BOC - 1997/121. Miércoles 17 de Septiembre de 1997 - 2762

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Sanidad y Consumo

2762 - RESOLUCIÓN de 9 de julio de 1997, de la Dirección General de Consumo, sobre notificación de Resoluciones a personas físicas y jurídicas de ignorado domicilio.

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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles la Resolución recaída en los expedientes incoados contra las mismas, por infracción a la normativa en materia de consumo, y conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, la Resolución recaída en los expedientes que les han sido instruidos por infracción a la legislación en materia de consumo.

Los interesados podrán interponer recurso ordinario contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. 2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.

1) RESOLUCIÓN Visto el expediente nº 35/885/96, instruido por esta Dirección General contra Antonio Santana Rodríguez, con domicilio en María Encarnación Navarro, 8, San Gregorio, y estando de acuerdo con la Propuesta formulada por el Instructor; y Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189). Resultando que el día 29 de mayo de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el establecimiento Regalos Gladys propiedad de D. Antonio Santana Rodríguez, sito en la calle María Encarnación Navarro, 8, del término municipal de Telde; y mediante acta levantada al efecto nº 1124 comprobaron que carecían de las Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de su existencia. Resultando: que como consecuencia de ello se formuló acuerdo de iniciación el día 4 de noviembre de 1996, indicando que infringía lo dispuesto en el artº. 34.9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y el artº. 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148). Resultando: que la infracción fue calificada como leve. Resultando: que se comunicó el Acuerdo de iniciación al Instructor y se ordenó que simultáneamente se notificase al interesado. Resultando: que no pudo practicarse la notificación personal del mismo por el Servicio de Correos, puesto que el certificado fue devuelto. Considerando: que de conformidad con los artículos 24 del Real Decreto 1.398/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente debe entenderse caducado. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo en el artículo 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo,

ACUERDO: El sobreseimiento de las diligencias contra Antonio Santana Rodríguez y el archivo del expediente número 35/885/96 sin más trámite. Contra la presente Resolución que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de marzo de 1997.- El Director General de Consumo.

2) RESOLUCIÓN Visto el expediente número 35/886/96, instruido por esta Dirección General contra Francisco Luis Alonso Rodríguez, con domicilio en María Encarnación Navarro, 21, San Gregorio, y estando de acuerdo con la Propuesta formulada por el Instructor; y Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189). Resultando: que el día 29 de mayo de 1996, inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Comercio Blue Jeans propiedad de D. Francisco Luis Alonso Rodríguez, sito en la calle María Encarnación Navarro, 21, del término municipal de Telde; y mediante acta levantada al efecto nº 1125 comprobaron que carecían de las Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de su existencia. Resultando: que como consecuencia de ello se formuló Acuerdo de iniciación el día 4 de noviembre de 1996, indicando que infringía lo dispuesto en el artº. 34.9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el artº. 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148). Resultando: que la infracción fue calificada como leve. Resultando: que se comunicó el Acuerdo de iniciación al Instructor y se ordenó que simultáneamente se notificase al interesado. Resultando: que no pudo practicarse la notificación personal del mismo por el Servicio de Correos, puesto que el certificado fue devuelto. Considerando: que de conformidad con los artículos 24 del Real Decreto 1.398/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente debe entenderse caducado. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo en el artículo 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, ACUERDO:

El sobreseimiento de las diligencias contra Francisco Luis Alonso Rodríguez y el archivo del expediente número 35/886/96 sin más trámite. Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de marzo de 1997.- El Director General de Consumo.

3) RESOLUCIÓN Visto el expediente número: 35/909/96. RESPONSABLE: Vicente Mahmut Rodríguez. D.N.I. o N.I.F.: 42664273D.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: los días 5 y 12 de junio de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visitas de inspección en los establecimientos Confecciones Novedades Mahmut y Confecciones Mahmut propiedad de D. Vicente Mahmut Rodríguez, sitos en la Avenida de Canarias, 398, del término municipal de Vecindario, y en la calle Luján Pérez, 16, del término municipal de Telde, respectivamente; y mediante actas levantadas al efecto nº 1189 y 1345 comprobaron que ambos establecimientos carecían de las Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de su existencia. Asimismo, comprobaron que tenían expuestos para su venta al público, en el establecimiento de Vecindario, edredones cuyos marcados de los precios carecían de las preceptivas siglas P.V.P. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34, apartados 5 y 9, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y en relación con artículo 3º apartados 3.3.4 y 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 2 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor, en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148). Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9 apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Vicente Mahmut Rodríguez la sanción de multa de 60.000 pesetas. Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de diciembre de 1996.- El Director General de Consumo. Nota: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

4) RESOLUCIÓN Visto el expediente número: 35/1005/96. RESPONSABLE: Hija de Juan Santana Perera, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B35068709.

MOTIVACIÓN REFERENCIA DE HECHOS: el día 12 de junio de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Carnicería Santana Perera propiedad de Hija de Juan Santana Perera, S.L., sito en la calle El Salvador, 11, del término municipal de Telde; y mediante acta levantada al efecto nº 460 comprobaron que tenía expuestas para su venta al público en un expositor-congelador 10 cajas de langostinos del nº 3 y 9 cajas también de langostinos del nº 5 que carecían de los preceptivos datos obligatorios de etiquetado. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 30 del Real Decreto 1.521/1984, de 1 de agosto (B.O.E. nº 201), por el que se aprueba la R.T.S. de los establecimientos y productos de la pesca y acuicultura con destino al consumo humano, modificada por el Real Decreto 645/1989, de 19 de mayo (B.O.E. nº 140). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: presentó escrito de alegaciones el día 20 de noviembre de 1996, manifestando en síntesis: Nosotros hemos pecado en nuestro control de verificaciones, la raíz del problema no somos nosotros y como cliente no podemos estar transmitiendo cultura de empresa a nuestros proveedores, cuando nosotros compramos entendemos que lo hacemos a proveedores de nivel. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el acuerdo de iniciación y en la propuesta de resolución, por cuanto que la interesada es responsable de la comisión de la infracción imputada puesto que ha realizado una conducta de omisión en su diligencia debida al poner a disposición del consumidor langostinos sin la preceptiva información de su etiquetado. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154), esta Dirección General es competente para la incoación y tramitación del presente expediente, así como para su resolución, al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción. ACUERDO:

Imponer a Hija de Juan Santana Perera, S.L. la sanción de multa de 50.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de diciembre de 1996.- El Director General de Consumo. Nota: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

5) RESOLUCIÓN Visto el expediente número: 35/1017/96. RESPONSABLE: Fiehisa, S.A. D.N.I. o N.I.F.: A35289834.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 12 de junio de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el establecimiento Zoolandia propiedad de Fiehisa, S.A., sito en la Avenida del Cabildo, 5, del término municipal de Telde; y mediante acta levantada al efecto nº 1343 comprobaron que en el momento de la inspección carecían de las Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de su existencia. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con artº. 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: presentó escrito de alegaciones el día 20 de noviembre de 1996, manifestando en síntesis: Que el comercio llevaba solamente cuatro meses en funcionamiento. Nosotros ignorábamos la obligatoriedad de poseer el Libro de Reclamaciones. El establecimiento es un pequeño comercio de veintisiete metros cuadrados. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el Acuerdo de iniciación y en la propuesta de resolución, por cuanto que la ignorancia de la obligación de tener Hojas de Reclamaciones y cartel anunciador no le exime de su cumplimiento. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154), esta Dirección General es competente para la incoación y tramitación del presente expediente, así como para su resolución, al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción.

ACUERDO:

Imponer a Fiehisa, S.A. la sanción de multa de 40.000 pesetas. Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de diciembre de 1996.- El Director General de Consumo. Nota: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

6) RESOLUCIÓN Visto el expediente número: 35/1301/96. RESPONSABLE: Mateo Pérez Díaz. D.N.I. o N.I.F.: 42687299.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 23 de julio de 1996, el Agente de la Policía Local de Telde nº 437 se personó en el Comercio propiedad de D. Mateo Pérez Díaz, sito en la calle Diego Ramos Galván, 7, del término municipal de Telde, a requerimiento de Dña. María Dolores Santana Rodríguez, por la negativa del propietario del establecimiento de entregarle las Hojas de Reclamaciones y puesto en contacto con el titular y preguntado acerca de los hechos acontecidos manifestó no saber donde tenía las Hojas de Reclamaciones. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y en relación con artº. 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.E. nº 53), en concordancia con los artículos 1 y 2 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.E. nº 148). Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Mateo Pérez Díaz la sanción de multa de 40.000 pesetas. Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de enero de 1997.- El Director General de Consumo. Nota: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de julio de 1997.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.



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