BOC - 1997/114. Lunes 1 de Septiembre de 1997 - 2559

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales

2559 - ANUNCIO de 1 de julio de 1997, de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, relativo a notificación de Propuesta de Resolución en el expediente sancionador incoado por la Viceconsejería de Administración Pública a D. Laudelino Rodríguez Rodríguez, titular del establecimiento Bar Campo de Lucha, por infracción a la normativa sobre el juego.- Expte. nº 41/97.

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Habiendo sido intentada la notificación de la Propuesta de Resolución en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 41/97, incoado por la Viceconsejería de Administración Pública a D. Laudelino Rodríguez Rodríguez, titular del establecimiento Bar Campo de Lucha, por infracción a la normativa sobre el juego, sin que haya podido practicarse al interesado, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

De las actuaciones practicadas y antecedentes que han dado lugar a la instrucción de las diligencias, y teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Con fecha 10 de abril de 1997, fueron levantadas actas de precinto e infracción por funcionarios adscritos al Servicio de Inspección del Juego de esta Consejería, dando cuenta que en el establecimiento Bar Campo de Lucha, sito en La Laguna, La Verdellada, calle El Drago, 29, se encontraban dos máquinas recreativas del tipo “B”, TF-B-6899 y TF-B-9988, pertenecientes a la empresa Play 2.000, S.L., que fue dada de baja con fecha 17 de noviembre de 1994, por lo que ambas máquinas pertenecen a las llamadas clandestinas, procediendo el Inspector del Juego actuante al precinto cautelar de las mismas. 2º) Consultados los archivos obrantes en las dependencias de este Centro Directivo, se comprueba que la empresa operadora Play 2.000, S.L., con número de registro 162.582, figura de baja definitiva como consecuencia de la cancelación en el Registro de Empresas Operadoras de esta Comunidad Autónoma en virtud de Resolución de la Viceconsejería para las Administraciones Públicas de fecha 17 de noviembre de 1994.

3º) Asimismo, se constata que con fecha 24 de abril de 1995, mediante Resolución del mismo órgano se procedió a declarar la extinción de los permisos de explotación de las máquinas recreativas propiedad de la empresa operadora Play 2.000, S.L., entre los que se encuentran los permisos de explotación denunciados TF-B-6899 y TF-B-9988, cuyas bajas materiales se efectuaron con fecha 13 de julio de 1995.

4º) Mediante Providencia dictada por el Viceconsejero de Administración Pública de fecha 16 de abril de 1997, se ordenó la incoación de expediente sancionador por infracción a la normativa sobre el juego, procediéndose a nombrar Instructor del mismo y a formular el Pliego de Cargos al interesado.

5º) Notificada la Providencia y Pliego de Cargos, por el inculpado no se presentaron las correspondientes alegaciones pese a serle notificado con fecha 7 de mayo de 1997, según consta en el acuse de recibo.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las competencias funcionales en esta materia vienen determinadas en la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias (B.O.C. nº 158, de 31 de diciembre), y en el Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado parcialmente por los Decretos 132/1989, de 1 de junio, y 89/1990, de 23 de mayo.

Segunda.- De conformidad con lo establecido en los artículos 11.2 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre (B.O.C. nº 122, de 16.9.91), y 8.3 del Decreto 321/1995, de 10 de noviembre, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, el Viceconsejero de Administración Pública es competente para intervenir en la resolución de este expediente.

Tercera.- En la tramitación de este expediente se ha observado el procedimiento previsto en el artículo 43 del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo.

Cuarta.- Habiendo quedado probado que en el establecimiento Bar Campo de Lucha, sito en La Laguna, La Verdellada, calle El Drago, 29, cuya titularidad la ostenta D. Laudelino Rodríguez Rodríguez, se encontraban dos máquinas recreativas del tipo “B”, TF-B-6899 y TF-B-9988, pertenecientes a la empresa Play 2.000, S.L., que fue dada de baja definitiva con fecha 17 de noviembre de 1994, como consecuencia de la cancelación en el Registro de Empresas Operadoras de esta Comunidad Autónoma. Asimismo, se constata que con fecha 24 de abril de 1995 se declaró la extinción de los citados permisos de explotación cuyas bajas se efectuaron con fecha 13 de julio de 1995. Quinta.- Analizados los hechos imputados a través de las disposiciones en vigor, se aprecia infracción a lo dispuesto en el artículo 19.3 del Decreto 89/1990, de 23 de mayo (B.O.C. nº 80, de 29.6.90), que modifica la redacción dada por el Decreto 93/1988, de 31 de mayo, en cuya virtud los titulares de la actividad desarrollada en los locales a que se refiere el citado artículo y que no sean a su vez la empresa operadora, vendrán obligados a exigir de aquéllas el cumplimiento de los requisitos que respecto a homologación, explotación, documentación y limitación de número de máquinas establece el Reglamento y a velar por su observancia, así como que la instalación técnica de las mismas cumpla las exigencias de seguridad de los Reglamentos Técnicos y de Seguridad, incurriendo en responsabilidad administrativa en caso contrario para los supuestos aquí contemplados.

Sexta.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 40.2 del citado Reglamento, la infracción debe calificarse de grave, esto es, permitir o consentir expresa o tácitamente, la organización, celebración o práctica de juegos o apuestas en lugares no autorizados o por personas no autorizadas, así como permitir la instalación o explotación de máquinas recreativas y de azar carentes de autorización de explotación, correspondiéndole una sanción de quinientas mil pesetas, a tenor de lo preceptuado en el artículo 42 del mismo texto reglamentario en relación con el artículo 22 de la referida Ley. En su virtud, se le notifica cuanto antecede a fin de que en el plazo de ocho días hábiles pueda alegar cuanto considere en su defensa, de acuerdo con el artículo 43.1.2.d) del Decreto citado.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de julio de 1997.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan José Rodríguez y Rodríguez.



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