Habiendo sido intentada la notificación de la Orden del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 118/96, incoado a D. Prudencio A. Acosta Padrón, titular de la empresa operadora nº 118, por infracción a la normativa sobre el juego, sin que haya podido practicarse al interesado, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación.
Orden del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, por la que se resuelve el expediente sancionador nº 118/96, incoado a D. Prudencio A. Acosta Padrón, titular de la empresa operadora nº 295, por infracción a la vigente normativa sobre el juego.
Examinado el expediente nº 118/96, tramitado por la Instrucción de expedientes sancionadores de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, incoado a D. Prudencio A. Acosta Padrón, titular de la empresa operadora nº 295, por infringir la normativa sobre el juego.
Vista la Propuesta formulada por la Viceconsejería de Administración Pública.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Con fecha 24 de junio de 1996, fue levantada acta de infracción por funcionarios adscritos al Servicio de Inspección del Juego de esta Consejería, dando cuenta que en el establecimiento Bar Zulia, sito en Tejina, Carretera Jove, calle Siracusa, 20, se encuentra instalada y en funcionamiento la máquina recreativa del tipo B, TF-B-10.430, propiedad de la empresa operadora nº 295, Prudencio A. Acosta Padrón, que en el momento de la inspección carece de los distintivos correspondientes del pago de la Tasa Fiscal sobre el Juego del primer y segundo trimestres del año 1996.
Asimismo, carece del preceptivo Boletín de Instalación para el establecimiento en que se encuentra instalada en el momento de la inspección toda vez que la máquina recreativa denunciada presenta un Boletín de Instalación para el establecimiento Bar El Chicharro.
2º) Mediante Providencia dictada por la Viceconsejería de Administración Pública de 8 de julio de 1996, se ordenó la incoación de expediente sancionador por infracción a la normativa sobre el juego, procediéndose a nombrar Instructor del mismo y a formular el Pliego de Cargos al interesado.
3º) Intentada la notificación de la Providencia y Pliego de Cargos en el domicilio del interesado mediante carta con acuse de recibo, no pudo practicarse, por lo que se instó la notificación mediante anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, llevándose a efecto el día 16 de septiembre de 1996; no formulándose alegaciones por el interesado en el plazo concedido al efecto.
4º) Con fecha 1 de octubre de 1996, por el Instructor del expediente se procedió a dictar Propuesta de Resolución, en la que propuso que por el Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales se sancione a D. Prudencio A. Acosta Padrón, titular de la empresa operadora nº 295, con multa de un millón setenta y cinco mil pesetas por la comisión de los hechos descritos constitutivos de infracción a los artículos 12 y 31.1.b) del Decreto 93/1988, de 31 de mayo, en cuya virtud, el Boletín de Instalación debidamente tramitado y cumplimentado, amparará la legalidad individualizada de la máquina correspondiente, en cuanto a su correcta ubicación en establecimiento autorizado para la instalación de máquinas de juego, del tipo que corresponda, debiendo figurar en todo momento en lugar visible al público en el local donde se encuentren en explotación las máquinas de juego, del tipo que corresponda, así como infracción a lo dispuesto en el artº. 30.1.d) del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que todas las máquinas a que se refiere el citado Reglamento, que se encuentren en explotación deberán llevar necesariamente incorporado a las mismas y de forma visible desde el exterior, entre otros, el justificante de pago de la Tasa Fiscal del Juego, incorporación que se efectuará en la parte frontal o lateral de la máquina.
5º) Intentada la notificación de la Propuesta de Resolución en el domicilio del inculpado mediante carta con acuse de recibo, no pudo practicarse, por lo que se procedió a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 154, de 4 de diciembre de 1996; no presentándose alegaciones por el inculpado en el plazo concedido al efecto.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las competencias funcionales en esta materia vienen determinadas en la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias, y en el Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de esta Comunidad Autónoma, modificado parcialmente por los Decretos 132/1989, de 1 de junio (B.O.C. nº 97, de 17.7.89), y 89/1990, de 23 de mayo (B.O.C. nº 80, de 29.6.90).
Segunda.- De conformidad con lo previsto en el artº. 7.5.b) del Decreto 321/1995, de 10 de noviembre, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, el Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales es competente para intervenir en la resolución de este expediente.
Tercera.- El procedimiento seguido en la tramitación de este expediente, se ajusta a lo dispuesto en el artº. 43 del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo; no presentándose por el interesado los correspondientes descargos y alegaciones en tiempo y forma, y procediéndose a resolver el mismo de conformidad con lo establecido en el artº. 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Cuarta.- Habiendo quedado probado que en el establecimiento Bar Zulia, sito en Tejina, Carretera Jove, calle Siracusa, 20, se encontraba instalada y en funcionamiento la máquina recreativa del tipo B, TF-B-10.430, propiedad de la empresa operadora nº 295, Prudencio A. Acosta Padrón, que en el momento de la inspección, el día 24 de junio de 1996, carece de los distintivos correspondientes del pago de la Tasa Fiscal sobre el Juego del primer y segundo trimestres del año 1996. Asimismo, carece del preceptivo Boletín de Instalación para el establecimiento en que se encuentra instalada.
Quinta.- Los hechos descritos suponen infracción a los artículos 12, 30.1.d) y 31.1.b) del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo; tipificándose como falta muy grave, la carencia de la autorización administrativa en que consiste el Boletín de Instalación, y como infracción leve, la no incorporación en la máquina recreativa del distintivo correspondiente al pago de la Tasa Fiscal sobre el Juego, a tenor de lo dispuesto en los artículos 39.6 y 41.3 del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo; y sancionándose con multa de un millón de pesetas por la primera de ellas y otra de setenta y cinco mil pesetas por la segunda, que hacen un total de un millón setenta y cinco mil pesetas conforme a los artículos 42 del mismo texto reglamentario y 22 de la citada Ley 6/1985, de 30 de diciembre.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,
R E S U E L V O:
Sancionar a D. Prudencio A. Acosta Padrón, como titular de la empresa operadora nº 295, con multa de un millón setenta y cinco mil pesetas, por haberse comprobado que en el establecimiento Bar Zulia, sito en Tejina, Carretera Jove, calle Siracusa, 20, en el momento de la inspección, el día 24 de junio de 1996, se encontraba instalada y en funcionamiento la máquina recreativa del tipo B, TF-B-10.430, propiedad de la citada empresa operadora, careciendo de los distintivos correspondientes del pago de la Tasa Fiscal sobre el Juego del primer y segundo trimestres del año 1996. Asimismo, carece del preceptivo Boletín de Instalación para el establecimiento en que se encontraba instalada en el momento de la inspección.
Dicha multa de hará efectiva en la forma y plazos que determine la Consejería de Economía y Hacienda, mediante la oportuna liquidación que le será notificada en su domicilio.
Contra esta Orden que agota la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses, desde la publicación del presente anuncio y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Santa Cruz de Tenerife, a 27 de febrero de 1997.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan José Rodríguez y Rodríguez.
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