El Decreto 339/1995, de 21 de diciembre, determina que la venta del Boletín Oficial de Canarias sea retribuida mediante precio público y se fija su cuantía.
El Decreto Legislativo 1/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de tasas y precios públicos, establece en su artículo 169.2.b) que la fijación o revisión de la cuantía de los precios públicos se efectuará por el Gobierno, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, previa iniciativa de la Consejería perceptora, cuando razones sociales, benéficas o culturales aconsejen señalar precios inferiores a los costes económicos de los correspondientes bienes, servicios o actividades.
La Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales ha formulado iniciativa acompañada de Memoria económica-financiera, entendiendo oportuno que debería incrementarse el precio actual en un 4%, del que el 2,8% corresponde al aumento del Índice de Precios al Consumo y el 1,2% restante a la aproximación gradual al costo real del precio del servicio.
En su virtud, a iniciativa del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales y a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, tras la deliberación del Gobierno en sesión celebrada el día 10 de diciembre de 1996, D I S P O N G O:
Primero.- Fijar el precio de venta en soporte impreso del Boletín Oficial de Canarias en las cuantías que se detallan a continuación en función de la forma de adquisición:
- Suscripción anual 12.480 pesetas. - Suscripción semestral 7.340 pesetas. - Suscripción trimestral 4.280 pesetas. - Ejemplar individual 125 pesetas.
Segundo.- El presente Decreto surtirá efectos a partir del día 1 de enero de 1997. Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de 2 meses a partir del día siguiente al de su publicación, previa la comunicación al Gobierno exigida por el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Dado en Arrecife, a 10 de diciembre de 1996.
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, Manuel Hermoso Rojas.
EL CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, José Carlos Francisco Díaz.
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