BOC - 1997/030. Miércoles 5 de Marzo de 1997 - 688

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688 - RESOLUCIÓN de 15 de enero de 1997, de la Dirección General de Industria y Energía, sobre notificación de Acuerdo de iniciación de expediente sancionador incoado a Dña. Patricia A. Guerra, en ignorado domicilio.

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No habiéndose podido practicar la notificación a Dña. Patricia A. Guerra del Acuerdo de iniciación de expediente sancionador de fecha 28 de noviembre de 1996, expediente ESX-122/96, en los términos del apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; de conformidad con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Patricia A. Guerra el Acuerdo de iniciación de expediente sancionador ESX-122/96, de fecha 28 de noviembre de 1996, expediente tramitado en esta Dirección General por infracción de la normativa sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico.

Acuerdo de iniciación de expediente sancionador en materia de instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico.

Vista la propuesta de apertura de expediente sancionador del Jefe del Servicio de Industria, de 25 de noviembre de 1996, se procede a incoar expediente sancionador a Dña. Patricia A. Guerra, nº ESX-122/96, como titular de una instalación de radiodiagnóstico dental, sita en San Bartolomé de Tirajana, calle Haití, 9, Tablero, Maspalomas, por los hechos que a continuación se exponen:

Único.- Tener en funcionamiento una instalación con aparato/s productor/es de radiaciones ionizantes sin haber formulado dentro de plazo la preceptiva declaración que se exige en el artículo 8 del Real Decreto 1.891/1991, de 30 de diciembre (B.O.E. de 3 de enero de 1992), plazo que fue ampliado hasta el 3 de enero de 1996 para las instalaciones que hubiesen entrado en servicio con anterioridad al 3 de mayo de 1992, así como tampoco haberse legalizado la instalación de acuerdo con lo dispuesto en la normativa anterior a la actualmente vigente, el ya citado Real Decreto 1.891/1991.

Lo cual está tipificado como infracción leve en el artículo 16.2.1.a) del mencionado Real Decreto 1.891/1991, sin perjuicio de que pudieran concurrir circunstancias agravantes que se pusieran de manifiesto en la instrucción de este procedimiento, que hicieran variar la calificación de la infracción, según se previene en los artículos 16.2.2.a) y 16.2.3.a) del mismo Real Decreto.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16.3 del repetido Real Decreto 1.891/1991, las infracciones leves se sancionarán con multa de 50.000 a 1.000.000 de pesetas.

El procedimiento se tramitará conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. de 9 de agosto), por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

En el expediente sancionador actuarán los siguientes funcionarios:

Instructor: D. José Luis Camps de Bethencourt.

Secretaria: Dña. María Abona González Morales.

Se deja expresa constancia de la posibilidad de recusación a los funcionarios actuantes prevista en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El órgano competente para dictar resolución en este caso es esta Dirección General de Industria y Energía, conforme se estipula en el artículo 15.2.A).t) del Decreto 323/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, y en el artículo 19.2 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre (B.O.C. de 16 de septiembre), de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias.

Se informa al presunto responsable que puede reconocer voluntariamente su responsabilidad en el hecho imputado, lo que producirá los efectos previstos en el artículo 8 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

De conformidad con lo establecido en los artículos 13.1.f) y 16 del mencionado Reglamento, se le concede un plazo de 15 días hábiles para aportar al órgano instructor cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse.

Comuníquese este Acuerdo de iniciación al Sr. Instructor del procedimiento, con traslado de actuaciones, y notifíquese al interesado.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de enero de 1997.- El Director General de Industria y Energía, Alfredo Vigara Murillo.



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