No habiéndose podido practicar la notificación a Dña. Rosario Rodríguez Melián de la Resolución número 1.026 de fecha 18 de septiembre de 1996, en los términos del apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con el apartado cuarto del citado artículo,
R E S U E L V O:
Notificar a Dña. Rosario Rodríguez Melián la Resolución de la Dirección General de Disciplina Urbanística y Medioambiental, de fecha 18 de septiembre de 1996, recaída en el expediente tramitado en esta Dirección General por infracción del artículo 38.1 y 38.2 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales, y de la Flora y Fauna Silvestres, con referencia I.M. 314/96, y cuya parte dispositiva dice textualmente:
Incoar expediente sancionador a Dña. Rosario Rodríguez Melián, como presunta responsable de una infracción medioambiental, consistente en la realización de vertidos de aguas residuales, en el lugar conocido como La Atalaya (Barranquillo de Dios), dentro del Paisaje Protegido de Tafira, en el término municipal de Santa Brígida.
Adoptar como medida cautelar la suspensión inmediata de la actividad, advirtiéndole que de continuarse la misma, se procederá a dar traslado de los hechos a la Fiscalía, por ser presuntamente constitutivos del delito tipificado en el artículo 556 del Código Penal.
Nombrar Instructor y Secretario a D. Pedro Gómez Jiménez y a D. Francisco J. Medina Henríquez, respectivamente.
Notificar la presente Resolución al Instructor, Secretario, expedientado y demás interesados, con las siguientes advertencias:
Los nombrados Instructor y Secretario deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento y comunicarlo a su superior jerárquico, de concurrir alguno de los motivos de abstención señalados en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre; y que los interesados pueden en cualquier momento de la tramitación del procedimiento promover su recusación en base a los citados motivos.
A partir del día siguiente al de la notificación de la presente Resolución, se abre un plazo de quince días para formular cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes, sin perjuicio de que las mismas puedan presentarse en cualquier momento anterior al trámite de audiencia, aun cuando haya concluido el antedicho plazo, de conformidad con el artículo 16 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, y que conforme al artículo 13.2 del mismo Cuerpo legal, la presente iniciación podrá ser considerada Propuesta de Resolución de no efectuarse alegaciones.
El expediente administrativo se encuentra a su disposición en las oficinas de este Centro Directivo, de 10 a 12 horas, de lunes a viernes, en orden a garantizar el principio de acceso permanente de conformidad con el artículo 3 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
De conformidad con el artículo 8 del citado Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, iniciado el procedimiento si el actor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver éste con imposición de las sanciones que procedan, y el pago voluntario de la multa implicará igualmente la terminación del procedimiento sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos procedentes.
Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de febrero de 1997.- El Director General de Disciplina Urbanística y Medioambiental, Miguel Ángel Morcuende Hurtado.
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