BOC - 1997/028. Viernes 28 de Febrero de 1997 - 634

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634 - RESOLUCIÓN de 20 de enero de 1997, de la Dirección General de Vivienda, sobre notificación de Resolución recaída en el expediente sancionador S-29/92, dirigida a Construcciones Progresa Lanzarote, S.A., en ignorado domicilio.

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Habiendo sido intentada sin que se pudiera practicar la notificación de Resolución, recaída en el expediente sancionador S-29/92, mediante carta certificada con acuse de recibo al domicilio consignado, y siendo necesario notificarle dicho trámite al ser parte interesada, y conforme a lo previsto en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre, R. 1.992, 2.512), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

Notificar a Construcciones Progresa Lanzarote, S.A. la Resolución de fecha 13 de agosto de 1996, obrante en el expediente sancionador de referencia, cuya parte dispositiva dice textualmente:

“- Sancionar a la entidad Construcciones Progresa Lanzarote, S.A., con multa de 250.000 pesetas, como autora de una infracción al régimen legal de V.P.O., tipificada en el artº. 153.C.6 del Decreto 2.114/1968, de 24 de julio, por los defectos de construcción existentes en la vivienda sita en la Urbanización Los Lirios I, bloque 2, 2º B, en Tías, Lanzarote.

- Requerir a Construcciones Progresa Lanzarote, S.A., en virtud del artº. 155 in fine del Decreto 2.114/1968, de 24 de julio, para que en el plazo de 15 días desde la notificación de la presente Resolución ejecute las obras de reparación necesarias para subsanar los defectos mencionados.

- Requerir a Inmobiliaria Tisalaya, S.A., en virtud del artº. 155 in fine del Decreto 2.114/1968, para que en el mismo plazo ejecute las obras de reparación necesarias en la vivienda indicada.

- Se apercibe a los requeridos de que de no proceder conforme a los requerimientos efectuados se les irrogarán los perjuicios a que hubiere lugar en Derecho.

Contra este acto que no agota la vía administrativa, cabe recurso ordinario ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes desde la notificación/publicación de la presente Resolución, según establece el artº. 114 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de enero de 1997.- El Director General de Vivienda, Miguel Ángel Pulido Rodríguez.



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