BOC - 1997/017. Viernes 7 de Febrero de 1997 - 374

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales

374 - ANUNCIO de 2 de enero de 1997, de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, relativo a notificación de Propuesta de Resolución en el expediente sancionador incoado por la Viceconsejería de Administración Pública a D. Andrés Acosta Castañeda, titular de la empresa operadora nº 71, por infracción a la normativa sobre el juego.- Expte. nº 129/96.

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Habiendo sido intentada la notificación de la Propuesta de Resolución en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 129/96, incoado a D. Andrés Acosta Castañeda, titular de la empresa operadora nº 71, por infracción a la normativa sobre el juego, sin que haya podido practicarse al interesado, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

De las actuaciones practicadas y antecedentes que han dado lugar a la instrucción de las diligencias, y teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Con fecha 30 de abril de 1996 tuvo lugar acta de requerimiento por la Notario Dña. Ana María Álvarez Lavers a instancias de D. Guillermo Arbelo Segura, arrendatario del Bar-Restaurante Montecarlo II, sito en Santa Cruz de Tenerife, calle Antonio Nebrija, 6, de la comunicación a D. Andrés Acosta Castañeda, titular de la empresa operadora nº 71, de no prorrogar el plazo de permanencia de las máquinas recreativas del tipo “B”, TF-B-10.607 y TF-B-11.638, propiedad de la citada empresa operadora e instaladas en su establecimiento, cuyos Boletines de Instalación vencían con fecha 26 de junio de 1996. 2º) Con fecha 4 de julio de 1996, tiene entrada en las dependencias de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, escrito de D. José Miguel Zamora Acosta, titular de la empresa operadora nº 348, manifestando que D. Guillermo Arbelo Segura, titular del establecimiento Bar-Restaurante Montecarlo II, solicitó en su momento a través de un acta de requerimiento notarial a D. Andrés Acosta Castañeda su deseo de que se dejaran de explotar las máquinas recreativas citadas en el punto anterior, y dado que al vencimiento de los Boletines de Instalación las máquinas recreativas seguían instaladas y en funcionamiento en el citado establecimiento, solicita se tomen las medidas oportunas para que dichas máquinas sean retiradas conforme al deseo del arrendatario del local.

3º) Con fecha 15 de julio de 1996, se levanta acta de infracción por funcionarios adscritos al Servicio de Inspección del Juego de esta Consejería, dando cuenta que en el establecimiento Bar Montecarlo II, sito en Santa Cruz de Tenerife, calle Antonio Nebrija, 6, se encuentran instaladas y en funcionamiento las máquinas recreativas del tipo “B”, TF-B-10.607 y TF-B-11.638, propiedad de la empresa operadora nº 71, Andrés Acosta Castañeda, procediendo a su precinto cautelar por incumplimiento del artº. 22 del Decreto 89/1990, de 23 de mayo, que modifica la redacción dada por el Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de esta Comunidad Autónoma.

4º) A la vista de los hechos, mediante Providencia dictada por la Viceconsejería de Administración Pública de fecha 19 de julio de 1996, se ordenó la incoación de expediente sancionador por infracción a la normativa sobre el juego, procediéndose a nombrar Instructor del mismo y a formular Pliego de Cargos a la empresa operadora nº 71, Andrés Acosta Castañeda. Asimismo, en la citada Providencia de incoación se mantuvo la medida cautelar adoptada por el Inspector del Juego actuante con ocasión del acta de infracción de fecha 15 de julio de 1996, esto es, los precintos cautelares trabados en las máquinas recreativas TF-B-10.607 y TF-B-11.638, a resultas de la resolución que en definitiva sea dictada.

5º) Con fecha 6 de agosto de 1996, tiene entrada escrito de D. Andrés Acosta Castañeda, titular de la empresa operadora nº 71, solicitando copia de la totalidad del requerimiento notarial y copia del acta de precinto correspondiente a las máquinas recreativas de su propiedad instaladas en el establecimiento Bar Montecarlo II, dado que no ha recibido el requerimiento que presuntamente envió el titular del citado establecimiento y al mismo tiempo carece del acta de precinto que el Inspector dejó, todo ello con el fin de presentar los alegatos oportunos para su defensa, recogiendo la documentación solicitada con fecha 9 de agosto de 1996. 6º) Con fecha 4 de septiembre de 1996, tiene entrada escrito de D. Andrés Acosta Castañeda, manifestando que esta parte no recibió comunicación alguna del titular, motivo por el cual no retiró los aparatos, posteriormente y debido a los precintos, solicitó el requerimiento del titular, descubriéndose que, a pesar de que el Notario afirma la entrega del mismo, en su nota final admite la entrega de este requerimiento a un Sr. llamado D. Cristóbal Rafael Díaz Rodríguez, persona con la que esta parte no tiene ningún tipo de relación, aportando como prueba de ello cédula de notificación del requerimiento nº 955, de fecha 30.4.96 a D. Cristóbal Rafael Díaz Rodríguez el día 2 de mayo de 1996, por lo que solicita la anulación del citado requerimiento notarial, por erróneo, y se ordene el desprecinto de las máquinas recreativas.

7º) Ante la existencia de una duda razonable entre el sujeto requerido, D. Andrés Acosta Castañeda y el sujeto que figura en la cédula de notificación, D. Cristóbal Rafael Díaz Rodríguez, con fecha 17 de septiembre de 1996, por la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación se solicita informe sobre tal extremo a la Notario Dña. Ana María Álvarez Lavers, contestando con fecha 4 de octubre de 1996, lo siguiente:

“... la notificación fue realizada en la calle Marqués de Celada, 99, y con toda seguridad (he ido alguna vez para entregarle otras notificaciones) dirigida a D. Andrés Acosta Castañeda, al que nunca encuentro, pues el domicilio es un bar, que según me informan es propiedad del mismo, y habitualmente la recoge un camarero del mismo como se comprueba en la diligencia que recoge el acta que se adjunta, el cual en este caso no quiso dar sus apellidos y tuve algún problema para que la recogiera.

Por otra parte al tener en su poder la copia de la cédula de notificación (única que se expide), sólo le ha podido ser entregada por la persona que la recogió en el domicilio citado (camarero), y no al titular de las máquinas al que no se le entrega cédula de notificación sino copia del acta una vez finalizada, en la que no aparece para nada la expedición de la cédula, y además al camarero que la recogió con toda seguridad yo le advertí la obligación de entregarla a D. Andrés Acosta Castañeda.

Para abreviar, lo importante es el contenido del acta que va dirigida al ya citado D. Andrés Acosta Castañeda, y no en la expedición de la cédula en la que al parecer se produce el error, ya que toda vez, aunque se expida por error a nombre de D. Cristóbal Rafael Díaz Rodríguez, no quiere decir que la misma le haya sido entregada al mismo, pues la diligencia del acta es la que desarrolla el procedimiento del requerimiento, en la que para nada se menciona el nombre del señor Díaz Rodríguez. Este posible error de que la expedición de la cédula vaya dirigida a otra persona que no tiene que ver nada con el asunto, e intentando descubrir el motivo, toda vez que no se incorpora cédula, compruebo que el mismo día autoricé otra acta de notificación dirigida a D. Cristóbal Rafael Díaz Rodríguez, pero con diferente contenido y domicilio de notificación, por lo que puedo pensar que pudo haber sido un error material, pero que no afecta a que la notificación efectivamente se haya realizado en el domicilio de D. Andrés Acosta Castañeda, calle Marqués de Celada, 99, que el contenido era correcto y desde luego que la persona que la recogió, sabía perfectamente a quien iba dirigida”.

8º) Intentada la notificación de la Providencia y Pliego de Cargos en el domicilio del inculpado mediante carta con acuse de recibo, no pudo practicarse siendo devuelta por el Servicio de Correos con fecha 3 de octubre de 1996, instándose la notificación mediante anuncio en el Boletín Oficial de Canarias nº 137, de 30 de octubre de 1996; no presentándose alegaciones por el inculpado en el plazo concedido al efecto.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las competencias funcionales en esta materia vienen determinadas en la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias (B.O.C. nº 158, de 31.12.85) y en el Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado parcialmente por los Decretos 132/1989, de 1 de junio, y 89/1990, de 23 de mayo.

Segunda.- De conformidad con lo establecido en el artículo 7º.5.b) del Decreto 321/1995, de 10 de noviembre, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, el Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales es competente para intervenir en la resolución de este expediente.

Tercera.- En la tramitación de este expediente se ha observado el procedimiento previsto en el artº. 43 del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo.

Cuarta.- Habiendo quedado probado en el presente expediente sancionador, la idoneidad del requerimiento notarial efectuado con fecha 30 de abril de 1996, nº 955, a instancias del titular del establecimiento Bar-Restaurante Montecarlo II, D. Guillermo Arbelo Segura, de la comunicación a D. Andrés Acosta Castañeda, titular de la empresa operadora nº 71, de no prorrogar el plazo de permanencia de las máquinas recreativas del tipo “B”, TF-B-10.607 y TF-B-11.638, propiedad de la citada empresa operadora e instaladas en su establecimiento, cuyos Boletines de Instalación vencían con fecha 26 de junio de 1996. Quinta.- Analizados los hechos imputados a través de las disposiciones en vigor, se aprecia infracción a lo dispuesto en el artº. 22.1, último párrafo del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo, en su redacción operada por el Decreto 89/1990, de 23 de mayo (B.O.C. nº 80, de 29.6.90), en cuya virtud el deber de permanencia de las máquinas de juego en los locales donde estuviera autorizada su instalación, se prorrogará automáticamente por plazos sucesivos de doce meses, si con anterioridad al último mes de vigencia del plazo corriente, no se hace por alguna de las partes manifestación expresa en contrario, notificada a la otra parte por medio fehaciente.

Sexta.- De acuerdo con lo previsto en el artº. 39.23 del citado Reglamento, introducido por el Decreto 132/1989, de 1 de junio (B.O.C. nº 97, de 17.7.89) las infracciones deben calificarse de muy graves, por no respetar el plazo mínimo de permanencia que para las máquinas de juego se determina en el artº. 22 del Reglamento, procediendo sancionar con multa de un millón de pesetas por cada máquina recreativa, que hacen un total de dos millones de pesetas, así como que por el Servicio de Inspección del Juego de esta Consejería se proceda a levantar la medida cautelar adoptada en su día en las máquinas recreativas denunciadas, así como el cumplimiento por parte de D. Andrés Acosta Castañeda y en presencia del Inspector del Juego actuante de retirar las máquinas recreativas del establecimiento Bar Montecarlo II, sito en Santa Cruz de Tenerife, calle Antonio Nebrija, 6, a tenor de lo preceptuado en el artº. 42 del mismo texto reglamentario en relación con el artº. 22 de la referida Ley 6/1985, de 30 de diciembre.

En su virtud, se le notifica cuanto antecede a fin de que en el plazo de ocho días hábiles pueda alegar cuanto considere en su defensa, de acuerdo con el artículo 43.1.2.d) del Decreto citado.

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de enero de 1997.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan José Rodríguez y Rodríguez.



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