BOC - 1997/048. Lunes 14 de Abril de 1997 - 1088

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales

1088 - ANUNCIO de 8 de abril de 1997, de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, relativo a notificación de Orden del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, por la que se resuelve la petición de suspensión del procedimiento administrativo sancionador incoado a D. José Vicente Simón Mederos, titular de la empresa operadora nº 226, por presunta infracción a la normativa sobre el juego, así como de la Propuesta de Resolución recaída en el citado expediente sancionador.- Expte. nº 168/96.

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Habiendo sido intentada la notificación de la Orden del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales y de la Propuesta de Resolución en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 168/96, incoado a D. José Vicente Simón Mederos, titular de la empresa operadora nº 226, por presunta infracción a la normativa sobre el juego, sin que haya podido practicarse al interesado, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación.

ORDEN

Orden del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, por la que se resuelve la petición de suspensión del procedimiento administrativo sancionador nº 168/96, incoado por presunta infracción a la normativa sobre el juego, formulada por el titular de la empresa operadora nº 226, D. José Vicente Simón Mederos.

Examinado el expediente nº 168/96, en trámite por la Instrucción de expedientes sancionadores de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, incoado a D. José Vicente Simón Mederos, titular de la empresa operadora nº 226, por presunta infracción a la normativa sobre el juego.

Vista la Propuesta formulada por la Viceconsejería de Administración Pública.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Mediante Providencia dictada por el Viceconsejero de Administración Pública de fecha 15 de octubre de 1996, se ordenó la incoación de expediente sancionador al titular de la empresa operadora nº 226, José Vicente Simón Mederos, por presunta infracción a la normativa sobre el juego, procediéndose a nombrar Instructor del mismo y a formular el Pliego de Cargos al interesado. 2º) Con fecha 30 de octubre de 1996, mediante Providencia del Viceconsejero de Administración Pública, se ordena como medida cautelar el precinto de las máquinas recreativas TF-B-16.042 y TF-B-16.071 afectas al citado procedimiento por apreciarse presuntas infracciones muy graves, a resultas de la resolución que en definitiva sea dictada.

3º) Con fecha 6 de noviembre de 1996, tiene entrada en este Centro Directivo escrito de D. José Vicente Simón Mederos por el que interpone recurso ordinario contra la Providencia citada en el punto anterior, solicitando la suspensión del acto que se recurre, esto es, las medidas cautelares adoptadas en las dos máquinas recreativas afectas por el expediente sancionador, solicitud que es desestimada mediante Orden del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales de fecha 19 de noviembre de 1996, confirmando el acto recurrido en todos sus extremos y en consecuencia no se accede a la petición de suspensión interesada por la parte recurrente, debiendo materializarse por el Servicio de Inspección del Juego y las Apuestas de esta Consejería el precinto cautelar ordenado en las máquinas recreativas TF-B-16.042 y TF-B-16.071.

4º) Con fecha 16 de diciembre de 1996, fue levantada acta de constatación de hechos por el Servicio de Inspección del Juego de esta Consejería, dando cuenta que en el establecimiento Bar Cafetería La Habana, sito en la Carretera General Santa Cruz-La Laguna, Urbanización Buganvillas, Santa María de Gracia, 114, cuando se procedió a materializar las medidas cautelares confirmadas mediante Orden del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales de 19 de noviembre de 1996, no se pudieron efectuar los precintos ante la actitud de la encargada del establecimiento que tiene dada orden de la empresa operadora de no dejar precintar las máquinas por estar la resolución recurrida y no haber recibido notificación al respecto.

5º) Con fecha 20 de diciembre de 1996, tiene entrada escrito de D. José Vicente Simón Mederos, solicitando la suspensión del presente expediente sancionador al amparo de lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por seguirse causa criminal sobre los mismos hechos objeto del presente expediente sancionador, aportando copia de la querella criminal interpuesta ante el Juzgado de Instrucción nº 1 de La Laguna.

6º) Con fecha 8 de enero de 1997, se solicita del mencionado Juzgado, comunicación de las actuaciones practicadas al amparo de lo dispuesto en el artículo 7.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, sin que hasta la fecha se haya recibido informe al respecto.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las competencias funcionales en esta materia se encuentran reguladas en la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias, y en el Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de esta Comunidad Autónoma, modificado parcialmente por los Decretos 132/1989, de 1 de junio (B.O.C. nº 97, de 17.7.89), y 89/1990, de 23 de mayo (B.O.C. nº 80, de 29.6.90).

Segunda.- De conformidad con lo previsto en el artículo 7º.5.b) del Decreto 321/1995, de 10 de noviembre, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, el Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales es competente para intervenir en la resolución de este expediente, y por tanto para resolver sobre la suspensión del mismo de conformidad con lo dispuesto en el artº. 7.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora (B.O.E. nº 189, de 9.8.93).

Tercera.- El procedimiento seguido en la tramitación de este expediente se ajusta a lo dispuesto en el artº. 43 del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo; presentándose por el interesado la solicitud de suspensión; y procediéndose a resolver la misma de conformidad con lo establecido en el artº. 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarta.- La petición de suspensión ha de ser desestimada al no apreciarse identidad de sujeto, hecho y fundamento entre la infracción administrativa que se imputa y la infracción penal que pudiera corresponder, por cuanto el procedimiento administrativo sancionador se incoa a D. José Vicente Simón Mederos por la comisión de la presunta infracción muy grave tipificada en los artículos 21.21.f) de la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, y 39.12 del Decreto 93/1988, de 31 de mayo, consistente en utilizar ante esta Administración documentos no conformes con la realidad, esto es fotocopias de los impresos de declaraciones-liquidaciones de la Tasa Fiscal sobre el Juego, máquinas o aparatos automáticos, modelo 045, números de justificantes 0450001328445 y 0450001329793; certificándose por el Interventor Insular de Santa Cruz de Tenerife, con fecha 4 de octubre de 1996, que no figuran contabilizados los ingresos correspondientes a las autoliquidaciones citadas, todo ello con el objeto de obtener las autorizaciones administrativas correspondientes, consistentes en este caso en los Boletines de Instalación interesados para las máquinas recreativas de su titularidad, con números de permisos de explotación TF-B-16.042 y TF-B-16.071, y con el fin de proceder a la instalación de las mismas en locales autorizados, incurriendo por tanto en infracción administrativa; mientras que en la causa penal alegada por el inculpado en el presente procedimiento, y según se desprende de la documentación aportada por el mismo, por la representación de D. José Vicente Simón Mederos se interpone querella criminal contra el Inspector del Juego de la Viceconsejería de Administración Pública de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Canarias, número de registro personal AB331 y contra todas las personas que como consecuencia de los hechos que se investiguen puedan aparecer como implicadas por los delitos de coacciones y de complicidad o encubrimiento en delito de prevaricación de los artículos correspondientes del Código Penal. En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,

R E S U E L V O:

1º) No acceder a la suspensión del procedimiento administrativo sancionador nº 168/96, por presunta infracción a la normativa sobre el juego, interesada por el inculpado, por los motivos expuestos en la consideración jurídica cuarta de la presente Resolución.

2º) Notificar la presente a D. José Vicente Simón Mederos, como interesado en el procedimiento, y con domicilio a tal efecto en Camino La Villa, 99, término municipal de La Laguna.

Contra esta Orden, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses, desde la publicación del presente anuncio, previa la comunicación a esta Consejería, exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

Acordada la incoación de expediente sancionador a D. José Vicente Simón Mederos, titular de la empresa operadora nº 226, por supuesta infracción a la vigente normativa sobre el juego, el funcionario Instructor del expediente formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

De las actuaciones practicadas y antecedentes que han dado lugar a la instrucción de las diligencias, y teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Con fecha 3 de octubre de 1996, tuvieron entrada en las Dependencias de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación las solicitudes de diligenciamiento de Boletines de Instalación para las máquinas recreativas TF-B-16.042 y TF-B-16.071, suscritas por la empresa operadora José Vicente Simón Mederos, titular de dichas máquinas, con el fin de proceder a la instalación de las mismas en locales autorizados, aportando en la documentación preceptiva a tal efecto fotocopias de los impresos de declaración-liquidación de la Tasa Fiscal sobre el Juego, máquinas o aparatos automáticos, modelo 045.

2º) Con fecha 4 de octubre de 1996, se solicita certificación de ingresos por Tasa del Juego a la Intervención Insular de Santa Cuz de Tenerife de la Consejería de Economía y Hacienda, comprensiva de si los ingresos correspondientes a las liquidaciones aportadas por la parte interesada, números de justificantes 0450001328445 y 0450001329793, han sido efectivamente ingresados en el Tesoro.

3º) Con fecha 4 de octubre de 1996, el Interventor Insular de Santa Cruz de Tenerife certifica que según los antecedentes informáticos obrantes en esa Intervención Insular, no figuran contabilizados los ingresos correspondientes a las autoliquidaciones del modelo 045, números de justificantes 0450001328445 y 0450001329793.

4º) Al haberse comprobado que las liquidaciones aportadas por la empresa solicitante, no han sido ingresadas en el Tesoro, según la certificación descrita en el punto anterior de la presente, por la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, mediante Resolución de 10 de octubre de 1996, se denegaron las solicitudes de diligenciamiento de los Boletines de Instalación solicitados, toda vez que en las autoliquidaciones del modelo 045 aportadas por la parte interesada, número de justificantes 0450001328445 y 0450001329793, se han consignado datos no conformes con la realidad para obtener las autorizaciones correspondientes, consistentes en este caso en los Boletines de Instalación interesados.

5º) A la vista de los hechos, mediante Providencia dictada por la Viceconsejería de Administración Pública de fecha 15 de octubre de 1996, se ordenó la incoación de expediente sancionador por infracción a la normativa sobre el juego, procediéndose a nombrar Instructor del mismo y a formular el Pliego de Cargos al interesado.

6º) Con fecha 30 de octubre de 1996, mediante Providencia de la Viceconsejería de Administración Pública, se ordena como medida cautelar el precinto de las máquinas recreativas TF-B-16.042 y TF-B-16.071 afectas al presente procedimiento por apreciarse presuntas infracciones muy graves, a resultas de la resolución que en definitiva sea dictada.

7º) Con fecha 6 de noviembre de 1996, tiene entrada en este Centro Directivo escrito de D. José Vicente Simón Mederos por el que interpone recurso ordinario contra la Providencia citada en el punto anterior, solicitando la suspensión del acto que se recurre, esto es, las medidas cautelares adoptadas en las dos máquinas recreativas afectas por el presente expediente sancionador, solicitud que es desestimada mediante Orden del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales de fecha 19 de noviembre de 1996, confirmando el acto recurrido en todos sus extremos y en consecuencia no acceder a la petición de suspensión interesada por la parte recurrente, debiendo materializarse por el Servicio de Inspección del Juego y las Apuestas de esta Consejería el precinto cautelar ordenado en las máquinas recreativas TF-B-16.042 y TF-B-16.071.

8º) Con fecha 16 de diciembre de 1996, fue levantada acta de constatación de hechos por el Servicio de Inspección del Juego de esta Consejería, dando cuenta que en el establecimiento Bar Cafetería La Habana, sito en la Carretera General Santa Cruz-La Laguna, Urbanización Buganvillas, Santa María de Gracia, 114, cuando se procedió a materializar las medidas cautelares confirmadas mediante Orden del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales de fecha 19 de noviembre de 1996, no se pudieron efectuar los precintos ante la actitud de la encargada del establecimiento que tiene dada orden de la empresa operadora de no dejar precintar las máquinas por estar la resolución recurrida y no haber recibido notificación al respecto.

9º) Habiendo sido intentada la notificación de la Providencia de incoación y Pliego de Cargos en el domicilio del inculpado mediante carta con acuse de recibo, no pudo practicarse, por lo que se procedió a su notificación mediante anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, llevándose a efecto el día 10 de enero de 1997; no presentándose alegaciones por el inculpado en el plazo concedido al efecto.

10º) Con fecha 20 de diciembre de 1996, tiene entrada escrito de D. José Vicente Simón Mederos, solicitando la suspensión del presente expediente sancionador al amparo de lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por seguirse causa criminal sobre los mismos hechos objeto del presente expediente sancionador, aportando copia de la querella criminal interpuesta ante el Juzgado de Instrucción nº 1 de La Laguna; solicitud de suspensión que es desestimada mediante Orden del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales de fecha 17 marzo de 1997.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera: las competencias funcionales en esta materia vienen determinadas en la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias (B.O.C. nº 158, de 31.12.85) y en el Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado parcialmente por los Decretos 132/1989, de 1 de junio, y 89/1990, de 23 de mayo.

Segunda: de conformidad con lo establecido en el artículo 7º.5.b) del Decreto 321/1995, de 10 de noviembre, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, el Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales es competente para intervenir en la resolución de este expediente.

Tercera: en la tramitación de este expediente se ha observado el procedimiento previsto en el artículo 43 del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo, en relación con lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora (B.O.E. nº 189, de 9.8.93).

Cuarta: habiendo quedado probado que con fecha 3 de octubre de 1996, tuvieron entrada en las Dependencias de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación las solicitudes de diligenciamiento de Boletines de Instalación para las máquinas recreativas TF-B-16.042 y TF-B-16.071, suscritas por la empresa operadora José Vicente Simón Mederos, titular de dichas máquinas, con el fin de proceder a la instalación de las mismas en locales autorizados, aportando en la documentación preceptiva a tal efecto fotocopias de los impresos de declaración-liquidación de la Tasa Fiscal sobre el Juego, números de justificantes 0450001328445 y 0450001329793, en los que se han consignado datos no conformes con la realidad para obtener las autorizaciones correspondientes, consistentes en este caso en los Boletines de Instalación interesados, toda vez que las liquidaciones aportadas por la empresa solicitante no habían sido ingresadas en el Tesoro, según la certificación descrita en el punto tercero de los antecedentes de la presente Resolución.

Quinta: analizados los hechos imputados a través de las disposiciones en vigor, se aprecia infracción a lo dispuesto en el artículo 12.3 del Decreto 89/1990, de 23 de mayo, que modifica el Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el que se regula la documentación a presentar para la tramitación del Boletín de Instalación.

Sexta: de acuerdo con lo previsto en los artículos 21.2.1.f) de la citada Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias, y 39.12 del referido Decreto 93/1988, de 31 de mayo, las infracciones deben calificarse de muy graves, esto es, la utilización de documentos o consignación de datos (fotocopias de los impresos de declaración-liquidación de la Tasa Fiscal sobre el Juego, máquinas o aparatos automáticos, modelo 045, números de justificantes 0450001328445 y 0450001329793, aportados por D. José Vicente Simón Mederos), en los que se han consignado datos no conformes con la realidad para obtener las autorizaciones correspondientes, consistentes en este caso en los Boletines de Instalación interesados, correspondiendo sancionar con multa de tres millones de pesetas por cada infracción muy grave cometida al presentar la citada documentación para diligenciar el Boletín de Instalación en cada máquina recreativa objeto del presente expediente, que hacen un total de seis millones de pesetas, así como las sanciones adicionales del decomiso y cuando la sanción sea firme, la destrucción de las máquinas que han dado lugar a las sanciones, todo ello en razón a la naturaleza de las infracciones cometidas, a la malicia del infractor y al carácter especulativo de las acciones infractoras, a tenor de lo preceptuado en el artículo 42 del mismo texto reglamentario, en relación con el artículo 22 de la referida Ley 6/1985, de 30 de diciembre. En su virtud, se le notifica cuanto antecede a fin de que en el plazo de ocho días hábiles pueda alegar cuanto considere en su defensa, de acuerdo con el artículo 43.1.2.d) del Decreto citado.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de abril de 1997.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan José Rodríguez y Rodríguez.



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