BOC - 1997/028. Viernes 28 de Febrero de 1997 - 635

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635 - RESOLUCIÓN de 20 de enero de 1997, de la Dirección General de Vivienda, sobre notificación de Resolución recaída en el expediente sancionador S-47/92, dirigida a D. Vicente Mena Santana, en ignorado domicilio.

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Habiendo sido intentada sin que se pudiera practicar la notificación de Resolución, recaída en el expediente sancionador S-47/92, mediante carta certificada con acuse de recibo al domicilio consignado, y siendo necesario notificarle dicho trámite al ser parte interesada, y conforme a lo previsto en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre, R. 1.992, 2.512), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Vicente Mena Santana la Resolución de fecha 31 de julio de 1996, obrante en el expediente sancionador de referencia, cuya parte dispositiva dice textualmente:

“- Sancionar solidariamente a D. Pedro Pablo Monzón Blanco y a D. Vicente Mena Santana, con multa de 50.000 pesetas, como autores de una infracción grave al Régimen Legal de V.P.O. tipificada en el artº. 153.B.12 del Reglamento aprobado por Decreto 2.114/1968, de 24 de julio, por la instalación de un techado en el patio común del edificio sito en la calle Canalejas, 88.

- Requerir a D. Pedro Pablo Monzón y a D. Vicente Mena Santana, en virtud del artº. 155 in fine del Decreto 2.114/1968, de 24 de julio, para que en el plazo de quince días procedan a la retirada del mencionado techado, reponiendo la situación a su estado originario, bajo apercibimiento de que de no proceder a ello se le irrogarán los perjuicios a que hubiere lugar en Derecho.

Contra este acto que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso ordinario ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Insfraestructuras del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes desde la notificación/publicación de la presente Resolución, según establece el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de enero de 1997.- El Director General de Vivienda, Miguel Ángel Pulido Rodríguez.



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