Habiendo sido intentada la notificación de la Orden del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 166/96, incoado a D. Guillermo Marrero Santos, titular de la empresa operadora nº 472, por presunta infracción a la normativa sobre el juego, sin que haya podido practicarse al interesado, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación. Orden del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, por la que se resuelve el expediente sancionador nº 166/96, incoado a D. Guillermo Marrero Santos, titular de la empresa operadora nº 472, por infracción a la vigente normativa sobre el juego.
Examinado el expediente nº 166/96, tramitado por la Instrucción de expedientes sancionadores de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, incoado a D. Guillermo Marrero Santos, titular de la empresa operadora nº 472, por infringir la normativa sobre el juego. Vista la propuesta formulada por la Viceconsejería de Administración Pública.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Con fechas 3 y 7 de octubre de 1996, tuvo entrada en las dependencias de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación las solicitudes de diligenciamiento de Boletines de Instalación para las máquinas TF-B-9651, NA-B-469, TF-B-5791, TF-B-14.308, TF-B-14.335 y TF-B-13.454, suscritas por la empresa operadora Guillermo Marrero Santos, titular de dichas máquinas, con el fin de proceder a la instalación de las mismas en locales autorizados, aportando en la documentación preceptiva a tal efecto, fotocopias de los impresos de declaración-liquidación de la Tasa Fiscal sobre el Juego, máquinas o aparatos automáticos, modelo 045.
2º) Con fechas 4 y 7 de octubre de 1996, se solicitan certificaciones de ingresos por Tasa del Juego a la Intervención Insular de Santa Cruz de Tenerife de la Consejería de Economía y Hacienda, comprensiva de si los ingresos correspondientes a las liquidaciones aportadas por la parte interesada número de justificantes: 0450001328646, 0450001328673, 0450001328822, 0450001328716, 0450001328630 y 0450001328831, han sido efectivamente ingresados en el Tesoro.
3º) Con fecha 4 de octubre de 1996, el Interventor Insular de Santa Cruz de Tenerife certifica que según los antecedentes informáticos obrantes en esa Intervención Insular, no figuran contabilizados los ingresos correspondientes a las autoliquidaciones del modelo 045 nº de justificantes: 0450001328646, 0450001328673, 0450001328822, 0450001328716 y 0450001328630.
4º) Con fecha 7 de octubre de 1996, el Interventor Insular de Santa Cruz de Tenerife certifica que según los antecedentes obrantes en esa Intervención Insular, no figura contabilizado el ingreso correspondiente a la autoliquidación del modelo 045 nº de justificante 0450001328831.
5º) Al haberse comprobado que las liquidaciones aportadas por la empresa solicitante, no han sido ingresadas en el Tesoro, según las certificaciones descritas en los puntos 3º y 4º del presente, por la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación mediante Resolución de fecha 10 de octubre de 1996, se denegaron las solicitudes de diligenciamiento de los Boletines de Instalación solicitados, toda vez que en las autoliquidaciones del modelo 045 aportadas por la parte interesada, número de justificantes: 0450001328646, 0450001328673, 0450001328822, 0450001328716, 0450001328630 y 0450001328831, se han consignado datos no conformes con la realidad para obtener las autorizaciones correspondientes, consistentes en este caso en los Boletines de Instalación interesados.
6º) A la vista de los hechos, mediante Providencia dictada por la Viceconsejería de Administración Pública de fecha 15 de octubre de 1996, se ordenó la incoación de expediente sancionador por infracción a la normativa sobre el juego, procediéndose a nombrar Instructor del mismo y a formular el Pliego de Cargos al interesado. 7º) Con fecha 30 de octubre de 1996, mediante Providencia de la Viceconsejería de Administración Pública, se ordena como medida cautelar el precinto de las máquinas recreativas TF-B-13.454, NA-B-469, TF-B-9651, TF-B-5791, TF-B-14.308 y TF-B-14.335, afectas al presente procedimiento por apreciarse presuntas infracciones muy graves, a resultas de la resolución que en definitiva sea dictada.
8º) Notificada la Providencia de incoación y el Pliego de Cargos el día 17 de octubre de 1996, por el inculpado y en el plazo concedido al efecto no se presentaron las correspondientes alegaciones.
9º) Con fecha 25 de noviembre de 1996, por el Instructor del expediente se procedió a dictar Propuesta de Resolución, en la que propuso que por el Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales se sancione a D. Guillermo Marrero Santos, titular de la empresa operadora nº 472, con seis multas de tres millones de pesetas cada una, por la comisión de los hechos descritos, constitutivos de infracción a lo dispuesto en el artº. 12.3 del Decreto 89/1990, de 23 de mayo, que modifica el Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el que se regula la documentación a presentar para la tramitación del Boletín de Instalación. Asimismo, se propuso como sanciones adicionales el decomiso y cuando la sanción sea firme, la destrucción de las máquinas que han dado lugar a las sanciones, todo ello en razón a la naturaleza de las infracciones cometidas, a la malicia del infractor y al carácter especulativo de las acciones infractoras.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las competencias funcionales en esta materia, se encuentran reguladas en la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias, y en el Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de esta Comunidad Autónoma, modificado parcialmente por los Decretos 132/1989, de 1 de junio (B.O.C. nº 97, de 17.7.89), y 89/1990, de 23 de mayo (B.O.C. nº 80, de 29.6.90).
Segunda.- De conformidad con lo previsto en el artº. 7.5.b) del Decreto 321/1995, de 10 de noviembre, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, el Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales es competente para intervenir en la resolución de este expediente.
Tercera.- El procedimiento seguido en la tramitación de este expediente, se ajusta a lo dispuesto en el artº. 43 del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo; no presentándose por el interesado los correspondientes descargos y alegaciones en tiempo y forma; y procediéndose a resolver el mismo de conformidad con lo establecido en el artº. 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuarta.- Habiendo quedado probado que con fechas 3 y 7 de octubre de 1996, tuvo entrada en las dependencias de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación las solicitudes de diligenciamiento de Boletines de Instalación para las máquinas TF-B-13.454, NA-B-469, TF-B-9651, TF-B-5791, TF-B-14.308 y TF-B-14.335, suscritas por la empresa operadora Guillermo Marrero Santos, titular de dichas máquinas, con el fin de proceder a la instalación de las mismas en locales autorizados, aportando en la documentación preceptiva a tal efecto, fotocopias de los impresos de declaración-liquidación de la Tasa Fiscal sobre el Juego, números de justificantes: 0450001328646, 0450001328673, 0450001328822, 0450001328716, 0450001328630 y 0450001328831, en los que se han consignado datos no conformes con la realidad para obtener las autorizaciones correspondientes, consistentes en este caso en los Boletines de Instalación interesados, toda vez que las liquidaciones aportadas por la empresa solicitante no habían sido ingresadas en el Tesoro, según las certificaciones descritas en los puntos 3º y 4º de los Antecedentes de la presente Resolución.
Quinta.- Los hechos descritos suponen infracción al artº. 12.3 del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo; tipificándose como faltas muy graves, esto es, la utilización de documentos o consignación de datos (fotocopias de los impresos de declaración-liquidación de la Tasa Fiscal sobre el Juego, máquinas o aparatos automáticos, modelo 045, número de justificantes: 0450001328646, 0450001328673, 0450001328822, 0450001328716 y 0450001328630, aportados por D. Guillermo Marrero Santos), en los que se han consignado datos no conformes con la realidad para obtener las autorizaciones correspondientes, consistentes en este caso en los Boletines de Instalación interesados, todo ello a tenor de lo dispuesto en los artículos 21.2.1.f) de la citada Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias, y 39.12 del referido Decreto 93/1988, de 31 de mayo, sancionándose con multa de tres millones de pesetas por cada infracción muy grave cometida al presentar la citada documentación para diligenciar el Boletín de Instalación en cada máquina recreativa objeto del presente expediente, que hacen un total de dieciocho millones de pesetas, así como las sanciones adicionales del decomiso y cuando la sanción sea firme, la destrucción de las máquinas que han dado lugar a las sanciones, todo ello en razón a la naturaleza de las infracciones cometidas, a la malicia del infractor y al carácter especulativo de las acciones infractoras, de conformidad con lo preceptuado en el artº. 42 del mismo texto reglamentario en relación con el artº. 22 de la referida Ley 6/1985, de 30 de diciembre. En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,
R E S U E L V O:
Sancionar a D. Guillermo Marrero Santos, como titular de la empresa operadora nº 472, con seis multas de tres millones de pesetas cada una por cada infracción muy grave cometida al presentar con fechas 3 y 7 de octubre de 1996, fotocopias de los impresos de declaración-liquidación de la Tasa Fiscal sobre el Juego, máquinas o apartados automáticos, modelo 045, número de justificantes: 0450001328646, 0450001328673, 0450001328822, 0450001328716, 0450001328630 y 0450001328831 aportados por la citada empresa operadora, en los que se han consignado datos no conformes con la realidad para obtener las autorizaciones correspondientes consistentes en este caso en los Boletines de Instalación interesados para las máquinas TF-B-13.454, NA-B-469, TF-B-9651, TF-B-5791, TF-B-14.308 y TF-B-14.335, de su propiedad, así como las sanciones adicionales del decomiso y cuando la sanción sea firme, la destrucción de las máquinas que han dado lugar a las sanciones.
Dicha multa de hará efectiva en la forma y plazos que determine la Consejería de Economía y Hacienda, mediante la oportuna liquidación que le será notificada en su domicilio.
Contra esta Orden que agota la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses, desde la publicación del presente anuncio, previa la comunicación a esta Consejería, exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Santa Cruz de Tenerife, a 9 de abril de 1997.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan José Rodríguez y Rodríguez.
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