BOC - 1997/112. Miércoles 27 de Agosto de 1997 - 2526

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Sanidad y Consumo

2526 - RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 1997, de la Dirección General de Consumo, sobre notificación de Acuerdos de iniciación de procedimiento sancionador a personas físicas y jurídicas de ignorado domicilio.

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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles las oportunas Resoluciones y Acuerdos de iniciación de procedimiento sancionador, y conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, los cargos que se especifican en el procedimiento que les ha sido incoado en esta Dirección General, por infracción a la legislación en materia de consumo.

2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, los Acuerdos de iniciación de procedimiento sancionador para su publicación en el tablón de edictos.

1) ACUERDO DE INICIACIÓN DE EXPEDIENTE SANCIONADOR EN MATERIA DE CONSUMO POR EL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO.

Visto el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y artículo 13 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189), procédase a la incoación de expediente sancionador a:

RESPONSABLE: Agustín Fermín Pérez. Nº EXPEDIENTE: 38/115/97. D.N.I. o N.I.F.: 42048230-K. HECHOS: el día 25 de octubre de 1996 un Inspector de esta Dirección General, realizó una visita de inspección en el establecimiento de venta de frutas y verduras del que es titular Agustín Fermín Pérez sito en Mercatenerife, nave II, módulos 227, 229, 231 en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife; levantando el acta número 2587 instruida al efecto, se comprueba que tiene expuesto para la venta al público setenta cajas de ciruelas, las cuales carecen de la preceptiva etiqueta de normalización. Este hecho constituye infracción de la normativa que ampara los derechos de los consumidores y usuarios. TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176) General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios; artículos 3.3.1 y 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria; artº. 7 del Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. números 299 y 300) por el que se aprueba el reglamento de aplicación de las normas de calidad para los productos destinados a su entrega en estado fresco al consumidor y sometidos a normas de calidad; anexo II del Reglamento nº 920/89 de 10.4.89 (DOCE nº L97, de 2.4.89) y Orden de 10.2.84 (B.O.E. nº 17.2.84), que regula la norma de calidad para ciruelas destinadas al mercado interior. CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA INFRACCIÓN: conforme al artº. 35 de la Ley 26/1994, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, existen indicios para calificar la infracción como leve. SANCIONES QUE PUEDAN CORRESPONDER: la infracción podrá ser sancionada con una multa de hasta 500.000 pesetas, de conformidad con lo previsto en el artículo 36, apartado 1, de la Ley 26/1994. En el presente expediente y teniendo en cuenta los criterios para la graduación de la cuantía de las sanciones establecidas en el artículo 35, apartado 1, de la Ley 26/1984, en el artículo 131 de la Ley 30/1992, y en el artículo 10, apartado 10.2, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, la infracción presuntamente cometida podrá ser sancionada con una multa pecuniaria de 50.000 pesetas. INSTRUCTOR, SECRETARIA Y RÉGIMEN DE RECUSACIÓN: se nombra Instructor a D. Álvaro Jiménez Cámara y Secretaria a Dña. María Victoria Badía Fernaud, quienes podrán ser recusados por los motivos establecidos en el artículo 28, apartado 2, de la Ley 39/1992, y en la forma prevista en el artículo 29 del mismo texto. ÓRGANO COMPETENTE: de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de los partados k) y m) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 145), esta Dirección General es competente para incoación y tramitación del presente expediente, así como para su resolución, al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción. RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE LA RESPONSABILIDAD: en cualquier momento del procedimiento, el inculpado podrá reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 8º del Real Decreto 1.398/1993. Comuníquese este Acuerdo de iniciación al Sr./Sra. Instructor/a del procedimiento, con traslado de las actuaciones, y notifíquese simultáneamente a los interesados, para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de esta notificación, efectúen, respectivamente, las actuaciones preliminares, la aportación de cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes, y en su caso, la proposición y práctica de pruebas, concretando los medios de que pretenda valerse, de acuerdo con el artículo 24, apartado 2, del Real Decreto 1.398/1993, advirtiendo a los interesados que les queda puesto de manifiesto del expediente y que, de no efectuar alegaciones al contenido del presente Acuerdo, éste podrá ser considerado como Propuesta de Resolución, a los efectos previstos en el artículo 18 del Real Decreto 1.398/1993.

2) ACUERDO DE INICIACIÓN DE EXPEDIENTE SANCIONADOR EN MATERIA DE CONSUMO POR EL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO.

RESPONSABLE: Avelino González Casanova. Nº EXPEDIENTE: 38/113/97. D.N.I. o N.I.F.: 41951276-N. HECHOS: el día 4 de noviembre de 1996, un Inspector de esta Dirección General, realizó una visita de inspección en el establecimiento de venta de productos hortofrutícolas del que es titular D. Avelino González Casanova, sito en Mercatenerife, Urbanización El Mayorazgo, nave lateral, módulo 18, del término municipal de Santa Cruz de Tenerife; levantando el acta número 2702 instruida al efecto se procede a comprobar etiquetado de productos hortofrutícolas. Se observa que tiene expuesto para la venta 50 cajas de tomates, 7 cajas de zanahorias, 20 cajas de coles, acelgas, perejil, hinojo, menta, careciendo todos estos productos de la preceptiva etiqueta de normalización. Se hace constar en el acta de referencia que el compareciente se ausenta en el momento en que procede a realizar la inspección intentando obstruir la labor inspectora. Estos hechos constituyen infracción de la normativa que ampara los derechos de los consumidores y usuarios. Artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176) General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios; artículos 3.3.1, 5.1 y 14.1 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la Producción Agroalimentaria; artículo 7º del Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre. Frutas y hortalizas. Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frescas destinadas al comercio interior (B.O.E. nº 300); Reglamento (CEE) de la Comisión nº 778/83 de 30.3.83 (DOCE nº L 86 de 31.3.83), por el que se establecen normas de calidad para los tomates y Orden 2.7.85 (B.O.E. de 8.7.85) por la que se aprueba la norma de calidad para zanahorias destinadas al mercado interior. CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA INFRACCIÓN: conforme al artículo 35 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, existen indicios para calificar la infracción como leve. SANCIONES QUE PUEDAN CORRESPONDER: la infracción podrá ser sancionada con una multa de hasta 500.000 pesetas, de conformidad con lo previsto en el artículo 36, apartado 1, de la Ley 26/1984. En el presente expediente y teniendo en cuenta los criterios para la graduación de la cuantía de las sanciones establecidas en el artículo 35, apartado 1, de la Ley 26/1984, en el artículo 131 de la Ley 30/1992, y en el artículo 10, apartado 10.2, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, la infracción presuntamente cometida podrá ser sancionada con una multa pecuniaria de 200.000 pesetas. INSTRUCTOR, SECRETARIA Y RÉGIMEN DE RECUSACIÓN: se nombra Instructor a D. Álvaro Jiménez Cámara y Secretaria a Dña. María Victoria Badía Fernaud, quienes podrán ser recusados por los motivos establecidos en el artículo 28, apartado 2, de la Ley 30/1992, y en la forma prevista en el artículo 29 del mismo texto. ÓRGANO COMPETENTE: de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de los apartados k) y m) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1945, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 145), esta Dirección General es competente para incoación y tramitación del presente expediente, así como para su resolución, al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción. RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE LA RESPONSABILIDAD: en cualquier momento del procedimiento, el inculpado podrá reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 8º del Real Decreto 1.398/1993. Comuníquese este Acuerdo de iniciación al Sr./Sra. Instructor/a del procedimiento, con traslado de las actuaciones, y notifíquese simultáneamente a los interesados, para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de esta notificación, efectúen, respectivamente, las actuaciones preliminares, la aportación de cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, la proposición y práctica de pruebas, concretando los medios de que pretenda valerse, de acuerdo con el artículo 24, apartado 2, del Real Decreto 1.398/1993, advirtiendo a los interesados que les queda puesto de manifiesto el expediente y que, de no efectuar alegaciones al contenido del presente Acuerdo, éste podrá ser considerado como Propuesta de Resolución, a los efectos previstos en el artículo 18 del Real Decreto 1.398/1993. Santa Cruz de Tenerife, a 5 de marzo de 1997.- El Director General de Consumo.

3) ACUERDO DE INICIACIÓN DE EXPEDIENTE SANCIONADOR EN MATERIA DE CONSUMO POR EL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO.

RESPONSABLE: Piscinas de Tenerife, S.L. Nº EXPEDIENTE: 38/110/97. D.N.I. o N.I.F.: B-38386728. En base a los siguientes: HECHOS: el día 7 de noviembre de 1996, un Inspector de esta Dirección General, realizó una visita de inspección en el establecimiento de servicios de instalación de piscinas y albañilería, del que es titular Piscinas de Tenerife S.L., sito en la calle Salto del Ángel, parcela nº 338 en Santa María del Mar, del término municipal de Santa Cruz de Tenerife; levantando el acta número 2645 instruida al efecto se comprueba reclamación nº 934/96, presentada por D. Juan Darias Rodríguez con N.I.F. 42.027.424 F, relativa a incumplimiento en el servicio de instalación de una bomba de calor marca Johnson, modelo AUR HW-105, según factura que se adjunta en el expediente. Se solicita por el Inspector actuante un informe de la empresa inspeccionada, en el que se expliquen los motivos por los que la obra no ha llegado a su término y las soluciones que se pueden dar al problema, sin que la presunta responsable haya presentado dicho escrito. Artículos 34.4, 34.8, 34.9, 11.1, 25 y 26 de Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176) General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Artículos 3.1.4, 3.2.8 y 5.1 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168) que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria. CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA INFRACCIÓN: conforme al artículo 35 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, existen indicios para calificar la infracción como leve. SANCIONES QUE PUEDAN CORRESPONDER: la infracción podrá ser sancionada con multa de hasta 500.000 pesetas, de conformidad con lo previsto en el artº. 36, apartado 1, de la Ley 26/1984. En el presente expediente y teniendo en cuenta los criterios para la graduación de la cuantía de las sanciones establecidas en el artículo 35, apartado 1, de la Ley 26/1984, en el artículo 131 de la Ley 30/1992, y en el artículo 10, apartado 10.2, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, la infracción presuntamente cometida podrá ser sancionada con una multa pecuniaria de 250.000 pesetas. INSTRUCTOR, SECRETARIA Y RÉGIMEN DE RECUSACIÓN: se nombre Instructor a D. Álvaro Jiménez Cámara y Secretaria a Dña. María Victoria Badía Fernaud, quienes podrán ser recusados por los motivos establecidos en el artículo 28, apartado 2, de la Ley 30/1992, y en la forma prevista en el artículo 29 del mismo texto. ÓRGANO COMPETENTE: de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de los apartados k) y m) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 145), esta Dirección General es competente para incoación y tramitación del presente expediente. Así como para su resolución al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción. RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE LA RESPONSABILIDAD: en cualquier momento del procedimiento, el inculpado podrá reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 8º del Real Decreto 1.398/1993. Comuníquese este Acuerdo de iniciación al Sr./Sra. Instructor/a del procedimiento, con traslado de las actuaciones, y notifíquese simultáneamente a los interesados, para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de esta notificación, efectúen, respectivamente, las actuaciones preliminares, la aportación de cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, la proposición y práctica de pruebas, concretando los medios de que pretenda valerse, de acuerdo con el artículo 24, apartado 2, del Real Decreto 1.398/1993, advirtiendo a los interesados que les queda puesto de manifiesto el expediente y que, de no efectuar alegaciones al contenido del presente Acuerdo, éste podrá ser considerado como Propuesta de Resolución, a los efectos previstos en el artículo 18 del Real Decreto 1.398/1993. Santa Cruz de Tenerife, a 12 de marzo de 1997.- El Director General de Consumo.

4) ACUERDO DE INICIACIÓN DE EXPEDIENTE SANCIONADOR EN MATERIA DE CONSUMO POR EL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO.

RESPONSABLE: Boumedien Kountich. Nº EXPEDIENTE: 38/145/97. D.N.I. o N.I.F.: X-0325382-R. En base a los siguientes: HECHOS: el día 20 de noviembre de 1996, un Inspector de esta Dirección General, realizó una visita de inspección en el establecimiento de rótulo Modas Washington, del que es titular Boumedien Kountich, sito en Costa del Silencio, C.C. Ten-Bel, local 74 del término municipal de Arona; levantado el acta número 2734 instruida al efecto, se comprueba que tiene expuesto para la venta en escaparate exterior: bolsos, cinturones y peletería de diferentes modelos; sin el preceptivo marcado de precio de venta al público de forma visible. Este hecho constituye infracción de la normativa que ampara los derechos de los consumidores y usuarios. TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176) General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Artº. 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168) que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria. Artículos 2 y 8 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre (B.O.E. nº 29) por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios. Artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247) por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor. CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA INFRACCIÓN: conforme al artículo 35 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, existen indicios para calificar la infracción como leve. SANCIONES QUE PUEDAN CORRESPONDER: la infracción podrá ser sancionada con multa de hasta 500.000 pesetas, de conformidad con lo previsto en el artº. 36, apartado 1, de la Ley 26/1984. En el presente expediente y teniendo en cuenta los criterios para la graduación de la cuantía de las sanciones establecidas en el artículo 35, apartado 1, de la Ley 26/1984, en el artículo 131 de la Ley 30/1992, y en el artículo 10, apartado 10.2, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, la infracción presuntamente cometida podrá ser sancionada con una multa pecuniaria de 75.000 pesetas. INSTRUCTOR, SECRETARIA Y RÉGIMEN DE RECUSACIÓN: se nombre Instructor a D. Álvaro Jiménez Cámara y Secretaria a Dña. María Victoria Badía Fernaud, quienes podrán ser recusados por los motivos establecidos en el artículo 28, apartado 2, de la Ley 30/1992, y en la forma prevista en el artículo 29 del mismo texto. ÓRGANO COMPETENTE: de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de los apartados k) y m) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 145), esta Dirección General es competente para incoación y tramitación del presente expediente. Así como para su resolución al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción. RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE LA RESPONSABILIDAD: en cualquier momento del procedimiento, el inculpado podrá reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 8º del Real Decreto 1.398/1993. Comuníquese este Acuerdo de iniciación al Sr./Sra. Instructor/a del procedimiento, con traslado de las actuaciones, y notifíquese simultáneamente a los interesados, para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de esta notificación, efectúen, respectivamente, las actuaciones preliminares, la aportación de cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, la proposición y práctica de pruebas, concretando los medios de que pretenda valerse, de acuerdo con el artículo 24, apartado 2, del Real Decreto 1.398/1993, advirtiendo a los interesados que les queda puesto de manifiesto el expediente y que, de no efectuar alegaciones al contenido del presente Acuerdo, éste podrá ser considerado como Propuesta de Resolución, a los efectos previstos en el artículo 18 del Real Decreto 1.398/1993. Santa Cruz de Tenerife, a 18 de marzo de 1997.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de mayo de 1997.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.



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