Hallándose en paradero desconocido D. Juan Jesús Manzanares Pérez, siendo imposible la notificación por otros medios, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
Notificar a D. Juan Jesús Manzanares Pérez la Orden recaída en el expediente nº 270/95, tramitado en esta Dirección General de Urbanismo, que con la fecha que figura al pie de la presente, el Excmo. Sr. Consejero de Política Territorial ha dictado la Orden nº 493, inscrita en el Libro III/96 de Órdenes de esta Consejería, cuyo texto literal es el siguiente:
Examinado el recurso ordinario interpuesto por D. Juan Jesús Manzanares Pérez.
ANTECEDENTES
1º) Con fecha 27 de junio de 1995, el Ilmo. Sr. Director General de Urbanismo dictó Resolución notificada el 21 de septiembre, por la que se deniega autorización para la legalización de una vivienda unifamiliar, en el sitio conocido por Las Pasaditas, término municipal de Arafo, solicitada por el hoy recurrente.
2º) En esencia se fundamenta el recurso en las siguientes alegaciones:
2.1. Incongruencia de la Resolución al resolverse cosa distinta a la solicitada que se refería a la mejora y acondicionamiento de exteriores e interiores de una edificación ya existente en la finca. 2.2. La edificación ya existía cuando adquirió la finca como se demuestra por el escrito catastral de 20 de septiembre de 1994.
2.3. Desmiente la afirmación de la resolución cuando se afirma el carácter eminentemente residencial lo que no se ajusta a la realidad dado el carácter agrícola de la finca y la condición de agricultores de los recurrentes.
Asimismo, alega que la construcción que se quiere legalizar se halla construida a cota cero con impacto ambiental nulo.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- El presente recurso ha sido interpuesto en tiempo y forma, reuniendo la condición de interesado según el artículo 107 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Segundo.- La finca en la que se asienta la edificación se halla clasificada como suelo rústico potencialmente productivo Grado I, según las Normas Subsidiarias municipales, exigiéndose una parcela mínima de 10.000 m2 en la que no es posible la edificación de viviendas unifamiliares ni siquiera vinculadas a una explotación agrícola. Las mismas Normas Subsidiarias establecen Ordenanzas transitorias limitando su aplicación a las edificaciones y usos anteriores a la entrada en vigor de dichas Normas. Por tanto, la primera cuestión a dilucidar se circunscribe a si la edificación que se pretende legalizar puede encuadrarse en el régimen transitorio de fuera de ordenación citado y, en este sentido, la resolución impugnada se fundamentó en el hecho de que se trata de una nueva construcción aún en obras y para lo cual se utilizaron varios elementos, tales como que la obra no aparece en la escritura de compraventa, que se halla en proceso de edificación, la indefinición del uso de la misma, expresamente omitida en la documentación aportada pero imprescindible para el tratamiento jurídico a utilizar, y, especialmente, porque en la ortofoto aportada por el recurrente aparece en el terreno una construcción que no tiene relación con la actual no sólo por su morfología sino porque está ubicada en lugar distinto, lo que se demuestra al trasladarla al plano de situación desde dicha ortofoto. Acrecienta tal interpretación el hecho de que en el plano aportado por el mismo recurrente para autorización de un depósito de agua, resuelto favorablemente por Resolución de fecha 7 de junio de 1994, se señala la existencia de una construcción que puesta en relación con los planos del expediente ahora recurrido tampoco coinciden en su ubicación. La utilización concurrente de todos los reseñados datos permiten llegar a la conclusión de que nos encontramos ante una obra nueva ejecutada ilegalmente al margen de la legalidad urbanística municipal vigente, por lo que en ningún caso le es de aplicación el régimen transitorio citado como pretende el recurrente y decae por tanto lo afirmado, en el sentido de que la actual edificación coincida con la que aparece en la ortofoto.
Tercero.- La propia indefensión, constantemente mantenida por el recurrente sobre el uso del edificio, obliga a que la Administración despliegue una actividad conducente a averiguar tal extremo y que, en el presente caso, se ha efectuado mediante visita de inspección a la obra y la correspondiente emisión de informes técnicos según los cuales no sólo venían realizándose obras sino que por la tipología de la edificación, con amplias zonas ajardinadas, alicatados de baño y cocina, así como el uso de carpintería y persianas se trata de una vivienda unifamiliar, cuando las Normas Subsidiarias prohíben el uso residencial en esa zona y, por consiguiente, tampoco puede admitirse que se trata de una edificación agrícola por las razones antedichas y, aun siéndolo, incumplirá la superficie mínima exigida de 10.000 m2 pues tratándose de una obra nueva no le es de aplicación el régimen transitorio establecido por las normas de planeamiento.
Por lo mismo no puede estimarse tampoco que el acto impugnado haya incurrido en incongruencia sino que, antes al contrario, lo único que existe en el expediente es la voluntad del recurrente de no colaborar con la Administración, según los mínimos principios de buena fe en el procedimiento, sin otro designio que obtener lo que el planeamiento y la Ley prohíben mediante la invocación de derechos con finalidad distinta a la querida por la Ley.
Vistos la Ley 5/1987, Ley 30/1992, Normas Subsidiarias del municipio de Arafo, y en especial el artículo 29.1.e) de la Ley 14/1990 en cuanto a competencias.
En su virtud,
D I S P O N G O:
Desestimar las alegaciones y pretensiones contenidas en el recurso ordinario interpuesto por D. Juan Jesús Manzanares Pérez, contra la Resolución del Ilmo. Sr. Director General de Urbanismo de fecha 27 de junio de 1996, confirmándola por ser ajustada a Derecho.
Notifíquese esta Orden al Ayuntamiento, a la Dirección General de Disciplina Urbanística y Medioambiental y al interesado.
Publíquese esta Orden en el Boletín Oficial de Canarias, a efectos de notificación al interesado, al hallarse en paradero desconocido.
La presente Orden Departamental agota la vía administrativa, por lo que contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, previa comunicación a este órgano conforme dispone el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de cualquier otro que estime oportuno interponer.
Santa Cruz de Tenerife, a 14 de mayo de 1997.- El Director General de Urbanismo, Juan César Muñoz Sosa.
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