Habiendo sido intentada, mediante carta certificada con acuse de recibo, la notificación a D. Antonio Morilla Hernández, de la Resolución de recurso ordinario dictada en el expediente sancionador S-21/93, como consecuencia de la denuncia formulada contra el mismo por infracción de la reglamentación vigente en materia de viviendas de protección oficial, no teniendo constancia de su recepción, y a los efectos de que se formulen las alegaciones pertinentes y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), R E S U E L V O:
Notificar a D. Antonio Morilla Hernández la Resolución de recurso ordinario de fecha 4 de julio de 1996, obrante en el expediente sancionador de referencia, cuya parte dispositiva dice textualmente:
Desestimar el recurso ordinario formulado por D. Antonio Morilla Hernández contra Resolución de la Dirección General de Vivienda de fecha 16 de enero de 1995.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde la notificación/publicación, previa la comunicación a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas, exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Santa Cruz de Tenerife, a 25 de noviembre de 1996.- El Director General de Vivienda, Miguel Ángel Pulido Rodríguez.
© Gobierno de Canarias