El Real Decreto 1.007/1991, de 14 de junio (B.O.E. de 26), que establece las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, dispone en su artículo tercero que el currículo comprenderá materias optativas, que tendrán mayor horario lectivo al final de la etapa. El Decreto 310/1993, de 10 de diciembre (B.O.C. de 28 de enero de 1994) en su artículo 7, apartado 2, establece para el ámbito de la Comunidad Autónoma Canaria, que se ofertarán con carácter optativo las enseñanzas de una segunda lengua extranjera en todos los cursos de la etapa; una materia de iniciación profesional y cultura clásica en el segundo ciclo de la misma.
Asimismo, la Resolución de 30 de noviembre de 1995, de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, por la que se establece el currículo de determinadas optativas y se dictan instrucciones sobre la elaboración, aprobación e impartición de las mismas en el segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria y en Bachillerato, en su anexo I dispone que deben ofertarse al alumnado del segundo ciclo de la etapa, las materias Canarias, tierra sin fronteras y Aprender a razonar.
Por lo que respecta al Bachillerato, el Real Decreto 1.700/1991, de 29 de noviembre (B.O.E. de 2 de diciembre), desarrolló la estructura del mismo fijando las materias propias de las distintas modalidades, posibilitando que las Administraciones educativas fijen las materias optativas y el Real Decreto 1.178/1992, de 2 de octubre (B.O.E. de 21), establece las enseñanzas mínimas. Por último, el Decreto 101/1995, de 26 de abril (B.O.C. de 25 de mayo), por el que se establece el currículo de Bachillerato, lo regula en el ámbito de la Comunidad Autónoma Canaria.
La Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) es la etapa educativa con la que finaliza en el nuevo sistema educativo el periodo de escolarización obligatoria, y los objetivos generales de esta etapa constituyen, por lo tanto, el perfil de la formación básica que deben poseer todos los ciudadanos y ciudadanas. Este tipo de enseñanza, que debe atender con esa finalidad educativa al conjunto de una población escolar muy diversa en cuanto a sus intereses y necesidades, requiere de unos instrumentos de adaptación del currículo a las características contextualizadas del centro educativo y de los diferentes alumnos y alumnas. Uno de estos instrumentos lo constituyen las materias optativas, con una oferta creciente a lo largo de la etapa, las cuales deben aportar aquellos elementos curriculares que, no estando contemplados en las distintas áreas, ayuden a la consecución de los objetivos generales de la misma.
En lo que se refiere al Bachillerato, las materias optativas tienen, esencialmente, un carácter diversificador y especializador, contribuyendo decisivamente a facilitar la transición a la vida activa y a desarrollar los objetivos generales de la etapa. Poseen, en suma, un alto valor de orientación profesional que ayuda a los alumnos en una etapa de carácter terminal y preparatorio, a tomar decisiones apropiadas sobre su futuro.
Corresponde a los centros educativos, en el ámbito de su autonomía para la concreción y adecuación del currículo que imparten, elaborar planes de optativas que hagan posible la consecución de estos fines, a través del diagnóstico de las necesidades y expectativas del alumnado y de las condiciones socioeducativas de su entorno, de la elaboración de ofertas coherentes de materias optativas para cada etapa y del desarrollo de una labor informativa y orientativa que facilite una elección correcta de cada alumno y alumna de su itinerario formativo. De esta tarea debe formar parte, como en todo proceso de concreción del currículo, la evaluación de la labor realizada a fin de proponer modificaciones en las acciones desarrolladas que mejoren los objetivos para los que fueron previstas. La convocatoria de planes de optativas, objeto de esta Orden, constituye el ámbito idóneo para que, especialmente aquellos centros educativos que han acumulado una experiencia a través del desarrollo de planes en años anteriores, inicien este proceso de evaluación interna, como el elemento previo y fundamental sobre el que planificar la oferta para un nuevo curso.
Por todo ello, esta Consejería, en uso de las competencias que le confiere el Decreto Territorial 305/1991, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, y en virtud de la habilitación que le confieren, respectivamente, el artículo 7.3 del Decreto 310/1993, de 10 de diciembre, y el artículo 12.1 del Decreto 101/1995, de 26 de abril,
DISPONE:
CAPÍTULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1.- La presente Orden será de aplicación en los centros educativos del ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de Canarias y tiene como objeto regular la elaboración, aprobación e impartición de las materias optativas en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato; asimismo, establece el currículo de la materia optativa para la Educación Secundaria Obligatoria La Constitución: derechos y deberes humanos.
CAPÍTULO II
LAS MATERIAS OPTATIVAS EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
Artículo 2.- En la Educación Secundaria Obligatoria.
La finalidad prioritaria de la Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) es la formación básica de todo el alumnado comprendido, con carácter general, entre los 12 y los 16 años de edad, de manera que puedan conocer e interpretar el medio que les rodea y actuar como ciudadanos responsables al tiempo que les capacita para continuar aprendiendo de forma autónoma y responsable.
Este conjunto de alumnos y alumnas tan amplio tendrá de forma natural miembros con diferentes capacidades, intereses y motivaciones, lo que se traduce en necesidades diferentes a las cuales habrá que dar respuestas educativas distintas. Las optativas en la Educación Secundaria Obligatoria deberán contribuir a desarrollar las capacidades generales a las que se refieren los objetivos de la etapa, conformando un espacio importante dentro del currículo para dar respuesta a la diversidad de alumnos y alumnas de este nivel educativo. El logro de una mayor implicación y motivación del alumnado se consigue al permitirle tomar parte en la construcción de su propia formación. Para conseguir este objetivo es imprescindible que el centro educativo construya el espacio de optatividad desde el análisis riguroso de las necesidades de todos los alumnos y las alumnas del centro.
Al mismo tiempo que la Enseñanza Secundaria Obligatoria se configura como una etapa de formación básica, también posee un carácter preparatorio para aquellos alumnos que continúen en las diversas modalidades de la enseñanza postobligatoria, Formación Profesional o Bachillerato. En este sentido las optativas, conjuntamente con las distintas áreas, participarán en el cumplimiento de esta función. No obstante, el límite al carácter preparatorio vendrá marcado por los objetivos generales de la etapa, con lo que se garantiza el carácter comprensivo y se impide que la optatividad se convierta en una vía de segregación del alumnado.
Artículo 3.- En el Bachillerato.
Las enseñanzas del Bachillerato han de permitir que los alumnos y las alumnas cursen sus estudios de acuerdo con sus preferencias gracias a la elección de una modalidad concreta y de unas determinadas optativas, en un momento en que las diferencias personales en capacidades específicas, motivación e intereses suelen estar bastante definidas.
Por tanto, las materias optativas en el Bachillerato deberán contribuir decididamente a la orientación profesional, laboral y universitaria y ayudarán al alumnado a tomar las decisiones apropiadas sobre su futuro; asimismo, contribuirán al desarrollo de los objetivos generales de la etapa y a completar su formación mediante otras materias de modalidad u optativas diferentes a las propias de la modalidad de Bachillerato elegida, configurando un itinerario educativo personalizado.
CAPÍTULO III
PLAN DE OPTATIVAS
Artículo 4.- 1. Los centros que impartan el segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato dispondrán de un plan de optativas para cada una de esas etapas. Este plan, que formará parte del proyecto curricular del centro, deberá contribuir a la consecución de los objetivos generales de la etapa y constituirá un instrumento de diversificación del currículo para atender las diferentes necesidades y expectativas del alumnado. 2. Con el fin de propiciar un mejor desarrollo de estos planes de optativas, las comisiones de coordinación pedagógica de los centros que ya los hayan desarrollado, realizarán anualmente una evaluación interna de los mismos y propondrán, si fuese necesario, las modificaciones oportunas en cuanto a objetivos, materias ofertadas así como de cuantos aspectos consideren pertinentes para la solución de los problemas detectados. Esta valoración será presentada al claustro de profesores del centro para su aprobación, pudiendo contar la Comisión de Coordinación Pedagógica con el asesoramiento de los servicios concurrentes para su elaboración.
3. Si el resultado de la evaluación referida en el apartado anterior fuese positivo se estará a lo dispuesto en el artículo 7.2 de esta Orden. Si el resultado de dicha evaluación fuese negativo se procederá a la modificación del plan de optativas, adecuándolo a los requisitos establecidos en la presente Orden.
Artículo 5.- Contenido del plan de optativas.
El plan de optativas constará de los apartados que a continuación se detallan:
1. Evaluación interna, en su caso, del desarrollo del plan de optativas que se ha venido impartiendo en el centro según lo dispuesto en el artículo 4 de esta Orden.
2. Justificación del plan que deberá contener los siguientes aspectos:
a) Adecuación de las enseñanzas a las características del centro, a su entorno y a las necesidades del alumnado con atención especial a la diversidad del mismo.
b) Contribución de dichas enseñanzas a la consecución de los objetivos de la etapa en relación con los proyectos educativo y curricular del centro.
3. Objetivos del plan de optativas y su relación con los de la etapa.
4. Relación de optativas indicando para cada una de ellas:
a) Justificación de la materia en función de los objetivos del plan de optativas.
b) Etapa, curso y perfil del alumnado al que se dirige.
c) Currículo propuesto si no estuviera publicado.
d) Departamento al que se adscribe.
e) Recursos personales y materiales del departamento responsable de su impartición. 5. Aspectos organizativos, teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 6 y 8 de esta Orden y que deberá precisar por otra parte:
a) Número de horas de optativas.
b) Organización de las materias optativas.
Artículo 6.- Procedimiento de elaboración del plan de optativas.
1. Los objetivos que debe cubrir la optatividad en cada una de las etapas serán aprobados por el claustro de profesores a propuesta de la comisión de coordinación pedagógica del centro. Previamente, el departamento de orientación elaborará un informe que recoja el contexto socioeconómico y cultural del centro, las características del alumnado y la oferta educativa existente en la zona.
2. En aquellos centros en los que no existiese aún comisión de coordinación pedagógica, los objetivos de los planes de optativas serán debatidos y aprobados en el seno del claustro de profesores.
3. Aprobados estos objetivos, los departamentos didácticos podrán hacer propuestas de materias optativas que serán presentadas a la comisión de coordinación pedagógica y que constarán al menos de:
a) Justificación de la materia en función de los objetivos del plan de optativas.
b) Etapa, curso y perfil del alumnado al que se dirige.
c) Currículo propuesto, si éste no estuviera publicado.
d) Departamento al que se adscribe.
e) Recursos personales y materiales del departamento para el desarrollo de la materia optativa propuesta.
f) Horas que el departamento propone para la impartición de optativas.
g) Criterios de organización para el desarrollo del plan.
h) Criterios propuestos por el departamento para la asignación de optativas al alumnado.
4. Vistas las propuestas de los distintos departamentos didácticos, la comisión de coordinación pedagógica elaborará una propuesta general para los diferentes niveles que, teniendo en cuenta lo recogido en el artículo 4.2 y 4.3 de esta Orden, será presentada al claustro de profesores para su aprobación. 5. El departamento de orientación elaborará un programa de información al alumnado y a sus familias que será igualmente presentado al claustro para su aprobación.
6. Con el fin de propiciar un mejor desarrollo de estos planes de optativas, las comisiones de coordinación pedagógica de los centros que ya los hayan desarrollado, realizarán anualmente una evaluación interna de los mismos y propondrán, si fuese necesario, las modificaciones oportunas en cuanto a objetivos, materias ofertadas así como de cuantos aspectos consideren pertinentes para la solución de los problemas detectados. Esta valoración será presentada al claustro de profesores del centro para su aprobación.
7. Si el resultado de la evaluación referida en el apartado anterior fuese positivo, se estará a lo dispuesto en el artículo 7.2 de esta Orden. Si, por el contrario, el resultado fuese negativo, se procederá a la modificación del plan de optativas, adecuándolo a los requisitos establecidos en la presente Orden.
Artículo 7.- Autorización del plan de optativas.
1. Antes del 15 de marzo de cada curso escolar, cada centro educativo presentará a la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa y a la Inspección de Educación el plan de optativas para cada una de las etapas que se impartirán en el mismo en el curso siguiente, acompañado de la certificación del acta del claustro en la que se aprueban tanto los objetivos como el propio plan.
2. Aquellos centros cuyos planes sean valorados favorablemente por los claustros y que no propongan modificaciones de los mismos, remitirán a la Inspección de Educación antes del 15 de marzo del curso escolar correspondiente, acta del claustro en la que consten la aprobación del informe elaborado por la comisión de coordinación pedagógica sobre el desarrollo del plan de optativas, así como la aprobación del programa de información y asesoramiento al alumnado y sus familias presentado por el departamento de orientación, considerándose aprobado el plan en sus restantes elementos. La Inspección de Educación trasladará el mismo a la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa acompañando informe complementario.
3. Los planes de optativas de los centros que los modifiquen, serán enviados a la Inspección de Educación y a la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa antes del 15 de marzo del curso académico correspondiente acompañados del acta del claustro en la que se aprueban tanto los objetivos como el propio plan.
4. Cuando la oferta de una materia optativa por parte de un centro se corresponda con alguna de las publicadas en los anexos I, III, IV y V, los centros deberán atenerse a ellas. 5. La Inspección de Educación supervisará el plan de optativas en función de los criterios recogidos en la presente Orden y remitirá informe a la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa dentro de los quince días siguientes a su recepción. En dicho informe constarán de forma expresa las modificaciones que se considere necesario realizar a dicho plan, así como una valoración general del mismo.
6. Los planes de optativas aprobados podrán impartirse en los sucesivos cursos sin necesidad de nueva autorización en tanto no se modifiquen las condiciones en que fueron autorizados o el contenido de los mismos. No obstante, la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, en función de posibles cambios sociales, tecnológicos o educativos, podrá promover la revisión de dichos planes para su adecuación a las nuevas circunstancias.
7. Autorizado el plan de optativas por la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, el alumnado, una vez hecha su elección, será distribuido en las diferentes optativas, atendiendo a las prioridades de asignación establecidas en el plan. El departamento de orientación asesorará al alumnado para la elección de estas materias.
8. Los departamentos didácticos a los que queden adscritas las diferentes optativas, incluirán estas materias en su programación para el curso siguiente.
Artículo 8.- Impartición de las materias optativas.
1. Las condiciones de impartición en la Educación Secundaria Obligatoria serán las siguientes:
a) El alumnado deberá cursar dos horas semanales de materias optativas en tercer curso y cuatro en cuarto curso de la E.S.O.
b) La temporalización de las materias optativas será la especificada en los currículos publicados y que se indican en los anexos IV y V que acompañan a esta Orden o en las propuestas desde los centros que cuenten con la debida autorización de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa. Las materias segunda lengua extranjera y cultura clásica podrán ser elegidas por el alumnado en tercero, en cuarto curso de la E.S.O. o en ambos. Para la segunda lengua extranjera se tendrá en cuenta lo establecido en los artículos 14 al 19 de la Orden de 13 de junio de 1996, por la que se dictan instrucciones para la implantación y coordinación de la E.S.O. El resto de las materias optativas ofertadas por el centro, podrán ser elegidas por el alumnado en tercero o en cuarto curso de la etapa.
c) El número de alumnos y alumnas en cada materia optativa será, como máximo, de 30 por grupo.
d) El número máximo de horas semanales de materias optativas que cada centro impartirá será, en tercero de E.S.O., igual al triple del número de grupos de este nivel, si es par o, en caso contrario, al siguiente número par. En cuarto curso, el número máximo de horas para impartir materias optativas será el del número de grupos de ese nivel multiplicado por seis.
e) El departamento de orientación, en coordinación con los equipos pedagógicos de los grupos de diversificación curricular, en aquellos centros en los que estuviesen autorizados estos programas o tuviesen decidido solicitarlos, podrá diseñar y ofertar en el plan de optativas del centro, materias específicas para los alumnos adscritos a los mismos quedando supeditada la autorización de esas materias a la aprobación por parte de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa del programa de diversificación solicitado.
2. Las condiciones de impartición en el Bachillerato serán las que se relacionan a continuación:
a) El alumnado dispondrá de cuatro horas de optativas en primer curso y de ocho en segundo en las que podrá cursar las materias optativas y de modalidad que se oferten en el centro siempre, en este segundo caso, que no impliquen aumento del número de grupos. Se tendrá en cuenta, en la elección de las materias en cada uno de los cursos, las condiciones que se establecen en los artículos 3º, apartado 5, y 5º de la Orden de 3 de abril de 1995, sobre evaluación y calificación en el Bachillerato (B.O.C. de 21), en la medida en que se establece que la evaluación de determinadas materias está condicionada a que exista previamente una evaluación positiva de otras cuando los contenidos establecidos en los currículos respectivos son progresivos (ver anexo II).
Asimismo se tendrá en cuenta lo establecido en la Orden de 6 de junio de 1996, por la que se dictan instrucciones para la implantación anticipada del Bachillerato establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.
b) La temporalización de las materias optativas será la especificada en los currículos publicados o en la propuesta de los centros, debidamente autorizada.
c) El número máximo de alumnos y alumnas en cada materia optativa será de 35 por grupo.
d) El número máximo de horas semanales de materias optativas que cada centro podrá impartir será: 1º) Para primero de Bachillerato:
Hasta 35 alumnos o alumnas: 8 horas. A partir de 36 alumnos o alumnas, 4 horas por cada 20 o fracción.
2º) Para segundo de Bachillerato:
Hasta 35 alumnos o alumnas: 16 horas.
A partir de 36 alumnos o alumnas, 8 horas por cada 20 o fracción.
e) Las materias optativas tendrán una duración de un cuatrimestre, un curso y, excepcionalmente, dos cursos.
CAPÍTULO IV
CURRÍCULOS DE OPTATIVAS
Artículo 9.- Estructura de los currículos de optativas.
1. Los currículos de materias optativas propuestos por los centros para su autorización por parte de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa deberán presentar la siguiente estructura:
a) Una introducción en la que se debe reseñar la justificación de la optativa, sus finalidades, en qué medida contribuye a desarrollar los objetivos de la etapa, en qué medida responde a la diversidad del alumnado, en qué curso se va a impartir y de qué disciplinas se nutre su contenido.
b) Los objetivos detallados de la optativa, es decir, aquellas capacidades que el alumnado desarrollará y su relación con los objetivos generales de la etapa.
c) Los contenidos, que se clasificarán en conceptos, procedimientos y actitudes y podrán organizarse en bloques.
d) El enfoque metodológico de la materia, indicando todos los elementos que la conforman (estrategias de enseñanza-aprendizaje, agrupamiento de alumnos, recursos, etc.).
e) Criterios de evaluación que deberán estar relacionados con los objetivos y contenidos que se han señalado previamente y que deberán contener una pequeña explicación de lo que se pretende valorar.
2. La autorización de dichos currículos corresponde a la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa y se hará por comunicación escrita a los centros, indicando las modificaciones que sean necesarias para la adecuación a los criterios y condiciones establecidas en la presente Orden. Artículo 10.- Criterios de aprobación de los currículos de optativas.
Los requisitos que permitirán determinar si un currículo de optativas puede ser aprobado serán los siguientes:
a) Adecuación del currículo de la materia a los objetivos generales de la etapa, a las características del centro y a las necesidades e intereses del alumnado de tal forma que se potencie su formación básica.
b) No inclusión de los ejes transversales ni de los contenidos de las diferentes áreas o materias del currículo tanto de la Educación Secundaria Obligatoria como del Bachillerato.
c) Presentación de los contenidos de la materia bajo un tratamiento interdisciplinar sin que por tanto exista un planteamiento excesivamente específico.
d) Coherencia entre los distintos elementos del currículo presentado: objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación.
e) Se valorarán preferentemente aquellos currículos que presenten contenidos de alta significatividad en el conjunto de la etapa o de la modalidad a la que se dirige en el caso del Bachillerato y que colaboren por lo tanto en el desarrollo de los objetivos generales.
CAPÍTULO V
PROFESORADO QUE IMPARTE LAS OPTATIVAS
Artículo 11.- 1. Las materias optativas en la Educación Secundaria Obligatoria serán impartidas por el profesorado del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria o por el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional.
2. Las materias optativas se asignarán a los departamentos correspondientes por parte de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa a través de la Resolución que autoriza la impartición del plan.
3. La segunda lengua extranjera será asignada a la especialidad del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria según el anexo V del Real Decreto 1.701/1991, de 29 de noviembre (B.O.E. de 2 de diciembre). Excepcionalmente, podrá impartir esta materia aquel profesorado que acredite tener el nivel adecuado y sea debidamente autorizado por la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa.
4. En el anexo VI se relacionan los departamentos a los que se adscriben determinadas materias optativas. 5. El currículo correspondiente a la materia optativa para la Educación Secundaria Obligatoria La Constitución: derechos y deberes humanos a que se hace referencia en el artículo 1 de la presente Orden, es el que se inserta como anexo VII a esta Orden.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Para los centros que, por comenzar la anticipación de alguna de las enseñanzas L.O.G.S.E., anticipen tercero de Educación Secundaria Obligatoria o primero de Bachillerato, el plazo de presentación del plan de optativas se amplía hasta el 15 de abril del año académico anterior a aquel en el que se vaya a producir el inicio de la impartición de dichas enseñanzas en el centro. La Inspección de Educación elaborará informe de estos planes según lo recogido en los artículos 6 y 8 de esta Orden. DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Se faculta a la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa para el desarrollo y ejecución de lo establecido en la presente Orden.
Segunda.- La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Santa Cruz de Tenerife, a 30 de diciembre de 1996.
EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES, José Mendoza Cabrera.
A N E X O I
MATERIAS OPTATIVAS DE OBLIGADA OFERTA EN EL SEGUNDO CICLO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
A N E X O I I
RELACIÓN DE MATERIAS DE BACHILLERATO VINCULADAS
A N E X O I I I
MATERIAS OPTATIVAS DE OBLIGADA OFERTA EN LOS DISTINTOS BACHILLERATOS
A N E X O I V
MATERIAS OPTATIVAS PARA IMPARTIR EN LA E.S.O.
A N E X O V
MATERIAS OPTATIVAS PARA IMPARTIR EN EL BACHILLERATO
A N E X O V I
DEPARTAMENTOS A LOS QUE SE ADSCRIBIRÁN, PREFERENTEMENTE, LAS MATERIAS OPTATIVAS QUE SE RELACIONAN
A N E X O V I I
LA CONSTITUCIÓN: DERECHOS Y DEBERES HUMANOS
INTRODUCCIÓN
El fomento de los hábitos de comportamiento democrático, así como la efectiva igualdad de derechos entre los sexos, el rechazo a todo tipo de discriminación y el respeto a todas las culturas son principios que la L.O.G.S.E. impone como desarrollo de la actividad educativa. Tales principios tienen su origen en los fines que la misma ley fija para el sistema educativo español, configurado éste de acuerdo con los principios y valores que la Constitución recoge.
La transmisión de los fundamentos enunciados debe impregnar, pues, todo el proceso de enseñanza-aprendizaje desde sus mismos inicios y desde todas las áreas y materias. Quizá por ello pueda parecer una reiteración innecesaria y, para muchos, una desvalorización de esa presencia imprescindible de la educación en los principios señalados, la oferta de una materia como la que se configura en el presente currículo.
Sin embargo, debe rehuirse cualquier tentación de considerarla como una concreción o desarrollo de aquella educación en valores, cuya presencia se exige a lo largo de todo el sistema educativo. Esta materia se perfila con entidad propia, con carácter autónomo y, en todo caso, como el vehículo para la reflexión sobre algunos aspectos teóricos que subyacen a los principios sobre los que se desarrolla la actividad formativa.
De su propio título es fácil deducir el engarce que se pretende poner de manifiesto entre la Constitución como norma básica de convivencia democrática y la asunción por la misma de los derechos humanos y los deberes de todo ciudadano. En definitiva, se intenta con ello poner en evidencia y constatar de qué modo los derechos y libertades básicas de todo ser humano en cuanto tal no sólo se concretan en una norma de convivencia, sino que le dan forma, la impregnan de tal manera que precisamente le dan su razón de ser.
No se trata, sin embargo, de estudiar o analizar la Constitución de 1978 en su totalidad, sino, sencillamente, de descubrir la trascendencia que el reconocimiento de los derechos y deberes de los ciudadanos posee para el logro de una sociedad más libre, justa y solidaria.
Por otra parte, la necesidad de encuadrar esos derechos subjetivos en una norma suprema de convivencia debe llevar inevitablemente a contemplarlos en el ámbito del entorno político-social de estas islas. De ahí que resulte imprescindible la referencia al Estatuto de Autonomía de Canarias como marco en el que se define nuestra identidad y que constituye el referente inmediato de nuestra convivencia. Es claro, pues, que su finalidad no es otra que proporcionar al alumnado unos elementales conocimientos teóricos que, en cierto sentido, apuntalen aquellas actitudes que le han sido transmitidas desde los distintos ámbitos o áreas de conocimiento. Precisamente por su inevitable carga de reflexión teórica, parece conveniente ofertarla en el último año de la Educación Secundaria Obligatoria, de modo que quienes opten por seguirla hayan desarrollado ya un cierto nivel de pensamiento abstracto.
A nadie se le esconden, por otra parte, las evidentes coincidencias entre el currículo de esta materia y el de Ciencias Sociales, Geografía e Historia en todos sus elementos. Sin embargo, la finalidad de esa área y el enfoque que se da a sus contenidos impide, entre otras cosas, el tratamiento y la reflexión detenida sobre los instrumentos y códigos de convivencia que aquí se pretende incentivar. Tampoco la materia que se presenta debe convertirse en una enseñanza de ética o moral. No se trata de sustituir enseñanzas de determinados valores, sino, sobre todo, de proporcionar los rudimentos jurídicos para la vida en sociedad, al igual que se proporcionan los rudimentos históricos, lingüísticos, geográficos o matemáticos para poder entender y desenvolverse en el manejo de las ciencias.
El aprendizaje sobre el contenido de la Constitución y los derechos humanos implica concebir aquél con un carácter globalizador, que integre lo cognitivo, lo afectivo, lo social y lo político. Ese tratamiento implica la identificación de conceptos como dignidad, autoestima, respeto y tolerancia por la diferencia, hábitos de convivencia, grado de reivindicación de los derechos reconocidos, grado de constatación de las violaciones, conciencia de la posición del individuo en su organización social, estatal e internacional.
No resulta difícil comprobar, por otra parte, que la materia así delimitada conecta claramente con algunos de los objetivos de la etapa para la que se propone. De ese modo, no sólo cumple la finalidad esencial de la misma establecida por la L.O.G.S.E., al formar al alumnado para asumir sus deberes y ejercer sus derechos y prepararles para la vida activa, sino que va dirigida a desarrollar las capacidades que la misma ley establece. En concreto, puede decirse que atiende especialmente a los siguientes objetivos de etapa:
- Utilizar con sentido crítico los distintos contenidos y fuentes de información, y adquirir nuevos conocimientos con su propio esfuerzo.
- Comportarse con espíritu de cooperación, responsabilidad moral, solidaridad y tolerancia, respetando el principio de la no discriminación entre las personas.
Los contenidos que se pretende transmitir en esta materia, como resulta fácil deducir de lo hasta aquí expuesto, hacen especial referencia a los de carácter actitudinal. Los conceptos con los que se trabaja están dirigidos fundamentalmente a dotar a aquellos hábitos de comportamiento que fundamentan la convivencia democrática de un soporte teórico que refuerce su interiorización y su consecuente práctica. Así, los contenidos conceptuales y de procedimientos quedan subordinados a los actitudinales, verdadero núcleo de la materia que se presenta. De hecho, a poco que se reflexione sobre los objetivos propuestos en este currículo, ese aspecto queda en clara evidencia.
La propia esencia de la materia, tal como ha quedado esbozada, es propicia a una metodología de participación activa, como se señalará más adelante, pero impide que en su desarrollo se acuda a la interdisciplinariedad, método que podría chocar frontalmente con el carácter de eje transversal que posee la educación en valores y que, es preciso recalcarlo, debe impregnar todo el sistema educativo.
En definitiva, con la oferta de esta materia optativa se trata de consolidar y desarrollar en el alumnado las actitudes y hábitos característicos del humanismo y de la democracia, adquiriendo independencia de criterio y juicio crítico para valorar con rigor y ponderación hechos, acciones y opiniones, desarrollando actitudes de tolerancia y valoración de otras culturas y de solidaridad con los individuos y grupos desfavorecidos, marginados y oprimidos, y asumiendo una posición crítica ante los valores y actitudes antropocéntricos de nuestra cultura.
Todo ello podría resumirse considerando que esta materia pretende ser, en primer lugar, una base para la reflexión, la discusión, el debate y la adopción de posturas críticas ante cuestiones que configuran el ser y el vivir democrático, cuyo fundamento no es otro que el respeto, la tolerancia y la asunción de los deberes y responsabilidades derivadas de la titularidad y el ejercicio de los derechos y libertades básicas. En segundo término, el vehículo para el conocimiento, con cierta profundidad, de esos derechos y libertades, de tal modo que la formación en valores adquirida a lo largo de las etapas anteriores se consolide con la reflexión teórica. Y, en fin, aunque no en último lugar, el punto de partida para el compromiso personal y social en la defensa de los derechos de la humanidad y en la denuncia de sus violaciones.
OBJETIVOS
El objetivo esencial no es otro que la formación en el conocimiento y el respeto de los deberes, los derechos y las libertades previstas en la Constitución, así como en el ejercicio de la tolerancia y el diálogo dentro de los principios democráticos de convivencia que la misma representa. La Constitución debe ser enseñada a la población. Porque ser un ciudadano conlleva instrucción sobre el régimen democrático. Además, el Estado social y democrático de Derecho es sostenido siempre por los ciudadanos libres y críticos.
La formación del alumnado en La Constitución: derechos y deberes humanos se orientará a la consecución de los siguientes objetivos:
Conocer los deberes y derechos inscritos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Canarias, resaltando su contenido práctico así como su aspecto crítico frente a las vulneraciones de las que es objeto.
Comprender que la Constitución es el marco de convivencia general, el conjunto de normas fundamentales, en la que se integran todos los ciudadanos sin discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Desarrollar el respeto a la Constitución y a los valores y principios que la inspiran, para consolidar una madurez personal, social y cívica que permita actuar en la vida adulta y activa de forma responsable y autónoma.
Constatar que nuestra Constitución garantiza un Estado de Derecho, de forma que tanto los ciudadanos como las más altas autoridades del Estado están sometidos a ella.
Asumir los deberes, ejercer los derechos y tomar posturas concretas y efectivas ante situaciones en las que son conculcados.
Conocer qué instituciones tutelan y defienden el ejercicio de los derechos.
Contribuir a la vertebración de la sociedad civil y al establecimiento de hábitos democráticos, animándoles al diálogo y al debate sobre la Constitución con una actitud de respeto y tolerancia.
Comprender que la Constitución no es una norma estática sino dinámica, que puede ser variada cuando la sociedad así lo demande.
Valorar críticamente los obstáculos que impiden la puesta en práctica de los principios constitucionales de la libertad, la igualdad y la solidaridad, poniendo el acento en hacer posible la igualdad de oportunidades entre los sexos.
Participar en la construcción y transformación de la sociedad, haciéndola más justa, libre y creadora.
Respetar los Derechos y Deberes Humanos como garantía de un desarrollo económico y social equilibrado, que además favorezca una adecuada utilización de los recursos del entorno natural. Conocer y analizar los cauces que abre la Constitución para que la ciudadanía pueda tener una participación activa y personal (partidos políticos, sindicatos, asociaciones, ...).
CONTENIDOS
De acuerdo con lo que es tradicional en la teoría curricular, se ha estructurado este elemento del currículo en los tres tipos de contenido habituales: conceptuales, procedimentales y actitudinales. Tal como quedó dicho en la introducción, es evidente que, dada la finalidad y los objetivos de la materia, ésta pone especial énfasis en los de carácter actitudinal, intentando fomentar la adopción de posturas críticas hacia la sociedad e insistiendo en la formación en valores.
Los contenidos que a continuación se desarrollan deben, en todo caso, ser contemplados en la perspectiva de los conocimientos previos y el desarrollo intelectual del alumnado al que va dirigida la materia. De ambas cuestiones dependerá, pues, el grado de profundización que a los mismos se otorgue por parte del profesorado. No se trata, en consecuencia, de establecer un conjunto de temas rígido ni mucho menos de determinar unos mínimos, sino de ofrecer al profesorado que ha de dirigir estas enseñanzas unas orientaciones o líneas de trabajo que le permitan la consecución de los objetivos propuestos.
Todo ello, sin perder de vista que, aunque determinados contenidos se contemplen en los currículos de otras áreas o materias, el enfoque con que se los trata desde ésta ha de estar en la línea de lo que ha quedado expuesto en la introducción.
CONCEPTOS
1. Normas básicas de convivencia político-democrática.
1.1. La Constitución española de 1978. Sus contenidos esenciales. El Título preliminar: la definición del Estado y los principios generales de convivencia.
1.2. El Estatuto de Autonomía de Canarias. Los Estatutos de Autonomía como desarrollo de la Constitución.
1.3. El carácter vivo y dinámico de las normas: su reforma.
2. El Estado social y democrático de Derecho. Sus caracteres esenciales.
2.1. El concepto de Estado social: intervención del Estado en el bienestar social, la calidad de vida y la actividad económica. 2.2. Los principios del Estado democrático: la soberanía popular, el pluralismo democrático y la participación pública.
2.3. Las características del Estado de Derecho: el sometimiento a la ley, la división de poderes, la legalidad de la actuación administrativa y la garantía jurídica y de realización de los derechos y libertades fundamentales.
3. Los derechos de los ciudadanos en la Constitución.
3.1. Clasificación de los principales derechos: individuales y en relación con la colectividad.
3.2. Los principales derechos individuales.
3.2.1. El derecho a la vida y a la integridad personal.
3.2.2. El derecho a la libertad personal, ideológica y religiosa y a la seguridad.
3.2.3. El derecho al honor, la imagen y la intimidad. La inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones.
3.2.4. El derecho a la libertad de residencia y circulación.
3.2.5. El derecho a la libertad de expresión.
3.3. Los principales derechos humanos en relación con la colectividad.
3.3.1. Derechos de reunión y asociación. El derecho de manifestación.
3.3.2. Derecho a la participación política y al acceso a las funciones y cargos públicos. El derecho de sufragio.
4. Los principales derechos sociales.
4.1. El derecho al trabajo. El derecho a la huelga.
4.2. El derecho a la protección de la familia y de la infancia.
4.3. El derecho a la vivienda y a la propiedad privada.
4.4. El derecho a la educación. La libertad de creación de centros docentes y de ideario.
4.5. El derecho a la tutela de los jueces y tribunales. 4.6. El derecho a la protección de la salud, al acceso a la cultura, a un medio ambiente adecuado, a la paz, la solidaridad, el desarrollo, etc.
5. Los derechos de colectivos especiales.
5.1. Los derechos del menor. Las situaciones de explotación laboral, sexual, etc.
5.2. Los derechos de la mujer. La discriminación por razón de sexo.
5.3. Los derechos de las minorías. Racismo y xenofobia. La discriminación religiosa, cultural, física, psíquica, sexual, etc.
6. Los deberes del ciudadano.
6.1. El derecho y deber del trabajo.
6.2. Los deberes fiscales.
6.3. La defensa del territorio. La objeción de conciencia.
7. Las instituciones de tutela y de defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas.
7.1. Las instituciones de tutela judicial: el Tribunal Constitucional y los Tribunales ordinarios.
7.2. Las instituciones de defensa de ámbito estatal: el Defensor del Pueblo.
7.3. Las instituciones de defensa de ámbito autonómico. El Diputado del Común de Canarias.
7.4. El Defensor del Pueblo europeo y otras instituciones internacionales.
7.5. Las Organizaciones no gubernamentales.
PROCEDIMIENTOS
1. Identificación, a través de los medios de comunicación, de situaciones de hecho que pongan de relieve el cumplimiento o incumplimiento de los principios básicos de la convivencia política.
2. Reconocimiento en la vida cotidiana de actividades públicas en las que se manifiesten los caracteres del Estado de Derecho.
3. Análisis y comprobación de la proyección de los principios constitucionales en el Estatuto de Autonomía de Canarias.
4. Detección de actuaciones de los poderes públicos que manifiesten su intervención en la vida social y económica del país. 5. Constatación y análisis de actividades individuales o colectivas que supongan el incumplimiento de los deberes ciudadanos y su repercusión en la convivencia social.
6. Comprobación, en situaciones de hecho concretas, de la efectiva realización de los derechos de los ciudadanos.
7. Identificación, a través de los medios de comunicación o de la experiencia personal, de realidades en las que se detecten violaciones de los derechos individuales o colectivos.
8. Búsqueda de documentación acerca de actuaciones institucionales, de tutela o de defensa, realizadas ante la vulneración de los derechos humanos.
9. Organización de debates sobre el ejercicio de los derechos, la validez y efectividad de las normas y de las instituciones, etc.
10. Iniciativas y propuestas de intervención para defender la realización efectiva de los derechos humanos ante las instituciones correspondientes.
ACTITUDES
1. Interés por el conocimiento del contenido de las normas básicas de convivencia social contenidas en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Canarias.
2. Toma de conciencia del deber cívico de participación en la vida pública como instrumento para la consecución de una sociedad cada vez más justa.
3. Valoración de la intervención en actividades políticas, sindicales, asociativas, etc. como un ejercicio de responsabilidad personal ante la colectividad.
4. Adopción de posturas críticas ante acciones de los poderes públicos que supongan una injerencia en el ejercicio de actividades de defensa de los valores y derechos de las personas.
5. Toma de conciencia de los deberes ciudadanos y crítica de la interpretación que de ellos puedan realizar los poderes públicos.
6. Sensibilidad y adopción de posturas ante hechos o situaciones que suponen atentados o desprecio de los derechos humanos.
7. Tolerancia y respeto ante las diversidades sociales, culturales, ideológicas, religiosas, etc.
8. Valoración positiva del pluralismo social como fuente de enriquecimiento personal y colectivo. 9. Rechazo de todo tipo de conducta individual o colectiva que implique una violación de los derechos humanos, en especial de aquellos sectores sociales más desfavorecidos.
10. Compromiso, personal, social y a través de las instituciones correspondientes, en la denuncia de acciones contrarias a los derechos humanos, así como en la defensa de los mismos.
METODOLOGÍA
Es sabido que en el diseño de un currículo no es conveniente prescribir la utilización de un único método de enseñanza, sino, sencillamente, proporcionar unos criterios que guíen la práctica docente, adaptada específicamente a cada contexto educativo. Se trata, pues, de ofrecer al profesorado que ha de impartir esta materia unas orientaciones que le permitan la organización de actividades de enseñanza-aprendizaje partiendo de los objetivos y de los contenidos propuestos.
De los objetivos que se han propuesto para la materia, así como de la distribución de sus contenidos, puede fácilmente deducirse la especial incidencia que el conocimiento del ordenamiento constitucional y de los derechos y deberes ciudadanos que en él se consagran tiene en la conformación de los valores que configuran la responsabilidad ciudadana y que se pretende hacer llegar al alumnado.
Situados en esa perspectiva, resulta particularmente obligada la utilización de una metodología activa, entendida como aquella que fomenta la implicación directa del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia objeto del presente currículo. La asunción de responsabilidades cívicas y la convicción de que es preciso conocer las normas básicas de la convivencia político-social para cumplirlas y hacer posible su cumplimiento, exigen su interiorización más profunda por parte de los ciudadanos y ciudadanas en edad escolar. No es necesario, pues, insistir en este punto. La participación directa del alumnado en el proceso educativo es el instrumento más eficaz para la consecución de los objetivos marcados.
Tal participación se concreta en el modo de plantear la estructura del proceso de enseñanza-aprendizaje, que debe hacer especial hincapié en el uso de recursos metodológicos como el debate, la reflexión colectiva, el trabajo dialéctico en común, etc. De este modo, el planteamiento de posturas ideológicas diversas, el análisis de situaciones de hecho conocidas teórica o empíricamente por el alumnado, la reflexión sobre realidades concretas que son manifestación de los principios constitucionales, permitirán llevar a cabo con éxito el proceso de interiorización de los valores que se pretende transmitir. Por ello, se sugiere el uso de la metodología por descubrimiento, fórmula especialmente propicia al trabajo de discusión y debate, así como al contraste de experiencias y pareceres del alumnado participante. Esa fórmula facilita, además, la definición y aclaración de los conocimientos previos desde los que debe partir todo proceso de construcción de nuevos aprendizajes.
El orden en que se han distribuido los contenidos conceptuales no supone, obviamente, el establecimiento de ningún sistema de prioridades. En la teoría del aprendizaje significativo es conocida la conveniencia del tratamiento helicoidal de los contenidos, a pesar de su inevitable ordenación. Por tanto, el tratamiento que a ellos se dé por cada docente dependerá de sus propios criterios y de la necesidad de adaptación al alumnado al que van dirigidos.
No puede olvidarse la incardinación con la realidad inmediata del alumnado que el proceso educativo exige, no sólo como elemento fundamental de la motivación para el nuevo aprendizaje, sino también como punto de partida para el mismo, aspecto aún más destacado en una materia como la que tratamos. Por ello se sugiere que la reflexión, la discusión o el debate se inicien a partir del conocimiento de situaciones de hecho inmediatas al alumno o alumna para, desde ese punto, tratar de universalizar y categorizar las conclusiones a las que se haya podido llegar. En sentido inverso, puede partirse del conocimiento teórico de los principios, derechos y deberes contenidos tanto en la Constitución como en el Estatuto de Autonomía de Canarias, o en el resto de las normas que se estime oportuno manejar, para comprobar cómo se proyectan en la vida cotidiana.
Por esas razones, parece conveniente la utilización, como instrumentos didácticos de uso en el aula, de aquellos materiales procedentes de los medios de comunicación, tanto escritos como audiovisuales, que permitan el análisis de la realidad y, sobre todo, la adopción de posturas críticas ante la misma. Todo ello, en la perspectiva de la valoración que la propia sociedad realiza de las normas que a sí misma se ha dado, del respeto a ellas y del grado de adaptación que existe entre norma y situación social.
En conclusión, no puede perderse de vista la orientación eminentemente práctica con que la materia debe enfocarse y que queda suficientemente explicitada en los objetivos que se persiguen con ella. Los conocimientos teóricos imprescindibles, pues, dejan de tener un fin en sí mismos y se ponen al servicio de esa dimensión práctica, que no viene a ser otra que su proyección en la vida cotidiana.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Reconocer, a través de la Constitución española, los principios y normas básicas que rigen la convivencia de los ciudadanos. El alumnado debe reconocer en la Constitución los principios básicos que fundamentan el ordenamiento jurídico que permite la convivencia de todos los ciudadanos en el marco de un estado democrático. El currículo de esta materia, que tiene en cuenta la edad del alumnado al que va dirigida, debe dar a conocer estos principios jurídicos partiendo de un sencillo conocimiento teórico, aplicando procedimientos que lo acerquen a la realidad que le rodea y que le permita evaluar la correcta aplicación de estas normas fundamentales.
2. Identificar en el Estatuto de Canarias los rasgos básicos que conforman el hecho diferencial canario, su carácter de nacionalidad, así como las instituciones de la Comunidad canaria y el modo de relacionarse con las restantes Comunidades españolas y con otras instituciones supranacionales.
Se trata de diagnosticar si el alumnado ha entendido que España es un marco plural que engloba a distintos pueblos con su propia identidad; si reconoce en el Estatuto canario esos rasgos peculiares que nos definen como Comunidad canaria y a las Instituciones que posibilitan una organización autónoma, así como la relación política y económica que se mantiene con las restantes Comunidades españolas y con otras instituciones y organismos supranacionales.
3. Reconocer y diferenciar los derechos y deberes individuales, sociales y colectivos que tenemos como ciudadanos.
Se pretende evaluar si el alumnado ha comprendido que todo colectivo social se organiza a partir de unas normas fundamentales que posibilitan la correcta convivencia entre ellos, defendiendo sus derechos individuales y colectivos y propugnando unos deberes que son requisitos básicos para el buen funcionamiento de un estado democrático.
4. Identificar las instituciones específicas que la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Canarias reconocen como tutoras y defensoras del ejercicio de los derechos humanos y constitucionales.
Se pretende asegurar que quienes han seguido esta materia han asimilado el contenido de la información que se les aporta sobre las instituciones que los amparan si consideran conculcados sus derechos como ciudadanos españoles o de la Comunidad canaria.
5. Valorar los derechos humanos como una importante conquista histórica, constatando su presencia en el desarrollo de nuestra Constitución y rechazando cualquier violación de los mismos, así como cualquier discriminación por razones de sexo, raza, edad, religión, nacionalidad, etc. Se evaluará el conocimiento que el alumnado haya adquirido sobre los derechos fundamentales que tiene como ser humano y el esfuerzo histórico de la Humanidad para conseguirlos, de forma que, haciéndolos intrínsecamente suyos, rechace activamente cualquier violación de los mismos. No se trata, como se ha dicho, de hacer un mero estudio teórico de esos principios, sino de analizar, a través de la realidad con la que se encuentra cada día, del grado de cumplimiento o de conculcación de los mismos.
6. Elaborar informes y participar en debates, tratando con rigor la información, sobre cuestiones problemáticas de la vida cotidiana, donde se muestre el sentido crítico sobre las mismas y se aborden con actitud solidaria y tolerante.
Se pretende, a través de esos procedimientos, comprobar si el alumnado ha aprendido a obtener y analizar críticamente la información que utiliza sobre la problemática cotidiana, así como a sacar conclusiones sobre la misma. Éstas deberán ser expresadas, bien en informes individuales correctamente estructurados y coherentes, bien en los debates que se generen, lo que permitirá valorar su sentido crítico y si aborda con actitud solidaria la problemática de los colectivos más desfavorecidos.
7. Realizar pequeñas investigaciones sobre algún problema social con información de distinto tipo, donde se expresen las dificultades que se encuentran, a veces, para cumplir o hacer cumplir los derechos y deberes fundamentales de la Humanidad.
Se evaluará si el alumnado ha adquirido la habilidad de realizar sencillas investigaciones (preferentemente a través de la indagación directa y tratando de manera rigurosa y adecuada las fuentes de información) que le permita comprobar el grado de cumplimiento, por parte de la sociedad y sus instituciones, de las leyes y normas que preservan los derechos esenciales de la Humanidad, y concretamente de los ciudadanos españoles.
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