No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles la Resolución recaída en los expedientes incoados contra las mismas por infracción a la normativa en materia de consumo, y conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1. Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, la Resolución recaída en los expedientes que les han sido instruidos por infracción a la legislación en materia de consumo. Los interesados podrán interponer recurso ordinario contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
2. Remitir a los Ayuntamientos de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.
1) RESOLUCIÓN Visto el expediente nÚmero: 35/421/96. Responsable: Santiago Pardo Quiroga. D.N.I. o N.I.F.: 33267351J.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: los días 8 y 29 de marzo de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Boutique Loft propiedad de D. Santiago Pardo Quiroga, sita en el Centro Comercial Cita, P.2ª del término municipal de San Bartolomé de Tirajana, y mediante actas levantadas al efecto números 94 y 242 comprobaron que: - El día 8 de marzo de 1996, carecían de las Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de su existencia. - El día 29 de marzo tenía expuesto para su venta al público en el escaparate, pantalones vaqueros, camisas, camisetas, jerseys, cazadoras, gorras, una chaqueta y un vestido de señora, careciendo de los preceptivos marcados de los precios de venta al público de forma visible desde el exterior. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34, apartados 5 y 9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.4 y 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148), en concordancia con el artº. 2 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero), en concordancia con los artículos 1, apartado 3, y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154), esta Dirección General es competente para la incoación y tramitación del presente expediente, así como para su resolución, al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción.
ACUERDO:
Imponer a Santiago Pardo Quiroga la sanción de multa de 75.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de septiembre de 1996.- El Director General de Consumo. NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente le girará la Consejería de Economía y Hacienda.
2) RESOLUCIÓN Visto el expediente nÚmero: 35/541/96. Responsable: Amar Mohamed Abdelazis. D.N.I. o N.I.F.: 45070431E.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 19 de abril de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en La Boutique Farah Leder propiedad de D. Amar Mohamed Abdelazis, sita en el Centro Cial, faro II - P. 245 P.B. del término municipal de San Bartolomé de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto nº 758 comprobaron que tenía expuesto en el escaparate 22 bolsos, 30 carteras, 5 vestidos y 4 cazadoras, careciendo de sus preceptivos marcados de los precios de venta al público de forma visible. Asimismo, carecían de las Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de su existencia. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34, apartados 5 y 9, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.4 y 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 2 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor, en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: presentó escrito de alegaciones, el día 9 de octubre de 1996, manifestando en síntesis: Que se conoce la normativa de marcar todos y cada uno de los artículos que normalmente llegan al local en grandes cantidades, que el día de la visita se pudo comprobar que estaban marcados el 99% de los artículos, que la falta de etiqueta de algunos artículos que se relacionan en la notificación fue motivada por la llegada de gran cantidad de artículos y la rapidez en que se etiqueta toda la mercancía. Que se ruega nueva visita con el fin de que se pueda comprobar que están marcados todos los artículos, así como que ya se encuentran en el local las Hojas de Reclamaciones y el cartel que lo anuncia. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el acuerdo de iniciación y en la propuesta de resolución, por cuanto que todos los artículos expuestos en el escaparate deben estar marcados de forma visible de tal manera que el consumidor esté en condiciones de conocer el precio de los mismos sin necesidad de entrar en el establecimiento comercial, circunstancia que no se daba en el momento de la inspección. Asimismo, del acta se desprende que en el momento de la inspección carecían de Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador, siendo obligatorio tenerlos desde finales del año 1994. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154), esta Dirección General es competente para la incoación y tramitación del presente expediente, así como para su resolución, al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción. ACUERDO:
Imponer a Amar Mohamed Abdelazis la sanción de multa de 75.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de octubre de 1997.- El Director General de Consumo. NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
3) RESOLUCIÓN
Visto el expediente número 35/902/96, instruido por esta Dirección General contra Olga Rodríguez Hidalgo, con domicilio en pasillo Alcalde José Yánez Matos, 14, y estando de acuerdo con la Propuesta formulada por el Instructor. Vistos los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189). Resultando que el día 31 de mayo de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la peluquería Andeluz Boutique propiedad de Dña. Olga Rodríguez Hidalgo, sita en pasillo Alcalde José Yánez Matos, 14, del término municipal de San Bartolomé de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto nº 1132 comprobaron que carecía de las Hojas de Reclamaciones, del cartel anunciador de su existencia, así como de la lista de precios de los servicios que presta la peluquería.
Resultando que como consecuencia de ello se formuló Acuerdo de iniciación el día 4 de noviembre de 1996, indicando que infringía lo dispuesto en el artº. 34, apartados 5 y 9, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y el artº. 3.3.4 y 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148), en concordancia con el artº. 6 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor. Resultando que la infracción fue calificada como leve. Resultando que se comunicó el Acuerdo de iniciación al Instructor y se ordenó que simultáneamente se notificase al interesado. Resultando que no pudo practicarse la notificación personal del mismo por el Servicio de Correos, puesto que el certificado fue devuelto.
Considerando que de conformidad con los artículos 24 del Real Decreto 1.398/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente debe entenderse caducado.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo,
ACUERDO:
El sobreseimiento de las diligencias contra Olga Rodríguez Hidalgo y el archivo del expediente número 35/902/96 sin más trámite.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de marzo de 1997.- El Director General de Consumo.
4) RESOLUCIÓN
Visto el expediente número 35/1333/96, instruido por esta Dirección General contra Miguel Ramírez Rodríguez, con domicilio en la calle Einstein Sonneland-Maspalomas, y estando de acuerdo con la Propuesta formulada por el Instructor.
Vistos los preceptos legales de general aplicación en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).
Resultando que el día 19 de julio de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el supermercado Vista Faro, propiedad de D. Miguel Ramírez Rodríguez, sito en la calle Einstein Sonnenland, s/n, del término municipal de San Bartolomé de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto nº 1238 comprobaron que tenía expuesto para su venta al público naranjas, manzanas, peras, zanahorias y calabacines careciendo de sus preceptivos etiquetados de normalización.
Asimismo, no tenían a disposición del público las Hojas de Reclamaciones, ni estaba expuesto el cartel anunciador de su existencia.
Resultando que como consecuencia de ello se formuló Acuerdo de iniciación indicando que infringía lo dispuesto en el artº. 34, apartados 6 y 9, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y el artículo 3º, apartados 3.3.1, 3.3.4 y 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el anexo II del Reglamento (C.E.E.) nº 920/89 de la Comisión, de 10 de abril de 1989, por el que se establecen normas de calidad para las zanahorias, los cítricos y las manzanas y peras de mesa (DOCE nº L 97, de 11 de abril de 1989), modificado por el Reglamento (C.E.E.) nº 421/90 de la Comisión (DOCE nº L 44, de 20 de febrero de 1990), Reglamento (C.E.E.) nº 487/90 de la Comisión (DOCE nº L 52, de 28 de febrero de 1990), y el Reglamento (C.E.E.) nº 292/92 de la Comisión (DOCE nº L 31, de 7 de febrero de 1992), modificado parcialmente por el Reglamento (C.E.E.) nº 293/992, de 6 de febrero de 1992, y con el Real Decreto 2.192, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas comercializadas en el mercado interior, y Orden de 6 de septiembre de 1972 (B.O.E. nº 218), que aprueba la norma de calidad de naranjas y otros agrios destinados al mercado interior, y la Orden de 2 de julio de 1985 (B.O.E. de 8), por el que se aprueba la Norma de Calidad para zanahorias destinadas al mercado interior, en concordancia con el Reglamento (C.E.E.) nº 1292/81 de la Comisión, de 12 de mayo de 1981, por el que se establecen normas de calidad para los puerros, las berenjenas y los calabacines (DOCE nº L 129, de 15 de mayo de 1981), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).
Resultando que la infracción fue calificada como leve.
Resultando que se comunicó el Acuerdo de iniciación al Instructor y se ordenó que simultáneamente se notificase al interesado.
Resultando que no pudo practicarse la notificación personal del mismo por el Servicio de Correos, puesto que el certificado fue devuelto.
Considerando que de conformidad con los artículos 24 del Real Decreto 1.398/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y el artº. 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente debe entenderse caducado.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, ACUERDO:
El sobreseimiento de las diligencias contra Miguel Ramírez Rodríguez y el archivo del expediente número 35/1333/96 sin más trámite.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de abril de 1997.- El Director General de Consumo.
5) RESOLUCIÓN Visto el expediente nÚmero: 35/1479/96. Responsable: Maraga Taidia, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B35324342.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 2 de agosto de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Supermercado Alegranza, propiedad de Maraga Taidia, S.L., sito en la Avenida de Italia, 11, del término municipal de San Bartolomé de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto nº 1475 comprobaron que tenía expuesto para su venta al público unas 50 botellitas de licor: Fleigling Kleiner Terge mit Wodka, cuyos etiquetados adolecían de los preceptivos datos consignados en castellano. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 7 del Reglamento C.E.E. 1576/89, de 29 de mayo, por el que se establecen las normas generales relativas a la definición, designación y presentación de las bebidas espirituosas, en concordancia con el artº. 7 del Real Decreto 1.416/1982, de 28 de mayo (B.O.E. de 28 de junio), por el que se aprueba la R.T.S. para la elaboración, circulación y comercio de aguardientes compuestos, licores, aperitivos sin vino base y otras bebidas naturales. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: presentó escrito de alegaciones, el día 18 de febrero de 1997, manifestando en síntesis: Pensamos que el error ha de ser imputado a nuestro proveedor Rainer-Mauritz, S.L. y del cual presentamos factura. Ya que con la cantidad de productos que tenemos en nuestras estanterías, es posible que alguno escape a nuestro control, pero en ningún caso, ni de forma intencionada con el ánimo de perjudicar o confundir al consumidor. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el Acuerdo de iniciación y en la propuesta de resolución, por cuanto que la interesada es responsable de realizar una conducta de omisión en su diligencia debida al poner a disposición del consumidor el producto de referencia careciendo de la preceptiva información de sus etiquetados expresada en castellano. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154), esta Dirección General es competente para la incoación y tramitación del presente expediente, así como para su resolución, al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción.
ACUERDO:
Imponer a Maraga Taidia, S.L. la sanción de multa de 50.000 pesetas. Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de marzo de 1997.- El Director General de Consumo. NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
6) RESOLUCIÓN Visto el expediente nÚmero: 35/299/97. Responsable: Manuel Ramírez Ramírez. D.N.I. o N.I.F.: 42714918.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 29 de noviembre de 1996, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el taller de mecánica de automóviles propiedad de D. Manuel Ramírez Ramírez, sito en Jamaica, 33, del término municipal de San Bartolomé de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto nº 7017 comprobaron que carecía de la placa-distintivo, de las Hojas de Reclamaciones y de los carteles informativos de los precios aplicables por hora de trabajo y por servicios concretos y de la garantía que asiste a las reparaciones. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y en relación con artículo 3º, apartados 3.3.1, 3.3.2 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 6º, 12º, 17º y 19º.g) y j) del Real Decreto 1.457/1986, de 10 de enero (B.O.E. nº 169), por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154), ACUERDO:
Imponer a Manuel Ramírez Ramírez la sanción de multa de 125.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de mayo de 1997.- El Director General de Consumo. NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de junio de 1997.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
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