Resultando que, con fecha 1 de abril de 1997, la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, adoptó, entre otros, el acuerdo de informar favorablemente, de conformidad con lo establecido en los artículos 15.5 y 17.B.4 del Decreto 107/1995, de 26 de abril, sobre Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial, la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Telde (Gran Canaria) en Caracol Alto y Cendro-Caserones Bajos, consistente en la reducción de la superficie y diferente ordenación de la UE-23 de Caracol Alto, dividiendo una manzana de 2.565 m2 en dos y manteniendo la Ordenanza aplicable y en Cendro en la reclasificación a urbanos con Ordenanza A2 de 2.405 m2 de terrenos rústicos colindantes con el suelo urbano de dicha localidad sometido a P.E.R.I.
Considerando que, competente este órgano en virtud de lo establecido en relación al artículo 131 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, Real Decreto 2.159/1978, en relación con el Decreto 107/1995, de 26 de abril, sobre Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial, con respecto a la aprobación definitiva de los Planes Generales de Ordenación Urbana de municipios de más de 50.000 habitantes.
Vistos el expediente administrativo, documentos e informes obrantes en el mismo, preceptos citados, concordantes y demás normas de general aplicación,
D I S P O N G O:
Primero.- Aprobar definitivamente, de conformidad con lo establecido en los artículos 131 y 132 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, así como Decreto 107/1995, de 26 de abril, la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Telde, en las zonas de Caracol Alto y Cendro-Caserones Bajos (Gran Canaria).
Segundo.- El presente acuerdo será debidamente notificado al Iltre. Ayuntamiento de Telde y al Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria.
Contra este acto, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a partir de la notificación, según lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. La interposición del referido recurso requerirá comunicación previa al órgano que dictó el acto impugnado, tal y como establece el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de junio de 1997.
LA CONSEJERA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE, María Eugenia Márquez Rodríguez.
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