Vistos el Acuerdo de la Comisión de Vivienda de fecha 26 de mayo de 1997 y el artículo 14.1 del Decreto 63/1989, de 25 de abril, de adjudicación de viviendas de promoción pública, de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 73, de 29.5.89), en relación con la Disposición Transitoria Única del Decreto 194/1994, de 30 de septiembre (B.O.C. nº 131, de 26.10.94), que dispone que la lista definitiva de adjudicatarios y la relación para posibles vacantes serán publicadas en el Boletín Oficial de Canarias.
R E S U E L V O:
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Acuerdo de la Comisión de Vivienda, por el que se aprueba la lista definitiva de adjudicatarios y la relación para posibles vacantes, para la promoción de 39 viviendas disponibles en la promoción expediente TF-88/170, de 41 viviendas, en la calle San Francisco, en el municipio de Granadilla.
Santa Cruz de Tenerife, a 27 de mayo de 1997.
EL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y AGUAS, Antonio Ángel Castro Cordobez.
A N E X O
La Comisión de Vivienda, en sesión celebrada el 26 de mayo de 1997, y de conformidad con lo establecido en el artículo 11, apartados 3 y 4, del Decreto 194/1994, de 30 de septiembre, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:
Aprobar la lista definitiva de adjudicatarios y la relación para posibles vacantes correspondientes a la promoción de 39 viviendas disponibles en la promoción expediente TF-88/170, de 41 viviendas, en la calle San Francisco, en el municipio de Granadilla.
Contra el presente Acuerdo que pone fin a la vía administrativa y al amparo del artículo 2.2 del Decreto Territorial 194/1994, de 30 de septiembre (B.O.C. nº 131, de 26.10.94), se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a partir de la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de dicho Acuerdo, debiendo el recurrente presentar en este supuesto, comunicación previa de la interposición del mismo, ante la Comisión de Vivienda, tal y como establece el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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