de este Convenio, figurará como anexo a este Convenio. En su caso, los correspondientes a futuros ejercicios presupuestarios, se elaborarán y aprobarán conforme a lo previsto en la cláusula novena y se recogerán en anexos sucesivos al presente Convenio debidamente suscritos por ambas partes, que realizarán cuantos actos les conciernan para la real efectividad de sus respectivas aportaciones.

Ambas partes se comprometen especialmente a adoptar las previsiones presupuestarias pertinentes y los trámites legales necesarios para la efectividad del presente Convenio.

Séptima.- Se crea una Comisión de Seguimiento del presente Convenio integrada por tres representantes del Consejo General del Poder Judicial, que serán un Vocal Delegado del Territorio a que se refiere el Convenio, un Vocal Delegado de Formación del citado Consejo y el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y por otros tres representantes del Gobierno de Canarias, que serán su Vicepresidente, el Director General de Justicia y Seguridad y el Director del Instituto Canario de Administración Pública. Todos ellos podrán delegar sus funciones en quienes tengan por conveniente.

A título enunciativo, esta Comisión tendrá las siguientes funciones:

a) Elaborar los planes o programas anuales de formación de acuerdo con lo previsto en la cláusula novena. Para el presente ejercicio la Comisión de Seguimiento creada en el protocolo suscrito en abril, propondrá las materias que han de ser tratadas durante el mismo, las cuales figurarán como anexo 1 al presente.

b) Controlar la ejecución del presupuesto de gastos asignados a dichos programas.

c) Hacer el seguimiento y evaluación del desarrollo del Convenio y de los programas que se establezcan en el marco del mismo, ejerciendo las funciones de coordinación entre las Instituciones firmantes.

d) En consonancia con lo establecido en la cláusula 5ª, informar sobre la valoración que a los efectos determinados en la Ley Orgánica del Poder Judicial merezcan cada uno de los diplomas o certificados que se expidan, en particular los relacionados con el conocimiento del Derecho Autonómico.

e) Interpretar el Convenio y resolver cuantas dudas puedan surgir en su ejecución.

Octava.- Independientemente de lo anterior, la Comisión de Seguimiento podrá designar una Comisión Ejecutiva en la que figurarán un representante por cada parte, a fin de dotar de una mayor agilidad a la ejecución de este Convenio, y cuyas funciones serán:

a) Proponer a la Comisión de Seguimiento el concreto desarrollo del programa de actividades de formación previsto. b) Efectuar el seguimiento y ejecución de dichas actividades.

c) Proponer las modificaciones necesarias en el desarrollo de las actividades de formación previstas.

d) Cuantas les sean delegadas o encomendadas por la Comisión de Seguimiento del Convenio.

Novena.- Antes del primero de mayo del año 1997, la Comisión de Seguimiento por sí o a propuesta de la Comisión Ejecutiva, elaborará el concreto programa anual de actividades para dicho año, así como el correspondiente presupuesto de ingresos y gastos para su toma en consideración y aprobación. Para el caso de prórroga de este Convenio, las actividades correspondientes a cada ejercicio serán elaboradas en la misma forma por la Comisión de Seguimiento del Convenio, junto con el presupuesto de ingresos y gastos para su toma en consideración y aprobación.

Décima.- El presupuesto de ingresos estará integrado por las aportaciones equivalentes de las partes.

El de gastos estará integrado por:

a) Todos los inherentes a la gestión administrativa, tales como medios materiales, personales e infraestructura -locales, material didáctico, confección de diplomas, personal auxiliar, etc.-, incluidos los gastos de desplazamiento y dietas de alojamiento y manutención de los ponentes y asistentes que pertenezcan a la carrera judicial. b) Los honorarios y gastos de los ponentes, relatores, conferenciantes, etc.

c) La edición de las ponencias.

En todo caso el presupuesto de gastos e ingresos habrá de ser equilibrado.

Undécima.- Los pagos de las obligaciones asumidas en el presupuesto de gastos se harán efectivos por ambas partes en la forma que se determina en el anexo correspondiente de este Convenio para cada ejercicio.

Si una vez efectuada la liquidación de cierre hubiera remanente, se prorrateará a partes iguales entre las Instituciones firmantes, con devolución al Consejo General del Poder Judicial de la cantidad resultante que corresponda. En cuanto a la cantidad concerniente a la Administración Autónoma, se le asignará el destino que se determine por el Departamento de Justicia, en la forma determinada en el anexo correspondiente.

Duodécima.- Ambas partes procurarán por todos sus medios llevar a buen fin las actividades de formación de Jueces y Magistrados programadas dentro del Convenio, manteniendo para ello cuantos contactos e intercambios sean precisos, tanto a nivel de Comisión Delegada, como, en su caso, a nivel de Comisión Ejecutiva.

Decimotercera.- El período de vigencia del presente Convenio comprende todo el año 1997.

De conformidad con la evaluación que formule la Comisión de Seguimiento de este Convenio, antes del 1 de diciembre del citado año, podrá acordarse la prórroga en los sucesivos ejercicios presupuestarios o, en su caso, la modificación o modificaciones que se estimen oportunas, siempre y cuando se obtengan las correspondientes autorizaciones reglamentarias y presupuestarias y salvo que medie alguna causa de resolución de las previstas en la cláusula siguiente.

Decimocuarta.- El presente Convenio podrá ser resuelto por las siguientes causas:

a) Por denuncia de cualquiera de las partes formalizada por escrito con tres meses de antelación.

b) Por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del Convenio o de los anexos del mismo.

c) Por mutuo acuerdo de las partes.

De conformidad con todo lo expuesto y convenido, en el ejercicio de las atribuciones de que son titulares los firmantes, suscriben por triplicado el presente Convenio en el lugar y fecha al principio indicados.

El Vicepresidente del Gobierno de Canarias, Lorenzo Olarte Cullen. El Vocal Codelegado del territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, Rafael Fernández Valverde. El Vocal Codelegado de Formación y para el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, Enrique Arnaldo Alcubilla. El Director del Instituto Canario de Administración Pública, José Adrián García Rojas.



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