Se hace saber a la empresa operadora denominada D. Rufino Suárez Jiménez, que se halla en paradero desconocido, que ha sido intentada la notificación personal del escrito de esta Dirección General, sobre extinción de los permisos de explotación de las máquinas recreativas de su propiedad, habiendo sido devuelto el mismo por el Servicio de Correos. Por lo que, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación.
En relación con su escrito de fecha 21 de marzo de 1997, Registro de Entrada nº 5.659, por el que se interesa la suspensión de la Orden del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, de fecha 15 de octubre de 1996, publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 32, lunes 10 de marzo de 1997, he de manifestarle lo siguiente:
1º) Dado que el acto administrativo de referencia agota la vía administrativa, no procede plantear ante esta Administración la petición de suspensión del referido acto, sino, por el contrario, formular la pieza separada de suspensión, ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de Santa Cruz de Tenerife.
2º) Con fecha 10 de marzo de 1997, fue notificada a D. Rufino Suárez Jiménez, mediante su publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 32, la Orden del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, de 15 de octubre de 1996, por la que se resolvió levantar la suspensión de la ejecución de la Resolución de la Viceconsejería para las Administraciones Públicas, de fecha 9 de noviembre de 1994, acordada por Orden de la Consejería de Presidencia y Turismo, de fecha 18 de julio de 1995, al haber desaparecido las causas que la motivaron.
En dicho acto, Orden de esta Consejería de 15 de octubre de 1996, se ordenaba que por D. Rufino Suárez Jiménez, se procediera, en el plazo de diez días, a hacer entrega en estas dependencias de toda la documentación relativa a las máquinas recreativas de su propiedad, a los efectos de extinción de los correspondientes permisos de explotación.
Habiendo transcurrido dicho plazo sin haber realizado los actos ordenados, y en aplicación de lo dispuesto en el artº. 95 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta Dirección General acuerda advertirle que, de no ejecutar tales actos en el plazo de diez días, se procederá a su ejecución subsidiaria por los funcionarios adscritos a esta Administración.
Santa Cruz de Tenerife, a 21 de mayo de 1997.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan José Rodríguez y Rodríguez.
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